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Relaciones interamericanas en el ocaso foxista: apuesta por la ASPAN Álvaro Villegas Soto* Negando las asimetrías e identidades culturales, el "gobierno del cambio" fijó como una de sus prioridades de política exterior profundizar la integración política y económica de América del Norte. Desde finales de 2004, en Estados Unidos se ha intensificado la ofensiva xenófoba y racista en contra de los inmigrantes mexicanos con el objetivo de criminalizarlos, marginarlos y, finalmente, expulsarlos. A pesar de lo anterior, el gobierno del presidente Fox decidió que en el ocaso de su gobierno las prioridades de la política exterior serían continuar con la creación de la Comunidad de América del Norte (incluyendo un Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN– Plus) y buscar la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA). La comunidad norteamericana promovida por el presidente Fox consiste en planes sectoriales (infraestructura y transporte), manejo de aduanas y reforzamiento de las fronteras y su perímetro. También, prevee explotar la existencia de reservas de gas y petróleo en México con los recursos financieros de empresas estadounidenses. Además, plantea una política de coordinación macroeconómica, incluyendo la integración monetaria, lo que generaría un escenario propicio para la dolarización de México1. En septiembre de 2001, se presentó la iniciativa de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que incluye la realización sistemática de encuentros empresariales cuyos resultados son asumidos, de manera oficial, como mandato político por los gobiernos. Desde que se negoció el TLCAN, Estados Unidos ha tenido la intención de vincular temas prioritarios de su seguridad nacional con los temas relacionados al comercio y la inversión. En l994, William Perry, secretario de Defensa de Clinton, planteó la necesidad de "complementar al TLCAN con una integración militar para América del Norte"2. Esta visión encaja perfectamente con el deseo del presidente Fox de, que con la comunidad norteamericana, la región se convierta en la "más segura del mundo"3. En el marco de su "guerra contra el terrorismo", Estados Unidos creó en 2002 el Comando Norte con la misión específica de "conducir operaciones para disuadir, prevenir y vencer amenazas y agresiones dirigidas a Estados Unidos y sus territorios e intereses"4. El área de responsabilidad del Comando Norte incluye aire, tierra y mares que circundan Estados Unidos continental, Alaska, Canadá5 y México. De esta manera, nuestro país se convierte en parte del frente interno estadounidense en su guerra contra el terrorismo. En México se está creando una estructura legal que sintoniza para demostrar el "espíritu de colaboración" con el concepto defensivo del Comando Norte. La recientemente aprobada Ley de Seguridad Nacional, las iniciativas para la salida de tropas mexicanas al extranjero y la admisión y estacionamiento de tropas extranjeras en territorio nacional, son ejemplos de ello. La administración foxista también colabora con la seguridad de la zona bajo control del Comando Norte adoptando una política que busca frenar desde nuestras fronteras el flujo de trabajadores procedentes de Centroamérica. En nuestra cada vez más militarizada frontera sur aumentan las detenciones de migrantes centroamericanos cuyo destino era Estados Unidos. Para legitimar estas acciones se ha desplegado una campaña propagandística en la que se criminaliza a los centroamericanos, explotando en forma alarmista el desbordamiento de pandillas como la "mara salvatrucha". Otro claro ejemplo de la interiorización de la agenda de seguridad estadounidense en México es la pretensión de romper con los tratados bilaterales de exención de visas para los brasileños, ecuatorianos y sudafricanos, con el argumento de que la utilización de México como territorio de paso, vulnera la seguridad interna de Estados Unidos, lo que re-presenta un obstáculo para la "guerra contra el terrorismo". Basándose en el mismo argumento, la Procuraduría General de la Republica, a petición del FBI, "monitorea" a la comunidad musulmana que reside en México. En este ambiente de cooperación, se acuerda una Agenda para la Seguridad en el marco de la ASPAN, cuya meta es defender a América del Norte no solamente de amenazas externas, sino también de "amenazas internas", con el objetivo de hacer "más competitivas a las empresas". La ASPAN incluye el compromiso trilateral de desarrollar estrategias para mejorar el flujo legal de personas y mercancías, combatir amenazas extraterritoriales (terrorismo, crimen organizado, tráfico de personas y contrabando de bienes), fortalecer las alianzas sobre "información de inteligencia" y proteger la "infraestructura fundamental", así como la revisión de mercancías y personas "previo a su partida de un puerto extranjero y en el primer puerto de entrada a América del Norte" (antes de que se formalizara esta estrategia, el FBI revisaba a los pasajeros con destino a EU en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México). Estados Unidos busca con esta alianza controlar la infraestructura mexicana colindante por medio de mecanismos para mejorar la planeación de la infraestructura carretera, incluyendo un inventario de servicios de transporte fronterizo en los principales corredores e incorporando instrumentos de financiamiento público-privado. La ASPAN busca mayor "seguridad" para las inversiones estadounidenses en los principales ejes de acumulación de capital así como asegurar el dominio estadounidense sobre el sector energético mexicano y los recursos naturales de nuestro país. Además, al excluir el tema migratorio de la alianza, se garantiza a los empresarios estadounidenses una fuerza de trabajo indocumentada a la cual pueden negarle sus derechos laborales y sociales. Durante la presentación de la también llamada "sociedad para la prosperidad", en junio de 2004, el presidente Fox destacó que debemos construir con Estados Unidos la integración de los sistemas financiero, energético, aduanal, de telecomunicaciones, así como la alineación de instituciones y leyes como parte de la conformación de un bloque económico. Por su parte, el secretario Derbez expuso que el TLCAN debe iniciar una nueva fase para integrar a los tres países en un solo bloque estratégico que permita enfrentar la creciente competencia de Asia y de otras regiones. Desde su punto de vista, América del Norte necesita una política común de educación, desarrollo científico y tecnológico, así como de mercados de capital comunes y un sistema legal uniforme que brinde seguridad a largo plazo a los inversionistas. Esta revisión representa una vía alterna para que los intereses corporativos, representados por el PAN, el PRI y el foxismo, impregnen la segunda generación de reformas estructurales en el país. Un ejemplo claro es el sector energético que, como bien señala el investigador John Saxe-Fernández, es el meollo del TLCAN Plus.6 En el encuentro trilateral realizado en la ciudad de Waco, Texas, en marzo de 2005, los titulares de los poderes ejecutivos de los países miembros del TLCAN dieron a conocer los compromisos alcanzados en el marco de la ASPAN: fortalecer los mercados de energéticos de América del Norte colaborando para incrementar la oferta de energía a fin de satisfacer las necesidades de la región y facilitar las inversiones en infraestructura energética7. Estos postulados sobre el sector energético expresan las exigencias estadounidenses en la materia: desregulación, privatización y exportación masiva de crudo mexicano a precios preferenciales. En Waco se acordó también reducir los costos de las empresas y los productores de América del Norte y maximizar el comercio de bienes y servicios a través de una vieja exigencia estadounidense: "compatibilidad de las regulaciones y las normas", lo que significa que la legislación mexicana se homologue automáticamente con la estadounidense, sin importar los efectos que esto pueda traer a nuestro país. Una de las premisas del TLCAN Plus es avanzar en las garantías otorgadas a los inversionistas extranjeros en los capítulos 11 y 20 del TLCAN vigente. Esta pretensión, presente desde las negaciones del tratado, se vuelve más imperiosa ahora que la banca norteamericana controla más de una tercera parte (32 por ciento)8 de los activos bancarios en México. La propuesta de un TLCAN Plus procura la liberalización (absoluta) de todo el mercado financiero, incluyendo el control de todos los fondos sociales (verbigracia, los de retiro) y la operación de los intermediarios financieros en un marco totalmente desregulado inspirado en la experiencia estadounidense. Asimismo, establece el compromiso de trabajar en el "libre flujo de capitales y la oferta eficiente de servicios financieros en toda América del Norte (por ejemplo, facilitar a las bolsas de valores el acceso electrónico transfronterizo sin poner en riesgo la protección de los inversionistas y ampliar la colaboración en programas de capacitación para los reguladores y supervisores de bancos). De esta manera, se profundiza la integración económica y política de México con Estados Unidos. Sin embargo, existe un rubro que éste país se niega sistemáticamente a contemplar: la integración legal del mercado laboral de Norteamérica. Las leyes y medidas contra los trabajadores inmigrantes se recrudecen. Así, mientras el secretario mexicano de Relaciones Exteriores enfocaba sus esfuerzos en la búsqueda de la secretaría general de la OEA, en el poder legislativo estadounidense comenzaba el análisis de la reforma del sistema de inteligencia, en especial, la entonces iniciativa hr-418, conocida como Real ID o Ley de Identificación Real (LIR), consistente en regular la emisión de licencias de conducir; afinaba leyes para eliminar el abuso del asilo político; consideraba otorgar poderes inéditos al Departamento de Seguridad Domestica; un incremento en el número de agentes de la patrulla fronteriza, y un centro de detención más eficaz para evitar que migrantes indocumentados sean liberados en espera de una vista judicial; así como la construcción de una valla en la meseta de Otay entre México y Estados Unidos. Con el apoyo expreso del presidente Bush, en diciembre de 2004, la Cámara de Representantes aprobó con el apoyo de 152 legisladores republicanos y 183 demócratas, la reforma al sistema de inteligencia, incluyendo la LIR9. Paralelamente, la oleada de legislaciones antiinmigrantes a nivel local en Estados Unidos se recrudeció. Inspiradas en la inconstitucional Propuesta 187 de California, se presentaron propuestas, en la mayoría de los casos aprobadas, para suprimir los derechos humanos de los inmigrantes en los estados de Colorado, Idaho, Nevada, Georgia, Arizona y Arkansas. En Arizona, con un espíritu discriminatorio contrario a los acuerdos y principios internacionales sobre el trato a migrantes, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue aprobada la propuesta 200, por medio de la cual se obliga a los funcionarios públicos a revisar la nacionalidad de las personas que se presentan a escuelas y hospitales y, en caso de que "sospechen" que son indocumentados, tienen el deber de negarles el servicio y denunciarlos ante la policía. Esta medida segrega y crea un ambiente persecución en la vida cotidiana de los inmigrantes. El sentimiento xenófobo también se confirma con la práctica de "cazar" migrantes. Menos de 24 horas antes de aprobarse la LIR, el representante Pete Sessions, de Texas, introdujo una enmienda que autorizaba a "cazadores de recompensas"10 capturar inmigrantes que tienen órdenes de deportación y entregarlos a las autoridades migratorias. En este contexto, surgieron una serie de organizaciones como Ranch Rescue y Minuteman Project, cuyo objetivo consiste, precisamente, en "cazar inmigrantes" para detener la "invasión de su patria". Datos de la organización llamada Centro Legal y de Pobreza del Sur (SPLC, por sus siglas en inglés), especializada en la investigación de "grupos de odio", revelan la participación de neonazis y supremacistas arios en el proyecto de crear "vigilantes fronterizos" para impedir el ingreso de trabajadores mexicanos11. Desafortunadamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SER) no ha utilizado las medidas diplomáticas y políticas necesarias para enfrentar la ofensiva antiinmigrante; su acción se ha basado en una estrategia mediática de bajo perfil, encabezada por subsecretarios y embajadores, con la notoria ausencia del escenario público –por largos periodos– del secretario Derbez. La respuesta mediática se ha limitado a declaraciones testimoniales de "enérgico rechazo" por parte de funcionarios de segundo nivel; el canciller Derbez sólo aparece para aclarar que el gobierno mexicano renuncia a su facultad de utilizar medios diplomáticos y que únicamente utilizará "medios legales", consistentes, principalmente, en contratar abogados norteamericanos para litigar en las cortes estadounidenses. Esta actitud de la SRE produjo la confrontación entre el secretario Derbez y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien declaró que el gobierno de México debe llevar a cabo "acciones enérgicas para evitar la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses", lamentando el "proceder totalmente ajeno al diálogo, al comedimiento y a los buenos oficios diplomáticos del secretario Derbez", quien descalificó la opinión de Soberanes y afirmó que el hecho de haber declarado que se requiere un mayor reclamo al gobierno estadounidense "demuestra que no sabe lo que la cancillería mexicana ha hecho por los migrantes".12 Asimismo, la aplastante mayoría por la que han sido aprobadas las leyes antiinmigrantes, muestra que la SRE no hace una labor de convencimiento suficiente con los legisladores estadounidenses ni cabildea eficazmente con los grupos de presión existentes en Estados Unidos. La apatía mostrada por parte del secretario Derbez hacia los problemas migratorios, contrasta con su activismo para lograr la secretaría general de la OEA. Los descuidos de Derbez en la atención de las prioridades nacionales provocaron incluso bajas en la administración foxista. Arturo González Cruz renunció a su cargo como Enlace Institucional para Asuntos de la Frontera Norte, mediante una carta enviada al presidente Fox, en la que señaló que la relación bilateral con Estados Unidos se había visto seriamente afectada por atender la candidatura a la OEA: "Ante la ausencia del canciller Derbez, en campaña por la secretaría general de la OEA y, antes por la candidatura a la presidencia de la república, han sido subsecretarios quienes toman muchas de las decisiones de la política exterior mexicana"13. Si bien puede pensarse que las fallidas respuestas a estos problemas se han debido a la consuetudinaria incapacidad del gobierno foxista, hay que evaluar el hecho de que, en su empeño por alcanzar la titularidad de la OEA, el secretario Derbez no quería incomodar al gobierno de Estados Unidos. Al contrario, incorporar elementos de la política exterior estadounidense como prioridades en la nuestra, denotó una clara inclinación a buscar la aprobación de ese país. No obstante, el secretario Derbez perdió la secretaría general de la OEA. Muchos factores se conjugaron en su contra. Su inexperiencia política y diplomática no ayudó. Recordemos que la incorporación de Derbez al ámbito político se dio en 1998 cuando formó parte de la estructura de los "Amigos de Fox", encabezando el Instituto Internacional de Finanzas, pieza clave para el financiamiento extranjero de la campaña del Partido Acción Nacional en 200014. Aunque trabajó durante tres lustros en el Banco Mundial ejecutando programas de ajuste estructural (Chile, Costa Rica, Honduras y Guatemala), su experiencia en el campo internacional apenas comenzó en el año 2000 cuando fue nombrado secretario de Economía y, más específicamente, desde que se le designó como titular de la SRE. Un detalle importante que jugó contra Derbez fue el escaso apoyo interno que generó su candidatura para la OEA. Tanto el Congreso de la Unión como la mayoría de los editoriales la prensa nacional cuestionaron severamente la pretensión del secretario. Tampoco hay que subestimar el hecho de que cuando se realizaban las votaciones en la Organización de Estados Americanos, la legitimidad democrática del gobierno que Derbez representa se encontraba en entredicho a nivel internacional debido al abuso de poder que representó la pretensión de inventar un delito para encarcelar a Andrés Manuel López Obrador, con la clara intención de privarlo de sus derechos políticos e impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2006. Sin embargo, fueron dos factores externos los que truncaron de manera definitiva la candidatura de Derbez a la secretaría general de la OEA. En primer lugar, la percepción de un gran número de países sudamericanos y del Caribe de que México decidió integrarse a Estados Unidos olvidándose de la unidad latinoamericana, apreciación alimentada sobre todo por la firma del TLCAN y las posiciones coincidentes de México y Estados Unidos a nivel multilateral (como fue el caso de la votación anual que certifica la situación de los derechos humanos en Cuba, en el marco de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pocos días antes de la votación para decidir el liderazgo de la OEA, se aprobó en Ginebra una propuesta patrocinada por el gobierno de Estados Unidos sobre la situación en Cuba. México, junto con Honduras y Costa Rica, votaron a favor de la propuesta, mientras que Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Ecuador y Republica Dominicana se abstuvieron (esta alineación fue la misma en la elección de la OEA). Es verdad que nunca ha habido consenso hemisférico sobre el voto contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero un amplio número de naciones considera que Estados Unidos manipula el tema de los derechos humanos para tratar de aislar a Cuba del escenario internacional. Una región muy sensible a este tipo de acciones contra Cuba es el Caribe. Las naciones integrantes del CARICOM tienen fuertes lazos históricos con el pueblo cubano, además de que no olvidan los programas de cooperación en materia de salud y educación (incluyendo el envío de médicos y maestros) auspiciados por el régimen comunista. Por lo anterior, no resultó sorpresivo que, a pesar de las extensas giras del secretario Derbez prometiendo "cooperación económica" (internacionalizando la tradición priista de la compra de votos), apertura de embajadas e interlocución directa con Estados Unidos, gran parte de los caribeños que habían apoyado la candidatura mexicana terminaran respaldando a Chile. El segundo factor que minó definitivamente la candidatura del secretario Derbez fue la pérdida de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia la política exterior del gobierno de Fox. Desde la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), efectuada en Cancún durante 2004 y en la cual se le encomendó al secretario Derbez lograr la fallida aprobación de la Agenda de Singapur (liberalización de inversiones, compras de gobierno, servicios y agricultura, entre otros sectores), el gobierno estadounidense comenzó a dudar del foxismo como un operador eficaz de la política exterior norteamericana. Ante la incapacidad del secretario Derbez para lograr un consenso latinoamericano en torno a su candidatura, Estados Unidos le retiró el apoyo que originalmente le había dado para respaldar una segunda opción que le garantizara experiencia, eficacia y claridad de objetivos. Chile y el nuevo bloque latinoamericano Finalmente, Chile ganó con el aval de Estados Unidos la secretaría general de la OEA. Para muchos, que Chile haya quedado al frente del organismo hemisférico significó una derrota para Estados Unidos y un triunfo para Latinoamérica, principalmente para los países del Cono Sur. No obstante, resulta conveniente hacer un breve recuento de la política exterior chilena de los últimos años y el papel que jugó Miguel Insulza, nuevo secretario general de la OEA, como ministro de Relaciones Exteriores de Chile. En 1988 surge en Chile la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición, cuyos componentes esenciales fueron el Partido Socialista (PS) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).15 Después de una transición tutelada por el golpismo chileno, el gobierno de la Concertación continuó y profundizó las políticas neoliberales que Milton Friedman le recetó a la junta militar, encabezada por Augusto Pinochet. Así, durante los dos primeros gobiernos de la Concertación encabezados por los democristianos Patricio Alwyn y Eduardo Frei, se llevaron a cabo una serie de reformas estructurales (seguridad social, educación, energía, comercio, entre otras) que convirtieron a Chile, sobre todo después del "error de diciembre" mexicano, en el "alumno estrella" de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales. En el año 2000, la candidatura a la presidencia chilena recayó en el líder del PS, Ricardo Lagos. La plataforma con la que gobierna plantea que "la estrategia económico-social de la Concertación se funda en la combinación equilibrada de crecimiento económico, baja inflación y reducción de la pobreza" y reafirma los principios de "cohesión social", tan aplaudidos por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): estabilidad macroeconómica, incremento de productividad, niveles de ahorro permanentes, papel protagónico del sector privado, redefinición del Estado como mero ente regulador ("corresponde al Estado un rol esencial en la generación de las condiciones institucionales y en el perfeccionamiento de las reglas del juego que fomenten el adecuado desempeño de los mercados").16 Es necesario subrayar que estas políticas han tenido el mismo resultado que en México. Chile se encuentra entre los 15 peores países del mundo en lo que a distribución de ingreso se refiere. En medio de un crecimiento elevado, se exhibe una situación regresiva de dicha distribución.17 En lo que respecta concretamente a su política exterior, en la plataforma de la Concertación se afirma que para "adaptarse a lo inevitable de la globalización es necesario darle continuidad a una política exterior sustentada en la inserción en la comunidad de naciones democráticas; en el regionalismo abierto como pilar de los acuerdos de libre comercio; en la asociación con las más relevantes entidades económicas y en un decidido impulso exportador".18 Para la Concertación, Chile debe continuar con su "política de activa participación en la economía internacional, concurriendo a los principales foros económicos mundiales, ampliando la red de acuerdos comerciales, incrementando sus exportaciones y fomentando la inversión extranjera. Por los mismos motivos, Chile debe continuar con su política de inversión extranjera sustentada en los principios de gran apertura y neutralidad, estabilidad y permanencia de las normas, libre acceso con muy escasas excepciones y trato nacional".19 Para la coalición gobernante en Chile, se "deben ampliar y perfeccionar los acuerdos de libre comercio ya suscritos para, entre otros aspectos, incluir en ellos a los servicios".20 Concordante con la política de libre comercio, también se deben celebrar nuevos tratados sobre doble tributación. Recordemos que Chile firmó un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos que entró en vigor en enero de 2004. El objetivo del tratado es asegurar un flujo de capitales que gozan de privilegios y limitan gravemente la soberanía nacional. Como en el TLCAN, el núcleo del tratado es la inversión, en especial la solución de controversias inversionista-Estado. El tratado protege de manera retroactiva las "inversiones cubiertas", es decir, las inversiones estadounidenses anteriores al 2004.21 A nivel multilateral, las mencionadas bases programáticas establecen también que Chile "debe continuar participando en los esfuerzos multilaterales para liberalizar el comercio internacional, en especial en la OMC, y para regular temas nuevos, como las inversiones y las compras estatales".22 Lo anterior se vio reflejado en la reunión ministerial de Cancún de la OMC. Chile coincidió con el denominado G-20 plus, fundamentalmente, en torno a la eliminación de los subsidios agrícolas, ya que la canciller Soledad Alvear señaló que el gobierno chileno no tenía problemas en discutir los puntos de la Agenda de Singapur.23 La visión latinoamericana de la Concertación se basa en el principio de que la política exterior chilena "no está amarrada a un compromiso regional incondicional o a la búsqueda de consensos idealistas", por lo que tiene como objetivo "una aceleración sustancial de la liberación comercial que vaya más allá de lo convenido actualmente entre Chile y el MERCOSUR: debe avanzarse, además, en la liberación de los servicios y en el área de las inversiones".24 José Miguel Insulza se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante el gobierno de la Concertación encabezado por el presidente Frei, líder de la Democracia Cristiana. Si bien su gestión estuvo enfocada a promover el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los acuerdos bilaterales de libre comercio, se le recuerda por su defensa a ultranza de Augusto Pinochet cuando éste fue detenido en el Reino Unido debido a una solicitud de extradición de la justicia española para juzgarlo por violaciones graves a los derechos humanos. Como se observa, las prioridades chilenas, tanto institucionales como personales, carecen de un espíritu solidario que busque una alternativa a las actuales relaciones interamericanas. Conclusiones La hegemonía de Estados Unidos sobre la OEA permanece intacta. El gobierno chileno se encuentra sintonizado con el estadounidense en materia internacional, lo que asegura que la agenda estadounidense continuará dominando el organismo hemisférico. Por su lado, México se encuentra cada vez más aislado. A pesar de pretender profundizar la integración norteamericana, el gobierno está perdiendo su papel de interlocutor regional de Estados Unidos y aliado preferencial en el hemisferio; además, el gobierno mexicano se encuentra alejado del nuevo bloque de naciones latinoamericanas. El liderazgo regional que una vez México ostentó, lo ha perdido ante Brasil, al grado de que mientras el gobierno mexicano asume automáticamente y ejecuta de manera torpe la agenda internacional estadounidense, Brasil llega a acuerdos de cooperación económica y científica con India, China y Rusia, encabeza un diálogo interregional de alto nivel con el mundo árabe, replantea su relación con África y lidera a los países del Sur en las negociaciones multilaterales en la OMC, a través del G-20. Contrario a la dirección hasta ahora seguida por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, proponemos transformar integralmente el sistema cuya ineficacia se ha hecho dramática y trágicamente patente. La idea central es construir un nuevo orden mundial con prioridades distintas, nuevas instituciones y reglas diferentes: una globalización de la solidaridad; democracia y bienestar que conduzcan al desarrollo sustentable, la equidad, la justicia, la protección del medio ambiente; a la concreción de los derechos humanos, al respeto absoluto de la paz, el multilateralismo y la soberanía de los Estados nacionales. Los trabajadores migrantes del mundo son parte del proceso de globalización económica, lo que nos obliga a intensificar acciones en defensa de su integridad, identidad y cultura. No aceptamos que los migrantes mexicanos sigan siendo tratados como intrusos en una sociedad a la que ha contribuido de manera fundamental. Es tarea imprescindible utilizar todos los medios disponibles para promover y defender los derechos humanos, sociales, culturales y políticos de trabajadores mexicanos y sus familias. El regionalismo es un elemento central en la construcción de un sistema global multilateral y más equilibrado. América Latina debe ser un actor en la construcción de las instituciones mundiales que exige la globalización en el terreno económico, ambiental, social, político y cultural. América Latina requiere espacios propios para definir prioridades y articular esfuerzos. Es necesario adoptar un proyecto propio para encauzar las relaciones hemisféricas. Como región integrada, América Latina puede tener la fortaleza necesaria para influir conjunta y decisivamente, en las transformaciones de orden hemisférico, eligiendo de forma independiente las alternativas de participación en la economía para potenciar nuestro crecimiento mediante la cooperación regional y el uso adecuado de nuestros recursos humanos, culturales, naturales y tecnológicos. En el marco de un intenso proceso de construcción de bloques económicos y políticos regionales, la mejor alternativa para México es que destaque en el ámbito mundial siendo congruente con sus mejores tradiciones en el ámbito del regionalismo y del multilateralismo inscribiéndose con identidad propia, con autodeterminación y soberanía plena en el proceso de construcción de una Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN) sustentada en la democracia y en la promoción del desarrollo económico y social. La CLAN permitirá contar con un espacio regional propio para definir nuestras prioridades de integración en el presente y futuro así como, con un nuevo marco de derecho internacional, la armonización de los distintos esquemas de integración vigente con una visión más humana que abarque el Mercosur, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino, además de los distintos y diversos acuerdos comerciales bilaterales. También sería éste el marco para que en las negociaciones del ALCA, los países de América Latina definan posturas comunes o compartidas, en todos los puntos sujetos a la agenda de negociación: compras de gobierno, propiedad intelectual, ritmos y niveles de desgravación arancelaria, mecanismos y formas de regulación de la inversión, servicios, telecomunicaciones, sector financiero y otros puntos sustantivos en los que se requiere definir acciones unitarias frente a los intereses particulares de Estados Unidos y Canadá. Otro punto que puede abordarse desde la CLAN es la necesidad de la negociación conjunta de convenios migratorios para acabar con la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores de los países en vías de desarrollo que viajan a los países desarrollados. El punto de partida de la CLAN es la creación de mecanismos de consulta y concertación política que permitan dar forma a los principios, objetivos e instituciones de la comunidad. Sobre esta base pueden establecerse órganos políticos representativos, instituciones monetarias y financieras, empresas multinacionales y proyectos efectivos de integración, que nos conviertan en una entidad unitaria y representativa. Es menester, igualmente, generar nuestras propias instancias de seguridad colectiva, resolución de controversias, homologación y complementación de proyectos nacionales de desarrollo. De esta manera, trazamos una ruta alternativa para la reforma de las relaciones interamericanas en beneficio de nuestros pueblos. Esta es la tarea pendiente de un verdadero gobierno democrático.
* Investigador del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. 1 Alejandro Álvarez Béjar, "México en el siglo XXI: ¿hacia una comunidad de Norteamérica?", en: Memoria, No. 187, septiembre de 2004. 2 John Saxe Fernández, "La metástasis del TLCAN", en: La Jornada, 8 de marzo de 2005. 3 La Jornada, 3 de abril de 2005. 4 Ídem. 5 Mientras que Canadá declaró inmediatamente que no formaría parte del Comando Norte, la reacción del gobierno de Fox fue su acostumbrado mutismo. 6 John Saxe Fernández, o. c. 7 Secretaria de Relaciones Exteriores. "Agenda para la Prosperidad", México, 23 de marzo de 2005. 8 Alejandro Villamar, Nafta Plus:Visiones, planes y acciones neoliberales, Alianza Social Continental y Red de Acción Frente al Libre Comercio, 2005. 9 En mayo de 2005 estas decisiones fueron ratificadas por el Senado estadounidense, concluyendo el proceso legislativo previo a su entrada en vigor. 10 Los llamados bounty hunters son agentes privados que se dedican a rastrear y capturar personas acusadas ante un tribunal. Estos "cazadores" son contratados por empresas que otorgan las fianzas y actúan para recibir recompensas ofrecidas por las autoridades para capturar algún fugitivo. 11 Heidi Beirich, investigadora del SPLC, afirma que las organizaciones antiinmigrantes "han asumido una línea más dura desde 1998, cuando comenzaron a trabajar junto con supremacistas blancos" y en 2003 muchos de ellos se unieron a organizaciones racistas (El Financiero, 30 de marzo de 2005). 12 Milenio, 14 de enero de 2005. 13 El Financiero, 16 de febrero de 2005. 14 La Jornada, 10 de mayo de 2002; revista Vértigo, 19 de abril de 2003. 15 La Concertación ha sintetizado su actual realidad en cuatro partidos con representación parlamentaria: PDC, PS, PPD Y PRSD. 16 Concertación de Partidos por la Democracia. "Bases Programáticas", Chile, 2000, pp. 49-61. 17 La Nación, 22 de febrero de 2004. 18 Concertación de Partidos por la Democracia, op. cit., p. 89. 19 Idem, p. 91. 20 Idem, p. 92. 21 Julián Alcayata. "Inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos", Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Chile, 2004. 22 Concertación de Partidos por la Democracia Op. cit., p. 92. 23 Fazio, Hugo. "En Cancún rechazan base del TLC EEUU-Chile", ATTAC Chile, diciembre 2004. 24 Concertación de Partidos por la Democracia. Op. cit., p. 99.
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