Comisión de Transformación a Fondo del PRD

Subcomisión de Proyecto de Nación

Mexico: política internacional en el siglo XXI*

Globalización y regulación económica internacional

En el último cuarto del siglo XX y al inicio del XXI se han operado grandes transformaciones en la economía y el reparto del poder mundial, gracias a los importantes avances de la revolución científica y tecnológica y su impacto, para bien o para mal, en la vida cotidiana de todos los habitantes de nuestro planeta. Otros factores que han impulsado estos cambios han sido la feroz competencia por el liderazgo económico entre las grandes potencias, basado en el aumento de la productividad, la innovación y la sobreexplotación de recursos humanos y naturales, la especulación financiera, la expansión de los mono-polios trasnacionales o la fuerza de los monopsonios que limitan cualquier intento de los países productores de materias primas de usarlas como arma económica o política en su emancipación.

En la política internacional, hasta los años ochenta, existió la confrontación geopolítico-militar e ideológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, además del activo papel que jugaron los países del Tercer Mundo, así como la lucha de los no Alineados en la búsqueda de una tercera vía entre los países como los nuestros que no ganaban nada en esta confrontación sino el dudoso privilegio de ser el teatro de operaciones de los ajustes de fuerzas entre los polos hegemónicos o, bien, ser la recurrente "víctima propiciatoria" causante de los supuestos riesgos a la seguridad global. Este escenario de la segunda posguerra, típico de la llamada "guerra fría", cambió dramáticamente a principios de los años noventa con la desaparición de la URSS y de las economías centralmente planificadas de Europa Oriental y la emergencia de otros polos en la dinámica económica mundial como Japón, China, Corea, las economías del sudeste asiático y el gradual pero consistente proceso de expansión y fortalecimiento de la Unión Europea.

El fin del orden bipolar y la tardía e impredecible conformación de uno nuevo, configuran las características de la actual coyuntura. En ella, privan el desorden y desajuste de las instituciones internacionales que van perdiendo vigencia sin que lo que se propone para reformarlas o sustituirlas cuente con una destacada participación de los países en vías de desarrollo, cuyos intereses nacionales han sido sometidos por la presión de los intereses de las potencias económicas, militares y las multinacionales. Así, por ejemplo, se ratifica el monopolio de las potencias nucleares. Las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Japón se arrogan un inaceptable derecho de injerencia violatorio de las normas fundamentales del derecho internacional.

Se abandonan de la agenda internacional temas vitales como son la transformación de la cooperación para el desarrollo entre los Estados en un compromiso jurídico internacional, fincar responsabilidades jurídicas al comportamiento de las transnacionales y reformar el sistema financiero mundial de tal forma que sustente el derecho al desarrollo de los pueblos del mundo y regule las prácticas especulativas y usurarias del gran capital internacional, entre otras demandas importantes.

La economía mundial contemporánea tiene, como una de sus características fundamentales, un acelerado proceso de internacionalización del capital y del proceso productivo, expresado con mayor fuerza en una dinámica de globalización del capital financiero y de la tecnología. Simultáneamente, se profundiza la brecha norte-sur y se perfila la constitución de un orden económico internacional regresivo donde corporaciones transnacionales y el llamado Grupo de los Siete centraliza y concentra como nunca antes en la historia los recursos económicos del mundo.

Nuevas formas de confrontación económica y comercial han aparecido en los últimos tiempos. Se fortalecen bloques regionales de comercio y emergen nuevas potencias económicas que rompen la bipolaridad que caracterizó el periodo de la guerra fría. En este contexto, Estados Unidos pretende establecer nuevas formas de dominación sobre América Latina, mantener sus pretensiones hegemónicas y buscar la recomposición de bloques para mejorar su deteriorada posición competitiva frente a sus rivales de la Unión Europea y de la Cuenca del Pacífico. La ausencia de solución de la crisis de la deuda externa impide a los países en vías de desarrollo alcanzar una dinámica de crecimiento estable y sostenido, profundizando la inserción dependiente de las economías del sur respecto al norte.

Vivimos una creciente internacionalización de los espacios económicos, que plantea graves desafíos a la soberanía y al nacionalismo económico de los países del área. Para nuestros países, estos nuevos procesos de transnacionalización han implicado pérdida de autonomía de los Estados nacionales. Las políticas económicas neoliberales instrumentadas por los gobiernos latinoamericanos, siguiendo la rutas del llamado ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han originado una profundización de la heterogeneidad estructural y la desigualdad social en nuestros países. Acentúan la depen-dencia y la pérdida de soberanía; implican una grave regresión productiva; desarticulan la estructura económica interna e imponen un esquema de modernización de las actividades exportadoras, excluyente y autoritaria. Además, empeoran las condiciones de vida de las grandes mayorías del subcontinente, profundizando y agravando sus graves problemas de hambre, miseria y marginación.

En América Latina, la acelerada apertura comercial, la eliminación de aranceles, la privatización de empresas estatales y las políticas de ajuste antiinflacionarias han tenido como resultado:

-Empobrecimiento de amplios sectores de la población por la pérdida de empleo.

-Disminución sustancial de los salarios reales.

-Desindustrialización (es decir, el desmantelamiento de un gran sector de la industria nacional por el cierre de numerosas medianas y pequeñas empresas que fueron la columna vertebral de creación de empleos en la fase conocida como sustitución de importaciones).

-Profundización de la crisis del sector agrícola.

La privatización de empresas estatales ha beneficiado principalmente al capital extranjero —que ha adquirido muchas de estas empresas a precio de remate— y la llamada desregulación, que permite a las trasnacionales actuar y dominar en ramas productivas sin que exista el contrapeso del Estado. El libre juego de las fuerzas del mercado a escala internacional es, en la práctica, la creación de una economía mundial bajo el control de un reducido número de empresas trasnacionales, lo que aumenta el desorden económico, destruye el medio ambiente, al mismo tiempo hace crecer la miseria, marginación y hambre de amplios sectores de la población. La desregulación (de la que tanto hablan los defensores del libre comercio) significa, realmente, la maximización de utilidades de las grandes corporaciones monopólicas internacionales.

La dinámica de ajuste estructural impulsa un abandono del mercado interno y la reorientación del aparato productivo hacia la exportación. En algunos casos, esto permite generar recursos para continuar realizando transferencias netas de capital al exterior por concepto del servicio de la deuda externa. En otros casos, la apertura comercial y la desregulación profundizaron el desequilibrio de la balanza comercial, generaron graves déficit y acentuaron la dependencia financiera. En este modelo de desarrollo extrovertido, los crecientes flujos de capital externo especulativo se han convertido en uno de los medios fundamentales para mantener una precaria estabilidad financiera existiendo, en algunos países, monedas sobrevaluadas, hecho que, unido a debilidades estructurales de su aparato productivo, profundiza la tendencia deficitaria de sus balanzas comerciales.

La política neoliberal ha desmantelado los sistemas de regulación y fomento a la agricultura y la industria, generando desindustrialización, mayor desempleo y, en ciertas áreas, profundizando la dependencia alimentaria y la crisis agrícola. Al mismo tiempo, protege al capital monopólico, los nuevos conservadores, quienes privatizan el sector público, subsidian y promueven el control trasnacional de los sectores estratégicos de la economía y promueven cambios legislativos para adaptar el aparato productivo a la nueva división internacional del trabajo, facilitando el establecimiento de ensambladoras o maquiladoras.

Una retórica antiestatista va acompañada de una activa propaganda en favor de las mágicas virtudes del mercado, la liberalización comercial y la empresa privada. Sus consecuencias han sido devastadoras: estancamiento y reducción del empleo; descenso del salario real y del ingreso de los campesinos y productores agrícolas, así como la pauperización a niveles sin precedentes de una creciente población.

La crisis de la deuda subsiste. La mayoría de los gobiernos continúa sacrificando el desarrollo interno pagando el servicio de una creciente deuda externa. Ha faltado patriotismo, firmeza y capacidad de concertar una política común de América Latina frente a los acreedores. La única solución viable sería reducir el valor nominal de la deuda a su valor real, presionar a los acreedores a que asuman una parte sustancial de las pérdidas y preservar los intereses nacionales y populares.

La ruta neoliberal ha sido otra. Con el objetivo de continuar cubriendo el servicio de una deuda impagable, se nos impuso un ajuste que incidió, fundamentalmente, en el sacrificio de los intereses de los trabajadores y de las clases medias. Las políticas antiinflacionarias y de saneamiento de las finanzas públicas se han basado en alza de impuestos, severos e inequitativos controles fiscales, elevación de precios, tarifas y cuotas de bienes a cargo de los gobiernos y, en numerosos casos, reducción de la inversión pública y de los gastos en salud, educación y bienestar social. Por esta vía, a veces, se ha logrado cierta precaria estabilización pero con un gran costo económico y social y una creciente pérdida de soberanía.

Con el Acuerdo de Libre Comercio de las América, las grandes corporaciones estadounidenses pretenden subordinar la dinámica integracionista del continente americano a sus pretensiones hegemónicas y unipolares, buscando fortalecer su declinante sistema económico frente a la competencia de Europa y Japón.

En los noventa, la respuesta de Estados Unidos fue impulsar el establecimiento de tratados de libre comercio con sus vecinos inmediatos, tratados que abren las fronteras, permitiendo la libre circulación de bienes, servicios y capitales, aunque la circulación de mano de obra sigua restringida. Bajan las barreras arancelarias de los países signatarios, las diferentes ramas agrícolas e industriales se integran bajo la hegemonía de EU y, con el tiempo, los consorcios norteamericanos profundizan su dominación sobre México y el resto de América Latina.

Además del reto de competir comercialmente con los dos bloques (el europeo y el de Asia), Estados Unidos tiene otras razones de peso para buscar el control económico de sus vecinos inmediatos. Mediante procesos de integración comercial, Estados Unidos pretende asegurar su acceso a productos como el petróleo, minerales y otros recursos naturales; busca garantizar un mercado más amplio para su tecnología y productos acabados, algunos de los cuales no tienen salida en el mercado mundial, debido a la aguda competencia que enfrentan; y, pretende facilitar el desplazamiento de algunas de sus industrias, como la automotriz y siderúrgica u otras, donde algunos procesos son incosteables en suelo norteamericano. Con el esquema integrador, México y América Latina son receptores de algunas de estas industrias, mientras EU consolida su dominación en las de tecnología de punta (electrónica, microprocesadores, automatización industrial, nuevos materiales conductores de electricidad, telecomunicaciones, tecnología satelital y todo lo relacionado con la exploración del espacio, aeronáutica, nuclear, biotecnología, informática, etcétera).

La globalización profundiza las desigualdades sociales y regionales y la vulnerabilidad a las crisis. La globalización ha incrementado el poder de las corporaciones multinacionales, de los manipuladores de mercados de divisas y organizaciones internacionales, a expensas de los gobiernos, de los electores y del proceso democrático. Se necesita un nuevo sistema de responsabilidad colectiva que compense los efectos negativos de la globalización.

En los años ochenta, la globalización fue impulsada por gobiernos de las naciones industrializadas ( Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón) dominados por fuerzas políticas de derecha quienes impusieron un paradigma ultraliberal. Las inquietudes en torno a la democracia, a la solidaridad social y al medio ambiente son cuestiones de menor importancia en el programa neoliberal. La globalización y, en particular, la creciente integración de los mercados financieros, fueron vistas como un proceso o una capacidad para llevar a cabo "cualquier cosa en cualquier sitio", con el ánimo de acrecentar el lucro de las corporaciones multinacionales. La desregulación fue el concepto clave. Tras la crisis asiática, esa fe ciega en el mercado está perdiendo apoyo en la opinión pública. Poco a poco, en vista de lo que ha sucedido, ha llegado a considerarse que la democracia, la transparencia y la cohesión social son factores de un valor incalculable en esta época de globalización que atravesamos. Estos valores son esenciales para la estabilidad social y económica.

Hoy en día, la regulación vuelve a ser el concepto clave que se maneja en los foros e instituciones en el plano internacional. El mismo carácter internacional de las crisis financieras exige la cooperación de la comunidad internacional y la coordinación de sus esfuerzos. Sostenemos la necesidad de un nuevo rumbo para nuestro pueblo.

México no puede ni debe permanecer aislado de la dinámica de la economía mundial, pero esto no significa que la orientación teórica del libre comercio sea la única ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la globalización. La dinámica de la economía y del comercio mundial es una realidad a considerar en cualquier esfuerzo destinado a elaborar un proyecto de país si se quieren plantear programas viables y sustentables. Pero nos oponemos a permitir que el mercado mundial defina el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos. México debe construir su proyecto nacional de desarrollo sustentable para insertarse adecuadamente en la dinámica económica mundial.

La economía debe ser regulada nacional e internacionalmente, de tal manera que se asegure la paz, la democracia, el desarrollo sustentable y la estabilidad económica con bienestar social.

La globalización es un signo de la época, pero no hay que confundirla con esta forma neoliberal que no es la única y mucho menos inevitable. Es necesario, no sólo aminorar sus consecuencias negativas sino proponer una alternativa viable. Debemos buscar cómo aprovechar la globalización con creatividad y no someternos a ella pasivamente. Debemos construir una globalización desde los pueblos frente a esta globalización comandada por las grandes corporaciones mundiales.

No nos oponemos a la existencia de reglas para el comercio y la inversión regional o internacional. Nuestra crítica a la globalización dominante e impuesta no significa que pretendamos volver al pasado, cerrar y proteger nuestras economías y pugnar por un aislacionismo comercial. Hasta hoy, las reglas pactadas no han ayudado a superar ni menos a aminorar los problemas de nuestras economías. Proponemos reglas alternativas que regulen la economía mundial y en nuestro hemisferio, basadas en una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable.

Nos negamos a aceptar como inevitable un modelo globalizador que excluye a más de la mitad de la población mundial de los beneficios del desarrollo. Nos oponemos a la libertad de especulación cuando ello es a costa de la viabilidad económica de países y regiones enteras de nuestro mundo. Nos negamos a aceptar que la depredación de la naturaleza sea inevitable y un mal necesario en aras del crecimiento. Un profundo imperativo ético nos impulsa a plantear nuestro propio modelo de sociedad, por la que luchamos al lado de tantos hombres y mujeres movidos por la esperanza de vivir y dejar a las futuras generaciones una sociedad más justa y humana. Luchamos por un mundo de solidaridad y justicia en el que el trabajo y esfuerzo de cada uno redunde en el bienestar propio y colectivo.

Existe un amplio consenso de que cualquier alternativa al modelo neoliberal incluye como un aspecto sustancial una reorientación de la política económica; una expansión del mercado interno, del empleo, del ingreso y de la planta productiva; el fomento a sistemas agrícolas e industriales adaptados a nuestras condiciones nacionales y en el equilibrio con el medio ambiente. En suma, una forma distinta de articulación de nuestras economías con la economía mundial, preservando el control y regulación sobre los sectores estratégicos, al mismo tiempo que se impulsan transferencias tecnológicas e incrementos de productividades que permitan la creación de ventajas comparativas dinámicas en ciertas áreas y ramas de la producción.

En una economía mundial, la respuesta sólo puede consistir en la globalización de la propia regulación. Para que la globalización constituya un elemento de progreso deberá estar regulada; con esto se resuelve la paradoja actual acerca de que el comercio y las finanzas se desarrollan en el plano mundial, pero el gobierno y la regulación tienen un ámbito meramente nacional.

Hoy en día, los operadores de mercado ejercen más control sobre los mercados de capitales que los bancos centrales. El protagonismo ha pasado del capital industrial y de servicios a las operaciones financieras con ánimo de lucro a corto plazo, derivando sus beneficios de la especulación más que de la inversión a largo plazo.

La liberalización del mercado de divisas y apertura de las bolsas de valores, que han llevado a cabo países en vías de desarrollo, debido a la presión del FMI o para atraer inversiones extranjeras, ha sido precipitada y carece de una base institucional adecuada. El sistema bancario, la organización bursátil y las reglas que rigen el crédito carecían de seguridad. En Asia y América Latina, los empréstitos en dólares tuvieron por efecto el incremento de la deuda debido a la desvalorización de las monedas nacionales. En un contexto de crisis financiera, como la que vivió México en 1995, también en Brasil, Argentina y los países asiáticos, en los años noventa, la liberalización de los mercados financieros dio lugar a una retirada masiva de capitales con las consecuentes y graves desvalorizaciones, un recorte profundo del crédito, un fuerte incremento de la deuda y una caída en el producto nacional y el empleo.

Careciendo de la seguridad de que los gobiernos, tomando medidas de común acuerdo, son capaces de detener la recesión, la crisis que atraviesa un grupo de países puede ser transmitida inmediatamente a otros por medio de la especulación; no obstante, el hecho de que posean una sólida base económica.

En una economía multinacional, la pugna por la inversión directa ha conducido a que los gobiernos tiendan a gravar menos los capitales optando, en su lugar, por gravar más el trabajo y el consumo (por medio de impuestos como el IVA). En numerosas naciones, han disminuido los salarios reales, es decir, se ha recortado el costo social del trabajo haciendo caso omiso de que dicho costo se ha visto más que compensado por incrementos en productividad. El recorte de las prestaciones sociales por razones de competitividad degrada el trabajo y la calidad de vida y, por otra parte, hace que la demanda disminuya a menos que el recorte se vea compensado de alguna forma. Solamente en algunos países se han tomado ciertas medidas fiscales para detener la degradación del medio ambiente.

En vista de la disminución de la demanda registrada en los países desarrollados y la contracción del comercio mundial, las posibilidades de los países menos desarrollados se ven reducidas. En consecuencia, es más difícil mejorar las condiciones sociales. En estas circunstancias el dumping social se difunde con objeto de defender la capacidad de competición y de empleo. A ello se suma la negligencia o, incluso, el rechazo general de los derechos sociales, en particular los derechos de la mujer, de las minorías étnicas, de los productores agrícolas y los de los sindicatos para organizarse y negociar en mejores condiciones. Sin estos derechos una democracia pluralista se extingue o no es capaz de prosperar.

La paradoja que conllevan esos efectos negativos de la globalización estriba en que el bloqueo del crecimiento en los países menos desarrollados actúa como freno a la prosperidad de los países desarrollados. Esto se ve agravado en la medida en que la supuesta economía global no es en realidad global. En términos de inversión extranjera directa, excepto en minerales y materias primas, África y, particularmente, la región subsahariana se ve prácticamente excluida de los flujos de capital.

Al mismo tiempo, los países menos desarrollados, con mayor potencial de crecimiento, carecen de recursos para el desarrollo.

Si deseamos modificar la orientación del proceso de globalización, es imprescindible reestructurar el desequilibrio entre el poder financiero del sector público y privado en el ámbito mundial. Si queremos que los mercados financieros estén realmente al servicio de la gente, en lugar de regir lo que hacen los gobiernos, necesitamos asegurarnos que puedan potenciar el empleo y el bienestar y recortar al mínimo los riesgos medioambientales. Se necesita formular reglas que propicien resultados positivos para ellos y para la economía mundial, en lugar de los ceros y valores negativos registrados últimamente. Ello implica que la economía global y la defensa de los derechos sociales y el medio ambiente en el plano mundial se sitúen dentro de un marco de control gubernamental.

La comunidad internacional se ve hoy enfrentada a la necesidad de definir nuevas reglas y exigir el predominio de la política sobre la economía. A la globalización de la actividad económica debe corresponder nuevas instituciones internacionales que regulen a las corporaciones multinacionales y defiendan los derechos humanos.

Una efectiva regulación global requiere definir criterios de transparencia que nos salven de la tendencia ciega de un sistema financiero opaco y sin regulación, lo que proporcionará a las instituciones financieras una mayor legitimidad y la capacidad para trabajar sobre la base de objetivos claros. Esto también requiere de la creación de instituciones democráticas regionales, únicas capaces de orientar el proceso de globalización por el camino de la solidaridad y el crecimiento.

El riesgo de que una parte del planeta se vea excluida del desarrollo y el progreso es mayor que nunca. No es aceptable que el 86 por ciento del consumo mundial sea monopolizado por un 20 por ciento de la población. Por eso hoy es urgentemente necesario, buscar políticas redistributivas a escala global.

¿Qué equilibrio podría haber en un mundo en el cual sólo el "occidente", reducido al sentido más estrecho de la palabra, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón se beneficiaran de la riqueza y la estabilidad?

El gran desafío está en ser capaces de impulsar la regulación de la sociedad y de la economía globales. En otras palabras, globalizar la regulación de la economía mundial. Adoptar una plataforma de acción basada en la responsabilidad, y orientada a la creación de un sistema global de responsabilidad colectiva. Un sistema capaz de combinar una economía global, con mayor justicia en las relaciones económicas internacionales entre las diferentes regiones del mundo, con la preservación de la cohesión social de nuestras colectividades, con la protección del medio ambiente y la capacidad de promover el bienestar de nuestras sociedades.

Se requiere relanzar la agenda multilateral para la reforma del sistema financiero internacional. Deben reorientarse las funciones y políticas del Banco Mundial y del FMI. Es necesario un mayor grado de información respecto a su gestión y más control político sobre sus decisiones. Es igualmente necesario modificar el sistema de atribución de derechos especiales de giro, para beneficiar a los países menos desarrollados. Se requiere, además, que el Fondo adopte una nueva estructura de condiciones para otorgar ayuda, porque hay países que la requieren urgentemente y las condiciones no pueden basarse sólo en requisitos financieros, sin considerar las necesidades económicas de esos países y, sobre todo, la necesidad de adoptar medidas en el área social, educativa, de capacitación, de salud, urbanización y protección del medio ambiente. Estos son requisitos básicos que el FMI y el Banco Mundial, en particular, deberían considerar, en vez de imponer condiciones relacionadas con la hacienda pública o las tasas de inflación, como las únicas medidas que estas instituciones suelen imponer a las naciones a las cuales intentan asistir. Reformar las instituciones de Bretton Woods debe transformarse en uno de los objetivos más importantes.

La Organización Mundial de Comercio requiere urgentemente de una cláusula social de observancia obligatoria, con el fin de respetar los derechos sociales. La libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, a la huelga, a combinar el libre comercio con el comercio justo, implica también globalizar la democracia y el respeto por los derechos humanos. Se trata de un requisito previo fundamental para que el comercio internacional sea un comercio justo y equitativo.

Regular la globalización requiere también de instituciones regionales no sólo orientadas al libre comercio, como pretende el neoliberalismo, sino verdaderamente dedicadas a la integración social, política y económica. Deben ser capaces de cooperar en un mundo donde cada región sea capaz de salvaguardar su propio modelo social y fomentar el desarrollo económico dentro de un marco de regulaciones. Es imprescindible llevar a cabo todo esto. Hay una gran oportunidad para convencer a la opinión pública de la necesidad del cambio.

Políticas públicas en el contexto de la integración económica internacional

Reorientar las funciones y políticas del Banco Mundial y del FMI. Es necesario un mayor grado de información respecto a su gestión y más control político sobre sus decisiones. Es indispensable también, que el Fondo adopte una nueva estructura de condiciones para otorgar ayuda, porque hay países que la requieren urgentemente y las condiciones no pueden basarse sólo en requisitos financieros, sin considerar las necesidades económicas de esos países y sobre todo la necesidad de adoptar medidas en el área social, educativa, de capacitación, de salud, urbanización y protección del medio ambiente. Estos son requisitos básicos que el FMI y el Banco Mundial en particular, deben considerar, en vez de imponer condiciones relacionadas con variables macroeconómicas.

Reducir las tasas de interés que aplican los organismos financieros internacionales y asegurar que las tasas de cambio de las divisas más importantes sean estables o se puedan ajustar de una forma coordinada. Alentar la inversión productiva y desalentar la especulación, a través de gravámenes a las transacciones financieras internacionales y· reforzar los mecanismos nacionales e internacionales de vigilancia de las operaciones financieras, particularmente, en los llamados "paraísos fiscales", como parte de un esfuerzo concertado para impedir la evasión fiscal y el blanqueo del dinero de crimen organizado.

Apoyar la adopción, por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de una cláusula social que favorezca a los países menos desarrollados. La cláusula social debería, por lo menos, incluir fondos compensatorios para el desarrollo social y la promoción del empleo, prohibir los trabajos forzados y el trabajo de menores, mecanismos eficientes para la protección del medio ambiente y garantizar la total libertad sindical, incluyendo los derechos de libre asociación y la negociación colectiva.

Alentar a la OIT para que fortalezca sus acciones en la promoción y protección de los derechos de los trabajadores, la creación de más y mejor empleos, la previsión social y el crecimiento sustentable, a la vez que se promueve la adopción de códigos de conducta de observancia obligatoria en materia de respeto a las normas laborales aplicables a las empresas trasnacionales y a los países receptores de trabajadoras y trabajadores migrantes.

Establecer un código de conducta y de responsabilidad social a las empresas multinacionales, con el objeto de salvaguardar los derechos laborales, ambientales, de género, culturales y el adecuado papel del Estado en la conducción económica.

Apoyar la creación de un Consejo de Seguridad Económica dentro del marco de las Naciones Unidas, para buscar soluciones a fenómenos globales, tales como la estabilidad monetaria y el flujo internacional de capitales, la evasión fiscal; establecer acciones en programas globales orientados a recortar el desempleo y estimular la recuperación económica; promueva la ayuda oficial al desarrollo y controle las políticas de las instituciones financieras internacionales. Las negociaciones para la creación de tal organismo deberán incluir tanto a los países desarrollados como en desarrollo.

Defensa de la paz, el multilateralismo y la soberanía de los Estados

Resulta indispensable construir otro mundo, con nuevos y eficientes instrumentos multilaterales para prevenir, gestionar y resolver los conflictos. Esto exige una actividad multilateral, el respeto al derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos. Como un paso concreto hacia el logro de esta tarea, el PRD apoya la reforma de la ONU para su democratización.

Reafirmamos el rechazo de México respecto al poder de veto, con el cual algunas grandes potencias conservan facultades y privilegios especiales, violando el principio de igualdad soberana de los Estados.

Consideramos imprescindible convenir un programa que tienda a restituir a la Asamblea General sus facultades como máximo órgano de decisión, eliminando el privilegio del derecho de veto. Un paso en ese sentido, es que las potencias admitan que la Asamblea General es el órgano representativo de la comunidad internacional y que, en consecuencia, es responsable de tomar decisiones sin la autorización previa del Consejo de Seguridad.

Nos pronunciamos en contra de la pretensión de extender los privilegios de que gozan los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad y repudiamos la negativa al cumplimiento de sus obligaciones, así como la falta de implementación de los acuerdos de la Asamblea General.

Es inadmisible que se recurra a inexistentes estipulaciones de la carta fundadora de la Organización de Naciones Unidas para gozar de privilegios especiales, así como para ejercer un supuesto derecho "humanitario" de intervención, agresión y sanciones militares o de enjuiciamiento selectivo y tendencioso en materia de derechos humanos y de imposición de injustos bloqueos económicos.

Igualmente, es inadmisible la pretendida aplicación extraterritorial de leyes y resoluciones judiciales nacionales.

Es indispensable que en el marco de la ONU se rechace la injerencia de cualquier Estado en los asuntos internos de otros Estados y pugnar por la defensa de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En cambio, es necesario impulsar el desarrollo del derecho internacional que surge de los tratados internacionales de derechos humanos.

Por un mundo seguro y pacífico

La seguridad del planeta compete a todos los pueblos y no nada más a las grandes potencias que actúan casi siempre como reguladoras de la inestabilidad en su propio beneficio. Repudiamos el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y nos pronunciamos en contra de las modalidades de realineación política y militar, que aumentan los riesgos y vulneran los principios de autodeterminación e integridad territorial de los Estados.

Rechazamos el empleo de la ONU por las grandes potencias para justificar los reacomodos políticos conforme a sus intereses y proponemos otorgar a esa organización la fuerza necesaria para que actúe eficazmente en la prevención de los conflictos y en el mantenimiento de una paz duradera, sustentada en el equilibrio entre los intereses de las naciones.

Demandamos la revisión a fondo del concepto de seguridad colectiva sobre la base de una visión integral que no sólo comprenda el quebranto de la paz por medios militares, sino las causas profundas de las confrontaciones. Es preciso incluir en la concepción de la seguridad el respeto al derecho internacional, la salvaguarda efectiva de la soberanía de las naciones, la cooperación para el desarrollo, la protección de los recursos naturales del planeta y la garantía de su utilización libre y soberana por parte de los pueblos a los cuales pertenecen.

El desarme general y completo es un objetivo y una prioridad que tiene un valor permanente. No bastan los acuerdos unilaterales, la reducción de los armamentos nucleares ni siquiera la multiplicación de las zonas desnuclearizadas y la proscripción de todas las armas mortíferas, convencionales y no convencionales. Se requiere la regulación estricta del trafico de armamentos y la reducción efectiva de los presupuestos militares en todos los países, bajo el control riguroso de la ONU.

Actuaremos en favor de la aceleración y culminación de los procesos de descolonización, así como del desmantelamiento de los enclaves militares. Nos pronunciamos por el fortalecimiento de los organismos internacionales especializados y porque luchas como la que se libra en contra del narcotráfico se basen en la cooperación internacional fundada en la corresponsabilidad entre países consumidores y productores, con una equilibrada reciprocidad internacional y el más absoluto respeto y garantía a la seguridad y a los derechos humanos de las poblaciones nacionales.

Consecuentemente, rechazamos como fundamento de esa cooperación la atribución unilateral de poderes de un Estado para certificar o no las acciones de otro, para imponer cargas indebidas a otros gobiernos o poblaciones para ejercer la coerción económica, política o militar y para violar arbitrariamente el derecho internacional consuetudinario y convencional y el derecho interno.

Los grandes temas contemporáneos

El derecho al desarrollo debe situarse en el centro de la agenda. Todos los pueblos y todos los individuos tienen derecho a participar en el proceso general de desarrollo y a obtener, en igualdad de oportunidades, una parte equitativa de sus beneficios. Es facultad y derecho de los pueblos trazar su propia vía hacia el desarrollo, de acuerdo con su cultura, sus tradiciones y sus valores.

Es menester recuperar la noción de desarrollo y entender que todos los demás procesos económicos, monetarios, financieros, comerciales y productivos deben quedar subordinados a esa categoría fundamental.

En un tratamiento integrado de las relaciones económicas internacionales, ser preciso abordar temas vitales como la solución definitiva al problema de la deuda externa, la seguridad alimentaría, la transición energética, la defensa de los precios de las materias primas y la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos. Sin una agenda correlacionada y de carácter global, dejaríamos el campo abierto a la imposición de concesiones y acuerdos, caso por caso y país por país, como ha venido ocurriendo por la fragmentación de las negociaciones económicas y el imperio de los centros de poder financiero sobre la comunidad de naciones. Nos pronunciamos por el estrechamiento de las relaciones sur-sur, con iniciativas audaces, firmes y coherentes y mecanismos institucionales que las sustenten.

Medio ambiente mundial

En esta era de la globalización, los mayores desafíos medioambientales incluyen: la reducción de los recursos naturales a un ritmo acelerado, los cambios climatológicos provocados por el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, la variedad de las especies que va disminuyendo paulatinamente, la destrucción de las tierras agrícolas y de las aguas subterráneas, la contaminación y el consumo excesivo; todo ello constituye una amenaza para la vida en el planeta.

La protección del medio ambiente es una tarea que va más allá de las fronteras nacionales. Por ello, el papel del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de los otros órganos de la ONU deben apoyarse y fortalecerse.

El PRD considera como especialmente importantes los esfuerzos por reducir en la atmósfera la emisión de los gases que alteran el clima. La tarea consiste en lograr un amplio acuerdo general con miras a establecer una nueva generación de instrumentos legales de cumplimiento obligatorio en los ámbitos nacional así como regional y global. México debe lanzar un llamamiento específico para la total aplicación del Protocolo de Kyoto, que incluye un compromiso con el fin de reducir las emisiones contaminantes en los países industriales en por lo menos 5 por ciento durante el periodo 2008-2012, sobre la base de los niveles de 1990. Este protocolo proporciona una justa distribución de esta tarea entre los distintos países.

El PRD también hace hincapié en la importancia de proteger la diversidad y aboga, asimismo, por que ocupe un lugar prioritario en la agenda medioambiental global. Todos los días, varias especies animales y vegetales desaparecen de la tierra. Por tanto, el partido lanza un llamamiento a todos los países para que respeten los compromisos adquiridos como partes firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica.

La revolución democrática busca que el desarrollo económico se realice con el criterio de sustentabilidad, por lo tanto la producción, la distribución y el consumo de los agentes económicos debe realizarse conservando la reserva de la biosfera para las siguientes generaciones mexicanas, enfrentando los efectos depredadores de la naturaleza ante los efectos de la globalización.

Para hacer frente a los efectos depredadores de la naturaleza, producidos por las presiones sobre la estructura proponemos las acciones siguientes:

-Elaborar un inventario de recursos naturales no renovables de México, cuyas reservas tienen un tiempo acotado de existencia.

-Elaborar un inventario de especies animales en extinción.

Preparar un documento ejecutivo para recomendar a la población, a las organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras en materia ecológica, a los organismos internacionales de ecología, realizar un proceso abierto para influir en la política ecológica del gobierno sobre especies en extinción.

Derechos humanos

La plena vigencia de todos los derechos humanos supone:

-Impedir y sancionar el genocidio, la impunidad de los regímenes dictatoriales que violan sistemáticamente los derechos humanos y las acciones militares "preventivas". El PRD acepta plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre individuos, según lo plantea el Estatuto de Roma.

-Apoyar las iniciativas políticas que sean necesarias, dentro de las naciones y en las instituciones internacionales, para lograr una total abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

-El fortalecimiento y extensión de acuerdos destinados al reconocimiento de las diferentes nacionalidades, etnias y culturas, y a la autonomía de los pueblos indígenas dentro de los Estados nacionales.

-El PRD pugnará por la defensa de los derechos humanos en materia laboral y, particularmente, los que sean de seguridad social y de pensiones en el ámbito internacional.

-Persistir en la lucha contra toda forma de racismo y discriminación. Desplegar esfuerzos en el nivel internacional para vigilar la aplicación de sanciones penales contra los crímenes perpetrados por razones de raza, religión, nacionalidad, etnia, género o preferencia sexual.

-Hacer realidad todos los derechos humanos reconocidos en los Tratados y Convenciones Internacionales.

-Condenar el terrorismo en todas sus modalidades incluyendo el practicado por naciones poderosas en contra de pueblos indefensos, con el pretexto de actuar en defensa de su seguridad nacional.

Migración

Las migraciones se deben en gran medida, a los desequilibrios cada vez mayores entre los países más ricos y los países más pobres del mundo. Al mismo tiempo que crece el flujo de migrantes se agravan los abusos contra éstos.

Los trabajadores internacionales son parte del proceso de globalización económica, lo que obliga a intensificar acciones en defensa de su integridad, identidad y cultura. No aceptamos que los migrantes mexicanos sigan siendo tratados como intrusos en sociedades a las que han contribuido de manera fundamental. Es tarea fundamental promover y defender los derechos humanos, sociales, culturales y políticos de trabajadores mexicanos internacionales y sus familias.

Por ello, el PRD promueve:

-Reforzar en la Constitución la obligación del Estado mexicano de velar por los derechos de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero.

-Modificar la Ley General de Población y su reglamento, a efecto de ofrecer plena seguridad jurídica a los migrantes dentro del país.

-Elaborar una ley de emigración e inmigración que integre los compromisos de México en la materia.

-Hacer respetar y promover la adhesión de todos los países de la comunidad internacional a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como de otros convenios sobre la materia.

-Exigir a las procuradurías de los estados fronterizos, crear fiscalías especializadas que reciban, integren y resuelvan denuncias presentadas sobre violaciones de los derechos humanos de los migrantes que constituyen delitos del fuero común.

-Garantizar plenamente los derechos políticos, como el voto de los mexicanos que viven en el exterior, con el fin de construir en nuestra nación una democracia sin sectores excluidos.

Resulta imperativo luchar contra el racismo y la discriminación que sufren los trabajadores migrantes. Desplegar un esfuerzo a nivel internacional para llevar a cabo acciones judiciales severas contra los crímenes perpetrados contra los inmigrantes por razones de raza, de religión o de nacionalidad. Reducir las barreras legales y administrativas con el fin de facilitar la obtención de la ciudadanía y, al mismo tiempo, desarrollar programas con el propósito de incrementar la participación de los inmigrantes y de los nuevos ciudadanos en la vida cívica, social y cultural de sus nuevos países.

Relación México-Estados Unidos

Es necesaria una renovación en las relaciones México-Estados Unidos, mismas que deben fincarse sobre un clima de cooperación y de pleno respeto a la autodeterminación y soberanía de nuestras naciones.

Es necesario redefinir nuestra relación, rompiendo las visiones hegemónicas y de ausencia de respeto a la soberanía y dignidad de México. Evidentemente, dada la creciente interdependencia, existen numerosas áreas de interés prioritario: migración, disputas comerciales, combate al narcotráfico, seguridad y autodeterminación nacional y ecología. Por ello, es preciso impulsar un diálogo binacional, respetuoso de las respectivas soberanías, con el fin de lograr una solución integral y construir una vecindad provechosa.

Aspiramos a una nueva relación bilateral que se proponga un trato digno y respetuoso a nuestros connacionales y la superación de las abismales desigualdades económicas, sociales, tecnológicas y productivas en ambos lados de la frontera.

Proponemos superar las abismales desigualdades económicas, sociales, tecnológicas y productivas en ambos lados de la frontera, con la instrumentación de una nueva política económica que permitan cerrar las asimetrías y favorezcan una relación basada en una mayor equidad y justicia social y en la búsqueda de altos estándares laborales y ambientales. Penalizar cualquier intento de realizar proyectos fronterizos que contravengan el principio del buen vecino o que atenten contra la salud de nuestros compatriotas que vivan en la zona y pongan en riesgo a las comunidades.

Promover un desarrollo sustentable que sea motor de homologación de los estándares laborales y salariales hacia arriba e instrumento dinámico que amplíe las posibilidades de una relación económica multilateral. Asimismo, demandamos la incorporación definitiva de los órganos legislativos y de la sociedad civil en general en materia de negociación, seguimiento y ratificación de los acuerdos comerciales, financieros y de inversión.

Los problemas generados por las maquiladoras de la frontera con Estados Unidos continúan en ascenso, principalmente en lo que se refiere a: i) la contaminación del agua, potabilidad y derechos de agua, falta de regulación y normas en el tratamiento de aguas residuales y de desechos tóxicos, y un inadecuado sistema de drenaje; y ii) la creciente contaminación atmosférica a lo largo de toda la frontera.

Debe enfrentarse este problema binacional de salud pública con acciones conjuntas, bajo un enfoque de planeación regional.

Se requiere un mejor entendimiento y coordinación entre el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK) y la Comisión Fronteriza para el Medio Ambiente (BECC), para acelerar la aprobación de proyectos y procuración de fondos.

No estamos de acuerdo con la instalación de basureros de materiales peligrosos y radioactivos en la frontera con México. Manifestamos nuestra preocupación por la política unilateralemente adoptada que favorece la instalación de confinamientos en la frontera con nuestro país, sin tomar en cuenta los impactos negativos que puede tener sobre la salud humana y el medio ambiente de las comunidades localizadas en ambos lados de la frontera, lo que va en contra del Derecho Internacional. Deben buscarse alternativas de solución conjunta a los problemas de contaminación de aguas y aire en la zona fronteriza.

Es necesario resolver los problemas fronterizos reconociendo la dinámica local. Demandamos un trato digno y respetuoso a los habitantes de la región, al mismo tiempo que continuar impulsando medidas para resolver los problemas concretos que los aquejan, como la gestión de los recursos naturales y el manejo de desechos industriales, entre otros.

Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El TLCAN impuso importantes desventajas comerciales y productivas para México, dejando fuera los requerimientos de una estrategia nacional de desarrollo.

Para promover los intereses de nuestra población, lo primero es la construcción de una capacidad productiva, organizativa y negociadora nacional para actuar efectivamente en el entorno global y balancear las perspectivas de los intereses de las naciones con las que interactuamos.

Consecuentemente, proponemos los lineamientos siguientes para desarrollar este planteamiento:

-Renegociación del texto del TLC para equilibrar las desventajas impuestas a las bases productivas de México descritas antes.

-Mantenimiento de un tipo de cambio en equilibrio que no distorsione el intercambio comercial y financiero internacional en contra de la base productiva y el empleo en México y que impida las devaluaciones traumáticas.

-Actualización y modernización del marco legislativo e institucional del Estado mexicano para conseguir una representatividad nacional auténtica en las negociaciones comerciales internacionales, para la aplicación de impuestos y aranceles compensatorios de las disposiciones antimonopólicas que equilibren la capacidad institucional de nuestras contrapartes comerciales.

- Estamos a favor de realizar evaluaciones públicas sobre los impactos del TLCAN, guiados por el objetivo común de encontrar mecanismos complementarios que protejan la planta productiva, los derechos laborales y el medio ambiente y de propiciar la renegociación de algunos aspectos de este tratado, particularmente del capítulo agrícola y de las normas sobre regulación de inversiones, con objeto de establecer mecanismos equilibrados y justos que reconozcan asimetrías. Deben eliminarse barreras neoproteccionistas instrumentadas por autoridades de EU, como ha sucedido respecto al acceso de camiones y diversas frutas y verduras mexicanos a su territorio.

-Demandamos la incorporación definitiva de los órganos legislativos en materia de negociación, seguimiento y ratificación de los acuerdos comerciales y de inversión.

-Proponemos una revisión del capítulo XI del TLCAN, que otorga el trato nacional e impide la fijación de "requisitos de desempeño", ya que ello limita las posibilidades de instrumentar políticas de fomento económico, de desarrollo industrial y regional, vinculadas a la regulación de la inversión extranjera.

-En particular, estimamos prioritario revisar las normas aplicables al comercio de cereales, oleaginosas, lácteos y carnes para establecer normas de comercio justo que permita el bienestar de los productores mexicanos y los proteja de subsidios externos, permitiendo una competencia equilibrada.

Si bien el TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales de los tres países miembros, su impacto en términos de generación de empleos, mejoramiento salarial y condiciones sociales de vida ha sido nulo; entre otras razones, por la alta concentración de los flujos comerciales.

Es ineludible incorporar el tema migratorio en el marco del TLCAN. Debe replantearse la relación que sobre la materia tenemos con los EU y con otras naciones, con el objeto de garantizar la tolerancia hacia la diversidad y la aplicación plena de los convenios internacionales sobre migrantes, poniendo término al clima de violencia, racismo y xenofobia existente en la frontera y en diversas regiones.

Unión Europea

Existe un potencial extraordinario con relación a la Unión Europea (UE), para constituirse en un factor internacional de apoyo a los principios de la política exterior de México y contribuir a ensanchar el margen de autonomía y capacidad de negociación con otras potencias, fundamentalmente con Estados Unidos, así como avanzar en una efectiva diversificación comercial, haciendo del comercio, más que un fin en sí mismo, un medio para el desarrollo nacional.

Sin embargo, al negociar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM), las élites en el poder convinieron en constreñir nuestras relaciones al campo del comercio y de las inversiones, esto es, a la agenda corporativa de los grandes capitales y mantener la cláusula democrática y los capítulos de cooperación y diálogo político como frases carentes de vínculos jurídicos pero constituidos en instrumentos legitimadores al proyecto neoliberal de apertura y desregulación.

Cuestionamos que las negociaciones se hayan llevado a cabo sin la construcción de los necesarios consensos nacionales y a través de un proceso antidemocrático que se refleja en que el TLCUEM contiene disposiciones anticonstitucionales, como los poderes supraconstitucionales del Consejo Conjunto del TLCUEM para modificar discrecionalmente aspectos fundamentales del tratado, incluso, facultando a funcionarios a permitir inversión extranjera en petróleo y electricidad en violación de la Carta Magna, así como permitir que el Estado mexicano sea demandado ante arbitrajes internacionales privados de solución de controversias violentando el orden jurídico nacional.

El TLCUE no refleja un trato recíproco, equilibrado y justo en beneficio del pueblo de México, de sus trabajadores y de sus empresarios, bajo normas sociales y ambientales que sean del interés de la nación.

La UE no sólo obtuvo la equiparación con el TLCAN, sino, incluso, un trato preferencial y acceso más rápido al mercado mexicano, en condiciones superiores a las ofrecidas a otros países con quienes se han suscritos tratados comerciales. En consecuencia, el TLCUE no reflejó un trato asimétrico; por el contrario, México cedió más que la UE.

Es importante que se tomen en cuenta las asimetrías y se formulen los mecanismos compensatorios y de desarrollo apropiados. Cualquier acuerdo comercial debe tener una visión incluyente y promover el desarrollo económico y social equilibrado; una visión de justicia y una homologación de estándares sociales y ambientales que nos coloquen a la par de las economías más avanzadas del mundo, constituyéndose en un instrumento de regionalismo abierto. Un acuerdo que nos permita articular una adecuada relación con las quince economías europeas, manteniendo un enfoque multilateral y de cooperación internacional para el desarrollo.

Un aspecto que tiene especial importancia es una cláusula democrática con efectos vinculantes, obligaciones recíprocas y mecanismos de monitoreo. Esto significa definir con precisión el ámbito, las normas y los criterios jurídicos, para la instrumentación y aplicación de la cláusula democrática, buscando que estas normas se basen en el respeto al derecho internacional y en nuestro marco constitucional y normativo en materia de derechos humanos.

La vinculación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la definición transparente en el acuerdo global, acerca de que esta declaración universal debe inspirar políticas internas e internacionales de los partes, nos parece un antecedente de enorme relevancia para los acuerdos que México negocie en el comienzo del nuevo siglo.

Por lo tanto se requiere renegociar aquellas normas del TLCUEM que violan la Constitución, el orden jurídico interno y el interés de los productores de la nación.

América Latina

El regionalismo es un elemento central en la construcción de un sistema global multilateral más equilibrado. Debemos impulsar que América Latina sea un actor en la construcción de las instituciones mundiales que exige la globalización, tanto en el terreno económico, como el ambiental, social, político y cultural.

En el rediseño de nuestras relaciones internacionales, la integración de América Latina y el Caribe, emerge como el gran objetivo estratégico de nuestros pueblos, para hacer confluir una política de bienestar y desarrollo y una política de seguridad regional basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos para todos. Se trata de una integración sustentada en los derechos individuales, sociales, económicos y laborales, políticos, ambientales y colectivos de las naciones y los pueblos de América Latina.

Nuestros países deben crear las instituciones jurídicas y económicas latinoamericanas, a fin de elevar el nivel de vida de todos los habitantes de la región, preservar y desarrollar una identidad propia.

Dentro del proceso de globalización, en el marco de la posguerra fría, la meta impostergable y prioritaria es lograr un desarrollo económico con estabilidad y paz, respetando cabalmente los derechos de los pueblos. A ello, debemos adjuntar la convivencia pacífica y compartir la riqueza cultural de nuestros pueblos hermanos.

Por ello, consideramos que en las actuales condiciones internacionales, en el marco de un proceso de construcción de bloques económicos y políticos regionales, la mejor alternativa para México, como país latinoamericano, es que mantenga un papel significativo en el ámbito mundial, congruente con las mejores tradiciones mexicanas en el ámbito del regionalismo y del multilateralismo, inscribiéndose en el proceso de internacionalización, con identidad propia sin subordinación y con autodeterminación y soberanía plena, a través de su integración a una Comunidad Latinoamericana de Naciones sustentada en la democracia y en la promoción del desarrollo económico y social.

La mejor alternativa para superar la larga crisis que emerge como resultado de las políticas neoliberales, es por medio de una integración con objetivos de justicia social y democracia. Sólo como región integrada, podemos ser protagonistas de nuestro destino común y así tendríamos la fortaleza necesaria para influir conjuntamente, de manera decisiva, en las transformaciones de orden internacional. Decidir de forma independiente sobre las alternativas de participación en el mercado mundial, potenciar nuestro crecimiento con la cooperación regional y el uso adecuado de nuestros recursos humanos y culturales, naturales y tecnológicos. Tener la legitimidad necesaria para definir nuestra seguridad nacional y resolver los conflictos con apego a los intereses de nuestros pueblos y naciones.

Integrados, podremos decidir, con respeto y de acuerdo a las identidades latinoamericanas, las propias y particulares de cada pueblo y nación: un proyecto político, económico social y cultural, que se traduzca en la eliminación de los nocivos efectos producidos por la crisis de la deuda externa.

La Comunidad Latinoamericana de Naciones permitirá contar con el espacio propio para definir nuestras prioridades de integración en el presente y futuro, así como redefinir con un nuevo marco de derecho internacional y armonizar los distintos esquemas de integración vigente, particularmente: Mercosur, Aladi, Mercado Común Centroamericano, Pacto Andino, además de los distintos y diversos acuerdos comerciales bilaterales.

Este será también el marco para que en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, los países de América Latina definan posturas propias, comunes o compartidas, en todos los puntos sujetos a la agenda de negociación, tales como compras de gobierno, propiedad intelectual, ritmos y niveles de desgravación arancelaria, mecanismos y formas de regulación de la inversión, servicios, telecomunicaciones, sector financiero y otros puntos sustantivos en los que se requiere definir acciones unitarias frente a los intereses, particularmente, de Estados Unidos y Canadá.

La tarea de construir la Comunidad Latinoamericana de Naciones, está directamente vinculada con la definición de una estrategia de desarrollo alternativo para la región, que reestructure y reactive su producción, fortalezca el mercado interno, nos incorpore adecuadamente a los mercados internacionales a través de cadenas productivas intersectoriales y que permita un crecimiento que satisfaga en forma prioritaria las necesidades y el bienestar de los pueblos latinoamericanos y una adecuada relación entre los hombres y nuestro entorno ecológico.

Esto será posible gracias a la reorientación de procesos tecnológicos y la generación de un nuevo modelo de industrialización y desarrollo rural que permita hacer compatibles los avances científicos actuales, que fomente la creación de empleo y la redistribución del ingreso. Potenciar nuestras capacidades, mediante el uso racional de los recursos humanos y naturales y de los espacios geográficos, para lograr seguridad alimentaria y condiciones para un equilibrio ecológico en un modelo de desarrollo sustentable que no reduzca el desarrollo a un simple tener más, sino que procure el desarrollo humano en sentido amplio, en el presente y el futuro de las personas, comunidades, pueblos y naciones.

Otro punto que puede abordarse desde la CLAN es la necesidad de la negociación conjunta de convenios migratorios internacionales para acabar con la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios de los países en vías de desarrollo que emigran a los países desarrollados.

Proponemos como primer paso hacia la conformación de la CLAN la elección directa, por medio de voto universal, de los representantes nacionales en el Parlamento Latinoamericano.

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Hasta hoy, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es un proceso de integración continental regido por una agenda corporativa transnacional que busca otorgar plenos derechos a los capitales y nulas obligaciones, imponiendo serias restricciones a la conducción soberana del desarrollo económico.

El proceso para constituir el ALCA, se exhibe como la vía para la gran reforma de las relaciones interamericanas, donde las hegemonías regionales pretenden ubicar y someter a los países de América Latina y el Caribe a un acuerdo que es mucho más que un instrumento comercial, puesto que abarca todos los aspectos clave de la economía: desregulación completa de flujos de capital, protección absoluta a inversiones extranjeras, acceso de la propiedad privada a sectores estratégicos bajo control estatal, apertura obligada de las áreas de cultura y medios de comunicación social y de las compras gubernamentales al capital y proveedores extranjeros, así como la reglamentación de la propiedad intelectual a favor de las y los poseedores de marcas y patentes registradas.

Por lo tanto, una adhesión a ese acuerdo, tal como está planteado y con el proteccionismo vigente en Estados Unidos, representaría la profundización de la apertura y la desregulación económicas que han conducido en América Latina la fragilización y desnacionalización de nuestras economías y el debilitamiento constante de nuestros Estados nacionales.

En tal virtud, debe reorientarse la discusión del ALCA y la instrumentación de proyectos paralelos como el Plan Puebla-Panamá.

Proponemos construir un proceso latinoamericano de integración y solidaridad que nos fortalezca frente al gigante del norte.

Este proceso de integración debe tener como objetivo principal un desarrollo económico y social, incluyente y equitativo, así como la promoción y defensa de los derechos democráticos, sociales y ambientales de los pueblos de nuestro continente. Además, debe realizarse con pleno respeto al principio de la igualdad jurídica de las naciones y a su soberanía. Deben reconocerse las asimetrías, impulsando un trato diferente y preferencial a las economías menores, tomando en cuenta sus diferencias en el nivel de desarrollo y sus dimensiones.

Apoyamos la elaboración, promoción y ejecución de una Carta de Derechos Sociales y Económicos de los ciudadanos de las Américas, que refleje los intereses de los pueblos del continente.

Cuenca del Pacífico

En la Cuenca del Pacífico, se expresan y sintetizan fenómenos y procesos que están influyendo decisivamente en el trazo del mundo moderno. En muchos de los países que la configuran se asientan culturas milenarias que se han adaptado y transformado vertiginosamente de acuerdo con los nuevos modelos y estilos de desarrollo. Vastas zonas han sido movilizadas e incorporadas a la dinámica global y han sido reasignados sus funciones y recursos. Este espacio geográfico emergente se ha convertido en una red de intensos intercambios económicos, financieros y comerciales que incluye a zonas ribereñas de América, Asia y la parte insular de Oceanía.

El polo dinámico asiático está representado por China, Japón y los países de reciente industrialización que, en conjunto, representan un agrupamiento que pone en relieve la importancia en nuestros días del desarrollo educativo, científico y tecnológico, como prerrequisito para el liderazgo mundial en todas las esferas del poder, mas allá de su dotación original de recursos.

China se debate entre su liderazgo económico, financiero y tecnológico, y las tendencias y presiones que lo colocarían y le darían un papel de potencia global en áreas estratégicas y de seguridad.

El crecimiento en los países del sudeste asiático toma su impulso de la integración inducida por China, la cual estimula procesos de industrialización basados en una política dirigista, altos coeficientes de ahorro interno y un sistema educativo proclive al cambio tecnológico.

En esta zona se encuentran diversos países que apoyan y son partidarios del nuevo movimiento reivindicativo del Sur. Nos pronunciamos decididamente por la cooperación y el acercamiento con estos países, que se traduzca en un vigoroso impulso a la creación de alternativas de desarrollo, a partir de una visión propia y la recuperación de foros, organizaciones y grupos de concertación mediante el diseño de un modelo propio que tome en cuenta, entre otros factores, nuestra dotación de recursos. Seguiremos con gran atención los cambios que se produzcan en esos países, en particular en aquellos como la India y la República Popular China, cuyo lugar en el mundo y potencialidad en los mas diversos órdenes son evidentes.

Los países del Sur

Se requiere modificar la relación norte-sur. El Sur está compuesto no solamente por los pueblos de los países en desarrollo, sino también por los marginados, los excluidos, los migrantes, las minorías étnicas y culturales y los trabajadores, los productores y los consumidores empobrecidos de los países industrializados. La internacionalización de los vínculos entre los damnificados de la globalización permiten tejer un nuevo sistema de alianzas para enfrentar el autoritarismo, el privilegio y la acumulación extrema de la riqueza que promueven los centros de poder a los que identificamos como el norte.

El mundo se encuentra disperso y en mayor grado desarticulado. Las grandes potencias incorporan y realinean a los países de acuerdo con su importancia estratégica, disposición de recursos humanos y naturales, proximidad geográfica o mercado, y excluyen definitivamente a los que no se encuentran en esta situación. Las élites gubernamentales en el sur, que comparten intereses de clase con las del norte, en su afán de acceder a los mercados mundiales, compiten entre sí y dejan de lado por ahora los grandes problemas que hace decenios los habían unificado y que se condensan en la demanda por la construcción de un nuevo orden económico internacional.

Nos comprometemos a que México vuelva a ocupar, en este ámbito, el lugar que corresponde a sus mejores tradiciones. Impulsaremos la participación y las aportaciones de nuestro país en el Grupo de los Quince, que promueve iniciativas de búsqueda de alternativas propias y para aumentar las capacidades de los países del sur, a través de sus grupos de expertos y sistemas de información.

Participaremos activamente en un dialogo que tenga por propósito propiciar acuerdos multilaterales e interregionales para la transición a un nuevo orden mundial. Proponemos como eje de las convergencias la lucha por el mejoramiento de la vida de nuestros pueblos y la creación de un clima nacional e internacional propicio al desarrollo de las potencialidades productivas y de realización humana. En particular, estableceremos lazos de solidaridad activa e intercambio con los movimientos democráticos y progresistas de los pueblos del sur.

Una tarea prioritaria consiste en reducir, hasta su eliminación, la pobreza en los países en desarrollo y lograr una distribución equitativa de los beneficios que, por lo demás, deben contribuir a la expansión del comercio mundial y al desarrollo sostenible de la humanidad. Debemos ser conscientes de que ese imperativo sólo se lograra mediante la unidad y la concertación de los países del sur que permitan revertir las condiciones injustas de intercambio y el establecimiento de un nuevo orden Internacional para el comercio y el desarrollo.

La comunidad internacional debe eliminar las barreras comerciales existentes y crear nuevas reglas de acuerdo con el nuevo sistema que refleje todos los aspectos de la negociación y los intereses de todas las naciones involucradas. Deben impulsarse, como prioridad, el desarrollo de los recursos humanos y la disponibilidad de bienes públicos, particularmente, inversiones en infraestructura y en servicios sociales como salud, vivienda, alimentación y educación.

El eje de la nueva economía internacional es buscar el equilibrio de las condiciones de acceso al financiamiento internacional. Esto sería posible con el rediseño del sistema financiero y monetario internacional, de acuerdo con las necesidades del desarrollo humano y la reactivación de la economía mundial.

Ante los condicionamientos económicos, la tutela militar y la amenaza velada de guerra, pugnamos por la resolución pacífica de los viejos y nuevos conflictos y la preservación de la paz y la seguridad en los países del sur, así como el respeto y cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Los problemas son globales y las soluciones deben serlo también. Nuestra contribución no puede ser otra que el apoyo sostenido que brindemos en todas partes a las luchas por la justicia económica y por los esfuerzos de liberación nacional, así como la imaginación y constancia que pongamos en la promoción de la unidad de nuestros pueblos y en el aprovechamiento de nuestra posición privilegiada como interlocutores del mundo industrializado para construir los foros y los acuerdos que pongan en marcha una nueva y auténtica era de cooperación internacional.

Política exterior de México. Su proceso de formulación, ejecución y toma de decisiones

El objetivo y fin último de la política exterior es la promoción de la soberanía y autodeterminación de México. Sin embargo, la historia de la política exterior mexicana ha demostrado que el proceso de formulación y toma de decisiones en esta actividad ha respondido a los intereses del gobierno en turno y no del Estado mexicano. Lo anterior, aun por encima de las facultades constitucionales del Poder Legislativo, particularmente, las del Senado de la República relativas al análisis de la política exterior y a la aprobación de los convenios y tratados nacionales e internacionales. Creemos imperativo que actuemos en consecuencia, y adaptemos a la democracia y pluralidad que vive el país, todo proceso de toma de decisiones en esta materia.

Para el Partido de la Revolución Democrática, la vigencia y el sustento de la política exterior del Estado mexicano están comprendidas en nuestra Constitución, particularmente en el artículo 39, en la fracción X del artículo 89 constitucional, en la Carta de las Naciones Unidas y otros convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Sin perder de vista la defensa de la soberanía y el interés nacional, nuestra política exterior debe coadyuvar a relaciones internacionales multilaterales más justas, igualitarias y democráticas, que sólo serán posibles si se alcanza un nuevo orden mundial. En este sentido, el Estado y los sectores sociales y económicos afectados deben estar involucrados en las negociaciones internacionales que conduzcan a reforzar el sistema multilateral de defensa de los derechos humanos y la impartición de justicia, y un nuevo pacto que incluya mecanismos expeditos para resolver conflictos subordinados a un nuevo derecho internacional. Para ello, nuestro país debe buscar, y nosotros debemos apoyar, una participación activa del Estado mexicano en toda aquella convención internacional que tienda a reforzar el sistema multilateral de defensa de la paz, de los derechos humanos y de impartición de justicia.

Para que los principios mexicanos de política exterior respondan a nuestras necesidades, capacidades y anhelos, el pueblo debe ejercitar democráticamente, en todo momento, la soberanía y, a través de los poderes de la Unión, un bienestar social creciente, la expansión sostenida de la economía, la garantía de un medio ambiente sano y el establecimiento de un orden internacional justo y equitativo, de cooperación y paz, Para ello, se requiere, ente otras, las siguientes medidas:

-La creación de un Consejo Nacional de Política Exterior que tenga como objetivo el diseño de una política exterior de Estado, integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los partidos políticos y organismos civiles.

-Impulsar una reforma integral en materia de política exterior que permita la redefinición de las facultades del Congreso de la Unión en esta materia. Una participación más activa del Poder Legislativo en los procesos de negociación comercial y financiera; en la revisión de la constitucionalidad de los instrumentos comerciales, interinstitucionales, memoranda y convenciones diplomáticas celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y uno o más sujetos de derecho internacional, cualquiera que sea su denominación.

-La facultad de analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo debe ser ejercida a plenitud por el Congreso de la Unión que debe tener mayores atribuciones en materia internacional, con el fin de ser consultado en forma obligatoria previo a cualquier decisión que implique obligaciones para nuestro país.

* Integración del documento: Jorge A. Calderón Salazar y Álvaro Villegas S.