Comisión de Transformación del PRD

Subcomisión de Proyecto de Nación*

Nueva política social**

Un Estado socialmente responsable

En nuestro país, y contrario al discurso oficial que sostiene de que se ha reducido la pobreza, encontramos cada vez más una creciente y extensa pobreza, una ofensiva desigualdad y la exclusión e inseguridad social que lastiman y ofenden a la mayoría de la sociedad mexicana. Por ello, nuestro compromiso como partido que pone su acento en lo social, será promover la construcción de las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de las y los mexicanos para que ejerzan plenamente sus derechos y participen plenamente en la vida nacional. Para cumplir este compromiso se requiere un nuevo Estado con responsabilidad social, que asuma eficazmente las atribuciones que la Constitución le confiere y las que les sean asignadas en un proceso de verdadero cambio.

Al asumir plenamente sus responsabilidades, un gobierno democrático deberá impulsar un conjunto de políticas públicas para fortalecer y transformar las instituciones sociales, con la finalidad de crear las condiciones del desarrollo de los sectores mayoritarios de la población. La nueva política social debe ser el instrumento idóneo para la generación de empleos, para el fortalecimiento del ingreso per capita, la redistribución del ingreso evitando su polarización y de una amplia inversión en todos los niveles de la educación pública, comprendiendo desde luego la ciencia y la tecnología, la promoción y difusión de la cultura, apoyando no sólo la creación artística urbana, sino también el apoyo a las diferentes manifestaciones culturales propias de las etnias y comunidades de nuestra patria.

Una nueva política social comprenderá asimismo un amplio programa de creación de vivienda, la revisión y fortalecimiento del sistema de salud nacional y la construcción de un sistema de seguridad social, desarrollando a la vez vigorosos programas específicos de combate a la pobreza, que incluyan la revisión y evaluación de los ya existentes, entre otras de las medidas de políticas públicas que un gobierno social y democrático de derecho habrá de emprender.

Ello implicará articular la política social con una política alternativa de desarrollo económico, así como reorientar las políticas públicas y los recursos de la federación, es decir, una política congruente, que combata, por un lado, la desigualdad y la pobreza y, por el otro, fomente el crecimiento económico, el cual se construye sobre cuatro aspectos centrales: creciente generación de empleo, recuperación gradual del salario o ingreso de los trabajadores, fortalecimiento y reorientación de las finanzas públicas, con una verdadera reforma fiscal integral,, y fortalecimiento y transformación de las instituciones de bienestar social.

En suma, consideramos que un nuevo gobierno democrático y socialmente responsable tiene que comprometerse con una política articulada de crecimiento, redistribución y fortalecimiento institucional sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos sociales, la igualdad, la solidaridad y la equidad.

En el Partido de la Revolución Democrática reconocemos que sin una política económica incluyente no hay política social que valga la pena y que hay que hacer económicamente posible lo socialmente necesario, pero también, que crecimiento que excluya lo social no es desarrollo.

En este marco, el PRD propone una política social que articule inteligentemente políticas universales de atención generalizada en los temas antes mencionados y una política focalizada, de amplia cobertura y con enfoque social y de género, para hacer realidad la concreción de los derechos sociales de mexicanos y mexicanas.

El Partido de la Revolución Democrática aspira a una sociedad organizada, en ejercicio de su soberanía, para satisfacer los derechos humanos integrales y con el objetivo de hacer posible una vida digna para todas las mexicanas y los mexicanos. Concibe al desarrollo social como el proceso de cumplimiento, con participación ciudadana y social, de los derechos humanos integrales: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, de minoría y medioambientales.

Esto sólo será posible de manera permanente en la medida en que las mexicanas y los mexicanos tengan un trabajo digno y su relación con la naturaleza sea sustentable, en que puedan ser sujetos responsables de su propio destino y en la medida que ejerzan su derecho a la autodeterminación y soberanía, esto es, que sean ciudadanas y ciudadanos, como sujetos individuales y colectivos, que exijan y ejerciten sus derechos humanos integrales frente al mercado y al Estado.

La política laboral

La aplicación por parte de las administraciones federales priístas y ahora la panista, del modelo económico liberal actual, genera cada vez menos puestos de trabajo. Por ello, una vía alternativa de desarrollo debe integrar una política activa de creación de empleo productivo para los mexicanos, con estímulos a la inversión productiva y programas específicos, que les permita a los trabajadores recuperar sus puestos perdidos e incorporarse al trabajo, mejorar sus ingresos y ejercer sus derechos.

Una medida efectiva para aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, es mediante incrementos a los salarios reales, es decir; mediante incrementos salariales superiores a la tasa de inflación registrada y a la esperada. El incremento a los salarios con criterios de productividad no es una amenaza inflacionaria en una economía en expansión, sino un factor dinamizador del mercado interno y un elemento básico de equidad social.

En este sentido, un gobierno genuinamente democrático deberá adoptar una estrategia de incremento a los salarios en los próximos años para coadyuvar a duplicar el ingreso per capita actual de seis mil a doce mil dólares anuales.

Se diseñarán y aplicarán políticas públicas que eviten la polarización del ingreso, como la aplicación de diferentes cargas tributarias y estímulos fiscales diferenciados. Se procurará el fomento a la creación de empleos estables y bien remunerados, protegidos por contratos negociados colectivamente, de tal manera que garanticen para las trabajadoras y los trabajadores libertad sindical y para ellos y sus familias mejores condiciones de vida.

En el ámbito de la capacitación y la productividad deberán establecerse negociaciones bilaterales para la medición y capacitación en materia de productividad, con apoyo de diagnósticos nacionales por rama de industria y cadena productiva.

El gobierno debe comprometerse con el diseño y la aplicación de políticas que busquen el pleno empleo, el pleno ejercicio de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en la esfera de la producción; el fortalecimiento de las formas de propiedad cooperativa, comunal y social, el fomento de las micro y pequeñas empresas y la participación de las trabajadoras y los trabajadores y sus organizaciones, al lado de los empresarios y el Estado en el proceso de la planeación nacional.

Los derechos universales de los trabajadores

En la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho y en la construcción del nuevo entorno laboral, debe promoverse un respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y una serie de reformas legales que habrán de emprenderse, entre las que se cuentan las siguientes:

-Los derechos laborales serán respetados sin excepción y se garantizarán aquellos suscritos por México en diversos tratados internacionales. En las leyes laborales se introducirá la perspectiva de equidad de género.

-Un nuevo entorno laboral implica que ni los patrones ni el Estado tienen derecho a interferir en la libertad de opinión, ni en orientación política o religiosa o ninguna otra intromisión en los derechos individuales de los trabajadores, dentro o fuera de la empresa o institución.

-Una reforma que garantice la conformación libre y democrática de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, en que se estipule la práctica cotidiana de la libre elección de sus dirigentes, la rendición de cuentas a sus miembros y el derecho de los mismos a revocar el mandato a sus dirigentes.

-Los derechos de sindicación, contratación colectiva y huelga no podrán ser negados o limitados por ley alguna y los trabajadores y trabajadoras del Estado deberán gozar de estos mismos derechos.

-No se permitirá la afiliación colectiva y forzosa de los miembros de sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones o frentes, a partidos políticos o agrupaciones ajenas a sus intereses de lucha.

-Se promoverá una reforma al Artículo 123 constitucional, que elimine los apartados A y B y proponga su reforma integral. Se fortalecerán las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y se agrupará en el Poder Judicial Federal.

-Se impulsará que la jornada laboral máxima sea de 40 horas semanales con pago de 56, sin menoscabo de las reducciones conferidas a las mujeres en la lactancia, lo que será válido en todo el territorio nacional.

-El Congreso de la Unión deberá establecer el salario mínimo general y los mínimos profesionales, a través de una ley que desaparecerá a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y normará, además, el seguro de desempleo, el cual será integrado dentro de la seguridad social, con aportaciones de las empresas, y una recuperación salarial que amplíe la diferencia entre el salario medio y el ingreso mínimo asegurado de cada desempleado.

-Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a crear libremente empresas cooperativas generadoras de empleo. El Estado promoverá, mediante asesoría técnica y financiamiento, la creación y desarrollo de las cooperativas.

-Se deberá exigir el cumplimiento de la ley de capacitación en y para el trabajo, el funcionamiento real de las comisiones de seguridad e higiene, la inspección en los centros laborales y la protección a las mujeres.

-Los tribunales del trabajo serán instancias de pleno derecho, agrupados en el Poder Judicial. Se fortalecerán las instancias de conciliación tanto individual como colectiva.

-Los tribunales laborales manejarán con transparencia todos los asuntos que se litigan en ellos, tendrán la obligación de subir al Internet los contratos colectivos de trabajo depositados bajo su competencia, fechas de su revisión, el registro de los sindicatos locales y nacionales acreditados en su jurisdicción y su documentación como estatutos, padrón de socios, informe de cuotas, actas de elección y de asambleas.

-Debe fortalecerse la Procuraduría de Defensa del Trabajo y los programas para los cooperativistas y trabajadores no asalariados.

-Se penalizara la negativa de empleo para personas mayores de 40 años.

El PRD en el gobierno y su política laboral

El Partido de la Revolución Democrática gobierna importantes entidades y municipios en el país donde confluyen industrias y grandes conglomerados de trabajadores del campo y la ciudad, por lo que está obligado a ejercer una política laboral y sindical que lo distinga de otros partidos políticos y que esté orientada al ejercicio de una justicia pronta y expedita en la materia.

Dicha relación será consecuente con su concepción social y política respecto a los trabajadores y respetará sus derechos a la organización, a la libre sindicalización, y a sus convenios que regulen la relación obrero patronal. El partido en el gobierno debe explicar a los trabajadores todo lo relacionado a los montos presupuestales con que se cuentan para pagar a sus trabajadores salarios y prestaciones. El Partido de la Revolución Democrática está obligado a promover la educación abierta con sus trabajadores, la capacitación y la formación cívico-política así como a exhortarlos a ser eficientes y eficaces en la administración pública.

El PRD y su compromiso con las luchas de los trabajadores y sus organizaciones

El mundo laboral y sindical forma parte del campo natural en el que se desenvuelve el PRD. Las tareas productivas del campo y la ciudad, los empresarios y los trabajadores forman parte de las relaciones de la producción que permiten generar riqueza, bienes, servicios y empleos.

Como partido de izquierda apoya de manera precisa y especifica la lucha de los trabajadores en contra del corporativismo sindical, que ha impedido por decenios la democracia en las organizaciones de trabajadores, una verdadera lucha por sus reivindicaciones y la participación en la agrupación política de su preferencia.

Los conflictos individuales y colectivos, la lucha por la democracia sindical, por el empleo, los salarios y las prestaciones, así como el cumplimiento de la ley, es una tarea a la que el partido debe prestar atención, recursos materiales, humanos y financieros y poner toda su fuerza política y social para una reorganización de los movimientos sindicales independientes.

Acciones que se impulsarán en el ámbito laboral

-El fomento a la creación de cajas de ahorro.

-Aumentar la capacidad de producción e innovación.

-Mejorar los niveles salariales y defender los derechos conquistados por los trabajadores.

-Sanciones a todas las empresas que no cumplan con las normas mínimas de seguridad e higiene.

Posición del PRD respecto a la reforma laboral

-La revisión y supresión de todas las reformas que se hayan realizado en contra de los derechos y conquistas de los trabajadores.

-Procurar que todas las contrataciones se ciñan a la ley para evitar la violación a los derechos de los trabajadores establecidos en los contratos colectivos.

-El costo de la crisis no deben pagarlo los trabajadores, por lo tanto, se revisará la reglamentación relativa a los paros técnicos de las empresas.

-Debe dársele estricto cumplimiento a la actual Ley Federal del Trabajo, antes que cualquier propuesta de reforma

-El derecho de huelga no debe estar a discusión ni ser negociable.

-Los sindicatos son organismos de defensa de los trabajadores, nos oponemos a las falsas representaciones.

-La recuperación de los sindicatos como instrumentos de lucha por los derechos de los trabajadores pasa por su democratización.

Educación, ciencia y tecnología

El siglo XXI es el siglo de la información, el desarrollo y el conocimiento científico, por lo tanto, la educación debe ser un factor para el desarrollo tanto nacional, como el de crear alternativas para el desarrollo individual; éstas circunstancias obligan a que el Estado canalice los recursos presupuestales suficientes para cubrir el gasto en la educación nacional, para ello habrán de utilizarse, además de los métodos tradicionales, los medios electrónicos y la conectividad, como instrumentos coadyuvantes en la tarea educativa.

En nuestro país, la educación enfrenta el problema central de la incompatibilidad entre sus principios originarios –derecho social y detonante del desarrollo social y las líneas de política educativa aplicadas por los últimos gobiernos neoliberales. El resultado ha sido una educación deficiente que no apoya el desarrollo de las capacidades y potencialidades de niños, niñas y jóvenes para su incorporación creativa y productiva a la vida social en un mundo cambiante. En tales condiciones, la educación tampoco ha podido contribuir plenamente a la construcción de una nación democrática y productiva, con ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y derechos.

Llama la atención como el carácter público, gratuito, incluyente y de sentido social de la educación ha sido desvirtuado. Se ha pretendido, incluso, en el llamado gobierno del cambio, eliminar su carácter laico. Como consecuencia, tenemos una educación con graves déficit de cobertura, calidad y equidad, impartida por maestros con deterioradas condiciones salariales y de trabajo, que le impide ponerse al día en los conocimientos y métodos pedagógicos.

Por otra parte, no se ha destacado suficientemente que además, en las actuales condiciones de un mundo globalizado, la educación debe ser concebida como un elemento fundamental del desarrollo, como una inversión pública y privada en los recursos humanos para el desarrollo tecnológico y para la investigación científica, buscando en todo momento vincular la educación media superior y superior con el proceso productivo nacional y crear las condiciones adecuadas que induzcan a la población a un proceso de capacitación y actualización permanente.

A pesar de que existe un alto índice de inscripción a la escuela primaria, hay en el país miles de adultos, en su momento niñas y niños, que nunca entraron a la escuela. Además, sigue presentándose el fenómeno de la deserción, basta señalar los casos de las generaciones que terminaron la primaria y secundaria en 2004, las cuales alcanzaron el 11, y el 20 por ciento respectivamente, a pesar de la obligatoriedad constitucional de éstas. Este hecho señala un fracaso educativo, que es tomado de pretexto para sostener que la educación superior es un privilegio y debe ser pagado por el estudiante.

Hasta un pasado muy reciente los recursos públicos que se destinaban a la educación eran insuficientes para garantizar su calidad y cobertura. Con la reciente reforma de 2003 a la Ley Federal de Educación que dispone se destine el ocho por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, el PRD estará atento de que se cumpla esta medida, en los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación que el ejecutivo federal envía a la Cámara de Diputados cada año para su aprobación.

Una parte de nuevos recursos debe dirigirse a la recuperación salarial de los maestros, a su actualización y a brindarles apoyos para revalorizar su actividad docente; asimismo, debe reconstruirse la infraestructura física educativa.

Por ello debemos reconocer como una prioridad nacional ineludible, fortalecer un sistema educativo público que garantice el derecho de todos a la educación y se convierta en el motor de un desarrollo nacional integral. Asimismo se vuelve indispensable recuperar para toda la educación, incluso para la tecnológica, su carácter formativo y humanista, de tal forma que, sin dejar de considerar sus aportaciones prácticas, no se convierta en un mero medio utilitario para los requerimientos de una economía de mercado.

Por otra parte, y dado que el problema educativo no es sólo de oferta —pues la pobreza de muchos hogares les impide garantizar la asistencia escolar de los menores y las precarias condiciones de vida hacen muy difícil el aprendizaje—, la lucha contra la pobreza y el combate a la inasistencia y a la deserción escolar tienen que ser parte de un mismo proceso.

A fin de cumplir este compromiso es necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, su organización y sus objetivos. Se requiere dotar a la educación proporcionada por el Estado de un enfoque que reivindique su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos los niveles que enfatice su carácter universal e incluyente, plural, científico, crítico, humanista y social.

La educación debe ser un derecho social exigible, una obligación del Estado y, por tanto, garantizada por las leyes. Es indispensable tomar todas las medidas necesarias, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, para que la obligatoriedad de la primaria, la secundaria y la educación preescolar deje de ser declarativa y se convierta en realidad.

La educación debe contribuir a la formación de una nueva ciudadanía basada en valores cívicos, que inculquen el respeto y la solidaridad con las causas sociales del país, como requisito necesario de un proceso incluyente, extensivo y profundo de democratización. La escuela debe preparar para la comprensión, el estudio y el dominio de las tecnologías modernas y de sus principios generales, a través de programas que los incluyan de manera graduada según el nivel. El desarrollo pleno de los alumnos demanda, además, reforzar las actividades culturales y las prácticas deportivas que incluyen los programas escolares.

La participación democrática de los maestros y los alumnos es esencial para que opinen y decidan en su ámbito sobre los contenidos y la orientación que deba darse al proceso educativo, y para que evalúen el proceso mismo, sus resultados, y propongan medidas de superación.

El papel de las universidades

El proceso democrático educativo que estamos proponiendo, incluye en forma destacada a la educación superior, enfatiza la importancia de las universidades como motores del cambio, su impostergable adecuación a las necesidades del nuevo siglo, la revisión de sus programas académicos y formas de gobierno y su imperativa democratización.

La universidad de excelencia no puede alcanzarse sólo con buenos propósitos, deben destinarse los presupuestos indispensables para que su papel no se reduzca a la formación de profesionales destinados a mantener el aparato productivo y de servicios, sino a trabajar en los laboratorios de investigación tecnológica de la industria y del Estado.

La universidad debe servir para promover el desarrollo. Los impuestos pagados por toda la población deben servir para que la universidad cumpla con su función académica y social, desarrollar los avances científicos y tecnológicos para crearle a la industria las oportunidades de expansión al elevar los niveles de productividad.

Se alentará la participación de las universidades en la extensión de su misión hacia la sociedad por todos los medios de difusión, con especial énfasis en los electrónicos; se promoverá que cada una de las universidades cuenten con su propio canal de televisión, su estación de radio y centren sus esfuerzos en desarrollar la conectividad para enlazarse con los centros generadores de conocimiento y avances científicos.

Un gobierno democrático debe alentar el diálogo constante y la concertación como mecanismos a usarse en la resolución de las controversias que surjan en la comunidad universitaria y privilegiar estas posturas a las resoluciones autoritarias de los desacuerdos o conflictos que se generen. De igual forma, el nuevo gobierno impulsará la plena y total autonomía de todas las universidades estatales.

La investigación científica y el desarrollo tecnológico

El desarrollo de capacidades científico-técnicas requeridas para garantizar un cambio cualitativo en las fuerzas productivas del país, es un esfuerzo que sólo puede realizarse apoyando a las instituciones de educación superior, promoviendo y fortaleciendo la autonomía universitaria y garantizando la libertad de cátedra e investigación.

Para ello se necesita constituir un sistema social de innovación que articule en su seno el sistema educativo, la actividad científica, industrial y tecnológica, la formación de la mano de obra y ciertos aspectos de la relación salarial, para terminar con la desarticulación del sistema productivo y orientar la nueva política social hacia el incremento de las capacidades productivas y de oportunidades de los miembros de la sociedad.

El PRD procurará que se respete por el Estado lo dispuesto en la Ley Federal de Educación que dispone destinar recursos presupuestales equivalentes al 1 por ciento del Producto Interno Bruto para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El presupuesto que debe destinarse a la investigación no debe ser visto como un gasto superfluo, es una necesidad estratégica. La ciencia, que produce resultados útiles para resolver problemas de índole teórica y práctica, es una actividad que genera progreso, cuyos resultados tienen impacto favorable en la vida cotidiana y aumentan nuestra capacidad de comprender y resolver los problemas del mundo en que vivimos.

No podemos pensar en reactivar la economía sin considerar el desarrollo científico y tecnológico como un asunto estratégico en nuestro país. La alianza con los empresarios implica involucrarlos en el fomento para la creación de las tecnologías para el desarrollo: la vinculación del sector productivo con la investigación.

Este debe ser el contenido de la alianza con los empresarios, el sector productivo comprometido con la economía del país y un Estado dispuesto a asumir y reconocer el papel del desarrollo de la investigación propia, en las universidades y los centros de investigación.

Debemos emprender una gran transformación del sistema educativo formal, recurriendo a los medios de comunicación, la conectividad y a la participación social, con el fin de llevar a todos los mexicanos los conocimientos a que ha llegado la humanidad y orientar, preferentemente, la inserción de las clases populares en la sociedad y en la economía nacional.

Sólo así, podrán identificarse áreas de investigación y desarrollo científico nacional en función de las prioridades del aparato productivo, de la salud, del bienestar social, de la preservación ambiental, así como en áreas particulares, donde sea posible alcanzar alta competitividad internacional. El Estado debe comprometerse con una política activa de desarrollo científico-tecnológico que incentive las invenciones y proteja los derechos de autor de los creadores mexicanos.

Además, se transferirán recursos federales y se modificará el marco legal para crear condiciones que permitan movilizar, desarrollar y profundizar la capacidad colectiva de las trabajadoras y los trabajadores, las técnicas y los técnicos y las y los profesionales, para plantear y resolver problemas de la producción.

Del éxito de este esfuerzo dependerá no sólo la viabilidad de México como nación soberana y productiva, sino también la manera de garantizar a todas las mexicanas y todos los mexicanos la oportunidad de ver cumplidas sus expectativas de vida.

Deporte

Desde la estimulación temprana, el ejercicio físico es una actividad básica para el desarrollo armónico corporal y, como consecuencia, también para el desarrollo social. El deporte en su acepción más amplia significa el vínculo entre la formación –educación–, el esparcimiento y la salud.

El aumento en el gasto público para el estímulo al deporte, será la mejor inversión para la salud colectiva; los beneficios se reflejarán en el descenso de padecimientos, la concentración mental aumenta y con ella la creatividad y la productividad de las personas, puesto que ha sido comprobado que con la práctica organizada de cualquier deporte disminuyen las tendencias a cualquier tipo de adicciones. En cuanto al estilo de vida, la práctica de un deporte, aumenta la socialización en todos los sectores de la población.

Cultura

La cultura es patrimonio de todo ser humano, compartida y transmitida por el entorno social. La cultura nacional fue el cemento que consolidó al Estado mexicano del siglo XX, pero en el proceso de globalización el concepto de educación y diversidad cultural se han trastocado.

Los modelos neoliberales de conocimiento se basan exclusivamente en la economía, sólo se interesan en el intercambio de cosas entre sujetos ya hechos. Ningún modelo económico puede analizar cómo se construye el sujeto que intercambia. De ahí el impacto, devastación social y cultural que está ocurriendo en los países en donde se ha impuesto este modelo. La falta de una teoría constitutiva del sujeto y el énfasis puesto en la teoría del intercambio, ha provocado una dispersión de lo que ahora llaman, el capital social, capital cultural y la destrucción con indiferencia de lo que es la cultura.

El PRD reconoce que no hay culturas buenas y malas "ni hay seres humanos sin cultura". La diversidad cultural enriquece al país y el fortalecimiento de las formas de expresión de las culturas locales contribuye a reconstruir el tejido social que el capitalismo ha destruido al someter a las distintas sociedades a su criterio de modernidad. Este proceso de pauperización y desorganización social ha sido especialmente catastrófico en la etapa del neoliberalismo. El PRD reconoce que somos una nación pluriétnica, multicultural y multilingüe, en la cual deben garantizarse tanto las libertades y derechos de los individuos, como los derechos de las comunidades culturales y, particularmente, los de los pueblos indios originarios de nuestro territorio.

El reto para el PRD es contribuir a reconocer e impulsar los esfuerzos culturales que son propios de una visión integral de los derechos humanos, que rescate las mejores tradiciones de lucha del pueblo de México, su cultura, sus costumbres y sus tradiciones, que refuerce y fortalezca la identidad nacional, estableciendo un puente entre el valioso legado de nuestro pasado y las posibilidades de construcción de un futuro mejor. Ni encerrados, de modo que nos asfixiemos culturalmente, ni seguidores de una modernidad que trastoca los esfuerzos locales de producción cultural. Para construir este nuevo modelo resulta indispensable la participación activa de hombres y mujeres, que desde una visión humanista de la educación, la cultura, la ciencia, el arte y el deporte promuevan una amplia producción y difusión. Para ello, los medios de comunicación impresos y electrónicos y la Internet son puntos clave de su quehacer.

Salud para todas y todos

En nuestro país, los derechos a la salud y a la seguridad social forman parte de los derechos constitucionales y juntos configuran el derecho a la plena satisfacción de las necesidades humanas. Esta concepción no se ha traducido en una realidad acabada. El principal problema de la seguridad social, como vía elegida para universalizar la protección integral a la sociedad, consiste en que no se ha extendido a toda la población. No se ha logrado, ya que el ritmo de incorporación de derechohabientes disminuyó drásticamente a partir de la aplicación de las políticas neoliberales, que adelgazaron al Estado y provocaron la desaparición de fuentes de trabajo, por el quiebre de empresas, debida a la apertura comercial abrupta y unilateral que aplicaron nuestros gobernantes.

De allí que el Estado se haya visto obligado a complementar los programas de seguridad social con políticas asistenciales de salud, nutrición, vivienda y apoyos a la familia, para la población pobre no asegurada.

La inacabada reforma del Estado abandona, de derecho y en los hechos, el proyecto constitucional normativo de bienestar social, sustituyéndolo por otro basado en la distinción entre la asistencia social, con programas para los pobres, como responsabilidad pública y servicios sociales regidos por el mercado, como un asunto de responsabilidad individual o familiar.

La puesta en marcha del programa de Seguro Popular de la administración foxista genera más dudas que certidumbre: pretende dar cobertura a 25 millones de mexicanos al finalizar el sexenio. Sin embargo, las experiencias de cobertura de las dos más importantes instituciones, IMSS e ISSSTE, nos hablan de las dificultades que se presentarían al tratar de cubrir esa ambiciosa meta. No existe la infraestructura necesaria de la Secretaria de Salud para atender tal universo de usuarios, amen de la dotación de medicamentos y del personal medico, enfermeras y administrativo necesario; pero, lo más importante, no existen los recursos presupuestales necesarios para tal fin. Presumimos que este como muchos otros programas de la administración foxista, se inscriben más en la lógica de una promoción electoral futura.

Además, dicho experimento no es sino la renuncia expresa por parte del Estado a proporcionar asistencia médica gratuita a la población pobre y, por otra parte, en el caso de la población asegurada, se privatiza e individualizan la gestión de los fondos de pensiones, promoviendo un mercado de competencia en operaciones del mercado bursátil nacional y extranjero, con resultados impredecibles.

Esta nueva concepción elimina la noción del derecho a la seguridad social y a la protección de la salud; incrementa la desigualdad en el acceso a los servicios de salud; reduce, para la mayoría de la población, los servicios de salud, el monto de la futura pensión y otros beneficios y, genera una redistribución regresiva del gasto público en salud y seguridad social.

La salud no es sólo la ausencia de enfermedades, relacionada con la ejecución correcta de la técnica médica. La salud es un fenómeno mucho más completo; es un estado mental propiciado por la interrelación con el ambiente natural y potenciado por la convivencia amplia y libre.

La salud no sólo implica curar enfermedades. Las transformaciones y avances en materia de la salud comienzan con un cambio en la forma de vida, esto es, a partir de la solución de problemas acuciantes de desinformación y ambientales, de carácter económico y de falta de conciencia social. En ese sentido, cabe señalar que los recursos dirigidos a cambiar y mejorar esa forma de vida vigorizará al sector salud, incluso a la investigación científica. Por ello, el sistema de salud abarcará también medidas de prevención, educación sanitaria y reproductiva, y facilitación para el acceso a los servicios de salud.

-La sanidad empieza con una alimentación de calidad y suficiente, con la práctica de un deporte (como estilo de vida); también, con el fomento a la cultura, al esparcimiento, la información y al arte, así como con el cumplimiento de la garantía del derecho al trabajo productivo y dignificante.

-Con el objeto de mantener un grado satisfactorio de salud mental y sistemática en todos los sectores de nuestra población, se destacará el papel de la medicina alternativa, las campañas masivas de información y la practica de actividades deportivas.

-Se alentará la formación de nuevas generaciones de profesionales en el área médica, con espíritu altruista y solidario.

-En el caso de los pueblos indios, debe brindarseles la atención adecuada en completa armonía con su cultura y su cosmogonía.

-Por esta razón, el Partido de la Revolución Democrática considera que el Estado debe destinar recursos presupuestales suficientes para el sector salud.

-El Estado está obligado en proporcionar las condiciones para que la población goce del derecho a la salud y seguridad social.

-Que cada región cuente con servicios médicos y hospitales especializados en aquellos problemas de salud de la misma región.

-Un plan de rehabilitación de los actuales hospitales y la construcción de nuevos para ir cubriendo las necesidades de la demanda de atención medica.

-Universalización del servicio social.

-Establecer un programa de modernización de los sistemas administrativos para agilizar los servicios de atención en materia de salud.

-En relación con el fenómeno de las adicciones se requiere crear centros de rehabilitación en todos los barrios y colonias con la adecuada infraestructura.

-Creación de puestos de trabajo para los recién rehabilitados.

De capital importancia se considera el combate a la epidemia del VIH-sida, la cual se ha extendido en todo el país, especialmente entre la población joven. El Partido de la Revolución Democrática considera fundamental la aplicación de medidas efectivas que garanticen la atención y el suministro de medicamentos gratuitos a los enfermos y a la realización de campañas permanentes y abiertas de información y prevención. Para ello debe darse énfasis a la difusión y fomento del uso del condón como una de las formas más efectivas para evitar el contagio.

Un programa integral de salud debe procurar no sólo la curación parcial o total de los padecimientos o disminuir el dolor físico que éstos generan, sino también atender el dolor emocional que éstos provocan y que se vincula de manera directa con el deterioro de la forma de vida.

En concordancia con el reconocimiento a la participación social y la diversidad cultural, se reconocerán los aportes de la medicina tradicional y otras formas alternativas de medicina.

Promover de la manera más amplia la participación ciudadana en el cuidado de la salud de la población (prevención, higiene, medicina famialiar, etcétera); la promoción de la medicina tradicional y la protección de su conocimiento, de las amenazas de despojo por parte de empresas transnacionales; la participación ciudadana para controlar las fuentes contaminantes que dañan la salud de la población y, el apoyo a los campesinos y asociaciones en la protección de la biodiversidad.

El derecho a la alimentación de calidad

El derecho a la alimentación de calidad debe ser reconocido constitucionalmente y cumplido con políticas integrales de producción, distribución, precios, subsidios generales y regulación para alcanzar la soberanía alimentaria; entendida como la capacidad del Estado para fomentar la producción sostenible, de granos y otros productos agropecuarios y pesqueros básicos, al tiempo que se genera el ingreso necesario para que la población en general pueda acceder a esos bienes.

El tema de la alimentación se vincula directamente con la salud, para lo cual habrán de dictarse políticas públicas específicas por parte de las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como las modificaciones al marco normativo relacionado con la alimentación. La Secretaría de Salud deberá emprender campañas de información, prevención, capacitación y el establecimiento de un nuevo tipo de alimentación más sana, sin el uso de los aditamentos como colorantes, conservadores y otros de impacto negativo sobre la salud. La Sagarpa dictará medidas para la producción de alimentos sanos e inocuos y vigilará el impacto que sobre estos produce el uso de biotecnologías orgánicas que ya han sido rechazadas en otros países.

Seguridad social universal

Para una adecuada política de desarrollo social, se requiere un mínimo de condiciones sociales y económicas que hagan que la población pueda exigir sus derechos y participar en el juego económico del mercado.

Se tendrá como meta la seguridad social universal, con especial orientación a los sectores de la población que no pueden ser cubiertos por las instituciones de seguridad social ni por la medicina privada, por encontrarse fuera de la economía formal, separando el derecho a la seguridad social integral de la mercantilización reinante en nuestros días.

El PRD frenará los intentos de privatizar la seguridad social, de reducir las prestaciones y la privatización de las aportaciones. Se impulsará la reforma a los sistemas de pensiones para recuperar para una política de inversión en infraestructura, los fondos de pensiones y jubilaciones hoy en manos del capital financiero. De esta manera, un 50 por ciento de los fondos continuarían en las Afores y el otro 50 por ciento de los fondos los manejaría el Estado, bajo la figura jurídica más conveniente para proteger a los pensionados, el objeto de esta reforma sería de liberar recursos para la inversión en infraestructura como la actividad energética —gas y electricidad— y petroquímica, para que el Estado cuente con recursos con tasas blandas amortizables a largo plazo, al mismo tiempo que se garantizan las inversiones de los fondos de pensiones y se contribuye al desarrollo nacional.

Para asegurar pensiones y jubilaciones adecuadas para toda la población será necesario reestablecer sobre bases financieramente sanas el sistema solidario. Es urgente revertir el proceso de destrucción de nuestras instituciones de seguridad social, que los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN han llevado al cabo, minando las bases de la salud y la seguridad social mexicana.

Vivienda

En el presente millones de familias habitan hacinadas en viviendas insalubres, sin servicios, en áreas de alta vulnerabilidad a desastres, o carecen de ellas. La mayoría de los mexicanos ha tenido que construir sus viviendas en condiciones adversas, sin apoyos ni certidumbre frente a los vaivenes de la economía, que en las crisis financieras pasadas destruyó su patrimonio.

La vivienda construida por el sector privado es en lo general inaccesible a los sectores populares y la acción pública resulta insuficiente. No hay política oficial alguna para la vivienda rural o de alquiler. Las reglas del crédito público y privado en este rubro son excesivas y excluyentes para muchas familias. El potencial autogestionario de los sectores populares no se estimula y se juzga muchas veces como opuesto tanto al Estado como a la empresa; las viviendas que se construyen bajo esta modalidad carecen por lo general de los servicios necesarios. Se ocupan áreas periféricas, en un crecimiento extensivo, depredador de la naturaleza, mientras muchos terrenos urbanos dotados de todos los servicios se mantienen ociosos o se prestan a la especulación.

El PRD considera que un gobierno democrático debe garantizar a todas las familias, de manera paulatina, el derecho de acceso al suelo y a la vivienda digna y decir no al país de "casitas" que la administración del presidente Vicente Fox ha impulsado en el país. Para lograrlo, debe promoverse la unificación de la normatividad sobre el mercado de suelo y vivienda en propiedad y renta, incluido el informal y popular, en una nueva Ley Federal de Vivienda, que permita recuperar la promoción de la construcción de vivienda en los organismos del sector público y poner en marcha un programa nacional emergente de construcción de vivienda para renta o venta, reutilización y mejoramiento de la existente, saneamiento ambiental y dotación de infraestructura y servicios para sectores populares del campo y la ciudad.

Un gobierno con sensibilidad social deberá orientar el financiamiento hacia la promoción de vivienda popular mediante un programa financiero específico, y de un sistema de renta, ahorro y préstamo para el mismo objeto, dotado de incentivos y subsidios; establecer en los planes de desarrollo urbano la creación de reservas territoriales para vivienda popular; crear un sistema de apoyo a la promoción inmobiliaria autogestionaria, con dotación de reservas territoriales, infraestructura y servicios, subsidio decreciente para la población que perciba ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y desgravación fiscal; promover la vivienda popular en renta, mediante exención fiscal hasta de un salario mínimo a arrendadores de alquiler y crédito para su construcción o adecuación.

Habrá que cambiar las reglas de operación del sistema bancario y financiero y del sector público y privado de vivienda, para hacer accesible el crédito a todos, incluyendo al sector de no asalariados.

Aplicación de los fondos del INFONAVIT y FOVISSSTE para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda y evitar su desvío para subsidiar las pensiones.

Promover la asociación de capital privado, inversión estatal y esfuerzo propio de los sectores demandantes para construir viviendas de interés social y popular.

Al impulsar programas de construcción y autoconstrucción de vivienda, vivienda progresiva y servicios públicos no sólo se avanza en el abatimiento del déficit gigantesco de vivienda, sino que impulsamos esta actividad como fuente generadora de empleo por su efecto multiplicador y democratizadora de la economía.

Democratizar la organización de las empresas constructoras de vivienda, promoviendo la participación de organizaciones sociales en la formación de cooperativas de profesionales, trabajadores y beneficiarios. Transparentar los recursos del Infonavit impidiendo la manipulación financiera y la canalización de los recursos a favor de grupos empresariales y empresas de los líderes sindicales y funcionarios.

Construcción de infraestructura social

Actualmente, una visión distorsionada de equipamiento en infraestructura ha puesto el acento sólo en las grandes y medianas ciudades y relegado la atención de las áreas suburbanas y de miles de poblaciones pequeñas, en cuanto a la dotación de la infraestructura social que les permita un mejor entorno social para desempeñarse y tener una existencia digna.

Un gobierno democrático deberá atender de inmediato estos rezagos y realizar la inversión en sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas negras, rellenos sanitarios, jardines y áreas verdes, procurando la sustentabilidad de los recursos naturales y el medio ambiente.

Erradicación de la pobreza

En este penoso tema, es necesario cambiar la orientación de los programas asistenciales de "combate a la pobreza" para la población en condiciones de indigencia. Tales programas deben ser concebidos como un complemento de todas las políticas antes señaladas, particularmente de empleo, y como un elemento compensador de las desventajas en materia económica y social.

El propósito de estos nuevos programas debe ser apoyar a los pobres, eliminando restricciones y dotándolos de elementos para "poder hacer", y de recursos de poder para interactuar en mejores condiciones con otros agentes económicos. La simple asistencia social, incluyendo, en algunos casos, la entrega de alimentos y de dinero, puede ser necesaria pero como medida temporal, aplicable en el largo plazo sólo para grupos de población con franca incapacidad para inscribirse en la actividad productiva. Debe desterrarse la discriminación que excluye actualmente a muchos municipios, comunidades y familias pobres de estos programas y se utiliza como instrumento de presión y chantaje electoral.

El Estado, por ser instrumento de la sociedad, por mandato constitucional, por un imperativo ético y una política impostergable, tomará un papel protagónico en la erradicación de la pobreza y retomará el vínculo con las organizaciones sindicales, civiles, comunitarias, comunales y sociales que han demostrado alta eficacia en el impulso a los programas sociales para fortalecerlas y fomentar su capacidad de autogestión. La política social no sólo se verá circunscrita a una política del Poder Ejecutivo, sino que será compromiso de Estado y de todos sus órganos, niveles e instancias.

Un Estado garante del desarrollo integral

No basta diseñar una política de combate a la pobreza extrema ni siquiera de combate a toda la pobreza para corregir las desastrosas consecuencias de deterioro económico, miseria y exclusión que ha generado las políticas neoliberales aplicadas en nuestro país desde hace 22 años.

El PRD debe asumir, el compromiso de promover la instauración de un Estado que garantice las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los mexicanos. El PRD postula un Estado que signifique eficiencia y garantía de equidad social, y no como si la justicia y el desarrollo social se circunscribieran a un área especializada de la acción pública para mitigar la miseria, pobreza y exclusión que genera el modelo económico vigente.

El PRD reivindica el papel protagónico de las organizaciones sociales y de mujeres en el diseño de programas de atención social, en alianza estratégica con el Estado y la iniciativa privada.

Participación ciudadana en el diseño de políticas públicas

Un Estado de tal naturaleza no puede subsistir por sí solo, requiere una participación social activa y responsable y con amplio respaldo de la sociedad. Para ello, el PRD propone una estrategia y una política de desarrollo social a través de programas concretos de políticas públicas y de apoyo a iniciativas específicas de grupos y organizaciones populares, sociales y ciudadanas que impulse la reconstrucción, la reestructuración, la articulación y el fortalecimiento del tejido social, lo que implica la democratización del Estado, de la economía y de la sociedad; el control sobre el Estado, la regulación del mercado y la construcción individual y social de ciudadanía.

Una evaluación independiente del desarrollo social

En este sentido, el PRD se compromete a la edificación con diversos organismos académicos, sociales y ciudadanos, de un mecanismo de información, evaluación y planeación de las políticas del desarrollo social en función del bienestar de la población, independientemente de su lucha por la creación de un Instituto Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, creado y sostenido por el Estado, pero independiente de las instancias gubernamentales.

* Coordinador: Jorge A. Calderón Salazar.

** Integración del documento: Cutberto Ledezma Chávez.