Avance electoral

IX Congreso Nacional: fortaleza para el triunfo en 2006

Comenzamos este año atestiguando dos fenómenos trascendentales y relacionados entre sí: el repunte electoral del Partido de la Revolución Democrática y la aceleración del proceso de desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El avance del PRD no consiste únicamente en su alza electoral. La reciente victoria en Guerrero de la alianza Guerrero será mejor representa la concreción de una serie de luchas de los movimientos populares y ciudadanos que durante decenios han caracterizado a ese estado. Esta victoria, junto con el importante crecimiento de la votación en Quintana Roo e Hidalgo, muestra que el partido esta logrando un importante apoyo popular que constituye la base del triunfo democrático que lograremos en el 2006.

Por su parte, la victoria de la Coalición Democrática Sudcaliforniana, junto con el de Amalia García en Zacatecas en el 2004, demuestran el apoyo de la ciudadanía hacia el buen desempeño de sus gobiernos. Una muestra de lo anterior son las mayorías otorgadas en Baja California Sur, en donde la coalición PRD-Convergencia ganó en cuatro de cinco municipios y las 16 diputaciones de mayoría relativa del Congreso del estado.

El crecimiento electoral del PRD pone en riesgo los intereses y proyectos de la tecnocracia neoliberal, por lo que se acrecientan los ataques contra el proyecto de nación que busca un México justo y democrático.

Desafortunadamente, como en el viejo presidencialismo autoritario, estos ataques se realizan por medio del abuso de poder de las instituciones, de procuración de justicia.

El proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador constituye un atropello a la democracia y libertades públicas. Siguiendo la estrategia que se utilizó durante el gobierno de Carlos Salinas, se quiere distorsionar la imagen del partido, presentándolo como una organización que desprecia la ley y el Estado de derecho.

Paradójicamente, para llevar a cabo esta estrategia, se manipulan las leyes y se violenta el Estado de derecho.

En términos estrictamente jurídicos, la fundamentación del desafuero en contra el Jefe de Gobierno está plagada de irregularidades y es insostenible. No hay ningún escrito ni informe que demuestre que el Jefe de Gobierno haya desobedecido los mandatos judiciales. En todo el asunto de El Encino se actuó con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados de cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva ordenada por el juez durante el juicio de amparo. Sin embargo, la Procuraduría General de la República considera que el único responsable de un delito que nunca se cometió es el Jefe de Gobierno, sólo por ser el superior jerárquico. Además, en casos similares, la PGR ha determinado el no ejercicio de la acción penal, argumentando que en la ley no existe una sanción exactamente aplicable y, de acuerdo con el principio de legalidad del derecho penal, no puede haber delito sin pena. Pero en este caso, intencionalmente se pretende inventar un delito y acomodar la pena correspondiente.

Lo anterior, aunado a la parcialidad de las actuaciones y la ineficacia e ilegalidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Publico Federal, revela que el abuso de autoridad, dolo y mala fe están presentes en quienes promueven el desafuero.

Por otro lado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados pretende explotar el cansancio de la ciudadanía ante el abuso del fuero constitucional por parte de diversos personajes políticos que lo han usufructuado para cometer tropelías y enriquecerse a la sombra del poder público. Utilizando argumentos legaliodes los diputados del PAN y PRI que integran la Sección Instructora tiene la intención de eregirse en tribunal, haciendo a un lado su naturaleza de órgano de representación política y olvidando intencionalmente que la declaración de procedencia en nuestro sistema constitucional consiste, precisamente, en determinar si se trata de un ataque político en contra de un servidor publico acusado penalmente.

Este es el contexto en el que el PRD afronta su renovación*. El primer paso consiste en la elección, el 20 de marzo del año en curso, de la nueva dirigencia del partido. Ésta tiene el reto de fortalecer la unidad de acción e impulsar al partido a desplegar su iniciativa política, en un momento crucial para el país, en el que dos visiones se disputan la conducción económica y política: la neoliberal, representada por un amplio sector del PRI y el PAN, y la de izquierda, representada por el PRD y las fuerzas democráticas y progresistas.

La nueva dirigencia tendrá la tarea de actuar con una gran responsabilidad política, para no dañar la posibilidad histórica de lograr un verdadero cambio democrático que beneficie a la mayoría del pueblo mexicano, razón de su existencia como fuerza política en el país.

Esta renovación se llevará a cabo a través de una votación abierta, en la cual se eligirá presidente y secretario general en el ámbito nacional y estatal, consejeras y consejeros nacionales y estatales, así como delegados a los congresos estatales y al IX Congreso Nacional que se llevará al cabo del 22 al 24 de abril de 2005.

La agenda del IX Congreso Nacional tiene como eje principal las reformas a la Declaración de Principios, Programa y Estatuto, la elección de los integrantes de los organismos autónomos y las resoluciones políticas y especiales.

Estas reformas exigen una profunda revisión de las normas internas para la organización del partido, así como la clara definición de un proyecto de nación que plasme las demandas y aspiraciones del pueblo de México y sea su plataforma programática en las elecciones de 2006.

Por lo anterior, en septiembre de 2003, se creó la Comisión para la Transformación a Fondo del PRD, que a su vez se dividió en dos: la subcomisión de Transformación del Partido y la subcomisión de Proyecto de Nación. En ésta última subcomisión se presentaron propuestas sobre reforma del Estado, nueva política económica y social, derechos humanos y justicia equitativa, política energética, medio ambiente y el papel de México en las relaciones internacionales en el inicio del siglo XXI.

El Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, que coordinó los trabajos de la subcomisión de Proyecto de Nación, ha finalizado la elaboración de cuatro documentos que abarcan temas fundamentales del desarrollo nacional. Cada uno de ellos es resultado de un esfuerzo de integración de diversas aportaciones, ponencias y documentos que fueron presentados para su análisis. Por su importancia, decidimos publicar en una separata los textos y tres estudios sobre reforma del Estado, justicia y derechos humanos con el fin de que contribuyan a la definición del proyecto de nación que el Partido de la Revolución Democrática presentará a los ciudadanos en las elecciones de 2006 y, además, sea la herramienta programática para que las mexicanas y los mexicanos logremos el país que anhelamos: justo, equitativo y soberano, con pleno respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas.

* Es necesario informar a nuestros lectores que el presente ejemplar de Coyuntura se imprimió antes de conocer los resultados de la elección interna del PRD.