Política agropecuaria, incluyente y sustentable*

José Jacobo Femat**

Evaluación de la situación del país

En diferentes declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la república reconoce que el modelo económico de desarrollo que se aplica en México (el modelo neoliberal) es únicamente para los empresarios y no va a cambiarlo. Por el contrario, seguirá impulsando medidas que generen cambios estructurales en el marco jurídico y en las actividades económicas del país para fortalecer al sector empresarial en México.

Eso quiere decir que su gobierno seguirá privilegiando al sector privado con recursos públicos; seguirá protegiendo sus intereses y actividades y mantendrá a la baja el nivel de inversión pública que se requiere para construir y mantener infraestructura pública, los subsidios y apoyos para el desarrollo del campo, la inversión y financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa y, en general, habrá limitaciones para todos los servicios básicos en beneficio de la población.

Al mismo tiempo, el presidente reconoce que la economía nacional no ha crecido, que hemos perdido empleo, que el país ha perdido márgenes de competitividad frente a la economía internacional, pero se justifica la coyuntura como consecuencia de la devaluación de 1994.

Por el contrario, las organizaciones sociales, los centros de investigación y de educación superior nacional, las cámaras empresariales, como Canacintra y Coparmex, los lideres de opinión y hasta los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros, reconocen que el modelo económico neoliberal ha sido equivocado.

Todos coincidimos en señalar que el modelo neoliberal, en lugar de impulsar el desarrollo y la mejoría de la economía nacional, ha propiciado la concentración de riqueza en pocas manos y el incremento de la población en condiciones de miseria.

Los investigadores señalan que en América Latina el modelo neoliberal ha producido 220 millones de pobres, la mitad de ellos solo en Brasil y México, cantidad que tiende a crecer si no se modifican los objetivos del modelo.

En el campo mexicano, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no se atreve a festejar los avances de la exportación de legumbres y frutas porque reconoce que existe una mayoría de campesinos que no cuentan con condiciones de productividad y competitividad en los mercados.

Desde 1982, la elaboración y aplicación de políticas nacionales acordes con los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la ONU, concretadas en la modificación de nuestra legislación, permitieron la apertura de la economía a los grandes monopolios internacionales y la firma de múltiples tratados de libre comercio contrarios al interés nacional. Esto significa la ruptura del pacto social que prevalecía desde la Revolución Mexicana hasta 1992; con ello, se han generado condiciones de conflictividad social muy graves en el país.

En el campo mexicano se pasea la miseria, el desempleo, la insalubridad y la deserción escolar, provocados por ausencia de políticas congruentes con nuestra realidad nacional, por falta de inversión pública, créditos, capacitación, transferencia de tecnologías, construcción de infraestructura para la producción, precios justos a los productos del campo, falta de mercado para nuestros productos nacionales, hospitales, viviendas dignas, servicios básicos suficientes, universidades, etcétera.

La válvula de escape a la miseria, al desempleo y a la inconformidad social ha sido la migración de millones de mexicanos a las grandes ciudades y al extranjero, lo cual genera otros problemas no menores, como son la privatización de cientos de miles de hectáreas de tierra y sus recursos a empresas transnacionales ajenas al interés nacional, el incremento de la producción y trafico de drogas, el incremento de delitos y la perdida del sentido de pertenencia, cultura, costumbres y lengua de cientos de miles de indígenas y campesinos que radican en las grandes ciudades.

Ahora, el gobierno reconoce que la derrama económica que envían nuestros paisanos en el extranjero a sus familias en el territorio nacional representa la segunda fuente de ingresos que recibe el país después del petróleo (mas de 13 mil millones de dólares), cantidad muy superior a los ingresos que deja el turismo y la inversión directa que aplican los monopolios extranjeros en el país.

Hoy, nuestros paisanos en Estados Unidos, compiten por ser la primera minoría con los afroamericanos, suman más de 25 millones de ciudadanos y son ya mayoría en grandes ciudades como Los Angeles y Chicago, con fuerte presencia en los estados de California, Arizona, Illinois, Texas y Nuevo México, lo que les permite incidir en los resultados electorales de dichos estados y ser tomados en cuenta en las elecciones presidenciales. Aunque también es cierto que nuestros compatriotas se convierten en carne de cañón, ya que por necesidad se contratan en el ejército de ese país y son utilizados para invadir y masacrar otros pueblos del mundo.

Los mexicanos en el extranjero no tienen apoyo ni la asesoría necesaria para la defensa de sus derechos humanos, económicos y políticos; son explotados, humillados y muchas veces asesinados en un país extranjero con el que México tiene acuerdos y tratados, pero donde el gobierno mexicano se abstiene de intervenir en su defensa y hacer uso de los derechos universales mas elementales para su protección.

En este sentido, tenemos un gobierno federal indolente frente a las presiones y abusos de las potencias extranjeras y las corporaciones monopolicas, un gobierno que se encuentra muy pero muy debajo de las demandas, necesidades y dignidad de nuestro pueblo.

Con el antecedente de tres años de gobierno del presidente Vicente Fox no podemos hacernos ninguna ilusión de cambios trascendentales en el modelo de desarrollo nacional. Como él mismo lo anunció, este es un modelo de desarrollo para empresarios y no va a cambiarlo.

El neoliberalismo ha traído otros lastres para el país. La corrupción contamina todas las instituciones de la nación, viciando la acción de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y trascendiendo a los institutos políticos que se han convertido en la muestra más palpable de este mal, ya que abiertamente se han convertido en empleados de las grandes corporaciones. Han tomado a la función pública como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. De esta manera, el cargo de funcionario público o de dirigente partidario son posiciones que se disputan encarnizadamente al interior de los partidos, donde el capital privado juega y manipula los personajes y grupos que se enfrentan por el poder.

Los partidos políticos mexicanos están muy lejos de la vieja concepción que les dio origen en la democracia capitalista. Hoy, los partidos y las instituciones son usados en beneficio de los grupos de poder político y económico.

Los conceptos de nación, territorio, población y ciudadano se modifican o desaparecen. Hoy los funcionarios y grupos de poder entienden al país como un territorio mercado-empresa, filial de los corporativos internacionales (Coca Cola, Ford, Chrysler, Kellogs, McDonalds, Microsoft, Monsanto, etcétera.), mejor conocidos como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que controlan las sociedades y economías del mundo, colocando su interés por encima de las naciones y de la Organización de las Naciones Unidas.

En este enfoque neoliberal, donde el concepto de país es entendido como una empresa controladora (un holding), el programa de gobierno es el programa de trabajo, de inversión, de empleo y de ganancias de las grandes empresas privadas que dominan al equipo de gobierno.

En este modelo el concepto pueblo no existe, los ciudadanos no existimos; somos capital humano, mano de obra barata o mercado laboral que se mantiene en reserva conforme a las necesidades de la gran empresa monopólica.

Esta fuerza laboral, integrada por los nuevos esclavos de la modernidad, somos un gran negocio para empresas de traficantes, corporativos del espectáculo, industriales, agroindustriales, comerciantes y financieros, pero también somos los principales consumidores de sus productos en el mundo.

En el nuevo esquema mundial, los recursos naturales, el aire, el agua, la tierra y la biodiversidad (capital natural), son una mercancía igual que nosotros y para los dueños del mundo toda mercancía es vendible y desechable.

En suma, el gobierno mexicano y su modelo neoliberal es ajeno al desarrollo humano social, cultural y político es ajeno a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad; es ajeno a la paz y la estabilidad mundial. No tiene sentimientos, identidad, valores, principios, bandera ni patria.

¿Cuál debe ser la estrategia de los campesinos, obreros, empleados y profesionistas del país, frente a la política neoliberal entreguista del gobierno federal?

Conclusiones y propuestas1. El gobierno federal y los gobiernos estatales no pueden seguir al margen de los problemas y necesidades del pueblo y de la nación; para resolverlas, es urgente modificar las políticas de desarrollo económico y social de México.

2. Es urgente construir un clima de dialogo nacional entre los diferentes actores institucionales, políticos y sociales y establecer una agenda de discusión que incluya los principales problemas con respecto al desarrollo económico y social del país.

3. Para resolver el problema del desarrollo rural integral proponemos la elaboración de:

"Una política nacional para el desarrollo rural nacionalista, incluyente, democrática, justa y sustentable para los campesinos de México"

Dicha política pública podría tener las siguientes meta–programas:

1. Revisión del artículo 27 de la Constitución, para fortalecer el papel del ejido y la comunidad como formas de propiedad y organización social, depositarias de los recursos naturales y la biodiversidad nacional, y productores de los alimentos que consume nuestra población.

2. Reglamentar y aplicar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que hasta hoy solo existe en el papel.

3. Revisar y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su apartado agropecuario.

4. Rescatar y proteger jurídica, económica, material y socialmente el medio ambiente, los recursos naturales y nuestra biodiversidad nacional.

5. Incrementar y mantener el gasto público para el desarrollo rural al 12 por ciento del gasto programable y mantenerlo como un presupuesto con programa multianual.

6. Recuperar el empleo, el ingreso económico y el bienestar familiar.

7. Renovar y ampliar el parque de maquinaria nacional.

8. Impulsar el procesamiento agroindustrial de productos agropecuarios.

9. Abastecer y fortalecer el mercado nacional con productos nacionales.

10. Fortalecer la educación superior agropecuaria y la investigación biotecnológica, con mayor presupuesto público.

11. Mantener el acompañamiento profesional a la producción agrícola, pecuaria, acuícola, y extractiva, y desarrollar y transferir nuevas técnicas y biotecnologías.

12. Ampliar y eficientar la infraestructura rural para la producción (presas de captación de agua, caminos, carreteras, almacenes regionales, etcétera).

13. Ampliar y mejorar la infraestructura de atención social y servicios básicos comunitarios (agua potable, electricidad, hospitales, escuelas, puentes, carreteras).

14. Prohibir legalmente el uso de organismos genéticamente modificados por ser contrarios al equilibrio de la naturaleza.

* Discurso pronunciado en el Segundo Congreso Nacional Ordinario de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), realizado el 5 de diciembre de 2004 en México, DF.

** Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la COCyP.