La historia nos juzgará

Andrés Manuel López Obrador*

Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México: comparezco con dignidad ante este Tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar, en términos jurídicos, sobre la falsedad de este juicio: hemos reiterado nuestra defensa en numerosas ocasiones. Sólo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacer mal a nadie. Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio El Encino. Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron su deber.

A pesar de que el Ministerio Público pretendió llevarlos a que me inculparan, como pueden ustedes constatar en el expediente, planteándoles interrogatorios insidiosos, no logró su cometido: ninguno de los servidores públicos del gobierno declaró en mi contra. El juez administrativo no se tomó la molestia de presentarse en El Encino para verificar si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen. Tuvo, sin embargo, la ruindad de otorgar valor probatorio pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios, es decir, el juez se limitó a repetir los dichos de sus empleados; y con estas pruebas ilegales se me acusa. Es más, el supuesto dueño de El Encino, primero, reclamaba una propiedad de 100 mil metros cuadrados, luego, presentó una escritura ante el Ministerio Público de 86 mil metros cuadrados, pero en el Registro Público de la Propiedad aparece que sólo posee 83 mil metros cuadrados y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad. Pero esto no se nos aceptó como prueba porque la Sección Instructora se opuso a realizar un deslinde del terreno. El expediente está plagado de falsedades: me acusan, simple y llanamente, por ser el superior jerárquico del gobierno del Distrito Federal.

Por último, preguntaría a ustedes: ¿dónde están el dolo y la mala fe si el camino no se construyó? Aquí quiero aclarar algo: tres veces, el licenciado Memije, afirmó de que en 11 meses se incumplió la decisión del juez, es decir, 11 meses llevó la violación del amparo. Estamos hablando de 200 metros; si hubiese dolo, mala fe, abuso de autoridad, ¿ustedes creen que en 11 meses no hubiésemos terminado de hacer el camino? No fue así. Tuvimos que hacer un camino alterno para comunicar el hospital ABC y ahí va a quedar la brecha que constata que no hubo ningún desacato. El dolo y la mala fe son de quien me acusa o de quienes me acusan; tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas; lo hago apegado a principios. Uno de éstos es, precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria.

Atendamos lo evidente, diputadas y diputados: hoy en México se debaten dos proyectos de nación, de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos. A los que verdaderamente mandan, junto con los que malgobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad, de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud, vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Ese es el fondo del asunto. Por eso y por ninguna otra causa nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos con miras a las elecciones de 2006. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México; los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN; los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista; los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales.

Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra, pero los que al mismo tiempo consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y de los desposeídos, que es también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad. Son los que manejan el truco de llamar "populismo" o "paternalismo" a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran "fomento" o "rescate" a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas, son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México; los que defienden la política económica imperante, no obstante, su serie de fracasos que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo; los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y a los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores –que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé por favor una limosna–; los que han socavado la calidad de vida de las clases medias; los que han convertido el país en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debían moderarse la indigencia y la opulencia; los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo, en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza. Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad. Son ellos, los que tienen mucho miedo de que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado.

Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando el país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional, capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O’Farril, ese grupo compacto de intereses creados, dijo al ciudadano presidente –palabras más, palabras menos–: "Nos has quedado mal. No has podido llevar a cabo las privatizaciones ni la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa; ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia..." Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la república se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos.

Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna –aunque no sea la máxima tribuna– acuso al ciudadano presidente de la república, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia; lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la república. Acuso también, por complicidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento.

Días antes de iniciar el procedimiento en mi contra, en abril del año pasado, el presidente de la Corte acudió a un encuentro con el ciudadano presidente para tratar este asunto, olvidándose de que su deber no es encubrir las arbitrariedades del titular del Poder Ejecutivo, sino proteger a los ciudadanos del atropello y del abuso. Es más, dos días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde por anticipado se trataba de legitimar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna, haciéndose pasar por jueces.

Claro está, y aquí lo hemos escuchado: quienes me acusan, tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando al Estado de derecho. Así ha sucedido siempre: todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no sólo están envileciendo las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que, en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo, del privilegio, han conver-tido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que, legal y legítimamente, me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Es ese el Estado de derecho que pregonan? ¿Cuál Estado de derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿De cuál Estado de derecho hablamos si sólo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia? ¿Qué Estado de derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tiene el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo federal?

¡No, señoras y señores: eso no es Estado de derecho! ¡En México, desgraciadamente, el derecho ha significado, por lo común, lo opuesto a su razón de ser! El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y el del poder, por encima de todo. El derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo.

Es un timbre de orgullo que se me juzgue como en otros tiempos se condenó a quienes han actuado en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos; por ejemplo, cuando la dictadura porfirista presintió que sería derrotada en las urnas por Francisco I. Madero, decidieron sacarlo de la carrera presidencial, inventándole cargos y conduciéndolo finalmente a prisión. Ya desde abril de 1910, para impedir su asistencia a la Convención Antirreeleccionista, se le había acusado de invadir un predio ajeno para robarse una carga de guayule. Cuando este cargo fracasó, por ridículo e infundado, se le acusó –¡siendo ya candidato a la Presidencia de la República!– de proteger de la policía al orador Roque Estrada, quien había pronunciado un supuesto discurso injurioso contra las autoridades.

De ese modo, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey y trasladado a la cárcel de San Luis Potosí, en donde radicaban los cargos. Desde la prisión, Madero escribió a uno de sus partidarios: "¡Efectivamente, es un atentado incalificable el que se ha cometido conmigo, pero ha servido para quitar definitivamente la careta a nuestros gobernantes, para exhibirlos como tiranos vulgares y para desprestigiarlos completamente ante la opinión pública, a la vez que nuestro partido se ha fortalecido de manera increíble! ¡Por estas circunstancias no me aflige mi prisión, pues aquí descansando creo que estoy prestando grandes servicios a nuestra causa!"

También, cuando se obtuvieron con engaños las renuncias de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la mayoría de la Cámara de Diputados cometió la indignidad de desaforarlos y eso equivalió a aceptar sus renuncias y prestarse a la farsa de legalizar –¡siempre preocupados porque todo sea legal!– un nombramiento que duró en el poder 45 minutos, tiempo suficiente para que el tal Pedro Lazcuráin nombrara como secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y luego renunciara, convirtiendo a El Chacal en presidente de la república! Un dato más para comprender la historia, que es la maestra de la vida –y que no se tome como un insulto–, porque la verdad no es injuria: el bisabuelo de Santiago Creel, Enrique Creel, fue ministro de Relaciones de Porfirio Díaz y su abuelo Luis R. Creel fue huertista y participó en la Decena Trágica.

Para quienes padecen de amnesia, para los que creen que la política sólo consiste en una enciclopedia del conocimiento de las mañas y del golpe artero, a ellos conviene recordarles otro hecho indigno que pasó por esta Cámara de Diputados. Me refiero a la renuncia forzada, ante la amenaza de desafuero, de Carlos A. Madrazo Becerra. En ese entonces, el pretexto fue un supuesto fraude con tarjetas de braceros, cuando en el fondo se trataba de una venganza política porque Carlos Madrazo Becerra apoyaba, para la sucesión presidencial, al entonces regente, Javier Rojo Gómez. Tan es así que, luego de ser encarcelado por cerca de nueve meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la Presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad.

Estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Lamento que el voto útil se haya convertido en voto inútil, que se haya perdido tristemente el tiempo con el llamado "gobierno del cambio" y no se haya logrado nada, absolutamente nada, habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas. Pero no hay mal que por bien no venga: hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común; hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos.

Diputadas y diputados: como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar; no soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y de mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. Les repito: no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza porque, sencillamente, no soy culpable y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia. Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas; nada. Ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la república podría justificar hacer a un lado la dignidad y los principios. No soy un ambicioso vulgar. No llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica.

Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo: ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar "representantes populares". Claro está que otros diputados –los menos, desgraciadamente– votarán con dignidad y decoro. Pero los que van a votar en mi contra y los que se abstendrán, pensando que hay justo medio entre ser consecuente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado una especie de desafuero patriótico, porque todavía la conducta de ustedes tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente.

Estoy seguro de que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero, sin medir las consecuencias de sus actos o porque piensan que podrán justificarse, como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir, creo que es la diputada Rebeca Godínez: "con esto empieza el Estado de derecho en México". Conste: el Estado aludido no se tardó, y debutó muy mal.

Repito: ¿de cuándo acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores quieren aparecer como los garantes del Estado de derecho? Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.

¡Viva la dignidad! ¡Viva México!

* Discurso pronunciado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, el 7 de abril de 2005 en México, D. F.