Comisión de Transformación del PRD

Subcomisión de Proyecto de Nación*

Política económica y reforma hacendaria**

El contexto de la economía mexicana

Infinidad de estudios y análisis demuestran inobjetablemente el grave deterioro económico registrado en México en los últimos dos decenios, manifiesto en bajo crecimiento, inestabilidad, crisis y pérdida de vitales activos productivos. Desde la primera crisis de la deuda en 1982 hasta la fecha, el crecimiento económico ha sido errático e ínfimo en promedio; el fundamentalismo del mercado sólo trajo al país mínimas ventajas del "libre mercado" pero todas sus desventajas, insuficiencias y deficiencias amplificadas en la era de los monopolios globales. Mantenemos una dependencia excesiva e inconveniente de nuestra economía con el comercio exterior; un sector maquilador atrofiado y en crisis y el rompimiento de diversas e importantes cadenas productivas en distintos subsectores productivos industriales y agropecuarios.

El país sigue altamente endeudado con el exterior y la deuda pública interna (formal y contingente) ha crecido exponencialmente, llevando hasta el punto de ruptura a las finanzas públicas. Nuestro desequilibrio externo se ha vuelto crónico y financiarlo con inversión extranjera sólo nos ha llevado a crisis como la de 1994-95, tratándose de inversiones financieras y de la pérdida de segmentos fundamentales de nuestra planta productiva, tratándose de inversiones directas, mismos que hoy ya se controlan desde el exterior y abarcan desde los insumos y un alto porcentaje de la comercialización agropecuaria hasta gran parte de la producción industrial y múltiples servicios de toda índole, destacando por su importancia la extranjerización, sin ventaja visible, de prácticamente todo el sistema financiero del país. Adicionalmente, este sistema financiero continúa siendo ineficiente y básicamente rentista.

Persiste un sistema federalista sui generis en donde el gobierno federal concentra la mayor parte de los recursos públicos y las decisiones sobre el mismo.

En lo social, la desorganización económica, el predominio del capital corporativo trasnacional y la retracción del Estado han tenido, como sabemos, efectos devastadores. De 1983 a 2003, el modesto crecimiento del PIB de 1.84 por ciento anual real promedio fue inferior al crecimiento de la población, que presentó una tasa de 2.41 por ciento en esos años, dando lugar a una fuerte caída del ingreso por habitante. La lenta pero positiva mejoría en la distribución del ingreso registrada hasta los años ochenta se ha revertido en una concentración cada vez más inequitativa de la riqueza, en un aumento de la pobreza y en una regresión sin precedente de los niveles de vida de la llamada clase media. Esta enorme concentración de la riqueza, en manos de un centenar de grupos empresariales, aunada a la política estatal-empresarial de reducción del poder adquisitivo del salario mínimo real en más de 70 por ciento y al crecimiento del desempleo y del sector informal de la economía, nos permite entender el irrefrenable crecimiento de la pobreza a lo largo y ancho del país. Cabe recordar que sólo en 2003 cerraron sus puertas 3 mil 600 empresas y, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales, para 2004 no se esperaba recuperar aun una mínima parte. En la actualidad, la generación de empleos difícilmente llega al 20 por ciento de los mínimamente necesarios y cerca de 400 mil mexicanos emigran ya anualmente al exterior en busca de sobrevivencia u oportunidades que el país les niega.

Como consecuencia de lo anterior y del deterioro que presenta el Estado mexicano, la inseguridad pública se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan a la sociedad. Afortunadamente, estos signos, presentes en todo el territorio nacional, no se han traducido en estallidos sociales.

Una vez presentado este boceto de la grave situación económica y social del país, se ofrece un análisis más detallado, cuyo objeto será distinguir los núcleos fundamentales de los problemas económicos, para a su vez establecer propuestas más simples, viables y graduales. Los problemas que la actual política fiscal presenta para el desarrollo del país serán desarrollados con más profundidad lo mismo que las propuestas de solución.

El país muestra un severo estancamiento del crecimiento de la productividad del trabajo, particularmente en el sector industrial y de servicios. El sector industrial se ha polarizado, a su vez, en dos sectores, uno exportador y otro orientado al mercado interno. En el primero, se observó, a mediados de los años ochenta y principios de los noventa, un rápido crecimiento de la productividad, la cual posteriormente se estancó. Esto tuvo como consecuencia que el resto de la industria se estancara también. A diferencia de lo esperado por los mandos gubernamentales, no se presentaron los llamados "impactos de deslagunamiento" o arrastres del resto de la economía.

En este modelo económico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) constituía el motor principal. Sin embargo, el TLCAN se agotó aún mucho antes de haber alcanzado metas mínimas de dinamización del total de la economía. Al observar el desempeño del sector exportador entre 1993 y 1994, destaca un brutal crecimiento de las exportaciones e importaciones sin un crecimiento del valor agregado del sector manufacturero.

El sector agropecuario presenta un grave retraso económico y social desde hace varios decenios, actualmente en él se encuentra el 25 por ciento de la población total y cerca de las dos terceras partes de la población en pobreza extrema. No obstante, llama la atención que en los últimos tres años es el único que presenta crecimientos importantes de productividad. Se trata de una circunstancia verdaderamente extraña, que sin embargo, muestra la existencia de una polarización al interior del sector agropecuario que cuenta con ciertos ganadores pero muchos perdedores y de una política de desarrollo que perdió de vista su propósito fundamental, que es integrar a estos sectores. No debe olvidarse que la viabilidad de un país sólo se da si se integra al desarrollo a todos los sectores que lo conforman.

El sistema financiero se encuentra en franca regresión. El nivel de crédito que actualmente se otorga es equivalente al 20 por ciento del PIB, tan bajo como el que se daba en 1960. A principios de los años ochenta el crédito se elevó hasta 60 por ciento del PIB; sin embargo, el proceso conocido como Reforma financiera, aplicado en los años ochenta, condujo a reventar este sistema en beneficio de unos cuantos empresarios y banqueros. De igual forma, a mediados de los años noventa se repitió un proceso similar que llevó a la quiebra a miles de pequeños empresarios, comerciantes y pequeños deudores en general, a favor de acreedores nacionales y extranjeros.

A principios de los noventa se llevó a cabo una reforma legal con impacto económico que hasta nuestros días no ha acabado de comprenderse. Se trata de la autonomía otorgada al Banco de México. En los años 60, 70 y parte de los 80, el modelo económico contaba con un brazo activo, se trataba de la política fiscal. Con la autonomía del Banco de México la política fiscal pasa a tener un papel pasivo y el activo lo detenta la política monetaria. Se hizo independiente al Banco de México pero no al país de su banco central. Se trató de un error fatal debido a que el Banco de México actualmente cuenta con toda la libertad para aplicar una política exitosa en el control de la inflación, a costa de la rentabilidad y la estabilidad de los sectores productivos. Resulta que los mexicanos podemos votar por un programa económico distinto y, sin embargo, eso no tendría ningún impacto en la política económica seguida por el Banco de México.

El país sufre una grave regresión fiscal debido a que la estructura de sus ingresos depende, en su mayor parte, de una renta de la tierra, de la renta petrolera. Los sectores que han hecho crecer sus ingresos en los últimos 20 años se han acomodado a las transferencias de esta renta petrolera. Lo anterior, significa que la proporción que se obtiene de los impuestos provenientes de los ingresos reales de estos sectores, es la más baja del planeta.

Otra de las características más importantes del régimen fiscal en México es la inequidad. Si comparamos la porción de ingresos que capta el impuesto sobre la renta (ISR) de cada segmento, observaremos que una parte proporcionalmente mayor corresponde al trabajo y no al capital. En este impuesto existen tratamientos especiales como el régimen de consolidación fiscal, diseñado para premiar a los más fuertes. Bajo este régimen, las operaciones financieras prácticamente no están gravadas, situación que existe en materia de utilidades derivadas de compra-venta de acciones; basta recordar la compra de acciones de Banamex y Bancomer por Citiygroup y el BBVA, respectivamente. En contraposición, los ingresos indirectos, los impuestos derivados del consumo —por naturaleza regresivos— tienen un peso extremadamente alto en comparación con otros países de desarrollo similar al nuestro.

Coincidimos plenamente con Sven Steinmo cuando afirma que "La política impositiva no sólo es el resultado de las necesidades sociales y económicas de un país; en realidad, reflejan la lucha entre grupos de interés. La distribución de poder entre éstos ayuda a entender porqué el sistema tributario de un país difiere con respecto a otro. Los intereses egoístas de los grupos pueden conducir a resultados socialmente indeseables, que sólo reflejan el predominio de los intereses más poderosos, sobre los grupos menos organizados y con menor influencia económica y política.

En el régimen fiscal mexicano se toleran muy elevados niveles de evasión y elusión, no sólo por el gran número de actos ilegales, sino también porque la Ley tiene numerosas lagunas deliberadamente incorporadas a lo largo de dos deceniois de gobiernos neoliberales del PRI y el PAN para disminuir la participación del Estado en la economía, constituyendo un claro ejemplo la Ley del ISR.

Los altos índices de incumplimiento de obligaciones fiscales han obedecido no solamente a la incapacidad gubernamental para recaudar o a la reducción del peso del Estado en la economía. En muchos casos, hay una silenciosa resistencia social para cumplir las obligaciones fiscales, ante una política de gasto público que el pueblo mexicano considera injusta y ante prácticas de corrupción.

La política fiscal entendida como un instrumento para solucionar los problemas en el marco del interés público, dista mucho de ser la que han llevado a cabo los regímenes neoliberales priístas y ahora el panista, provocando un abandono de las responsabilidades económicas fundamentales del Estado.

El sistema tributario mexicano adolece de serios problemas, precisamente por su falta de planeación estratégica y preocupación por la sociedad en general, por lo que carece del sentido promotor del desarrollo nacional que caracteriza a las estructuras fiscales en los países con los cuales competimos comercialmente. En su función recaudadora es público y notorio que es ineficaz y excesivamente dependiente de los ingresos petroleros, lo que ha producido que toda su función fiscalizadora la concentre en muy pocos contribuyentes.

Dicho sistema tampoco cumple con la función redistributiva a que está obligado, pues es altamente regresivo, por basar su recaudación en una alta proporción en impuestos indirectos como es el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en una limitada recaudación en los impuestos distributivos como el Impuesto Sobre la Renta, dado el potencial de nuestra economía, así como en la inadecuada e inequitativa falta de progresividad de las tarifas de los servicios públicos.

La función promotora del Estado del desarrollo nacional es incierta, como ya lo hemos constatado a lo largo de los dos últimos decenios, dadas las excesivas facultades discrecionales del Ejecutivo Federal y los funcionarios hacendarios, quienes desconocen la indispensable seguridad jurídica que requiere cualquier sistema legal. Una de las quejas más recurrentes se refiere a las modificaciones que cada año se realizan a los ordenamientos fiscales y el colmo es cuando en el mismo ejercicio se cambian las reglas del juego. Como conclusión, México tiene un sistema tributario que desalienta a la inversión productiva por su extrema complejidad, discrecionalidad y falta de una verdadera preocupación por los intereses de la población en general.

La caída y luego el estancamiento de los recursos fiscales ha sido el reflejo del bajo crecimiento económico del país; pero también de la indiscriminada apertura comercial que se acompañó de indebidos privilegios y exenciones fiscales a maquiladoras y empresas altamente exportadoras, sector financiero y grandes corporaciones, injustos convenios para evitar la doble tributación y al crecimiento de la evasión fiscal y la economía informal. Aunado a una pésima actuación del Servicio de Administración Tributaria, los ingresos tributarios no crecen y son extremadamente injustos e inequitativos.

Los ingresos públicos reflejan un estado tan crítico, que ponen en grave riesgo el cumplimiento de las funciones básicas del Estado mexicano y obligan a una impostergable reestructuración integral del sistema hacendario mexicano, pues la cadena de compromisos ya nos ha alcanzado, siendo el caso de la enorme deuda pública, las pensiones y el Fobaproa-IPAB, por sólo mencionar tres explosivos pasivos.

Cuando la SHCP y el presidente de la República sostienen que la estructura y evolución de los ingresos presupuestarios muestran límites para su crecimiento y que México cuenta con una de las cargas fiscales más bajas de los países de occidente, dicen una verdad, sólo que ello es responsabilidad del gobierno, del PRI y del PAN. El PRD reiteradamente ha pugnado en los más diversos foros por el diseño de una reforma fiscal integral progresiva, pero se ha desestimado esta idea.

Asimismo, cuando aseguran que México registra una de las menores cargas de ISR empresarial a nivel mundial, sólo reconocen un hecho real. No obstante, el ejecutivo federal se ha negado a adecuar la estructura impositiva en el sentido de que las grandes empresas corporativas y quienes perciben elevados ingresos paguen mayores contribuciones.

La revisión de los indicadores de las finanzas públicas mexicanas revela la crisis fiscal del país que el actual gobierno no ha sabido o querido enfrentar. Esto es, que la estructura presupuestal del país es inflexible, insuficiente, mal estructurada y no responde a las apremiantes necesidades de crecimiento que demanda el país en el presente.

El modelo neoliberal en México

De estos resultados o de su agudización son responsables los gobiernos sucesivos, que desde 1982 aplican las viejas fórmulas de la ortodoxia de las teorías cuantitativas del dinero y la velocidad de circulación, para determinar el nivel de los precios y entronizar de esta manera al mercado como rector de toda la actividad humana; ello, como solución para la atención de los problemas presentes y futuros y como la única vía para la resolución de los rezagos sociales.

En ese empeño las autoridades federales han recomendado que para mantener la estabilidad de las economías del mundo subdesarrollado deben controlarse los indicadores macroeconómicos; dictando a los bancos centrales mantener esterilizada la oferta monetaria, aplicando el aumento de los "cortos" para que no se dispare la inflación; reduciendo y eliminando los déficit para mantener el equilibrio presupuestario y evitar el aumento en las tasas de interés como consecuencia de una presión por el Estado en el mercado de dinero; eliminando al Estado como agente económico, con la venta del patrimonio de los países y lanzando una embestida para privatizar las áreas estratégicas de las economías; la eliminación de las regulaciones de mercado; la disminución —con amenaza de desaparecerla— en la tasa del impuesto sobre la renta en una distorsionada visión sobre la creación de la riqueza, y la aplicación indiscriminada del impuesto indirecto al valor agregado a todo el consumo y a toda la población, todo ello en un paquete de liberalismo económico del dejar hacer, dejar pasar decimonónico.

Todas esas recomendaciones fueron aceptadas por las administraciones federales priistas, y hoy la panista, en un largo período de veintitres años que se arrastra hasta nuestros días. El modelo neoliberal de desarrollo inducido desde el exterior encontró en nuestra patria a los más fervientes defensores; nuestras burocracias hacendaria y bancaria perfeccionaron sus instrumentos y formularon estrictas y rígidas medidas de política económica en un afán doctrinario por conquistar la confianza de los agentes económicos del exterior.

De esta forma, el actual titular del Ejecutivo Federal, continúa a toda costa la política del equilibrio presupuestal y, al mismo tiempo, evita que el Poder Legislativo introduzca adecuaciones a los proyectos de presupuesto que anualmente le presenta. En esta lógica ha hecho afirmaciones insostenibles, dadas las condiciones de recesión que vive nuestra economía. Mantiene la tesis de que reduciendo el déficit volverá la prosperidad al país, a pesar de que llevamos casi un cuarto de siglo con esa política sin que se observe ninguna recuperación sostenida e integral de la economía.

El gobierno federal ha sostenido, por decenios ya, que una política fiscal expansiva tiene diversos efectos adversos sobre la economía —aumento de las tasas de interés e inflación— y que aún cuando puede combatir el paro y fomentar la inversión, propicia a largo plazo un estancamiento de la actividad productiva.

La anterior argumentación es falsa porque cada uno de los aparentes efectos negativos parten de un supuesto implícito básico: que la economía está funcionando en el límite de su capacidad productiva, que se encuentra en pleno empleo de sus factores productivos o muy cerca de él.

Esta afirmación, de la corriente neoliberal, sería válida si el supuesto subyacente se cumpliera, pero no es el caso. Existen sectores importantes de la economía mexicana, como el de la construcción que está operando muy por debajo de su capacidad instalada, que están muy lejos del pleno empleo. Desde luego, puede haber sectores con más altos niveles de ocupación; sin embargo, el gobierno no ha señalado cuáles son y, en todo caso, serían sectores que podrían ser estimulados para que incrementaran su inversión con el propósito de ampliar su capacidad de producción. Todo lo cual hace que el gasto público, moderada y pertinentemente expansivo, no tenga los efectos negativos que erróneamente señala el gobierno en su discurso y en cualquier foro.

En consecuencia, dadas las condiciones actuales de la economía, un mayor gasto público no incrementaría la inflación debido a que, en primer lugar, induciría el funcionamiento de la capacidad ociosa de la planta productiva nacional alentando a la producción y, sólo después de haber alcanzado el pleno empleo, comenzarían a elevarse los precios.

Un mayor gasto público tampoco aumentaría las tasas de interés ni desplazaría a la inversión privada. Con estas afirmaciones, el ejecutivo supone, tácitamente, que un mayor gasto público: a) sólo se financia con endeudamiento financiero, lo cual no es cierto pues habría de considerarse la vía tributaria —sobre todo en su eficacia recaudatoria—, y si se considera esta opción de financiamiento, no necesariamente presionaría al alza las tasas de interés; y b) está determinado por las mismas razones que la inversión privada, esto es asimismo falso. Las motivaciones del sector privado para invertir son distintas a las del sector público, para cada uno de ellos el nivel de la tasa de interés es sólo uno de los criterios para decidir sobre la toma de créditos y para realizar inversiones. No hay competencia entre la inversión pública y la inversión privada por los recursos crediticios, ya que tienen motivaciones de inversión distintas. Tan es así que en la actualidad, cuando el gasto público se mantiene restringido, el sistema bancario prácticamente ha dejado de otorgar créditos al sector privado; éste no solicita créditos bancarios por el alto nivel de las tasas de interés, aunque el gasto público está casi en equilibrio.

Sobre el aspecto del crédito, resulta reveladora la encuesta de febrero de 2004 del Banco de México sobre el financiamiento que otorgó la banca comercial en el último trimestre de 2003 al sector privado productivo, donde se observa que de cada peso de crédito la banca puso apenas 20.3 centavos, con lo que estamos muy lejos de poder reactivar la maltrecha economía nacional.

De la misma manera, tampoco es cierto que hoy un incremento moderado en el gasto público necesariamente aprecie el tipo de cambio real o deteriore la cuenta corriente, ambos sucesos ocurrirían después de que fuera alcanzado el nivel de pleno empleo del aparato productivo nacional.

La idea de que el gasto produce mayor endeudamiento, supone que el gobierno no puede allegarse recursos por otra vía más que por la deuda financiera, esto es falso, tal como lo hemos señalado anteriormente. Pero, en caso de que así fuera, la aseveración de que el servicio de esa deuda eventualmente limitaría el crecimiento e implicaría sacrificar parte de las erogaciones con alto contenido social, en todo caso es válida para toda la deuda, incluida aquélla en que ha incurrido el gobierno para salvar a los bancos y los rescates carreteros, entre otras.

La insistencia en que no puede incrementarse el gasto público no es sostenible. Sí puede incrementarse, pero se ha decidido, por motivos políticos, no hacerlo. Sus argumentos son falsos. Es una decisión política, no un impedimento técnico.

Otra falacia es que la estructura del presupuesto es poco flexible. Las autoridades hacendarias señalan, como elementos inflexibles, por el lado de los ingresos, a la estructura tributaria, así como a la política de precios y tarifas; y, por el lado de los gastos, al continuo incremento en el gasto comprometido, el costo de la reforma al sistema de seguridad social, la descentralización del gasto programable, el costo financiero sobre el saldo de la deuda pública y el costo de los programas de alivio a deudores y de saneamiento financiero.

La inflexibilidad presupuestal no depende del tiempo sino de las decisiones políticas por las que se opte. El problema no es la falta de tiempo, sino que se ha optado por favorecer a unos cuantos predilectos en perjuicio de la mayoría de la población; esto último, es lo que "impide al gobierno" proponer modificaciones a los proyectos de presupuesto que anualmente presenta a la Cámara de Diputados.

Asimismo, los "problemas de inflexibilidad a corto plazo" han sido absolutamente previsibles. En su momento, se señaló que no era conveniente la reforma al Seguro Social impuesta por el gobierno, precisamente, por lo que representaría presupuestalmente más adelante. Hoy, pagamos el costo de dicha reforma.

De igual forma, sostuvimos el costo financiero de la deuda pública y el costo de los programas de saneamiento financiero: exagerados, injustos, injustificables, impagables y que causan fuertes presiones en las finanzas públicas, representando ya, en el corto plazo, serios problemas políticos con el agravante de que hoy la banca "mexicana" se encuentra en el regazo del capital extranjero.

Después de este breve análisis del sustento teórico-ideológico del modelo aplicado en México desde hace más de 20 años comprendemos el desastre económico y social en un país privilegiado que, literalmente, tiene todos los recursos y potencial para un crecimiento alto y estable, y para un progreso consistente de sus habitantes.

La ideología neoliberal, impuesta a la nación desde 1982, bajo un discurso de "modernización" que a muchos convenció ante los excesos, abusos y degradación de un sistema político-económico que mucho benefició al país durante decenios pero que fue incapaz de renovarse, autodepurarse y avanzar con el país, fue la respuesta.

Este giro, sin embargo, fue para peor y hoy la nación se encuentra sin estrategia económica ni política coherente, estructuralmente desorganizada y atenida a los intereses y a la voluntad de "los mercados" —los oráculos de la especulación corporativa que manipulan al mundo— e inmersa en un modelo de libre mercado que, en sus excesos ha llegado a ser incompatible e incluso antitético con el desarrollo.

Por ello, el reto es rescatar a la nación de este despeñadero, restituirle un sistema económico coherente y darle una nueva organización para el crecimiento estable, dinámico y equilibrado, capaz de sustentar un desarrollo social consistente y acelerado que cohesione al país y cierre las enormes y crecientes brechas de desigualdad que, actualmente, sólo presagian un desgarramiento nacional de proporciones impredecibles; un sistema que impulse decisiva y definitivamente la integración de todos los habitantes a la economía, el empleo, el consumo, la seguridad social y el bienestar, que son las verdaderas fronteras entre el desarrollo y el atraso.

Ciertamente, el sistema corporativo global, sustentado política y militarmente hasta ahora por los gobiernos de las naciones más poderosas, ha reducido incuestionablemente los márgenes de acción a la periferia subordinada; sin embargo, el fracaso económico y social de su modelo en las naciones atrasadas ha sido tan evidente que hoy no sólo hay una oposición social en ascenso, sino que, inclusive, organismos como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, activo copatrocinador del desastre, van aceptando el fracaso del modelo y reconociendo la necesidad de ajustes y cambios para permitir el desarrollo.

De hecho, varios países en desarrollo como China, India, Brasil, Venezuela o Argentina, por citar algunos casos particularmente relevantes para México, desde sus propias historias, condiciones y circunstancias son ejemplos de estrategias exitosas ya probadas o en experimentación en la construcción de otras vías para hacer compatible el desarrollo con la globalización.

El entorno internacional va siendo crecientemente propicio para un cambio económico. No se trata, porque sería absurdo, de declararle la guerra al sistema global ni de confrontarnos con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, pero sí se trata de establecer con ellos relaciones bajo nuevos términos de equidad, de equilibrio, de reciprocidad, de beneficio mutuo y, sobre todo, de límites al liberalismo depredador y excesivo; podemos aceptar ciertos principios del libre mercado, pero sólo cuando favorezcan el desarrollo económico y social y no cuando lo inhiban u obstaculicen.

La seguridad global es objetivo de todos y la convivencia un anhelo universal, pero la convivencia para el progreso y la seguridad global pasan necesariamente por la viabilidad para el desarrollo de los pueblos atrasados y por caminos de libertad, respeto, justicia y equidad que debemos recuperar inteligentemente con la ciudadanía universal de la ola depredadora con que las corporaciones erosionan, exaccionan y amenazan al mundo, incluso con una dictadura global sin precedente.

Una propuesta alternativa de política económica

Un gobierno sensible que haga frente a la crisis del modelo económico actual deberá promover una nueva economía basada en el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso. Esto significa transitar de una economía dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía productiva; establecer un nuevo equilibrio entre el sector de exportación y el mercado doméstico; propiciar nuevas relaciones con el exterior; introducir la planeación democrática del desarrollo; definir nuevos vínculos entre el campo y la ciudad; rescatar el ingreso popular; reestablecer los mecanismos de financiamiento productivo; y redefinir el papel del Estado y el que deba corresponder al mercado.

Para instrumentar esta estrategia se requiere que el poder público asuma un papel importante de rectoría, regulación y promoción del desarrollo, que deberá plasmarse en medidas legislativas que deberán impulsarse en el Congreso.

Un caso fundamental lo representa el Banco de México, que en la actualidad tiene por objetivo desarrollar una política monetaria y de crédito que defiende los intereses de aquéllos que están formando ganancias en el ámbito financiero. No obstante, tienen que replantearse las tareas y objetivos del banco central mexicano de manera tal que generen expectativas amplias al funcionamiento de la economía. La primer tarea que debe cumplir es enviar señales para ampliar la capacidad de producción, tal como lo hace el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos los bancos centrales europeos y cualquier banco central de verdad. En consecuencia, es fundamental recuperar la idea de banca de desarrollo, de primer piso, que otorgue créditos con objeto de apoyar el crecimiento productivo. Esto abarataría el crédito y nos liberaría de la dependencia del capital extranjero. De lo contrario, seguirá sin haber conversión del ahorro en inversión productiva. No bastaría con los incrementos en el ahorro para lograr aumentar las tasas de formación de capital que nuestro país requiere en esta etapa de su historia.

Únicamente, articulando las políticas de crecimiento con las de regulación del sector externo y financiero podrán evitarse los ciclos de inestabilidad y el desequilibrio macroeconómico, así como sentar las bases de una nueva economía que sustituya el modelo actual de crecimiento insuficiente e inestable, generador de pobreza y desigualdad. La nueva economía regionalizará los programas de desarrollo para superar los desequilibrios existentes y promover el desarrollo de acuerdo con las condiciones particulares de cada zona geográfica del país.

Una nueva política económica debe ser parte fundamental de la discusión sobre la reforma democrática del Estado. La reforma fiscal integral es parte esencial para el apoyo a la infraestructura productiva. Un manejo adecuado de la política económica debe permitir el crecimiento sostenido del PIB y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza, para fortalecer el federalismo y la democracia, instrumentar una adecuada fiscalización de los recursos públicos, avanzar hasta las últimas consecuencias en el combate a la corrupción y eliminar el uso discrecional de los recursos públicos. En consecuencia, la política económica y la política fiscal no deben limitarse a la simple recaudación de impuestos; deben ser ante todo promotoras del desarrollo económico y social.

La caída de los ingresos públicos quedó de manifiesto a raíz de la agudización de la crisis económica de 1995 y el desplome de los precios internacionales del petróleo en 1998. El bajo nivel de ingresos públicos proyectados para 2004 —apenas un 11 por ciento del PIB como ingresos directamente derivados de la recaudación fiscal y, en términos globales sólo el 23.1 por ciento del PIB— pone en grave riesgo el cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado nacional y obliga, como tarea impostergable, a una reestructuración del conjunto de la política de ingreso-gasto, coordinación fiscal, deuda pública y supervisión del gasto público.

Los gobiernos neoliberales de los últimos años hicieron una reducción muy severa de la participación del Estado en el producto nacional. Sin embargo, todavía en esta mitad de sexenio, de realizarse una reforma fiscal integral, podríamos elevar de 11 a 14 por ciento del PIB el ingreso directo proveniente de la recaudación de impuestos e ir disminuyendo gradualmente el peso tan amplio que tienen en las finanzas nacionales las transferencias fiscales de Pemex. La tercera parte de los recursos federales provienen de esta paraestatal; por ello se deben crear mecanismos para situar como meta de desarrollo a mediano plazo el incremento del ingreso y del gasto público a través de vías sanas, estables, equitativas y justas a fin de que en un decenio la participación del gasto público en el PIB alcance el 35 por ciento.

Muchas naciones de Europa y la mayoría de los países de la OCDE tienen este rango de participación de ingreso y gasto público; lograrlo, exige el combate a la evasión fiscal, ampliar la base de contribuyentes, el incremento de la eficiencia recaudatoria, el combate a la corrupción y la aplicación de medidas de sobriedad republicana que estimamos indispensables. Resulta inaceptable que el sector más dinámico de la economía mexicana, impulsado durante más de 20 años por los gobiernos neoliberales, integrado por las industrias y corporaciones altamente exportadoras, prácticamente no esté contribuyendo a las finanzas públicas de México. No podemos continuar con un régimen impositivo donde empresas con una plataforma exportadora de más de 170 mil millones de dólares (más de un millón de millones 700 mil millones de pesos) tengan una mínima aportación fiscal.

La reforma fiscal integral y el ejercicio del gasto deberán enfocarse hacia los siguientes objetivos: apoyar el desarrollo de la infraestructura productiva; redistribuir la riqueza nacional como el eje estratégico de la lucha contra la pobreza; fortalecer el federalismo y la democracia; eliminar el uso discrecional de los recursos públicos y perfeccionar su fiscalización, y el combate a la corrupción. Por ello, nuestra postura es que la política fiscal no debe limitarse a la recaudación de impuestos; debe ser ante todo promotora del desarrollo económico y social.

Resolver la crisis de las finanzas públicas es parte de la reforma del Estado. Un Estado democrático supone rendición de cuentas y por lo tanto una fiscalización oportuna y transparente del ingreso, gasto y deuda pública. También, supone la búsqueda de consensos entre los distintos actores sociales y esferas de gobierno en la búsqueda de un pacto social democrático en el que todos aporten algo, pero donde también los beneficios se repartan equitativamente favoreciendo a la gente que menos tiene.

Una reforma de esta magnitud requiere métodos democráticos para lograr un consenso que la haga viable y la inclusión de organismos sociales y políticos, sindicales, civiles y empresariales y gobiernos municipales y estatales. Asimismo, debe ser una tarea multianual y no sólo coyuntural.

Se requiere estructurar un sistema económico organizado para el crecimiento que, a diferencia de la desorganización económica vigente, permita potenciar armónicamente todos los factores productivos con que cuenta la nación, hoy absurdamente inhibidos por un mercado oligopolizado, por la ausencia de políticas públicas y por el abuso de prácticas restrictivas que impiden a nuestra economía desplegar su potencial natural de crecimiento.

Es necesario establecer un marco de viabilidad para el ahorro, la inversión y el desarrollo de los diversos sectores, ramas y unidades productivas de la economía nacional, es decir, una tendencia prácticamente inversa a la actual que desalienta y está haciendo peligrosamente inviables a la mayoría de las empresas locales, ahoga la agricultura no ligada a corporativos o a la exportación, está desindustrializando al país, desalentando el ahorro, desviando el crédito y frenando la inversión productiva.

Asimismo, es indispensable recuperar el progreso social como objetivo central del desarrollo pues, además de que no hay economía válida sin ética, equidad y justicia distributiva, es evidente que la creciente desigualdad, el desempleo, la degradación de los niveles generales de vida y la cancelación de expectativas para las nuevas generaciones sólo están llevando al país a una ascendente exasperación social, a la inseguridad colectiva y, en un plazo no lejano, a formas de resistencia, insurrección y hasta de una eventual ingobernabilidad que ni siquiera a las élites hoy beneficiarias de la acumulación convienen.

Resulta ineludible reencauzar nuestra participación en la globalidad en términos de equilibrio, reciprocidad y mutuo beneficio, a efecto de que nuestra interrelación externa sea un factor que apoye al desarrollo y no más un sector desequilibrado, deficitario y vulnerable que una y otra vez nos lleva a situaciones de crisis generalizada, a la venta y extranjerización del patrimonio nacional y a costos sociales inaceptables.

Para ello, debe acabarse de consolidar un Estado moderno y democrático con poderes institucionales efectivamente representativos de los intereses ciudadanos; un Estado de derecho pleno que asuma con eficiencia legal, institucional y política la función rectora que la Constitución le asigna; un Estado no intervencionista, pero con la decisión firme para proteger y desarrollar el patrimonio de la nación y para participar cuando sea indispensable en apoyo a la expansión productiva del país.

Es necesario reconocer, en principio, las abismales diferencias que en todos los órdenes caracterizan a nuestro país, y que en lo económico ya tipifican tres Méxicos distintos en coexistencia desigual y crecientemente conflictiva: a) un México globalizado de grandes consorcios transnacionales y nacionales que prosperan y dominan la economía; b) un México de infinidad de empresas y unidades productivas de menor tamaño enfocadas al mercado interior, de productividad media y fuertemente generadoras de empleo, pero actualmente asfixiadas y en franco retroceso ante la competencia de las grandes corporaciones y los bienes y servicios importados y, c) un México profundamente atrasado de unidades de baja productividad y millones de individuos con baja capacitación que constituyen enormes segmentos marginados económica y socialmente, los estratos de la pobreza y la miseria, entre una cuarta parte y la mitad de la población.

La diferencia de la práctica actual que pone a esos tres Méxicos a competir entre sí en una misma arena, con consecuencias obviamente ruinosas para los más débiles, la estrategia que aquí se propone aplicaría tres políticas económicas diferenciadas que dieran un trato distinto a cada segmento: a) para las empresas globales, una política abierta hacia el exterior, aunque con nuevas reglas de equilibrio de divisas en lo externo y antioligopólicas hacia el interior, lo cual le permitiría al país no confrontarse de lleno con el sistema corporativo global e impulsar a las grandes empresas mexicanas a una mayor competitividad internacional, pero poniéndoles límites al interior que impidan la desnacionalización de la planta productiva, la excesiva concentración y la destrucción de las empresas locales menos competitivas; b) para las empresas y productores mexicanos de menor tamaño, una política de prioridad en el mercado interno con énfasis en la generación de empleos formales, lo cual implica crearles una red de apoyos, precios razonables y un cierto grado de protección competitiva frente a productos externos y, c) para el México de los marginados, una política de franco apoyo económico-social, comercial, financiero y técnico para integrarlos al desarrollo.

En consecuencia con lo anterior, se fijarían los principales objetivos para el desarrollo del país: crecimiento económico, desarrollo social e inserción racional en la economía mundial.

México tiene todos los recursos y elementos necesarios para crecer a un ritmo anual de entre 6 y 8 por ciento en forma estable y autosostenida. Sin embargo, se requiere una organización económica que ordene y potencie todos los factores productivos: abundante fuerza de trabajo en todos los niveles, recursos naturales, energía, capital, capacidad administrativa y hasta una menospreciada capacidad científica y tecnológica. Organizar económicamente al país es la razón de la rectoría económica del Estado. La meta, creciendo al 6 por ciento anual, es triplicar la economía en veinte años.

-Para crecer a estas tasas, es prerrequisito indispensable lograr un coeficiente de ahorro e inversión internos de cuando menos 30-35 por ciento del PIB, esto es, aproximadamente dos tercios más que el 19 por ciento actual.

Acumular este ahorro interno es perfectamente factible si conjugamos, actualizada y racionalmente: el ahorro público captado por vía fiscal, el ahorro social captado por los sistemas de ahorro para el retiro y la vivienda y el ahorro voluntario de empresas y particulares en el sistema financiero. Cabe enfatizar que será preciso arraigar el ahorro en el país e inducir su canalización productiva.

-Para disponer de suficiente ahorro público será necesario reconfigurar legal e institucionalmente todo el sistema fiscal vigente que parece estar diseñado, y así opera, para la ineficiencia crónica y para la evasión y elusión de los grandes tributarios privados. La captación actual del 11 por ciento del PIB debemos duplicarla a un 30-35 por ciento —en línea con los parámetros internacionales— para que el Estado cumpla sus funciones, impulse el desarrollo social y sea capaz de invertir productivamente un 10 por ciento del PIB en infraestructura básica fundamentalmente.

-El fortalecimiento de la hacienda pública deberá permitir un equilibrio fiscal que abata la deuda pública, complementado con un equilibrio monetario que apoye la estabilidad de precios.

-El crecimiento económico objetivo tendrá que sustentarse, a su vez, en una expansión del mercado interno por la vía de la creación de empleo, remuneraciones y servicios sociales; expansión que deberá ser regulada para empatar lo más posible el aumento de la demanda con la oferta interna de bienes y servicios de consumo generalizado, equilibrio que deberá conjurar presiones inflacionarias en el sistema.

Si bien el crecimiento económico es requisito ineludible para el desarrollo social, este último sería el objetivo principal de la nueva estrategia que aquí se propone y cuya meta es que México transite, en definitiva, del subdesarrollo a ser una nación económica y socialmente catalogable como avanzada en el plazo de una generación, esto es, en un periodo de 20 a 25 años.

-El elemento clave para el progreso social en la estrategia propuesta es el acceso acelerado de la población a empleos formales y actividades suficientemente remuneradas (por ejemplo en el campo o el trabajo por cuenta propia), que permitan el acceso universal al consumo necesario y a servicios de seguridad social cada vez más eficientes, y haciéndolos, a su vez, autosostenibles.

Esto significa que la creación de empleos productivos sería prácticamente un elemento rector, prioritario de toda la política y del aparato económico. La meta mínima sería crear cuando menos un millón de nuevas plazas anualmente y transformar de informales a formales un mínimo de 500 mil. Esto permitiría a México alcanzar, en el plazo establecido de una generación una situación de pleno empleo, plataforma a partir de la cual, no antes, tiene sentido la adopción de tecnologías ahorradoras de fuerza de trabajo e intensivas en capital.

-Simultáneamente a la creación de empleos, es necesario impulsar una recuperación paulatina del poder adquisitivo de los salarios, empezando por los mínimos con cuando menos un 5 por ciento real anual. La suma de ambos elementos deberá permitir que las remuneraciones al factor trabajo (sueldos y salarios) se eleven del 31 por ciento actual a cuando menos el 50 por ciento del PIB en los primeros veinte años de aplicada esta estrategia.

-Adicionalmente al empleo y las remuneraciones, la política de desarrollo social se complementaría con medidas para impulsar cuantitativa y cualitativamente hasta niveles de país avanzado la educación, la capacitación, los servicios médico-asistenciales, el apoyo a los grupos vulnerables, y otros mecanismos para redistribuir el bienestar, paliar la pobreza e ir cerrando, año con año, con cada generación, la brecha de la desigualdad.

-Otro elemento fundamental será apoyar y alentar la consolidación de un sector empresarial —privado, social y estatal— moderno, eficiente y decente, comprometido además con el desarrollo del país.

Los mexicanos queremos, sin duda, ser activos participantes de la globalización en lo económico, en la cultura y en la política, pero ya no aceptamos hacerlo como perdedores, como los deficitarios crónicos, los incapaces de poner sus cuentas externas en orden, en equilibrio, sin los eternos faltantes de divisas que nos obligan a mendigar préstamos o inversiones al extranjero para financiar los déficit, "apoyos" que siempre, al final, nos son cobrados a precio de oro. Es por ello que el tercer gran objetivo de la estrategia propuesta implica racionalizar de inicio nuestras determinantes relaciones económicas con el exterior con el fin de colocar, a corto plazo, nuestra cuenta corriente en equilibrio o, mejor aún, en superávit y lograr que el capital extranjero venga no por necesidad sino en adición y por mutua conveniencia.

Este equilibrio implicará una regulación de los flujos comerciales y de capital. El liberalismo excesivo no debe aceptarse cuando daña a una nación, cuando inhibe y desarticula su economía, cuando obstruye su industrialización, cuando la hace deudora y vulnerable, cuando, en síntesis, obstaculiza su desarrollo, profundiza su dependencia, impide su autogestión y daña a sus habitantes.

-Para lograr el equilibrio externo, México tendrá que adoptar ciertas medidas regulatorias para que sus importaciones de bienes y servicios sean realmente complementarias a la producción interna, misma que habrá de ser el motor del crecimiento y el empleo.

-De especial importancia para el equilibrio externo y para la viabilidad de las empresas nacionales será también la adopción de un tipo de cambio real competitivo, a efecto de evitar la sobrevaluación actual del peso, impulsar las exportaciones, proteger la planta productiva nacional y dar certidumbre a las nuevas inversiones respecto a los precios y la competencia que enfrentarán del exterior.

-Asimismo, será necesario poner límites a la participación monopolista y oligopolista de las corporaciones que inhiben del mercado las ventajas de la competencia; límites a la participación del capital extranjero por sectores, ramas y tipos de productos y servicios y a la compra foránea de empresas y activos productivos ya existentes.

-Finalmente, para controlar mejor la evasión y la elusión fiscal, el lavado de dinero y para desalentar la fuga de capitales será también conveniente gravar impositivamente la salida no justificada de fondos del país.

Lógicamente, múltiples políticas sectoriales y medidas específicas derivadas habrán de complementar la estrategia en detalle: para la industrialización, el campo, la energía, las finanzas públicas, el crédito, la protección ambiental, los distintos segmentos sociales y muchos otros ámbitos, aunque los aquí incluidos serían los componentes clave que darían cohesión a esta estrategia y sin los cuales difícilmente se cumplirían los objetivos.

Todos los países de la OCDE han desarrollado políticas industriales muy amplias y complejas, aun dentro de marcos comerciales severos, con recursos reales, permitiéndoles generar capacidades de competencia, de crecimiento, de generar núcleos que se inserten a una economía global. Sin política industrial, como ha sido el caso de México, desde la aplicación del modelo neoliberal, no tenemos ninguna perspectiva frente a esas economías.

Cuando México tenga un gobierno comprometido con un modelo económico y social como el aquí descrito, entonces estaremos también dando un primer paso para participar en la urgente reconstrucción del sistema internacional sobre bases de democracia mundial, en la refundación de organismos, alianzas y normas regionales y mundiales que permitan contrapesos y nuevos equilibrios al capital global, reglas justas y un futuro no sombrío para los habitantes de este planeta.

Una propuesta alternativa de reforma hacendaria

La recaudación en México se encuentra por debajo de los niveles que, en promedio, se observan en América Latina y en economías emergentes con niveles de ingreso per cápita similares a los nuestros.

Como ya lo hemos señalado en párrafos anteriores, varias son las causas, y muy importantes, que han llevado al estancamiento de los recursos fiscales en nuestro país. Adicionalmente, la estructura tributaria es injusta e inequitativa y se caracteriza por una pésima administración fiscal.

En consecuencia, el Partido de Revolución Democrática ha señalado reiteradamente y desde hace muchos años ya, la necesidad de realizar una reforma fiscal integral, justa, equitativa y federalista; por ello, coincidimos con el ejecutivo federal en la urgencia de llevar a cabo una reforma fiscal que garantice el cumplimiento de los requerimientos financieros del sector público. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estos requerimientos, incluidos el costo financiero de la deuda, IPAB, Pidiregas, etcétera, ascendían en 2001 a 3.5 por ciento del PIB, es decir, 180 mil millones de pesos, aproximadamente. No obstante, no coincidimos con el tipo de reforma fiscal que presentó el ejecutivo federal.

Las iniciativas de reforma fiscal planteadas por el gobierno federal no han considerado gravar a los principales receptores del ingreso, la población más rica del país, y esto impide resolver el problema de contar con finanzas públicas sanas, debido a que la política monetaria aplicada endosa al erario déficit privados.

La propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo federal sostiene a la política monetaria con un papel preponderante sobre la fiscal. El coeficiente de elasticidad de la recaudación es extraordinariamente sensible al movimiento del ingreso, y esto tiene que ver con un problema técnico. Son dos los determinantes de ese coeficiente de elasticidad: uno es el de los impuestos al consumo, y otro, es el de los impuestos al ingreso; este segundo coeficiente es el más volátil. La respuesta que está dando el gobierno es tratar de anclarse mayormente en el menos volátil, es decir, en el de los impuestos al consumo, en este caso el IVA. Sin embargo, no puede reducir la volatilidad del coeficiente que depende de los impuestos directos.

Una propuesta para subir las tasas de impuestos o aplicarlas en forma general e indiscriminada a todos los sectores sin considerar su capacidad económica y contributiva o recargar la contribución en los sectores de menores recursos, significaría aumentar aún más las deficiencias de nuestro sistema de recaudación.

Una verdadera reforma fiscal debe entenderse como un proceso que tiene como propósito fundamental redimensionar al Estado, con el fin de garantizar el bienestar social y la equidad. Por tanto, la reforma fiscal debe garantizar que las fuentes de ingreso fiscal a futuro descansen en los sectores que van a ser detonadores de crecimiento, en consecuencia generadores de ingreso fiscal. Esos sectores —financiero, maquilador, automotriz, del transporte, entre otros— son los líderes de crecimiento de los últimos 15 años, son los grandes ganadores de la apertura comercial y de la reforma económica neoliberal.

Las condiciones de la distribución del ingreso y de la asignación del gasto de los hogares son apreciadas en los datos que arroja la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 1998. Allí vemos que el 10 por ciento de los hogares con mayores ingresos concentran el 38 por ciento del ingreso total, en tanto, el 10 por ciento de menores ingresos solamente retiene el 1.5 por ciento de ese ingreso. Ese 38 por ciento del ingreso equivale a la proporción de más del 60 por ciento de los hogares del país. Esta disparidad en los ingresos indica que existen grupos sociales con una gran capacidad económica para contribuir con el fisco, pero también están millones de familias, muchas de ellas en la pobreza extrema, que sobreviven con remuneraciones muy bajas que no resistirían un aumento en su carga impositiva1.

Como vimos, los requerimientos financieros del sector público ascendían en 2001 a 3.5 por ciento del PIB. No obstante, las autoridades hacendarias aseguraban que con dicha reforma fiscal se obtendrían ingresos adicionales equivalentes únicamente a 2 por ciento del PIB. Naturalmente, cabe preguntarse por qué propone el gobierno federal una reforma que además de ser regresiva, de no tocar la estructura de distribución del ingreso y el gasto públicos y de no permitir un replanteamiento del papel del Estado en la economía, es insuficiente.

Adicionalmente, resulta conveniente ilustrar la profunda ineficiencia del sistema tributario mexicano: la diferencia que existe entre la capacidad potencial de recaudar impuestos y la real que es únicamente del 37 por ciento. Esto significa que de los 80 mil millones de pesos, 1.5 por ciento del PIB, que el gobierno propone recaudar adicionalmente por la aplicación de una tasa del IVA de 10 por ciento a medicinas y alimentos, en realidad sólo recaudaría 28 mil 446.8 millones de pesos, 0.5 por ciento del PIB. Asimismo, conviene mencionar que si se eliminara el régimen de consolidación fiscal, el erario obtendría 60 mil millones de pesos adicionales2.

A lo anterior, habría que añadir que, de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), si sumamos el monto que se evade por IVA e ISR, tendríamos una cantidad equivalente al 5 por ciento del PIB, es decir, toda la renta petrolera. Esta cifra implicaría que la totalidad del gasto social en México podría ser financiada con estos dos impuestos, quedando un excedente de, aproximadamente, 3 por ciento del PIB para invertirlo en infraestructura. En la actualidad, la recaudación del IVA e ISR cubre tan sólo el 80 por ciento del gasto social y no se canaliza nada a infraestructura3.

El análisis muestra que la reforma fiscal propuesta de manera insistente por el gobierno federal ha buscado tener un impacto recaudatorio, sin cuidar el redistributivo, por lo cual deberá seguirse rechazando y proponerse una reforma alternativa.

Mucho hemos insistido en que la reforma hacendaria constituye uno de los elementos básicos que la reforma del Estado mexicano requiere. Por ello, consideramos que una política económica alternativa, como la que hemos descrito, debe destacar que una reforma fiscal acorde precisa de la revisión integral del régimen fiscal de los sectores altamente concentradores de ingreso como el exportador, bursátil, financiero y el de autotransporte, que se han beneficiado de un sistema de exenciones, privilegios y subsidios multimillonarios.

Otra de las medidas de esta política fiscal parte de la necesidad de terminar con los sistemas de privilegios como el régimen de consolidación fiscal; el diseño y aplicación de un programa específico para frenar la evasión y elusión fiscales, las que según diversas estimaciones las sitúan en una franja que va de 300 a 500 mil millones de pesos. Aquí y no en otra parte encontrará el gobierno federal los recursos necesarios para atender las crecientes e impostergables necesidades de inversión en infraestructura para el desarrollo, en fomento industrial, en desarrollo rural, en el fortalecimiento de las empresas energéticas —Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad— y en desarrollo social, entre otros de los rubros que no han sido atendidos o lo han sido insuficientemente.

Uno de los temas que han sido de preocupación permanente y razón de ser de la izquierda mexicana, del Partido de la Revolución Democrática, es el referido al desarrollo social y en donde pensamos que una nueva política económica debe impulsar un conjunto de políticas públicas para fortalecer y transformar, entre otras, las instituciones sociales, con la finalidad de crear las condiciones del desarrollo de los sectores mayoritarios de la población; en donde una nueva política social sea el instrumento idóneo para la generación de empleos, para el fortalecimiento del ingreso per cápita, la redistribución del ingreso evitando su polarización, para una amplia inversión en todos los niveles de la educación pública, comprendiendo desde luego la ciencia y la tecnología. Todo ello, para lograr realmente la reducción de la desigualdad, la superación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por ello conviene traer la siguiente cita: "La pluralidad política y la mayor representatividad del Congreso mexicano debiera servir para legitimar el pago de impuestos no para legitimar su disminución. Los impuestos deben ser vistos no como una extracción de recursos a cambio de nada, sino como el pago por los servicios y transferencias que ofrece el gobierno. No hay vida civilizada posible sin un Estado que cobre impuestos para poder financiar ciertos servicios que nunca podrán ser adecuadamente provistos por el mercado. No hay economía moderna, empresas competitivas, capacidad de generar riqueza, sin servicios públicos eficientes. No hay democracia estable sin transferencias de recursos públicos a los sectores más desprotegidos. Esto es moralmente imperativo. Una sociedad democrática, basada en el principio de igualdad política, no es compatible con los intolerables niveles de pobreza como los que enfrentan muchos mexicanos"4.

Sin embargo, en el actual gobierno federal continúa dominando la visión neoliberal, en la que ya no funciona la fórmula según la cual la carga tributaria debe ser progresiva y el Estado tiene el derecho, sino es que la obligación, de usar la imposición como un instrumento básico de la política social y económica. Hoy en día, este consenso se encuentra amenazado y bajo un duro ataque de la globalización.

Es por esto que insistimos en que una verdadera reforma hacendaria deberá en principio superar la crisis de las finanzas públicas, y después, sentar las bases de la transición hacia un Estado democrático y un desarrollo justo, incluyente y productivo. Pero la discusión, sostenemos, no puede reducirse a más o menos impuesto al valor agregado o, más o menos, productos con tasa cero. Tampoco se trata de sólo un proceso de rebatinga con la finalidad de aumentar el porcentaje de participación a las entidades federativas. Se trata de un debate sobre el rumbo que debe tomar la transición política. De construir una política de desarrollo diseñada y aplicada por un Estado democrático bajo la vigilancia y participación de una sociedad democrática.

Resolver la crisis de las finanzas públicas es parte de la reforma del Estado, donde sin duda alguna encajan las llamadas reformas estructurales, pero no en la idea de arrasar con el patrimonio nacional, para modernizar y privatizar la economía atendiendo las recetas que nos recomiendan los organismos financieros internacionales, sino de emprender una reforma del Estado, precisando ante todo el tipo de país a que aspiramos los mexicanos, basado en nuestra historia y la defensa del interés nacional.

* Coordinador: Jorge A. Calderón Salazar.** Integración de documentos: Amabilia Terrazas Solís.

1 Partido de la Revolución Democrática, "Propuesta Fiscal Integral, Marzo de 2001", en: García Miroslava, Calderón, Jorge, (coordinadores), Reforma fiscal integral justa, equitativa y federalista, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura e Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, México, 2001.

2 Tórrez, Joaquín, "La nueva hacienda pública, ¿de veras será distributiva?", en: Coyuntura, No. 102, marzo-abril de 2001, México, pp. 68 y 69.

3 Tórrez, Ibid, p. 69.

4 Elizondo,Carlos, "Enfoque", suplemento de Reforma, noviembre de 1977.