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Dictamen de la Subcomisión de Reformas al Programa del Partido de la Revolución Democrática La Comisión Organizadora del IX Congreso Nacional del PRD decidió la creación de once subcomisiones, entre las cuales se encuentra la Subcomisión dictaminadora sobre propuestas de reformas al Programa vigente del PRD, que presenta a su consideración el presente dictamen. De conformidad con la base séptima de la Convocatoria al IX Congreso, las propuestas de reforma al Programa del Partido debían ser presentadas, a más tardar el día primero de abril del año en curso, ante la Comisión Organizadora, con la finalidad de tener materia de discusión que sirviera de base para la elaboración del dictamen correspondiente, el cual sería presentado al pleno de este Congreso para su discusión y aprobación en su caso. Antecedentes 1. El VI Congreso Nacional de nuestro partido, celebrado en mayo de 2001 en la ciudad de Zacatecas, decidió que en una Conferencia Nacional Programática se aprobara un nuevo Programa, que sustituyera al que el propio VI Congreso aprobó de manera provisional. Para tal efecto, se creó la Secretaría de Estudios Programa y Reforma del Estado, para que organizara el proceso de discusión a través de una serie de foros y reuniones temáticas, cuyo resultado final sería la elaboración del anteproyecto, que fue la base para la discusión en la Conferencia Nacional Programática celebrada a finales del año 2002. El anteproyecto de Programa fue el producto de una amplia participación de intelectuales y militantes en los temas que debería contener un nuevo programa, que fueron abordados en las diferentes mesas de discusión y análisis. En la mencionada Conferencia se decidió continuar con la discusión recogiendo los aportes de la propia Conferencia. 2. Posteriormente, la Comisión Organizadora del VIII Congreso Nacional del PRD decidió la formación de tres comisiones: Estatuto, Declaración de Principios y Programa. Finalmente, en el VIII Congreso celebrado en marzo de 2004 sólo fueron presentadas las modificaciones al Estatuto, ya que la Comisión decidió posponer la presentación de las propuestas de modificación al Programa y la Declaración de Principios. 3. Meses después, en sesión del día 11 de julio de 2004, el V Consejo Nacional aprobó la integración de la Comisión de Transformación a fondo del Partido de la Revolución Democrática, la que a su vez se dividió en dos: la Subcomisión de Transformación del Partido y la Subcomisión de Proyecto de Nación; esta última bajo la coordinación del Director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática (IERD). La Subcomisión de Proyecto de Nación convocó a intelectuales y personalidades invitadas por el Comité Ejecutivo Nacional. Se formuló la propuesta metodológica y se definieron los ejes temáticos que se abordarían. El análisis y discusión de los temas se llevó a cabo de octubre de 2004 a marzo del presente año. Su propósito fue elaborar una propuesta programática global y se convino que sería un documento base para la formulación de la Plataforma Electoral 2006-2012. El IERD, con el mandato de coordinar los trabajos de la subcomisión, finalizó en marzo del año en curso la elaboración de cuatro documentos que abarcan temas fundamentales en áreas estratégicas del desarrollo nacional. Cada texto es resultado de un esfuerzo de integración de diversas aportaciones, ponencias y documentos que fueron analizados en la comisión y su elaboración fue responsabilidad de un compañero(a) designado para esta tarea. Los documentos y sus responsables son los siguientes: -Política Energética Nacional, Octavio Cortés. -Política Económica y Reforma Hacendaria, Amabilia Terrazas Solís. -Nueva Política Social, Cutberto Ledesma. -México: Política Internacional en el Siglo XXI, Jorge Calderón Salazar y Álvaro Villegas. Además, se elaboraron tres estudios que contienen los términos de referencia para la elaboración de las propuestas programáticas en lo referente a Reforma del Estado, Procuración de Justicia y Derechos Humanos. Estos estudios y sus autores son: -Democracia, Federalismo y Procuración de Justicia, Rubén Islas. -Apuntes para una Agenda en Materia de Reforma del Estado en México, Ricardo Álvarez Arredondo. -Derechos Humanos, Silvia Gómez-Tagle. La Convocatoria al IX Congreso dispuso que las propuestas de modificación al Programa vigente se harían a título individual. Por ello, el coordinador de la Subcomisión de Proyecto de Nación en su condición de militante del PRD y en representación de los coautores de los documentos previamente reseñados, registró en tiempo y forma, ante la Comisión Organizadora del Congreso, los documentos elaborados en la referida subcomisión. Síntesis de los documentos de la Subcomisión de Proyecto de Nación del PRD * El documento Política Energética Nacional parte del principio de que, constitucionalmente, la propiedad de los hidrocarburos es de la nación, la cual se reserva el uso exclusivo para su beneficio. Respecto a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica destinada al servicio público, también le corresponde a la nación en forma exclusiva dicha atribución. Señala que: -Es necesario revertir el proceso de extranjerización que se ha impuesto al país para encasillarlo en la categoría de exportador de crudo e importador de derivados. -Antes de pensar en su privatización, el mejor aporte del sector energético para la nación consiste en su fortalecimiento y desarrollo integral autofinanciable, y evitar despojarlo de cuantiosos recursos fiscales para otros fines a costa de su descapitalización. -Un sector energético fortalecido y pujante debe ser considerado por sus efectos multiplicadores como el más poderoso motor para el crecimiento económico y la generación de empleo, dentro de un proyecto alternativo de nación que hoy demanda la sociedad. -Su sentido estratégico para el desarrollo nacional descansa en el hecho de que ha sido motor del crecimiento económico e industrial, y ha generado una inigualable derrama de recursos a la hacienda pública. A la par de que nuestras industrias energéticas nacionales han alcanzado un reconocimiento a nivel mundial. Todo ello a pesar de las políticas neoliberales y los intentos de privatización que se han aplicado en diferentes momentos en los últimos veinte años. En cuanto al aspecto fiscal, el ensayo destaca que existe un amplio consenso para que Pemex utilice su excedente de explotación –incluida la renta petrolera– para financiar la explotación racional de este recurso no renovable y su industrialización en las divisiones de refinación y petroquímica por tratarse de insumos que generan valor agregado, detonan el empleo y mueven la economía nacional. Afirma que la política de utilizar el excedente de explotación para financiar los gastos operativos del gobierno federal y endeudar a Pemex, afecta la expansión de la capacidad productiva del país y obliga a recurrir a importaciones innecesarias y onerosas. Otros apartados enriquecen el debate y aportan elementos para el diseño de una política energética alternativa. * El documento Política Económica y Reforma Hacendaria analiza el contexto en el que se desenvuelve la economía mexicana, señalando que infinidad de estudios y análisis concluyen que existe un grave deterioro económico y social que se manifiesta en bajo crecimiento, inestabilidad, crisis y pérdida de vitales activos productivos. Desde la crisis de 1982 hasta la fecha, el crecimiento ha sido errático e ínfimo en promedio, el fundamentalismo del mercado sólo trajo al país mínimas ventajas del "libre mercado" pero todas sus desventajas, insuficiencias y deficiencias amplificadas en la era de los monopolios globales. Como país, mantenemos una dependencia excesiva e inconveniente de nuestra economía con el comercio exterior, un sector maquilador atrofiado y en crisis, y el rompimiento de diversas e importantes cadenas productivas. Nuestro país sigue altamente endeudado con el exterior y la deuda pública interna –formal y contingente– ha crecido exponencialmente. Nuestro desequilibrio externo se ha vuelto crónico y financiarlo con inversión extranjera sólo nos ha llevado a crisis como la de l994-95, tratándose de inversiones financieras y de la pérdida de segmentos fundamentales de nuestra planta productiva, tratándose de inversiones directas, mismos que hoy se controlan desde el exterior y abarcan desde los insumos y un alto porcentaje de la comercialización agropecuaria hasta gran parte de la planta industrial. A ello hay que sumarle la penetración extranjera en múltiples servicios de toda índole, destacando por su importancia casi todo el sistema financiero, sin ventaja visible, ineficiente y básicamente rentista. En este modelo neoliberal de desarrollo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituía el motor principal. Sin embargo, el tratado se agotó aún mucho antes de haber alcanzado metas mínimas de arrastre en el conjunto del aparato productivo. Uno de los sectores más golpeados es el agropecuario, ya que presenta un grave retraso económico y social desde hace varios decenios; actualmente, en él se encuentra el 25 por ciento de la población total y cerca de dos terceras partes de la población en pobreza extrema. En lo social, la desorganización económica, el predominio del capital corporativo transnacional y la retracción del Estado en la atención de las necesidades básicas de la población han tenido, como sabemos, efectos devastadores. Por ello un gobierno sensible que haga frente a la crisis del modelo económico actual deberá promover una nueva economía basada en el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso. Esto significa transitar de una economía dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía productiva, establecer un nuevo equilibrio entre el sector de exportación y el mercado doméstico, propiciar nuevas relaciones con el exterior, introducir la planeación democrática del desarrollo, definir nuevos vínculos entre el campo y la ciudad, rescatar el ingreso popular, reestablecer los mecanismos de financiamiento productivo, y redefinir el papel del Estado y el que deba corresponder al mercado. Finalmente, como una medida inmediata para fortalecer al Estado en sus finanzas públicas, se hace necesario e impostergable convocar a una reforma de la hacienda pública de manera integral y no seguir con la aplicación de parches fiscales cada año. Por tanto, resolver la crisis de las finanzas públicas es parte de la reforma del Estado, donde sin duda alguna encajan las reformas estructurales progresistas, pero no en la idea de arrasar con el patrimonio nacional para privatizar la economía atendiendo las recetas que nos recomiendan los organismos financieros internacionales, sino de emprender una reforma del Estado, precisando ante todo el tipo de país a que aspiramos los mexicanos, basados en nuestra historia y la defensa del interés nacional. La propuesta de un nuevo modelo económico y una revisión del complejo entramado de la hacienda pública se aborda con amplitud y es una sólida contribución a la definición del capítulo económico del nuevo Programa del PRD. * El documento Nueva Política Social señala que en nuestro país la extensa pobreza, la creciente desigualdad y la exclusión e inseguridad social lastiman y ofenden a la mayoría de la sociedad mexicana. Por ello, nuestro compromiso como partido de izquierda que pone su acento en lo social, será promover la construcción de las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de las y los mexicanos para que ejerzan plenamente sus derechos y participen plenamente en la vida nacional; para cumplir este compromiso se requiere un nuevo Estado con responsabilidad social, que asuma cabalmente las atribuciones que la Constitución le confiere y las que les sean asignadas en un proceso de verdadero cambio. Al asumir plenamente sus responsabilidades, un gobierno democrático deberá impulsar un conjunto de políticas públicas para fortalecer y transformar las instituciones sociales, con la finalidad de crear las condiciones del desarrollo de los sectores mayoritarios de la población; la nueva política social debe ser el instrumento idóneo para la generación de empleos, para el fortalecimiento del ingreso per cápita, la redistribución del ingreso evitando su polarización, de una amplia inversión en todos los niveles de la educación pública, comprendiendo la ciencia y la tecnología, la promoción y difusión de la cultura. Una nueva política social debería comprender asimismo un amplio programa de creación de vivienda, la revisión y fortalecimiento del sistema de salud nacional y la construcción de un sistema de seguridad social, desarrollando a la vez vigorosos programas específicos de combate a la pobreza, que incluya la revisión y evaluación de los ya existentes, entre otras medidas de políticas públicas que un gobierno en un Estado social y democrático de derecho habrá de emprender. Hoy más que nunca es prudente destacar la diferencia del Estado de derecho, proclamado hasta la saciedad por la administración foxista, de la definición de un Estado social y democrático de derecho, pues éste se caracteriza por la intervención de los poderes públicos en materias económicas y sociales y por la ampliación de los derechos individuales a esferas del ámbito colectivo y social. Aspectos relegados o vistos con desdén por el equipo tecnoburocrático en el poder. Un nuevo gobierno deberá procurar la articulación de la política social con una política alternativa de desarrollo económico, así como reorientar las políticas públicas y los recursos de la federación, es decir, una política social congruente, que combata por un lado la desigualdad y la pobreza y por el otro fomente el crecimiento económico, el cual se construye sobre cuatro aspectos centrales: creciente generación de empleo, recuperación gradual del salario o ingreso de los trabajadores, fortalecimiento y reorientación de las finanzas públicas, con una verdadera reforma fiscal integral, y fortalecimiento, transformación y en su caso creación de las instituciones de bienestar social. En suma, consideramos que un nuevo gobierno democrático y socialmente responsable tiene que comprometerse con una política articulada de crecimiento, redistribución y fortalecimiento institucional sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos sociales, la igualdad, la solidaridad, la equidad y la justicia social. En el Partido de la Revolución Democrática reconocemos que sin una política económica incluyente no hay política social que valga la pena y que hay que hacer económicamente posible lo socialmente necesario, porque el crecimiento económico que excluye lo social no es desarrollo. En este sentido, el PRD debe proponer una política social que articule inteligentemente políticas universales de atención generalizada en los temas antes mencionados y una política focalizada, de amplia cobertura y con enfoque social y de género, para hacer realidad la concreción de los derechos sociales de mexicanos y mexicanas. El Partido de la Revolución Democrática, como entidad de interés público y organización de ciudadanos que pretende el ejercicio del poder público federal, aspira a una sociedad organizada, en ejercicio de su soberanía, para satisfacer los derechos humanos integrales y con el objetivo de hacer posible una vida digna para todas las mexicanas y los mexicanos. Concibe al desarrollo social como el proceso de cumplimiento, con participación ciudadana y social, de los derechos humanos integrales: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, de minoría y medioambientales. Esto sólo será posible de manera permanente en la medida en que las mexicanas y los mexicanos tengan un trabajo digno y su relación con la naturaleza sea sustentable, en que puedan ser sujetos responsables de su propio destino, en la medida que ejerzan su derecho a su autodeterminación y su soberanía, esto es, que sean ciudadanas y ciudadanos, como sujetos individuales y/o colectivos, que exijan y ejerciten sus derechos humanos integrales frente al mercado y al Estado. Los aspectos antes señalados son desarrollados con más detalle en el cuerpo del documento y son una aportación al Programa del Partido en el capítulo de política social. * El texto México: política internacional en el siglo XXI es un amplio documento integrado con apartados de políticas públicas en el contexto de integración de la economía internacional, la defensa de la paz, el multilateralismo y la soberanía de los Estados, medio ambiente mundial, migración, relaciones México Estados Unidos, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión Europea, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), todos ellos analizados en el contexto de la globalización en que se desenvuelve la política internacional de nuestro país. En el último cuarto de siglo XX y al inicio del XXI se han operado grandes transformaciones en la economía y el reparto del poder mundial, gracias a los importantes avances de la revolución científica y tecnológica y su impacto, para bien o para mal, en la vida cotidiana de todos los habitantes del planeta. La economía mundial contemporánea tiene, como una de sus características fundamentales, un acelerado proceso de internacionalización del capital y del proceso productivo, expresado con mayor fuerza, en una dinámica de globalización del capital financiero y de la tecnología. Simultáneamente, se profundiza la brecha norte-sur y se perfila la constitución de un orden económico internacional regresivo donde corporaciones transnacionales y el llamado Grupo de los Siete, centraliza y concentra, como nunca antes en la historia, los recursos económicos del mundo. Vivimos una creciente internacionalización de los espacios económicos que plantea graves desafíos a la soberanía y al nacionalismo económico de los países del área. Para nuestros países, estos nuevos procesos de transnacionalización han implicado pérdida de autonomía de los Estados nacionales. Las políticas económicas neoliberales instrumentadas por los gobiernos latinoamericanos, siguiendo las rutas del llamado ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han originado una profundización de la heterogeneidad estructural y la desigualdad social en nuestros países. Acentúan la dependencia y la pérdida de soberanía; implican una grave regresión productiva; desarticulan la estructura económica interna e impone un esquema de modernización de las actividades exportadoras, excluyente y autoritaria. Además, empeora las condiciones de vida de las grandes mayorías del subcontinente, profundizando y agravando sus problemas de hambre, miseria y marginación. La privatización de empresas estatales ha beneficiado principalmente al capital extranjero –que ha adquirido muchas de estas empresas a precio de remate–; y la llamada desregulación permite a las transnacionales actuar y dominar ramas productivas sin que exista el contrapeso del Estado. El libre juego de las fuerzas del mercado a escala internacional es, en la práctica, la creación de una economía mundial bajo el control de un reducido número de empresas transnacionales, lo que aumenta el desorden económico, destruye el medio ambiente, al mismo tiempo hace crecer la miseria, marginación y hambre de amplios sectores de la población. La desregulación (de la que tanto hablan los defensores del libre comercio) significa, realmente, la maximización de utilidades de las grandes corporaciones monopólicas internacionales. La política neoliberal ha desmantelado los sistemas de regulación y fomento a la agricultura y la industria, generando desindustrialización, mayor desempleo y, en ciertas áreas, profundización de la dependencia alimentaria y la crisis agrícola. Al mismo tiempo que protegen al capital monopólico, los nuevos conservadores privatizan el sector público, subsidian y promueven el control transnacional de los sectores estratégicos de la economía y promueven cambios legislativos para adaptar el aparato productivo a la nueva división internacional del trabajo y facilitar el establecimiento de ensambladoras o maquiladoras. La crisis de la deuda subsiste. La mayoría de los gobiernos continúa sacrificando el desarrollo interno pagando el servicio de una creciente deuda externa. Ha faltado patriotismo, firmeza y capacidad de concertar una política común de América Latina frente a los acreedores. La única solución viable sería reducir el valor nominal de la deuda a su valor real, presionar a los acreedores a que asuman una parte sustancial de las pérdidas y preservar los intereses nacionales y populares. Con el Acuerdo de Libre Comercio de las América las grandes corporaciones estadounidenses pretenden subordinar la dinámica integracionista del continente americano a sus pretensiones hegemónicas y unipolares, buscando fortalecer su declinante sistema económico frente a la competencia de Europa y Japón. La globalización profundiza las desigualdades sociales y regionales, y la vulnerabilidad a las crisis. La globalización ha incrementado el poder de las corporaciones multinacionales, de los manipuladores de mercados de divisas y organizaciones internacionales a expensas de los gobiernos, de los electores y del proceso democrático. Se necesita un nuevo sistema de responsabilidad colectiva que compense los efectos negativos de la globalización. México no puede ni debe permanecer aislado de la dinámica de la economía mundial, pero esto no significa que la orientación teórica del libre comercio sea la única ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la globalización. La dinámica de la economía y del comercio mundial es una realidad a considerar en cualquier esfuerzo destinado a elaborar un proyecto de país si se quieren plantear programas viables y sustentables. Pero nos oponeos a permitir que el mercado mundial defina el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos. México debe construir su proyecto nacional de desarrollo sustentable para insertarse adecuadamente en la dinámica económica mundial. No nos oponemos a la existencia de reglas para el comercio y la inversión regional o internacional. Nuestra crítica a la globalización dominante e impuesta no significa que pretendamos volver al pasado, cerrar y proteger nuestras economías y pugnar por un aislacionismo comercial. Hasta hoy las reglas pactadas no han ayudado a superar, ni menos a aminorar, los problemas de nuestras economías. Proponemos reglas alternativas que regulen la economía mundial y en nuestro hemisferio, basadas en una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. Nos negamos a aceptar como inevitable un modelo globalizador que excluye a más de la mitad de la población mundial de los beneficios del desarrollo. Nos oponemos a la libertad de especulación cuando ello es a costa de la viabilidad económica de países y regiones enteras de nuestro mundo. Nos negamos a aceptar que la depredación de la naturaleza sea inevitable y un mal necesario en aras del crecimiento. Un profundo imperativo ético nos impulsa a plantear nuestro propio modelo de sociedad, por la que luchamos al lado de tantos hombres y mujeres movidos por la esperanza de vivir y dejar a las futuras generaciones una sociedad más justa y humana. Si deseamos modificar la orientación del proceso de globalización es imprescindible reestructurar el desequilibrio entre el poder financiero del sector público y el privado en el ámbito mundial. Si queremos que los mercados financieros estén al servicio de la gente en lugar de que rijan lo que hacen los gobiernos, necesitamos asegurarnos que puedan potenciar el empleo y el bienestar y recortar al mínimo los riesgos medioambientales. Se necesita formular reglas que propicien resultados positivos para ellos y para la economía mundial, en lugar de los ceros y valores negativos registrados últimamente. El objetivo y fin último de la política exterior es la promoción de la soberanía y autodeterminación de México. Sin embargo, la historia de la política exterior mexicana ha demostrado que el proceso de formulación y toma de decisiones en esta actividad, ha respondido a los intereses del gobierno en turno y no del Estado mexicano. Lo anterior, pasando por encima de las facultades constitucionales del Poder Legislativo, particularmente, las del Senado de la República, relativas al análisis de la política exterior y a la aprobación de los convenios y tratados nacionales e internacionales. Creemos imperativo actuar en consecuencia y adaptar a la democracia y pluralidad que vive el país todo proceso de toma de decisiones en esta materia. De esta forma, y sin perder de vista la defensa de la soberanía y el interés nacional, nuestra política exterior debe coadyuvar a relaciones internacionales multilaterales más justas, igualitarias y democráticas, que sólo serán posibles si se alcanza un nuevo orden mundial. Por la seriedad y el interés que reviste el tema, pensamos que este documento debiera contribuir a la formulación del capítulo de política internacional del Estado mexicano que debe contener nuestro Programa. * El texto Apuntes para una agenda en materia de reforma del Estado en México sostiene que la reforma del Estado mexicano, desde su concepción democrática, ha sido uno de los ejes articuladores que le dieron vida a nuestro partido desde su fundación. La aspiración de establecer un Estado de derecho en nuestro país fue la motivación que movilizó a miles de mexicanos a confluir en un movimiento amplio de la exigencia democrática. Ello, en oposición al modelo de reforma neoliberal del Estado que cundió por todo el mundo bajo la óptica de reducir las actividades del Estado a su mínima expresión, desincorporando los activos estatales a través de esquemas de privatización, urgiendo a los países periféricos a que vendieran sectores económicos estratégicos, agua, energía, metales, maderas etcétera a las grandes potencias, cosas que ellas mismas jamás realizaron. Suscitando, en todo el mundo, el aniquilamiento o el debilitamiento del Estado de bienestar que había sido construido en el siglo pasado. La experiencia en nuestro país de la embestida reformista neoliberal fue del todo autoritaria y se profundizó bajo el discurso de modernización en la era Salinas-Zedillo. Las consecuencias de estas políticas están hoy a la vista de todos: el empobrecimiento masivo de la población y la hiperconcetración de capitales en unas cuantas manos. Desde el principio y en contrapartida de esta inercia privatizadora, el PRD exigió una amplia reforma de las instituciones del Estado. Hoy, ante el momento político que vivimos, el reclamo ciudadano parte de la tesis de que hay que desmontar el viejo entramado jurídico que le dio sustento al régimen que durante 70 años detentó el poder, y la reelaboración y actualización de los equilibrios de los poderes republicanos, tocando desde luego la figura de la institución presidencial. Más que reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, lo que necesitamos ahora es diseñar un contrapeso fuerte en el Poder Legislativo que le obligue a observar estrictamente sus facultades, a rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el Congreso de la Unión, por el bien de la república. Por tanto, podemos afirmar que el gran tema de nuestros días se circunscribe justamente al debate de la actualización y vigencia de nuestra Carta Magna. Hablar hoy de una nueva constitucionalidad no es hablar de una especie de borrón y cuenta nueva en materia constitucional ni desprendernos de nuestra historia; significa erradicar el vicio de reformar la Constitución de manera fragmentada, contradictoria y limitada como se ha hecho cientos de veces en los últimos veinte años. En el México actual, con una sociedad más informada y participativa, el reto es construir un sistema político más adecuado y más ágil, menos rígido, es decir, que el sistema político se convierta en un instrumento de la sociedad para su participación pública y no en verdadero obstáculo como lo ha sido constantemente. Sostiene que para el momento de evolución política del país y después de analizar las categorías políticas del sistema parlamentario y semiparlamentario, la opción más viable para nosotros es la del sistema semipresidencial, transitar del sistema presidencial al semipresidencial, es decir, un sistema presidencial con elementos parlamentarios. Finalmente, subraya que las desavenencias entre el presidente de la república y el Poder Legislativo, ha profundizado el ambiente anticlimático para la generación de consensos necesarios para cualquier reforma constitucional. Porque no es posible discutir sobre una reforma fiscal, que no considere una reforma integral de la hacienda pública; no podemos emprender una reforma energética sin discutir una visión económica del Estado; no podemos emprender una reforma laboral sin estar en el marco de discusión de la reforma social del Estado; no podemos legislar las figuras de democracia directa sin contar con nuevas reglas en los medios de comunicación electrónica. Por desgracia estos vanos intentos no prosperaron, ya que pareció olvidarse la máxima de que para legislar hay que acordar, hay que consensar. Estos apuntes de la agenda para la reforma del Estado vienen a enmarcar los requisitos necesarios para avanzar en otras reformas como la energética, la económica-hacendaria y la de procuración de justicia, entre otras, lo que constituiría una importante aportación en el diseño del nuevo Programa del PRD. * En el documento Democracia, federalismo y procuración de justicia sostiene que el fortalecimiento de la vida democrática de un Estado en transición hacia ella se inicia por la transformación de sus órganos, a fin de constituir no un simple instrumento formal para la gobernabilidad, que es una de sus funciones sustantivas; ante todo construir un espacio de acción comunicativa, plural e integradora del pacto constitutivo de la sociedad política mexicana. Por ello, el punto de partida de una agenda política para la reforma del Estado ha de ser la transformación democrática de los fundamentos político-jurídicos del Estado mexicano: la redefinición de sus funciones y el acotamiento de las facultades metaconstitucionales del presidente de la república. Tal dilema obliga a un nuevo diseño de la vida institucional del país que resuelva los pendientes de la sociedad civil y la república. Nuestro orden jurídico institucional mexicano instituye tres formas de gobierno perfectamente diferenciadas a partir de un delicado sistema de distribución de competencia y relaciones intergubernamentales, y prescribe obligaciones y limitantes absolutas o relativas a la capacidad normativa y de autodeterminación de las entidades federativas. Por lo que se dota a los poderes federales de una esfera privativa de competencias que bajo ningún concepto puede ser objeto de invasión por parte de la las autoridades locales y establece las bases y lineamientos generales, de observancia obligatoria, para la organización política y administrativa de las entidades federativas. Al abordar el sistema de defensa social, señala que el proceso penal se distingue por dos fases: sumario y juicio oral. El sumario, también llamado fase de averiguación previa, es competencia del ministerio público. Tales actos se documentan y son trasladados al órgano encargado de juzgar. En el juicio, generalmente público, el tribunal –unipersonal o colegiado- presencia la práctica de las pruebas propuestas por la acusación y la defensa, recibe documentos y escucha los informes verbales de las partes. Después, tomando en consideración el resultado del juicio y el derecho vigente, delibera hasta llegar a una decisión, el fallo. Subraya que en nuestro proceso penal la fase de investigación ante el ministerio público se rige por el "sistema inquisitivo", es decir, el fiscal actúa por iniciativa propia bajo el pretexto de que actúa de buena fe, concepto subjetivo que da pie a diversas irregularidades, como recién lo hemos visto en el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. En el sistema procesal penal mexicano existe una real desigualdad procesal de las partes, que se refleja en el exceso de poder del ministerio público, quién ya no ha de probar nada, pues los actos realizados durante la etapa previa no se sustentan en su carácter de parte en el proceso, sino como autoridad facultada para recabar pruebas. Por ello propone la adopción del Sistema Acusatorio Puro en nuestro régimen penal, ya que es una necesidad democrática y de justicia social. Esta exigencia se ve fortalecida por la globalidad de los derechos en el mundo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son sin duda los hechos impulsores de los cambios que la legislación penal mexicana requiere. Considerando que el texto original de la Constitución de 1917, consagraba el sistema acusatorio puro como regla en todo proceso, y no fue hasta la reforma de Portes Gil que se instituyo en perjuicio de los gobernados el sistema mixto con desequilibrio procesal a favor del Ministerio Público. Y sentencia que ninguna modificación a la legislación procesal puede pasar por alto el significado de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que la Constitución otorga. El derecho procesal debe reconocer ante todo su inferioridad y subordinación a los principios y al derecho positivo de la Carta Magna; por ello, la propuesta de retornar al viejo espíritu del constituyente original e instituir plenamente un sistema acusatorio absoluto que ponga a resguardo los derechos de los gobernados, bajo el principio jurídico universal de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Los tiempos modernos que corren exigen modificar y adecuar a la realidad social a las instituciones. Son necesarios nuevos códigos penal y de procedimientos penales, que garanticen la protección de los bienes jurídico sociales y el respeto de los derechos humanos. Concluye diciendo que de esta lista de pendientes muchos quedan, pero se han expuesto algunos de los puntos por los que se puede empezar a dialogar en esta transición a la democracia viva, en la que todos seamos actores y en la que los votos tengan como fuente la razón y el debate, no el imperativo autoritario. Un material rico, valioso, que vale la pena considerar en la reforma programática. * La tesis del documento Derechos Humanos parte del principio de que el Partido de la Revolución Democrática se debe pronunciar por la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la libertad, la equidad, la justicia y la democracia, principios en los que se funda la realización de los derechos humanos integrales, como proceso de cumplimiento de una vida digna para todos los mexicanos y mexicanas. Son derechos humanos los que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de serlo. Son inseparables de los seres humanos, imprescriptibles en razón de carecer de temporalidad, progresivos porque concretan las exigencias de la dignidad de la persona humana en cada momento de la historia. En la actualidad es imposible el desarrollo pleno de la personalidad sin el respeto a estos derechos que se ejercen frente a todos los hombres y, de modo especial, frente al Estado y el poder. El cumplimiento de los derechos civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales, y los derechos al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, a la paz, a un medio ambiente sano y al patrimonio cultural de la humanidad, hace posible el establecimiento de una sociedad en la que sus integrantes se desarrollen en igualdad de condiciones. Sin embargo, los derechos humanos requieren necesariamente del reconocimiento estatal. Encontrarse plasmados en los ordenamientos jurídicos a efecto de que los gobernados puedan demandar su estricto respeto cuando los consideran vulnerados. Entonces, los derechos humanos son materia fundamental que el Estado está obligado a respetar y garantizar; y la sociedad a promover, difundir y exigir a través de su organización. Este es el compromiso del Partido de la Revolución Democrática, desde el gobierno y los órganos legislativos actuar con estricto apego a los derechos humanos; y desde la sociedad ser un instrumento que participe en su organización para promover, difundir y exigir la realización de los derechos humanos para todas las personas. Completando el marco de análisis de los derechos humanos integrales, se abordan los derechos civiles y políticos, como el de la vida, a la igualdad, a la libertad, el de votar y ser votado, los de seguridad jurídica y a la propiedad. Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la educación pública, laica y gratuita hasta el nivel superior; a la protección de la salud física y mental; a la seguridad social; a la vivienda; al trabajo digno, y a la libre sindicalización para la defensa de los intereses laborales, deben ser garantizados mediante mecanismos que permitan a los gobernados exigir su cumplimiento. El Estado estará obligado a adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento y ejercer el máximo de recursos de que disponga a efecto de lograr progresivamente y por todos los medios apropiados la plena efectividad de estos derechos. La sociedad vigilará el debido cumplimiento de las obligaciones de las autoridades responsables en la materia. El Partido de la Revolución Democrática se compromete con la defensa, promoción, difusión de estos derechos en la sociedad. Asimismo, participará en la organización social que tienda a enriquecer su carácter progresivo y a evitar su reversión. Capítulo ignorado por las administraciones neoliberales de los cuatro últimos sexenios es el relativo al derecho de las naciones, como son los derechos a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; al desarrollo; a la autodeterminación de los pueblos; a la paz; a un medio ambiente sano; a al patrimonio cultural de la humanidad, la independencia económica y política; la identidad nacional y cultural, y a la justicia internacional. Tienen por objeto elevar el nivel de vida de los pueblos y la cooperación entre las naciones. El PRD se compromete a promoverlos y difundirlos en el ámbito internacional, regional y entre los miembros de la sociedad mexicana, y a impulsarlos desde esta última. Respecto al principio de equidad, el PRD tiene un compromiso particularmente importante con quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, circunstancia que tiende a anular el conjunto de garantías y libertades fundamentales. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas; por ello, el PRD impulsará el establecimiento de medidas compensatorias dirigidas a lograr condiciones de desarrollo para el pleno disfrute de sus derechos. Este documento, como los anteriores, significa una valiosa aportación a los esfuerzos que se han venido realizando para reformar el Programa de nuestro Partido. Aquí concluye la reseña de los textos programáticos elaborados en la Subcomisión de Proyecto de Nación, por lo que consideramos que al haber acatado el mandato del V Consejo Nacional, cumplió con su responsabilidad; por ello, esta Subcomisión dictaminadora da testimonio del esfuerzo realizado. 4. Consideraciones respecto a importantes elaboraciones programáticas de destacadas personalidades del PRD. Es importante señalar que, paralelo a los esfuerzos que venía realizando la Subcomisión de Proyecto de Nación, hemos conocido de las propuestas que han presentado a la consideración de la opinión pública, nuestros distinguidos compañeros Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, las cuales fueron editadas y puestas a disposición del público, además de haber tenido una difusión por su presentación en diversas localidades del país y el análisis y comentarios recogidos por los medios de comunicación. La propuesta para discusión Un México para todos, construyamos un proyecto alternativo del Ingeniero Cárdenas, consta de una introducción y 21 apartados, abordando, en lo general, los temas pendientes de la agenda nacional. Lo sustantivo de la propuesta es la precisión de que –cita de la propuesta– "México se debate hoy en el estancamiento y la creciente subordinación económica, el atraso y la dependencia tecnológica, el desempleo y la generalización de la informalidad, la creciente pobreza, la carencia de infraestructura y servicios públicos esenciales para el crecimiento y el desarrollo social, la ausencia del Estado de derecho, la violación de los derechos humanos y sociales, la violencia asfixiante, la corrupción y la impunidad, en medio de una crisis de la credibilidad de los partidos políticos, los órganos legislativos y los gobiernos". Continuamos citando el documento: "el gobierno foxista insiste en profundizar el proyecto neoliberal de inserción subordinada en una globalización inequitativa y polarizada, contraria a la soberanía nacional y a los intereses del pueblo mexicano. El contexto internacional de este empeño son las evidencias del fracaso del modelo, las guerras focalizadas, la exacerbación del poder mundial unipolar, y la emergencia de nuevos movimientos políticos y sociales que postulan que un mundo diferente es posible". Terminamos con la cita de la convocatoria que formula el Ingeniero Cárdenas: "Conscientes de estas realidades, proponemos a la discusión entre las organizaciones políticas y sociales, los intelectuales y los ciudadanos democráticos progresistas, este esbozo de proyecto de nación, que postula un nuevo rumbo para el México del futuro, para que el diálogo plural y fraternal construya un programa político que oriente la lucha de los mexicanos y mexicanas por satisfacer sus reivindicaciones históricas y construir una sociedad equitativa, justa, incluyente y sustentable para las generaciones presentes y futuras". En cuanto a la propuesta Un proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador, es el desarrollo de los 20 puntos propuestos en su discurso de agosto de 2004. Afinados y enriquecidos se contienen en la publicación de Editorial Grijalbo como la propuesta que presenta para su discusión y análisis por parte de los mexicanos interesados en cambiar el presente agobiante y desesperanzador para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos y la formulación de propuestas que busquen la solución a los graves problemas que aquejan a nuestro país. Ya en la introducción se asienta que: México es aún un país de hondas desigualdades sociales, de que en este terreno en vez de avanzar hemos retrocedido. La política económica ha agudizado de manera dramática las diferencias entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Que los saldos de la política neoliberal están a la vista: desde 1983, la economía ha crecido menos que la población; de entonces a la fecha la deuda pública pasó de 80 mil millones a 273 mil millones de dólares, es decir, se triplicó. Que ya se vendió la mayoría de los activos del patrimonio nacional, lo cual no se tradujo en menor deuda pública, en mayor crecimiento económico ni en mejores condiciones de vida. Que por otro lado, ante el fracaso de la política económica, la válvula de escape ha sido la economía informal, la emigración hacia los Estados Unidos de miles de mexicanos y el narcotráfico. Que a estas calamidades cabe agregar que aún prevalecen la corrupción, la impunidad y el influyentismo. Todavía se hacen jugosos negocios al amparo del poder público y una prueba de que sigue imperando la impunidad es que ninguno de los involucrados en el caso Fobaproa ha pisado la cárcel ni ha devuelto lo robado. Y que los cargos de representación popular son meras franquicias para el tráfico de influencias. Que por todo ello, la mayoría del pueblo de México demanda un cambio verdadero y no la política seguida del gatopardismo que en apariencia cambia, pero que todo sigue igual. Que una propuesta de desarrollo económico debe de formularse atendiendo al interés nacional, por lo que los recursos energéticos deben sustentar el desarrollo industrial del país y la generación de empleos, para ello debemos modernizar y potenciar al sector energético como palanca del desarrollo. Que la existencia de un Estado social y democrático de derecho tiene como propósito asumir una función activa en la promoción del desarrollo. Se trata de un Estado suficiente –activo pero no aplastante– que renuncie a sus tendencias autoritarias y favorezca las iniciativas sociales. Finalmente, que la contribución de los mexicanos con sus propuestas permitirán delinear un proyecto claro de la nación que hemos anhelado y que podremos alcanzar cuando logremos los acuerdos para ello. 5. Cabe señalar que la respuesta de los militantes a presentar propuestas de reforma no tuvo amplia resonancia. La comisión dictaminadora sólo recibió dos propuestas, una del profesor José Guadalupe Luna Hernández, respaldada por los compañeros Emiliano Ramos Hernández, Alejandro Robles Gómez e Irving Ilie Gómez Lara, con sugerencias para modificar los numerales 4, 25, 47 y 59 del actual Programa. De esta manera, la redacción del numeral 4 quedaría como sigue: Las y los jóvenes, por el hecho de serlo, tendrán derecho a la educación, el empleo, la cultura, la salud sexual y reproductiva, el esparcimiento, el deporte, la recreación y la información, sin que ninguna autoridad pueda impedir u obstaculizar el ejercicio de tales derechos; al tiempo que se desarrollarán políticas públicas específicas, elaboradas en función de la heterogeneidad y del amplio espectro que abarca el sector juvenil, en donde se considere a la juventud como el factor estratégico para el crecimiento nacional, y asumiendo al joven como un sujeto social con un alto potencial de transformación. El Estado y los particulares no podrán rechazar o combatir formas de expresión de las y los jóvenes. La ciudadanía se obtendrá a partir de los 16 años. Las organizaciones juveniles disfrutarán del derecho colectivo de ser escuchadas por las autoridades y órganos del Estado, antes de que éstas asuman decisiones que afecten a los jóvenes. Se promoverá la participación política de los jóvenes en los cargos de elección popular y su participación en los gobiernos perredistas, para que incidan en la innovación constitucional que nuestra nación requiere para resolver los grandes temas de interés nacional desde la perspectiva de la juventud. La propuesta de adición al numeral 25 referida a los gastos de los funcionarios públicos es que: deberá reducirse en forma significativa los ingresos de los altos funcionarios. La propuesta de adición al numeral 47 reviste una especial particularidad en cuanto al uso de la fuerza pública, al señalar que no podrá ser usada para reprimir manifestaciones de inconformidad social. Al numeral 59 del capitulo V se le adicionan dos nuevos párrafos como sigue: América Latina experimenta un creciente avance de las fuerzas democráticas y progresistas que ha permitido a los pueblos instalar gobiernos democráticos y con una orientación social comprometida con las causas populares: Impulsaremos un esquema de integración latinoamericana sobre la base de: -Respeto pleno a la soberanía de cada país. -Establecimiento de lazos de solidaridad y cooperación. -Enfoque multilateral y establecimiento de mecanismos de cooperación en la atención de problemas comunes. -Democratización de los instrumentos de coordinación regional: OEA, etc. -Integración estratégica en el diálogo multiregional mundial. Otra propuesta de reforma recibida se refiere a la integración de un nuevo capítulo al Programa de nuestro partido. La propuesta elaborada por Mauricio Sosa Ocaña, Rubén Sánchez Martínez, Pablo Lezama Barreda, Manuel Espíndola, Verónica Rodríguez Hernández y Yuri Vladimir Silva Santos, es motivo de encomio por la seriedad del planteamiento: La juventud mexicana como motor del desarrollo sustentable y equitativo del presente siglo. Consta de una amplia y documentada justificación para la incorporación de un nuevo capítulo que aborda el aspecto de los derechos humanos, la educación, la pobreza, trabajo y desempleo, mujeres económicamente activas, sexualidad, VIH Sida, Juventud Indígena, Construcción Ciudadana, Medio ambiente y desarrollo sustentable, jóvenes vulnerables o marginados, prevención de conducta delictiva, organización del Partido y crecimiento del PRD en la juventud mexicana. Por provenir de jóvenes, pensamos que esta propuesta refleja sus preocupaciones y anhelos, por lo que se considera una valiosa aportación a considerar en la reforma de nuestro Programa. Compañeros delegados: En marzo del presente año fueron renovados los órganos de dirección del partido y desde el año pasado el PRD realizó una campaña nacional contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La reforma programática es una tarea compleja y es evidente que desde hace varios meses las principales actividades del PRD han estado concentradas en la lucha electoral de varias entidades federativas y en la lucha contra el desafuero y por las libertades democráticas y los derechos ciudadanos. Esta subcomisión dictaminadora con base en los antecedentes expuestos resuelve: PRIMERO.- Que si bien existen documentos que proponen importantes reformas al Programa vigente, no existieron las condiciones para realizar una amplia discusión en todas las instancias de Partido en el ámbito nacional, regional y local, y no pudo convocarse a una Conferencia Nacional Programática previa al IX Congreso Nacional del PRD. SEGUNDO.- Que reconoce los esfuerzos de la Subcomisión de Proyecto de Nación como la instancia que elaboró una propuesta integral de nuevo Programa pero, independientemente de lo valioso de los trabajos, no es posible en las actuales condiciones emitir un dictamen para someter a la consideración de los delegados al Congreso la aprobación de reformas al Programa vigente. TERCERO.- Que reconoce el valor y el significado de las propuestas de nuestros compañeros Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador para la lucha política y su contribución al proceso de consolidación democrática de nuestra patria, por lo que sus propuestas programáticas son referente obligatorio en la articulación y aprobación de un nuevo Programa. CUARTO.- Que la respuesta a la convocatoria para presentar propuestas individuales de reforma al Programa fue muy limitada, pero las dos iniciativas previamente reseñadas son valiosas aportaciones que deben ser tomadas en cuenta en trabajos posteriores. QUINTO.- Por lo expuesto, esta Subcomisión considera pertinente hacer del conocimiento de los congresistas las propuestas de reforma elaboradas en la Subcomisión de Proyecto de Nación de la Comisión de Transformación a fondo del PRD, que se presentan por separado en un folleto especial. Estos documentos se hacen del conocimiento de los delegados para que se integren en la memoria y relatoría del IX Congreso. Por tanto, no se someten a discusión y votación. SEXTO. Se propone que el VI Consejo Nacional nombre una Comisión Organizadora de una nueva Conferencia Nacional Programática que se realice a finales del año 2005, con el fin de elaborar tres trascendentales propuestas que el PRD debe presentar al pueblo de México en el año 2006: 1. Nuevo Programa del PRD. 2. Nueva Declaración de Principios. 3. Plataforma Electoral que se somete a la consideración de la Convención Nacional Electoral. Proponemos que el nuevo Programa y la nueva Declaración de Principios del PRD que sea aprobada en una Conferencia Nacional Programática deben ser elaborados de manera simultánea con la plataforma electoral que presente nuestro candidato a la Presidencia de la República y nuestros candidatos al Congreso de la Unión. SÉPTIMO. El IX Congreso Nacional del PRD decidió que los compañeros que presentaron propuestas de reforma al programa del PRD, de conformidad con lo expuesto en los antecedentes del presente Dictamen, formen parte de la Comisión Organizadora de la Conferencia Nacional Programática que nombrará el VI Consejo Nacional del PRD. Expuesto lo anterior, firma por la Subcomisión Dictaminadora de Reformas al Programa del PRD del IX Congreso Nacional. ¡Democracia ya, Patria para todos! Jorge Alfonso Calderón Salazar Coordinador de la Subcomisión Dictaminadora de Reformas al Programa del PRD. Director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática Dictamen aprobado por unanimidad por el pleno del IX Congreso Nacional del PRD, en sesión realizada en México, D. F., 23 de abril de 2005. |