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UN MÉXICO PARA TODOS,
CONSTRUYAMOS UN PROYECTO ALTERNATIVO
Propuesta para discusión
Fundación para la democracia, alternativa y debate
Fundación Arturo Rosenblueth
El texto Un México para todos, construyamos un
proyecto alternativo, fue elaborado con la participación de
Enrique Calderón Alzati, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
René Coulomb Bosc, Roberto Eibenschutz Hartman, Saúl Escobar
Toledo, Carlos Labore Herrera, Julio Moguel Viveros, Salvador Nava Calvillo,
Telésforo Nava Vázquez, Francisco Pérez Arce, Emilio
Pradilla Cobos, Carlos San Juan Victoria e Iris Santacruz Fabila.
Introducción
El proyecto neoliberal que han impulsado los cuatro últimos gobiernos
federales del PRI y el PAN, no ha cumplido las promesas de llevar a México
al primer mundo, lograr un crecimiento económico sostenido y durable,
garantizar el bienestar para todos los mexicanos y mexicanas y erradicar
la pobreza, entre otras muchas que sus propagandistas nos dijeron. Ha
mostrado, en cambio, que no tiene nada bueno que ofrecer a la sociedad
mexicana.
México se debate hoy en el estancamiento y la creciente subordinación
económica, el atraso y la dependencia tecnológica, el desempleo
y la generalización de la informalidad, la creciente pobreza, la
carencia de infraestructura y servicios públicos esenciales para
el crecimiento y el desarrollo social, la ausencia de Estado de Derecho,
la violación de los derechos humanos y sociales, la violencia asfixiante,
la corrupción y la impunidad, en medio de una crisis de la credibilidad
de los partidos políticos, los órganos legislativos y los
gobiernos.
Cientos de miles de mexicanos tienen que atravesar ilegalmente la frontera
con Estados Unidos y sufrir vejaciones, exclusión, represión
y aún el riesgo de perder la vida, para buscar en el vecino país
los ingresos que no pueden obtener en México para su propia supervivencia
y la de sus familias. Paradójicamente, las remesas de estos emigrantes
se han convertido en la mayor fuente de divisas del país y la condición
de subsistencia de millones de mexicanos pobres.
El gobierno foxista insiste en profundizar el proyecto neoliberal de inserción
subordinada en una globalización inequitativa y polarizada, contraria
a la soberanía nacional y a los intereses del pueblo mexicano.
El contexto internacional de este empeño son las evidencias del
fracaso del modelo, las guerras focalizadas, la exacerbación del
poder mundial unipolar, y la emergencia de nuevos movimientos políticos
y sociales que postulan que un mundo diferente es posible.
Conscientes de estas realidades, proponemos a la discusión entre
las organizaciones políticas y sociales, los intelectuales y los
ciudadanos democráticos y progresistas, este esbozo de proyecto
para la nación, que postula un nuevo rumbo para el México
del futuro, para que el diálogo plural y fraternal construya un
programa político que oriente la lucha de los mexicanos y mexicanas
por satisfacer sus reivindicaciones históricas y construir una
sociedad equitativa, justa, incluyente y sustentable para las generaciones
presentes y futuras.
La visión del México futuro a la que se orienta esta propuesta
supone construir en el mediano y largo plazos una sociedad diferente.
Un país soberano que participe en igualdad de condiciones y con
oportunidades equivalentes en una globalización equitativa e incluyente,
en un orden mundial dotado de instituciones democráticas e igualitarias,
donde impere la resolución pacífica de los conflictos y
la erradicación de la guerra; donde la integración económica,
social y política sean factores de equilibrio y solidaridad en
una Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe.
Un México donde todas las etnias y las culturas que forman parte
de su identidad histórica, sean reconocidas por el Estado y la
sociedad; sean respetadas y protegidas por la ley y la justicia y promovidas
por las instituciones sociales.
Una sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza, donde el Estado socialmente
responsable garantice el respeto y ejercicio pleno de las garantías
individuales y sociales a todos los mexicanos, donde todos los trabajadores
rurales y urbanos sean sujetos activos del derecho laboral, la justicia
social y la solidaridad.
Un patrón de desarrollo económico distinto al neoliberal
que garantice el crecimiento sostenido y sustentable de la economía
productiva, lo mismo la rural que la urbana; que dote a esta economía
de un núcleo endógeno de adaptación e innovación
científica y tecnológica; que ofrezca oportunidades de trabajo
e ingreso suficiente a todos, que integre a lo que hoy llaman informal
y promueva al mercado interno y al sector popular, distribuya equitativamente
los beneficios, y cuente con finanzas públicas sanas y suficientes
para promover el crecimiento económico y sustentar el desarrollo
social.
Una educación integral, democrática, plural y de calidad
para todos los mexicanos, como pilar del desarrollo humano, social y económico,
articulada a una cultura que integre, difunda y proteja las múltiples
formas de la identidad nacional y promueva la apropiación social
de lo mejor de la cultura universal.
Una democracia participativa basada en el estricto respeto al derecho,
dotada de una constitucionalidad renovada, sustentada en un Estado socialmente
responsable, promotor y regulador del desarrollo, donde no tengan cabida
la corrupción ni la impunidad; con procesos electorales transparentes
y un sistema democrático de partidos políticos arraigados
en la sociedad, que le rindan cuentas, y cuyo instrumento de competencia
sea la propuesta de alternativas de solución a los problemas nacionales.
Un federalismo equitativo, sustentado en el municipio libre, que permita
y promueva la reversión de las desigualdades y desequilibrios regionales;
un territorio integrado, ordenado y ambientalmente sustentable con ciudades
incluyentes y habitables para las generaciones de hoy y mañana.
Una comunicación democrática, dispuesta a que fluya información
abierta, veraz y plural, accesible a todos los mexicanos, que difunda
la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos,
promueva la participación ciudadana y sea instrumento de la educación
y el desarrollo humano y social.
México cuenta con las fuerzas sociales necesarias y suficientes
para dar contenido, hacer viable y construir un proyecto alternativo para
la nación como éste. Múltiples y persistentes movimientos
gremiales y sociales, de trabajadores del campo y de la ciudad en diversos
lugares y ámbitos de la vida nacional, de mujeres, indígenas,
colonos pobres o ecologistas, han criticado el actual proyecto; han puesto
en evidencia sus contradicciones e injusticias; han demandado cambios
y propuesto alternativas. Muchos intelectuales, académicos, profesionales
y técnicos han participado en esta crítica propositiva y
son un enorme recurso del conocimiento para el cambio. La juventud, calladamente
o a gritos, exige oportunidades y clama por un México diferente
que le permita construir su futuro hoy.
En los partidos políticos, no obstante estar sumidos en una profunda
crisis interna, de credibilidad y de planteamientos, existen sectores
y corrientes que postulan diferentes caminos para el cambio social y político.
El movimiento altermundista internacional junta, aún en forma inorgánica
y heterogénea, las voces nacionales e internacionales de la protesta
y la propuesta contra el neoliberalismo y su globalización. Paso
a paso, por la vía electoral y la protesta social, surgen gobiernos
nacionales y locales en América Latina que se oponen a los efectos
más nocivos del patrón de desarrollo vigente, proponen caminos
distintos de acción y políticas diversas para el desarrollo
de sus naciones. Estas experiencias emergentes entrañan un enorme
potencial para fortalecer la tendencia al cambio y la capacidad de negociación.
Estas son las fuerzas del cambio cuya acción, democráticamente
concertada, puede transformar a la nación mexicana.
1. País soberano en un mundo en integración
La globalización, como fase actual del proceso secular de mundialización
del capitalismo, ha tomado desde hace más de dos decenios un rumbo
cuyas constantes son profundizar la desigualdad entre países e
incrementar la hegemonía unipolar, anular las fortalezas propias
de la integración internacional y acentuar los conflictos sociales
y políticos entre las naciones y entre los grupos sociales, en
los ámbitos nacionales y en el mundial.
Un puñado de países con él más alto grado
de desarrollo capitalista, el mayor peso político y la potencia
militar, reunidos en el Grupo de los 8 y dominado, no sin desencuentros
y discrepancias, por Estados Unidos de América, definen e imponen
al resto del mundo las políticas económicas, sociales, culturales
y de relación internacional según sus intereses. A nombre
del libre mercado y el flujo sin restricciones de mercancías y
capitales, la democracia parlamentaria y la lucha contra el terrorismo,
se abrogan el derecho a intervenir política o militarmente en cualquier
país del mundo, a imponerle el régimen político que
consideran adecuado y a fijar la orientación de su política
económica. Las expresiones cruciales de esta búsqueda de
hegemonía planetaria las encontramos en las más recientes
guerras preventivas que los Estados Unidos de América y sus aliados
han emprendido contra Afganistán e Irak, y las amenazas que se
ciernen sobre Corea del Norte, Irán, Siria, Libia y Cuba, entre
otros países.
Los instrumentos operativos "multilaterales" de esta hegemonía
planetaria de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos de
América, se focalizan en el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos,
respecto de América Latina, en el orden político; en la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el militar;
en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Mundial de Comercio, y en el creciente control de la economía mundial
ejercido por las empresas trasnacionales crecientemente concentradas,
en el plano económico, y en el dominio que sus empresas mediáticas
e instituciones de difusión detentan cotidianamente sobre la información,
la cultura y el entretenimiento. En todos ellos domina la desigualdad
entre naciones, la falta de democracia y el autoritarismo de los poderosos.
Lejos de integrarse igualitariamente, el mundo se organiza en tres grandes
bloques económicos y políticos: el norteamericano, bajo
la hegemonía de los Estados Unidos de América, quien pretende
ampliarlo a todo el continente mediante el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA); el europeo dominado tripartitamente por
Inglaterra, Francia y Alemania; y el asiático, encabezado por el
Japón. Rusia y China, los dos grandes países del derruido
socialismo real, en su retorno al capitalismo buscan reconstruir sus espacios
de dominio mediante la apertura irrestricta al gran capital, el control
de la fuerza de trabajo mal pagada y en el segundo caso, una agresiva
política comercial. En ese intento, mantienen una política
zigzagueante, en general condescendiente, frente a los Estados Unidos
de América.
La globalización así entendida, limita o destruye paulatinamente
la soberanía económica, política, cultural y territorial
de las naciones, y tiende a eliminar su derecho a la autodeterminación,
negada por el intervensionismo de los Estados Unidos de América
y sus aliados coyunturales, quienes violan las normas del derecho internacional
a nombre del "humanitarismo", la "democracia", el
"libre mercado", la "lucha contra el terrorismo" y
"la salvaguarda de los intereses".
A pesar de su historia, situación e intereses comunes, América
Latina está cada vez más fragmentada y los vínculos
económicos y políticos entre sus países y gobiernos
quedan más debilitados por las imposiciones de los organismos multilaterales,
y el predominio de sus relaciones bilaterales de dependencia con Estados
Unidos de América. El proyecto del Área de Libre Comercio
de las Américas que los últimos presidentes estadounidenses
han impulsado, aparece como un instrumento para institucionalizar y ampliar
el control que la economía hegemónica y las trasnacionales
ejercen sobre los mercados latinoamericanos, y tiende a nulificar los
esfuerzos, aún parciales y limitados, de integración latinoamericana:
mercosur, Grupo Andino, Grupo de los 3, etc. De otra parte, Estados Unidos
de América mantiene el agresivo bloqueo económico y político
contra Cuba.
La extensa frontera común con Estados Unidos de América,
las ataduras que implica un inequitativo y desfavorable Tratado de Libre
Comercio y las profundas desigualdades de desarrollo socioeconómico
respecto del país vecino, aíslan cada vez más a México
del resto de América Latina. Debido a estos factores resiente doblemente
la globalización. Su economía se ha vuelto totalmente dependiente
de la estadounidense y de sus ciclos, y está dominada por las grandes
empresas trasnacionales; y las políticas internacional y nacional
se subordinan crecientemente a las orientaciones del gobierno de Estados
Unidos de América, a costa de la soberanía y la autodeterminación
del país.
Los millones de mexicanos que viven en el país vecino o que cruzan
anualmente la frontera para obtener sus medios de subsistencia, perseguidos,
excluidos, sobreexplotados y periódicamente expulsados, son rehenes
permanentes del chantaje y los condicionamientos del gobierno estadounidense.
En este marco, México no está en condiciones de impulsar
un crecimiento económico sostenido y sustentable con equidad distributiva,
llevar a cabo una transición política autónoma hacia
una democracia participativa, garantizar los derechos humanos a los pueblos
originarios y a los sectores o grupos sociales diferentes, aplicar una
política exterior independiente y mantener vivas sus identidades
culturales. Bajo estas circunstancias pierde soberanía y capacidad
de autodeterminación en lo político, económico, social,
cultural, ambiental y territorial.
La recuperación plena de una soberanía nacional y de una
capacidad de autodeterminación política, económica,
social, ambiental y territorial de la nación, basadas en la compleja
trama de sus identidades propias, en las tradiciones de su lucha social,
en los intereses y aspiraciones de los mexicanos de hoy y de mañana
y sus decisiones democráticas, supone reivindicar una integración
mundial equitativa, distributiva, democrática, tendiente a la igualdad
y respetuosa de las diferencias; una integración mundial que busque
superar las desigualdades nacionales y regionales de grado de desarrollo,
donde no quepan el unilateralismo, la imposición ni el recurso
de la guerra preventiva, y donde impere la paz entre las naciones. Esta
es una condición necesaria de la construcción de un proyecto
de nación diferente al que las fuerzas de la derecha y el neoliberalismo
impulsan actualmente.
Los temas que derivan de estas ideas son múltiples y están
íntimamente relacionados, entre sí y con todos los demás
aspectos de la transformación socio-económica y política
de México. Entre tales aspectos destacan los siguientes:
La promoción internacional de la reforma democrática e igualitaria
de la Organización de las Naciones Unidas, en particular de un
Consejo de Seguridad que elimine el derecho de veto y la presencia de
miembros permanentes, y que revise las premisas bajo las cuales operan
los organismos sectoriales dependientes de ella: UNESCO, PNUMA, OMS, FAO,
UNCTAD, UNRICHS, etcétera, y la Organización de Estados
Americanos.
La demanda de una reestructuración global, que cree condiciones
de igualdad y equidad en el funcionamiento de los organismos económicos
multinacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización
Mundial de Comercio, y regule los flujos mundiales de capital, mercancías
e información.
El rechazo a toda intervención militar unilateral o multilateral
en países soberanos; rechazo sin excluyentes ni justificaciones
fuera de la normatividad de la propia Organización, y respaldado
por el respeto a la autodeterminación; la no participación
de México en acciones militares de este tipo; el fortalecimiento
de la Corte Penal Internacional según el Acuerdo de Roma y la lucha
coordinada pero soberana de cada país contra el terrorismo, el
narcotráfico y el crimen globalizado.
El reclamo en todos los foros internacionales para suprimir el bloqueo
económico como recurso de presión sobre cualquier régimen
político, sea el de Cuba hoy o de otro país en el futuro,
en atención al impacto negativo que este instrumento tiene sobre
los derechos humanos y las condiciones de vida de sus habitantes.
La promoción del proyecto para erigir la Comunidad de Naciones
de América Latina y el Caribe, como instrumento regional de integración
económica y política, mediante la elección por voto
nacional universal y directo de los miembros del Parlamento Latinoamericano,
y en ese marco, el impulso de una nacionalidad latinoamericana común
y del libre tránsito de sus ciudadanos, y, en su caso, de la doble
o múltiple ciudadanía y nacionalidad. Con ese objetivo,
México debe vincularse a la discusión de la iniciativa del
mercosur para formar la Comunidad de Naciones de América del Sur
y promover que incluya a todos los países latinoamericanos y del
caribe.
El abandono del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas
-ALCA-, impulsado por el gobierno estadounidense, nocivo para las economías
y las sociedades latinoamericanas, y el establecimiento de relaciones
equitativas e igualitarias de cooperación económica, tecnológica
y ambiental entre la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas,
como medio colectivo de interlocución, y de diálogo con
los países del norte.
La revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos,
Canadá y la Comunidad Europea en busca de equidad e igualdad de
condiciones; la validación del concepto de nación menos
favorecida -región o sector productivo o social- bajo un criterio
de trato equitativo; la creación de fondos compensatorios de desarrollo
regional, la libre circulación de la fuerza laboral, la igualdad
de derechos laborales, sociales y políticos para los emigrantes,
el respeto a las diferencias culturales, la corresponsabilidad ambiental
y la formación de instancias ciudadanas de evaluación del
desempeño de los tratados y de propuesta de reformas. La aplicación
de los mismos criterios en la negociación de cualquier tratado
comercial con los países con mayor grado de desarrollo y, sobre
todo, con los latino-americanos.
El sometimiento a referendo universal vinculatorio de los proyectos de
tratados internacionales que modifiquen el ejercicio de la soberanía
económica, política, cultural y ambiental de la nación,
o afecten significativamente el desarrollo económico y social de
los mexicanos.
La salvaguarda de los intereses laborales, sociales, económicos,
ambientales y estratégicos nacionales al aplicar el sistema de
patentes y la salvaguarda de la propiedad intelectual en los tratados
de libre comercio, sobre todo en el ámbito de los medicamentos
para la atención de pandemias como el sida.
La defensa irrestricta de los derechos humanos, civiles y sociales de
los mexicanos residentes en el exterior; así como el respeto pleno
de quienes son inmigrantes temporales o permanentes en México.
El apoyo a las iniciativas de creación internacional del Impuesto
Tobin sobre las ganancias obtenidas en las transacciones financieras internacionales,
y del Impuesto Lula sobre las transacciones mundiales de armamento.
Una política exterior independiente, discutida y aprobada por los
órganos legislativos, acorde con la Constitución y las leyes
mexicanas, que respete la soberanía y la autodeterminación
de todas las naciones y defienda las de México, que promueva la
solución de los conflictos entre naciones mediante el diálogo
y la negociación, y que rechace cualquier forma de intervención
internacional, unilateral o multilateral, en particular la guerra.
La promoción de la aprobación de reglas internacionales
de conducta para las empresas trasnacionales, sobre todo en los ámbitos
de la calidad del trabajo según las normas de la oit, del patrimonio,
la creación artística y la producción cultural, la
información y la protección ambiental, dotadas de mecanismos
eficaces de vigilancia y tribunales internacionales que juzguen las trasgresiones,
que se expresen y sustenten en las regulaciones internas de cada país,
y se apliquen estrictamente en México.
2. Nación pluriétnica y pluricultural
El México de hoy es resultante de un complejo proceso histórico
de superposición y combinación de etnias y culturas, manchado
en muchos momentos por la violencia, la opresión y la discriminación
de unas por otras: indígenas originarios, españoles colonizadores,
negros traídos como esclavos, inmigrantes voluntarios o forzados
de Europa, América Latina y Oriente, o empresarios y administradores
de América del Norte y otros países dominantes en tiempos
de la globalización. Cada una de ellas ha hecho su aporte, diferenciado,
más o menos importante, a la construcción de la identidad
y, más en general, la sociedad mexicana. Entre ellas, la población
indígena originaria y sus herederos sobrevivientes, desempeñan
un papel crucial en la formación de nuestra identidad como nación.
Pero la Constitución y las leyes, las políticas estatales
y la ciudadanía no respetan plenamente esta pluralidad; en cambio
imponen a las minorías condiciones de discriminación, opresión,
segregación, exclusión e indefensión, en particular
a las que se ubican en la parte inferior de la escala social -los pobres,
entre quienes sobresalen los indígenas-. Niegan respeto y protección
suficiente a sus lenguas y convierten sus identidades y productos vernáculos
en mercancía turística mal pagada, mientras las degradan
y destruyen.
En los años setentas del siglo xx empezaron a surgir movimientos
que de nueva cuenta reivindicaban su ser indígena, apreciaban sus
lenguas y tradiciones, y al mismo tiempo exigían sus derechos como
mexicanos. Este renacimiento del movimiento indígena se apoyó
en comunidades que resistieron el embate de la modernidad. No todas ellas
resistieron; algunas comunidades y sus lenguas desaparecieron y otras
están a punto de sucumbir. Pero las comunidades más grandes,
y otras que estuvieron sometidas a condiciones peculiares de aislamiento,
sobrevivieron y son capaces de reclamar su derecho a existir como pueblo
y a exigir derechos iguales como mexicanos.
En 1994 algunos de estos pueblos se levantaron en armas, reivindicando
su pertenencia a México, pero exigiendo el reconocimiento de su
diferencia y su derecho a la autonomía. Los Acuerdos de San Andrés,
que el Estado mexicano pactó con ellos y ha incumplido, fueron
el gran aporte de estas comunidades a la plurietnicidad y pluriculturalidad
de la nación mexicana.
Debemos construir una nación pluriétnica y pluricultural
basada en el respeto, defensa y promoción de los derechos de las
distintas etnias, culturas y lenguas que forman la sociedad, elevarlos
a rango constitucional e impulsar su vigencia en las políticas
públicas y ante las instituciones estatales, para aplicarlos en
la vida cotidiana. Hay que garantizar el respeto pleno y el derecho a
la supervivencia de las diferencias étnicas, lingüísticas
y culturales, en particular las que expresan los pueblos indígenas
sobrevivientes.
En primer lugar, el Estado mexicano tiene que honrar estrictamente los
Acuerdos de San Andrés, como derecho inalienable de los pueblos
originarios, otorgándoles la autonomía pactada; para ello
y en este marco, el Congreso Federal debe reformar la ley aprobada que
no los respeta, como primer paso en este proceso.
Hay que erradicar de la sociedad toda práctica discriminatoria
y racista, nugatoria de los derechos iguales de todos los grupos sociales
y de todas las personas; crear instituciones cuya función sea la
defensa de la diferencia étnica y cultural y la promoción
y difusión de lo diferente; y abrir espacios para que los diferentes
se expresen y difundan sus identidades.
3. Sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza
La larga noche neoliberal iniciada en 1983 y aún no concluida,
arroja un saldo muy negativo, en los órdenes económico y
social, para la mayoría de los mexicanos: crecimiento de la pobreza
y la indigencia, mayor desigualdad y exclusión social, e inseguridad
generalizada; en su conjunto, el resultado es un deterioro alarmante del
tejido social, con lo cual se lastima y ofende a la sociedad. Este es
el producto de las políticas que han concentrado la riqueza en
pocas manos, destruido millones de empleos e impuesto salarios muy bajos,
situación que agrava la decisión de los gobiernos neoliberales
de abandonar su responsabilidad estatal de garantizar los derechos sociales
consagrados en la Carta Magna.
Nos urge construir condiciones que satisfagan las necesidades biológicas
y sociales básicas de todos los mexicanos. Para cumplir este imperativo
es preciso edificar un Estado que asuma su responsabilidad social, que
respete y haga que se cumplan los derechos sociales, requisito fundamental
para combatir la enorme desigualdad que impera en la sociedad. Para lograrlo
se requiere que el Estado y la sociedad emprendan corresponsablemente
un conjunto integral de políticas y acciones en diversos campos
de la vida económica y social, empezando por aquellas que transformen,
fortalezcan y consoliden las instituciones sociales cuya misión
es enfrentar esos problemas, y cuya prioridad inicial debe ser reducir
la desigualdad y superar la pobreza, generando bienestar para todos.
Debemos destinar el presupuesto necesario para lograr estos objetivos.
Existen recursos, como lo demuestra la creciente transferencia de sumas
multimillonarias a las cuentas de los banqueros a través del ipab
y a los antiguos concesionarios de autopistas de peaje, o el descomunal
monto destinado al servicio de la deuda externa. Antes que responder a
los compromisos internacionales, debe ponerse en primer lugar el cumplimiento
de los compromisos sociales con los mexicanos. Los recursos que el Estado
necesita, no sólo para esta política, pueden obtenerse a
través de una reforma fiscal equitativa.
Las garantías individuales y los derechos sociales están
protegidos en la Constitución Política, pero no existe un
mecanismo que le permita a la ciudadanía exigir su cumplimiento,
y es preciso crearlo. Para ello, habría que transformar la actual
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un organismo que pudiera
también vigilar y garantizar su cumplimiento.
Derecho al trabajo con salario digno
Una política que combata realmente la desigualdad y la pobreza
debe, por principio, fomentar un crecimiento económico sostenido
que tienda a garantizar a todos los mexicanos empleos o actividades económicas
estables y salarios e ingresos suficientes para satisfacer las necesidades
esenciales y permitir una vida digna.
A partir de diciembre de 1982 y con mayor intensidad en los últimos
años, la política estatal se ha caracterizado por la destrucción
masiva de empleos, aunque formalmente los gobiernos prometen la creación
de muchos nuevos puestos de trabajo. Así no se respeta el derecho
constitucional al trabajo. Para enfrentar esta problemática debemos
diseñar una política de Estado que asegure la creación
de empleos productivos, tanto en el sector privado como en el público.
Luego de 20 años de reducción continua y acumulativa de
los salarios reales, debemos recuperar paulatinamente la participación
de los trabajadores en la riqueza generada mediante incrementos al salario
real por arriba de la inflación y de los aumentos de la productividad
del trabajo. Es una falacia asegurar que la recuperación de los
salarios es una amenaza inflacionaria; en una economía sana, en
expansión, es un factor que dinamiza el mercado interno y estimula
la productividad, además de ser un elemento básico de justicia
social.
Debemos cambiar la orientación de los programas asistenciales de
"combate a la pobreza" para la población en condiciones
de marginación social e indigencia. Tales programas deben ser complemento
temporal de las políticas económicas antes mencionadas,
y elemento compensador de las desventajas económicas y sociales,
mientras los cambios estructurales aseguran transformaciones equitativas
definitivas. La asistencia social debe dejar de ser objeto de manipulación
política y de humillación para quienes la necesitan, y pasar
a ser un derecho de quienes la reciben y, por lo tanto, una obligación
del Estado prestarla con calidad y oportunidad.
Derecho a la educación pública laica y gratuita
La educación pública en México enfrenta como problema
fundamental la incompatibilidad entre los principios constitucionales
originarios y la realidad, donde la política neoliberal la asfixia.
La Constitución la consideraba como derecho social y factor crucial
del desarrollo nacional, y la definía como obligatoria, gratuita,
incluyente, laica y pilar en la construcción de la identidad nacional.
La práctica neoliberal, cuya expresión más clara
es económica, le reduce el presupuesto y le niega financiamiento.
La educación publica en todos los niveles acusa el abandono estatal,
y la oferta educativa es insuficiente para cubrir la demanda. Estos factores
han deteriorado notoriamente la calidad de toda la educación pública.
Las deficiencias en la educación, que comienzan desde la primaria,
explican el rechazo de los estudiantes en las escuelas de educación
media y superior.
La educación superior pública sufre además el desinterés
oficial de formar profesionales, porque el neoliberalismo ha asignado
a México el papel de país maquilador e importador que sólo
necesita técnicos, obreros y capataces para cumplir indicaciones
de los profesionistas que traen consigo las transnacionales.
Es obligación del Estado garantizar a todos los mexicanos el derecho
social a la educación en todos los niveles, y que toda la educación,
incluida la tecnológica, tenga un carácter formativo y humanista
que genere espíritus críticos para coadyuvar al desarrollo
nacional independiente. Para cumplir tales objetivos el Estado debe destinar
recursos suficientes a la educación pública. Asimismo tiene
que reivindicar su carácter laico, pluricultural, democrático
y gratuito en todos los niveles; y enfatizar su carácter universal,
incluyente, científico, crítico, humanista, social.
Derecho a la salud y la seguridad social
El acceso a la salud y a la seguridad social forma parte de los derechos
constitucionales que configuran la plena satisfacción de las necesidades
humanas. Empero, el principal problema de la seguridad social, como vía
para universalizar la protección integral a la sociedad, es que
no se ha extendido a toda la población, lo cual se ha agravado
con la reducción del ritmo de incorporación de derechohabientes
y la caída de los aportes derivada de la continua contracción
del salario real.
Ante la gravedad del rezago social y sus implicaciones de inestabilidad
política, el Estado se ha visto obligado a poner en marcha programas
asistenciales de salud, nutrición, vivienda, y apoyos a la familia,
para la población pobre no asegurada. En los hechos, y apoyándose
en las contrarreformas realizadas, los gobiernos neoliberales están
culminando el abandono del proyecto constitucional normativo de bienestar
social, sustituyéndolo con programas asistenciales.
Por esto nos urge revisar las leyes de seguridad social del imss y del
issste para recuperar su carácter público, solidario, redistributivo
e integral. También debemos revertir la grave tendencia menguante
de los ingresos de ambas instituciones, debida al creciente desempleo
y a la reducción de los salarios. Requerimos de una política
que comprometa al gobierno y a los patrones, de común acuerdo,
a asumir la recapitalización de ambas instituciones.
Para avanzar en esta dinámica debemos impulsar un proyecto de Ley
de Seguridad Social. También nos urge construir un servicio único
de salud; revisar el sistema de pensiones para que éstas recuperen
su capacidad adquisitiva y ampliar el número de beneficiarios.
Con el sistema de las Afores, que ahora se pretende extender a los afiliados
al issste, los trabajadores no tienen asegurada su pensión, pues
los fondos de ellas son muy reducidos, y el uso financiero que se les
está dando los pone en peligro de perderse.
Derecho a la vivienda digna
A pesar de ser un derecho constitucional, millones de mexicanos carecen
de una vivienda digna. Ni el Estado ni la empresa privada han podido satisfacer
la demanda de vivienda; los fondos del Infonavit y del Fovissste han sido
usados inadecuadamente o saqueados por la corrupción. La vivienda
que el sector privado produce es cada vez más inaccesible para
los sectores populares y medios. Los requisitos para obtener crédito
público y privado son excesivos y excluyentes, en consecuencia,
pocas familias obtienen este financiamiento. Las acciones públicas
son cada vez más reducidas, y por ende, insuficientes. Necesitamos
políticas que generen condiciones para que todas las familias vayan
teniendo acceso al suelo y a la vivienda digna.
Derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación ha sido violentado total y arbitrariamente
con las políticas que han reducido los salarios y desmantelado
los programas e instituciones que otorgan bienestar a la población.
Al no existir una alimentación adecuada se coarta el desarrollo
armónico de las potencialidades biológicas y síquicas
del ser humano, se incrementa la incidencia de la enfermedad y la mortalidad,
y se ataca la base fundamental del desarrollo de las fuerzas productivas.
Con más de dos tercios de la población ubicada en algún
rubro de pobreza, es indispensable aplicar un Programa Nacional de Nutrición
que garantice la alimentación de todos los mexicanos, especialmente
de los lactantes, niños, jóvenes, mujeres embarazadas y
adultos mayores. Un programa de esta naturaleza debe estar articulado
con una política de desarrollo rural y suficiencia alimentaria.
Para atacar el problema de la nutrición necesitamos un nuevo marco
institucional, legislativo y presupuestal, vinculado al abasto y a la
alimentación. Asimismo requerimos una política que impulse
la organización de productores y consumidores y permita a las organizaciones
sociales gestionar y regular el abasto y la alimentación en cada
zona del país.
Derecho a la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad
En lo fundamental, las políticas sociales destinadas a las personas
con discapacidad tienen un enfoque asistencialista, no ven a sus beneficiarios
como sujetos de derecho. El Estado mexicano no cuenta con una política
integral de promoción de los derechos y oportunidades para las
personas con necesidades especiales. La atención de las necesidades
de estas personas recae fundamentalmente en las familias, las que en su
mayoría tienen un ingreso más precario cada día,
de tal forma que la presencia de algún miembro con discapacidad
agrava la pobreza y crea fricciones en su seno.
La discapacidad en nuestro medio tiende a agravarse. Además de
carecer de una política efectiva de atención y rehabilitación,
al sistema de salud le falta una política de prevención
que detenga y revierta el incremento de la población con discapacidad.
La inequidad hacia estas personas también acusa la ausencia de
los recursos necesarios para que las políticas públicas
de salud, educación y ordenamiento territorial incorporen la problemática
integral de la discapacidad y aseguren el respeto, cuidado e inclusión
social de estos mexicanos.
Para integrar a la vida económica y social a las personas con discapacidad
es necesario impulsar proyectos económicos que les den empleo;
promover que la legislación laboral establezca como obligación
de las empresas reservar para ellas un porcentaje de los empleos; debemos
fortalecer y democratizar las instituciones públicas de servicios
sociales dirigidos a estos sectores; adecuar la infraestructura urbana
y los servicios públicos a las necesidades y condiciones de vida
de las personas con discapacidad; y construir una nueva ética social
hacia la discapacidad.
Derechos y oportunidades para los adultos mayores
La mayoría de los adultos mayores enfrenta la inseguridad económica
y graves carencias por la falta de políticas públicas adecuadas.
Tal carencia les impide disfrutar de esta etapa de su vida. Dos tercios
de esta población carecen de una pensión, y quienes la reciben
no garantizan con ella una vida digna debido a su reducido monto y a la
falta de defensa ante los procesos inflacionarios. A esto se añade
el deterioro del nivel de vida familiar y los cambios en los patrones
tradicionales de cuidado, atención y respeto a los adultos mayores.
Es necesario fomentar una cultura social en materia de gerontología
en todas las instituciones; introducir, validar y expandir los servicios
de atención geriátrica en el sistema nacional de salud;
el sistema educativo debe otorgar oportunidades de capacitación
a los adultos mayores; la legislación laboral tiene que establecer
nuevas modalidades de jubilación y eliminar las formas de discriminación
laboral por razones de edad. El eje de una política democrática
hacia los adultos mayores debe partir del reconocimiento de que son sujetos
de derecho, y que constituyen una de las más importantes reservas
morales y productivas de la sociedad mexicana.
Como acto de solidaridad social y de dignificación de los adultos
mayores debemos recurrir a las finanzas públicas, especialmente
a través de una reforma fiscal, para operar un programa que tienda
a establecer una pensión universal para ellos, a partir de cierta
edad que en su momento establezcamos. En ese tenor también debiéramos
considerar programas de apoyo similar para niños de la calle, discapacitados
y madres solteras. Pero lo que de inmediato debemos impulsar es que estos
sectores reciban atención preferente en programas institucionales
de vivienda, salud o educación.
4. Otro patrón de desarrollo económico
Al inicio del siglo xx, México era una nación esencialmente
rural; su principal actividad económica se ubicaba en el sector
primario y estaba integrada básicamente por economías regionales
autosustentables y relativamente autónomas.
A partir de la segunda guerra mundial, se impuso al país un nuevo
esquema de desarrollo, supuestamente para modernizarlo y para mejorar
las condiciones de vida de la población, en su mayoría de
campesinos. El proyecto estuvo orientado a instaurar un esquema de industrialización
similar al seguido por las naciones europeas durante los siglos XVIII,
XIX y la primera mitad del siglo xx, que permitiría generar un
gran número de empleos y que de país productor y exportador
de materias primas, convertiría a México en productor de
manufacturas mediante una industria propia.
Algunos de estos objetivos se fueron cubriendo entre 1950 y 1976, con
una secuela de mejoría social insuficiente y un alto crecimiento
de expectativas, pero sus efectos secundarios resultaron desastrosos;
hecho por demás previsible luego de las experiencias europeas de
siglos y decenios anteriores.
El esquema de desarrollo impulsó la concentración de la
población. Así se formaron los grandes conglomerados urbanos
actuales, caracterizados por un crecimiento caótico ante la incapacidad
gubernamental para establecer y vigilar el cumplimiento de normas de desarrollo
urbano, así como para crear los empleos y servicios públicos
que esa población requería. Al mismo tiempo, se produjo
la concentración creciente de la riqueza económica en una
minoría privilegiada, estrechamente vinculada con los intereses
transnacionales. La focalización de la actividad económica
en unos cuantos centros urbanos llevó a la disolución de
la mayor parte de los sistemas económicos regionales autosustentables,
e imposibilitó el surgimiento de otros.
Otra de las consecuencias fue la destrucción irracional de recursos
naturales -principalmente los renovables, como los bosques y selvas-,
para alimentar de materias primas a las industrias mineras y manufactureras,
con la correlativa alteración extrema del medio ambiente, comenzando
por las zonas cercanas a las ciudades, por la contaminación del
agua, el suelo y la atmósfera con desechos biológicos e
industriales.
La descomposición de las formas campesinas de producción
que ocasionó el patrón de crecimiento económico,
condujo a la pérdida de la capacidad para la autosuficiencia alimentaria
y a la creciente importación de alimentos. El relativo equilibrio
económico existente entre las diferentes regiones del país
quedó trastocado y generó diferencias económicas
y sociales crecientes entre ellas.
El resultado general fue un empobrecimiento creciente de la población,
que se ha visto forzada a emigrar a las grandes ciudades o a los Estados
Unidos, sin obedecer ningún esquema racional, o a integrarse a
la economía informal como único recurso posible de supervivencia.
Al terminar el siglo XX, la aplicación sostenida de este esquema
de desarrollo había dado lugar a un país donde más
de 60% de la población estaba ubicada en 150 municipios (7% del
total) que generan más del 80% de la producción no agrícola
y concentran 85% de las inversiones. Al mismo tiempo, la industria generada
es mexicana sólo parcialmente: en 95% de los casos, las grandes
empresas establecidas en México son extranjeras, incluidas las
del sector financiero, con una oferta total de empleo menor al 40%, lo
cual ha tenido como consecuencia que la economía informal ocupe
a más de la mitad de la población económicamente
activa.
La transformación de las formas de producción y el surgimiento
de las llamadas sociedades postindustriales dominadas por el sector terciario,
a lo largo del decenio de los años 80, dio lugar al establecimiento
de un nuevo esquema de dominación económica, el patrón
neoliberal de acumulación a escala global, mediante el cual las
naciones más desarrolladas en combinación con sus empresas,
han logrado imponer su control sobre los mercados financieros y económicos,
generando mayores desequilibrios nacionales, y nuevos fenómenos
de empobrecimiento y concentración de la riqueza a escala mundial,
con la colaboración disciplinada y sumisa de gobiernos como los
que ha padecido el país durante los últimos 20 años,
los cuales se han negado a analizar siquiera otras opciones distintas
a la que nos han impuesto.
En los últimos 20 años, la antigua estructura de desarrollo
industrial, sobre todo en su segmento de micro, pequeña y mediana
empresa, ha sido golpeada seriamente por la apertura comercial incondicional
y la eliminación de las políticas estatales de fomento;
la única innovación ha sido el establecimiento de plantas
maquiladoras y ensambladoras, una de las variantes más primitivas
y desquiciantes, que hoy está también en crisis. Los sectores
de servicios, incluyendo el turismo, el comercio, las comunicaciones,
las finanzas y el ejercicio profesional independiente, han sido deformados
y luego entregados al capital extranjero.
A las viejas deficiencias del esquema de industrialización y concentración
urbana, se han agregado otras igual de destructivas en el largo plazo:
la reducción de la participación gubernamental del 40% al
15% del PIB; el incremento de las exportaciones sin importar que el valor
agregado de origen nacional sea mínimo; la desprotección
total de la producción nacional, sobre todo la agropecuaria; la
reducción significativa de las inversiones públicas en infraestructura
para las comunicaciones, el transporte, la salud y la educación;
y el debilitamiento de la cohesión y la cultura nacional.
El paliativo del problema de desempleo a través de maquiladoras
ha constituido una estrategia de alto riesgo pues con la misma facilidad
con la que los empleos se crean, son destruidos o desaparecidos. La estrategia
no crea ventajas competitivas, elemento central de los proyectos de desarrollo
de las economías avanzadas.
De esta manera, México es cada día menos el país
que necesitamos y anhelamos, y más el que otros quieren que sea:
uno con mano de obra barata para la producción de sus manufacturas,
y un mercado complementario pero importante para sus productos y servicios.
Por lo anterior, proponemos un cambio estructural del patrón de
desarrollo económico, como columna fundamental de un nuevo proyecto
de nación. Los aspectos fundamentales de este nuevo patrón
de desarrollo económico se derivan naturalmente del diagnóstico
anterior.
La recuperación e incorporación de las zonas rurales al
desarrollo nacional, mediante la reconstrucción gradual de las
economías regionales sustentables y equilibradas y mediante la
ejecución de proyectos que consoliden ventajas competitivas a través
de cadenas de valor agregado con alto componente intelectual, pues no
existe un impedimento formal ni social para que las actividades industriales
e intelectuales se realicen en zonas rurales.
La reestructuración e impulso al sector agropecuario, para alcanzar
la soberanía alimentaria mediante programas de crédito,
subsidios e incentivos a la producción agrícola, ganadera
y forestal y el establecimiento de esquemas de distribución de
sus productos, libres de intermediación expoliadora, hasta lograr
el equilibrio e incluso ventajas para nuestros productos alimenticios
en el mercado interno, así como condiciones de competitividad para
los productores nacionales, tanto en los mercados internos como en los
del exterior.
El fortalecimiento del sector terciario de la economía, a través
de la inducción y el estímulo a la formación de cadenas
productivas de bienes y servicios, con alto contenido intelectual, así
como por la identificación y consolidación de ventajas competitivas
en la industria y los servicios dando lugar a más y mejores empleos.
La promoción de la sociedad nacional como motor del desarrollo
a partir de sus capacidades de producción y de sus requerimientos
de consumo interno, mediante la conformación de esquemas locales
de producción asociativa competitiva y el establecimiento de normas
que estimulen la competencia y eliminen las ventajas de las grandes empresas
monopólicas de origen extranjero, y sus prácticas indebidas,
impulsando la creación de empleos adecuados y mejorando la capacidad
de compra de la población.
La restitución de la capacidad de promoción y gestión
del gobierno, para asegurar su papel en la conducción económica
del país, en la planeación real del desarrollo y en el cumplimiento
de sus compromisos sociales de acuerdo con la Constitución, a través
de una reforma fiscal equitativa y de la explotación inteligente
de nuestros recursos energéticos.
El estímulo a los capitales privados nacionales y extranjeros para
realizar inversiones productivas, es decir que incrementen la capacidad
productiva del país, el número y la productividad de los
trabajadores mexicanos, y la competitividad de la economía nacional
en un marco de crecimiento económico sostenido y sustentable, atractivo,
propuesto, regulado y estimulado por el Estado y las instituciones nacionales.
La promoción de la educación superior, la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, como factores fundamentales
del crecimiento económico, y de la creación de empleos adecuados
para quienes concluyen su formación profesional y de posgrado dentro
y fuera del país. Para este fin será preciso promover que
las grandes empresas del sector energético (Pemex, CFE y CLFC)
desarrollen una red de empresas proveedoras de bienes y servicios con
alto contenido tecnológico, de manera que en el corto plazo comiencen
a disminuir significativamente los niveles actuales de dependencia tecnológica.
Adicionalmente será necesario buscar que las dependencias del gobierno
en todos sus niveles, contraten empresas nacionales o con altos valores
de integración nacional para satisfacer sus requerimientos tecnológicos,
como lo hacen las naciones más desarrolladas.
Estos cambios deberemos impulsarlos tomando en cuenta los escenarios globales
que dominan el planeta y muy especialmente los intereses económicos
que confluyen actualmente en el ámbito nacional, con objeto de
eliminar o reducir en lo posible los riesgos de enfrentamiento con ellos,
con objeto de evitar problemas de desestabilización o de retroceso
económico. El éxito dependerá especialmente del apoyo
popular que este proyecto obtenga.
El fomento a la educación y la protección de la cultura
nacional constituyen dos elementos centrales del proyecto, al igual que
la lucha contra la corrupción dominante. Una imagen atractiva del
gobierno, congruente con un programa de restitución de los derechos
sociales establecido por la Constitución, deberá comenzar
por claros signos de impulso a la educación, la cultura y la ética.
5. Economía sustentable con crecimiento sostenido
y equidad distributiva
La estrategia económica neoliberal que el régimen ha aplicado
los últimos 20 años ha privilegiado los equilibrios financieros
en la balanza de pagos y las finanzas públicas, a costa del desarrollo
productivo. Además, el régimen abandonó toda política
de fomento a la producción agropecuaria e industrial. Con la apertura
comercial incondicional ha desprotegido a la producción nacional,
al mercado interno, afectado por la reducción drástica del
salario real, y a la micro, pequeña y mediana empresa orientada
hacia él y carente de condiciones para modernizarse y hacerse competitiva.
Estos efectos han desestructurado las cadenas productivas y las economías
regionales, y han abierto un proceso severo de desindustrialización.
Solo un puñado de grandes empresas monopólicas, sobre todo
trasnacionales, sin encadenamientos con el resto de la estructura productiva,
se ha articulado al mercado externo, considerado como el único
motor del crecimiento.
El dinamismo de la maquila, única política de industrialización
de los gobiernos neoliberales, ha venido debilitándose e incluso
ha empezado a registrar tasas de crecimiento negativas con los consecuentes
efectos sobre el empleo. A partir de 2003, los efectos de las últimas
fases de la liberalización del comercio agropecuario previstas
en el TLCAN, afectan gravemente al sector agropecuario mexicano, sin capacidad
competitiva frente a los desiguales socios comerciales.
De este modo, la capacidad privada y pública para financiar el
desarrollo y mantener el nivel de inversión se ha estrechado. Predominan
tendencias tales como la escasez de crédito y la elevada tasa de
interés, que limitan la inversión privada, así como
la restringida recaudación del gobierno federal. Las altas tasas
afectan sus finanzas y con ello el nivel de inversión pública
y los montos de las participaciones a las entidades del país, por
lo que el impacto del gasto en el desarrollo es exiguo y muy diferenciado
territorialmente.
En este marco, los gobiernos neoliberales han considerado a la inversión
extranjera como la fuente esencial de financiamiento del crecimiento;
pero han orientado la mayor parte de esos recursos hacia la inversión
especulativa de portafolio, y los que dirigieron hacia la actividad económica
directa los destinaron a la compra de activos ya existentes -sobre todo
en la banca, el comercio y los servicios- y no a la generación
de nuevas empresas productivas. La banca, hoy casi totalmente desnacionalizada,
no financia el crecimiento mediante el crédito a la inversión.
Las grandes cadenas comerciales preexistentes están crecientemente
en manos extranjeras.
El ciclo económico de nuestro país está estrechamente
asociado con el comportamiento de la demanda externa, en especial la de
Estados Unidos de América, por la elevada proporción de
comercio con este país, y otros factores asociados a las corrientes
comerciales y al comportamiento de la tasa de crecimiento del país
vecino.
El desempleo creció en toda la economía y las cifras serían
peores si una gran parte de la fuerza de trabajo no se hubiera incorporado
al sector informal, donde no existen las medidas de protección
que otorga el sector formal, o no hubiera emigrado ilegalmente a Estados
Unidos de América y no financiara a sus familias con sus remesas,
convertidas en el segundo rubro de ingreso de divisas.
La política económica fracasó porque no generó
crecimiento y contribuyó a incrementar la desigualdad y la pobreza
y en general, a empeorar los indicadores de bienestar como los de educación
y salud. Indicadores de la cepal demuestran que en los últimos
10 años, la relación entre la proporción del ingreso
del 20% de la población que recibe el más alto y la del
20% que menos ingreso obtiene, ha empeorado, al pasar de 16.9 a 18.5.
Además, expuso a la economía a nuevas causas de volatilidad,
debido a que las corrientes de capital, provenientes en su mayoría
de la privatización de las empresas estatales, no se destinaron
a inversiones de largo plazo.
La apertura de los mercados de capital y las políticas macroeconómicas
pro cíclicas, así como la liberalización del comercio,
fueron las principales causas de las tribulaciones económicas.
Las políticas han perseguido casi un único objetivo: reducir
el papel del Estado.
Por lo antes expuesto, los objetivos que debemos perseguir con una reforma
económica no pueden centrarse solo en el aumento del crecimiento;
deben incluir el desarrollo democrático, equitativo y sostenible,
un desarrollo en que el Estado desempeñe un papel importante. La
política de estabilización debe dar lugar a una expansión
sostenida y generalizada de la economía sobre la base de un proceso
dinámico de formación de capital.
La presencia del Estado en la economía se efectúa a través
de tres vías: la normativa, la presupuestaria y la producción
directa de bienes y servicios. El proyecto neoliberal ha planteado un
falso debate entre la necesidad de adelgazamiento del Estado o más
Estado. A partir del reconocimiento de la necesidad de mantener el control
del Estado sobre infraestructuras, empresas y áreas estratégicas
de la economía como la electricidad y el petróleo, hay que
avanzar en la discusión del tipo de Estado que requerimos para
impulsar otro patrón de desarrollo económico y social.
Una agenda de reforma económica para construir otro patrón
de crecimiento con equidad distributiva, debe abarcar diversos aspectos:
una reforma del Estado; una nueva relación entre el Estado y la
sociedad; la liberación de las fuerzas sociales y la apertura de
espacios para facilitar una mayor intervención ciudadana en los
asuntos públicos. Debe plantearse en los siguientes niveles: el
orden mundial, el plano nacional, que implica medidas de mediano y largo
plazo, y un programa urgente de reactivación económica en
el corto plazo.
Una reforma del orden económico mundial resulta indispensable para
avanzar en una alternativa nacional distinta. Se trata de aprovechar las
ventajas de la globalización, pero adaptándolas a las exigencias
propias de nuestro país: promover la reforma democrática
de las instituciones multilaterales -FMI, Banco Mundial, BID, OMC- y sus
reglas de operación; impulsar una renegociación de los tratados
de libre comercio existentes para buscar una mayor equidad en el sistema
de comercio mundial; oponerse firmemente a la iniciativa norteamericana
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); promover
alternativamente el establecimiento de un Área de Libre Comercio
entre los países de América Latina y el Caribe, en el marco
de la conformación de una Comunidad de Naciones; e impulsar la
definición del marco regulatorio adecuado para el control de los
flujos financieros, en especial del capital especulativo.
En el plano nacional, la recuperación del mercado interno y la
consolidación de las empresas que trabajan en él y para
él son condiciones insustituibles de una inserción más
equitativa en la economía globalizada. Un mercado interno sólido
debe ser la base de la recuperación del crecimiento y la plataforma
del esfuerzo exportador. Requerimos diseñar una política
económica integrada en torno a un proyecto estratégico nacional,
que enfatice resueltamente la producción agropecuaria, pesquera,
forestal e industrial, y la equitativa distribución de sus beneficios.
Sin afectar el control de la inflación, es necesario recuperar
paulatinamente la capacidad de compra real de los salarios, para dinamizar
la demanda interna y crear un círculo virtuoso entre recuperación
del salario, crecimiento de la demanda, impulso a la producción
y el comercio, creación de empleo bien remunerado y estable y aumento
del ingreso de los hogares.
Debemos diseñar la política agropecuaria teniendo en cuenta
el potencial de cada región, articularla con la industrial en cadenas
regionales, tender a la resuperación de la autosuficiencia alimentaria,
e integrar equitativamente a los distintos sectores productivos, en particular
a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
La idea no es destruir lo ya construido ni frenar a los grandes conglomerados
exportadores, sino establecer esquemas más amplios de participación
para incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones
competitivas. Debemos apoyar preferentemente a micro, pequeñas
y medianas empresas, alentando la constitución de redes de economías
regionales que se vinculen con las ramas y empresas de mayor dinamismo,
mediante esquemas de financiamiento, subcontratación y desarrollo
de proveedores, apoyo tecnológico y capacitación de la mano
de obra. Habrá que identificar productos con alto valor económico
y factibilidad técnica de manufactura local, y alentar la incorporación
de nuevos bienes a la exportación, propiciando encadenamientos
industriales.
La banca, subsidiada abusivamente por la nación a través
del IPAB, debe recuperar su función fundamental de promotora del
crecimiento a través del crédito; y es necesario tanto desarrollar
una nueva banca comercial en manos de mexicanos, como reestructurar e
impulsar de nuevo la desmantelada banca pública de desarrollo como
instrumento fundamental del Estado para promover y orientar el crecimiento
económico. Una fuente adicional de financiamiento a la economía
popular productiva puede obtenerse de la orientación de los excedentes
de las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior, hacia las
empresas asociativas y cooperativas en el marco de las economías
regionales.
Por otra parte, para descargar al conjunto de la población de los
costos que le representa el que se haya hecho pública la deuda
privada del IPAB, habría que considerar la creación de un
impuesto a las ganancias de la banca involucrada con este mecanismo financiero,
que estaría vigente hasta que la deuda que el ipab representa quede
saldada.
La obra pública, programada integralmente en el ámbito nacional,
debería orientarse hacia la integración territorial interna,
la reversión de la desigualdad entre regiones, la generación
de infraestructura para el crecimiento económico -en particular
de la economía popular y sus redes regionales-, la oferta de servicios
públicos de calidad y el ordenamiento territorial con prioridad
a los sectores y áreas populares excluidas y empobrecidas.
Estas propuestas, indispensables para modernizar la economía, generar
empleos y mejorar la distribución de la riqueza, deberemos impulsarlas,
pero sus resultados serán a mediano y largo plazo. Por ello y dada
la situación de la gran mayoría de los mexicanos, proponemos
también un programa urgente de reactivación económica,
con los siguientes instrumentos prioritarios: la inversión pública,
considerando sus efectos multiplicadores en la demanda y en la inversión
total nacional: una inversión que se canalice a través de
un Programa de Obra Pública Necesaria para el crecimiento económico
y el desarrollo social; planes de micro crédito, focalizados hacia
formas asociativas y cooperativas, complementados con programas de educación
y capacitación, que apunten principalmente a la formación
productiva de la mujer; incremento de las partidas destinadas a la educación,
salud y seguridad social para superar el rezago nacional en estas materias,
pues el fomento de la equidad y la lucha contra la pobreza deben empezar
con programas educativos y de salud para los niños; aumento de
las partidas destinadas al desarrollo rural, en particular las orientadas
al otorgamiento de créditos, la infraestructura productiva, el
acceso a la tecnología y a enfrentar los riesgos de la apertura
comercial del sector; y la elevación de los fondos participables
a estados y municipios.
6. Finanzas públicas para la equidad y el desarrollo
En el proceso de reforma económica, el Estado tiene un papel preponderante
que desempeñar: en la conducción del desarrollo; en la producción
y gestión de la infraestructura económica básica;
en la definición e impulso de una nueva política agraria
e industrial que busque fortalecer el mercado interno y reconstruir el
aparato productivo; y en el establecimiento de políticas regulatorias
para el mercado de valores y el sistema bancario.
Requeriremos más gasto para desarrollar nuevas políticas
públicas. Será necesario definir cómo obtendrá
el Estado mayores recursos y, en consecuencia, cómo se aumentará
el gasto público y cuál será la normatividad que
la economía requiera para impulsar un desarrollo con equidad. El
debate debe centrarse en la composición del ingreso y el gasto
público. Hoy, la política y la práctica de programación
del ingreso y del gasto público mantienen la hegemonía y
discrecionalidad del poder ejecutivo. La ciudadanía no tiene ninguna
participación en su elaboración y mucho menos en la vigilancia
de la forma en que se aplica.
La importancia del compromiso social con los servicios de salud, seguridad
social, educación y prevención de la pobreza no debe verse
empañada por el hecho de que los fondos para atender esos graves
rezagos tengan que competir con los que se dedican a otros propósitos.
Sin embargo, habrá que aceptar la moderación presupuestal
y el hecho innegable de que existe un escaso margen de maniobra para las
finanzas públicas. Esto supone y exige el establecimiento de prioridades
de la política pública y en consecuencia, el debate abierto
sobre todas las demandas que compiten entre sí por fondos públicos,
para buscar el consenso.
Deberemos debatir también las condicionantes financieras, identificar
las prioridades sociales y jerarquizarlas con criterios de equidad y eficiencia.
El presupuesto de ingresos y egresos debe ser entendido como instrumento
de crecimiento económico, desarrollo social y redistribución
del ingreso. Deberemos luchar continua y decididamente contra la discrecionalidad
y la corrupción de la alta burocracia en el manejo del erario público.
Durante los últimos años, las finanzas públicas de
México han experimentado un fuerte deterioro estructural. Uno de
los factores de este deterioro ha sido la pequeña base de ingresos
presupuestarios que el país sigue teniendo, parte de la cual es
altamente volátil, porque depende de los ingresos petroleros. Según
datos del Banco de México, el nuestro es uno de los países
con menor carga fiscal del mundo. La recaudación como porcentaje
del producto se ha mantenido muy por debajo de países desarrollados
y de otros países con un nivel de desarrollo similar al de México.
La carga fiscal total, como porcentaje del PIB fue en el año 2000
equivalente a 15.4%, mientras que el promedio entre los países
de la ocde fue de 27.9% y en países como Bolivia, de 16.2%; Chile,
17.9 %; Argentina, 18.1%, y Brasil, 21.2%. Desde hace más de dos
decenios se ha hecho patente la necesidad de fortalecer los ingresos recurrentes.
Los ingresos fiscales han caído por el alto grado de evasión
fiscal, permitido por los vericuetos de la ley o la situación de
ilegalidad, que incluye a las empresas informales; por exenciones legales,
tales como el régimen simplificado; las recesiones, el estancamiento
económico que dura ya dos decenios; y la profunda caída
de los salarios que afecta el monto de lo pagado en el Impuesto sobre
Rentas del Trabajo (ISR).
La posibilidad de compensar la ausencia de ingresos estables con otras
fuentes de recursos se ha venido agotando por diversas razones, entre
otras: se ha reducido el número de empresas públicas susceptibles
de ser desincorporadas; ante la globalización de los mercados,
el precio del petróleo es inferior al promedio del decenio de los
80s; y la sistemática pérdida de ingresos arancelarios que
deriva de los acuerdos de libre comercio.
La estructura de la carga fiscal total como porcentaje del pib en el año
2000 fue de 4.7% de impuestos al ingreso, 3.5% de impuestos al consumo
general, 6.3% de impuestos específicos y el 0.9% de otros impuestos
como el de nómina, predial, derechos estatales y municipales y
aprovechamientos por rendimientos excedentes de pemex. Conviene resaltar
que el promedio OCDE del impuesto sobre la renta para ese año fue
de 13.6%, y el promedio de los impuestos al consumo fue de 6.9%. Esta
baja tributación tiene que ver, fundamentalmente, con la precaria
participación del impuesto sobre la renta, que a su vez se asocia
al menos a dos factores: la estrecha base de contribuyentes directos,
y el conjunto de transacciones económicas que no son gravadas y
que dan origen a prácticas de evasión y elusión fiscales
favorables a quienes concentran el ingreso en México.
La recaudación por ámbito de gobierno para ese año
fue de 14.9% del gobierno federal, 0.4% de los gobiernos estatales y de
sólo .1% de los gobiernos locales. Esto significó que 96.6%
de la recaudación correspondió al gobierno federal, mientras
que el promedio ocde es de 77.4% para ese nivel de gobierno.
La recaudación tributaria no es un fin en sí misma; el objetivo
es dotar al Estado de los recursos para cumplir con sus responsabilidades.
México es uno de los países con menor gasto público
en infraestructura, salud, educación, capacitación y combate
a la pobreza, lo que limita el potencial de crecimiento y fomenta una
desigual distribución del ingreso. El gasto total del gobierno
de México, como porcentaje del PIB fue de 14.6% en comparación
con el promedio ocde de 31.8% y de América Latina del 20.8%.
Estos elementos resaltan el imperativo de efectuar una reforma hacendaria
estructural que eleve la recaudación e incremente el gasto público
en inversión física y humana.
Requerimos un incremento en la recaudación tributaria para estimular
el crecimiento económico y la creación de empleos. Mejorar
la recaudación debe ser un propósito compartido por todos
los ordenes de gobierno. Para ello, las reformas tendrán que orientarse
hacia una mayor descentralización de los recursos públicos,
así como hacia la atribución mayores potestades tributarias
locales. Es preciso asignar con más equidad la recaudación
federal participable y fortalecer la captación tributaria de estados
y municipios. Junto a la mayor participación y mayores responsabilidades
en materia de funciones y ejecución presupuestal, deberemos incluir
disposiciones para reducir ordenadamente el aparato administrativo del
gobierno central, cuidando no debilitar su capacidad para atender las
responsabilidades del gobierno federal.
En este sentido el acuerdo de la convocatoria a la Convención Nacional
Hacendaria puede significar un gran avance en la definición de
las facultades y atribuciones de cada orden de gobierno. Aunque aún
el Congreso debe discutir y resolver lo relativo al federalismo fiscal
y, en general, a la reforma fiscal.
El modelo fiscal vigente recurre cada vez más a impuestos sobre
las rentas recibidas por nómina. A la vez, existe un tratamiento
diferenciado para las rentas del capital frente a las del trabajo. Los
grandes patrimonios disfrutan en la práctica de una inexistencia
de impuestos y de un alto grado de evasión y fraude. El sistema
tributario es ineficaz, incierto e inequitativo.
El proceso de globalización presiona sobre el Estado nacional que
tiene menos autonomía que antes para decidir su política
económica. Adicionalmente, en los intentos de regulación
y de reformas fiscales no podremos olvidar la existencia de alternativas
relacionadas con paraísos fiscales y la liberalización de
los movimientos del capital. Para las rentas más altas existen,
casi siempre, vías de escape más o menos legales: mecanismos
de deducción, tratamientos especiales y evasión legal, aparte
del recurso del fraude. En la práctica resulta muy difícil
gravar al capital.
El Estado debe actuar a favor de una distribución posterior de
la renta y la riqueza mediante la universalización efectiva del
acceso a bienes sociales como educación y servicios de salud. Para
financiar todas las actuaciones públicas necesarias para la consecución
de una sociedad más justa, hace falta una política impositiva
que contribuya a corregir las desigualdades sociales. La reforma fiscal
tiene que incentivar al trabajo como fuente de riqueza.
Tal reforma debe incluir los siguientes principios: hacer equitativa la
relación entre las rentas del trabajo y las del capital; reducir
la tributación del trabajo e incrementar la del patrimonio; incentivar
la inversión productiva y el trabajo profesional y autónomo;
e introducir principios de progresividad impositiva, equidad y suficiencia
financiera del Estado para hacer efectivas las tareas de redistribución.
Proponemos una reforma integral del sistema tributario con los siguientes
elementos: simplificar, dar certidumbre y proporcionalidad; eliminar la
evasión fiscal, y regular la fiscalidad de la actividad empresarial
informal o por cuenta propia; ampliar la base tributaria para obtener
más ingresos públicos; buscar equidad y progresividad, gravando
más a quien más posee y más gana; modificar diferencialmente
las tasas del iva, por ejemplo, aplicando las tasas más altas a
un amplio rubro de bienes suntuarios; gravar las diversas formas de ingreso
derivadas de ganancias de capital, donaciones y herencias; introducir
un impuesto progresivo al patrimonio; gravar las ganancias resultantes
de transacciones financieras; deducir tributariamente una parte de las
plusvalías o rentas obtenidas por la inversión pública
en infraestructuras y servicios -impuesto de valorización-; revisar
el sistema de tarifas de infraestructura y servicios públicos para
que sea progresivo, cobrando más a quien más consume o usa
mercantilmente lo público.
Por el lado de los egresos: introducir programas de desarrollo dotados
de presupuestos multianuales; aplicar la austeridad republicana entendida
como recorte de lo superfluo y ostentoso, buscar la eficiencia y eficacia
del gasto, no como debilitamiento del aparato estatal; y orientar el gasto
hacia las prioridades sociales.
Estas reformas deben aplicarse en los tres ámbitos de gobierno,
según el caso, para reforzar integral y armónicamente el
erario público. Todo esto requiere un nuevo pacto social en torno
al Estado sobre bases que permitan impulsar esta reforma fiscal, repartiendo
la carga tributaria con criterios socialmente aceptables y más
equitativos.
7. Integración de la informalidad y promoción
de la economía popular
En los dos últimos decenios, el continuo estancamiento económico
con su secuela de desempleo, y las políticas neoliberales de apertura
comercial incondicional y de reducción del salario real, produjeron
una contracción violenta del mercado interno; llevaron a la quiebra
a miles de pequeñas y medianas empresas orientadas a éste;
desarticularon las cadenas productivas y de comercialización preexistentes;
polarizaron la actividad económica entre un puñado de grandes
empresas, sobre todo trasnacionales, vinculadas a la economía mundial,
y una masa de pymes que sobreviven difícilmente en los resquicios
de la economía pero que proveen la mayor parte de los empleos,
crecientemente precarios.
La desindustrialización resultante ha conducido a una terciarización
espuria, polarizada entre un pequeño sector financiero, comercial
y de servicios trasnacionalizado y concentrado, que empuja a la ruina
a las PYMES, y un enorme sector informal, atrasado y de baja productividad,
donde sobrevive una porción importante de la fuerza laboral y muchos
pequeños y medianos empresarios.
En este contexto, el de la laxa aplicación del estado de derecho
y la corrupción, ha crecido un sector empresarial ilegal, situado
por fuera del sistema fiscal y/o aduanal, con amplias relaciones internacionales
amafiadas, que se dedica a la piratería de marca, al narcotráfico
y el contrabando, al comercio de mercancías robadas -automóviles
sobre todo- y al tráfico humano, que mantiene a sus asalariados
al margen de la legislación laboral y la seguridad social. Al amparo
de la impunidad, estos empresarios acumulan grandes riquezas fuera de
la ley; no tributan al erario público, tienen estrechos vínculos
con la delincuencia organizada y globalizada, están ligados a la
corrupción de las autoridades y usan normalmente la violencia.
En el otro polo de la sociedad, cerca del 50% de la población ocupada
labora y sobrevive en el sector informal popular -en la actividad agropecuaria
y forestal, la artesanía y la reparación de objetos, el
comercio callejero, los servicios personales, etc.-, al margen del sistema
fiscal, de la legislación laboral cuando trabaja para otros, excluidos
de la seguridad social, con ingresos bajos e inestables y que trabaja
en condiciones inadecuadas o infrahumanas.
El sector laboral informal de subsistencia, sobre todo el comercio callejero,
se relaciona estrechamente con el empresarial ilegal, que lo controla,
se queda con la ganancia y afecta seriamente la habitabilidad y la seguridad
pública en todas las grandes ciudades del país; pero al
mismo tiempo, constituye una forma de subsistencia para la parte de la
población que no puede absorber el contraído sector formal
de la economía.
En este marco se han multiplicado también formas de trabajo precario
en las empresas formales de todas las ramas, aún en las de mayor
talla, caracterizadas por bajos salarios, ausencia de prestaciones sociales,
jornadas de trabajo por fuera de la ley y condiciones laborales inadecuadas.
Por el origen estructural de la informalidad, las políticas coyunturales
de erradicación del sector informal en sus dos vertientes han tenido
resultados muy limitados. Han privilegiado la acción sobre la informalidad
popular, dejando actuar más libremente a los empresarios ilegales.
En general, hacen tabla rasa de las diferencias al interior del sector
y golpean por igual a las formas tradicionales -tianguis, mercados callejeros,
prestadores callejeros de servicios legales-, que a los distribuidores
de mercancía ilegal. Pero el sector sirve de canal de comercialización
de productos de baja calidad, accesibles para la población pauperizada.
Al mismo tiempo, ante el desempleo creciente, la política compensatoria
del gobierno federal y de muchos gobiernos locales, ha tomado el camino
de promover la ampliación del empleo informal mediante los créditos
individuales al auto-empleo o para la creación de changarros, sin
atender otros aspectos del fenómeno, con el resultado contradictorio
de ampliar el sector que se pretende controlar.
La paulatina formalización del sector informal en el mediano plazo
deberá atender a fondo sus causas estructurales, en primer término,
y resolver su carácter sectorial dual y contradictorio.
La lucha contra la evasión fiscal y de las obligaciones establecidas
por la ley -integración de sus trabajadores al imss y al Infonavit-,
que practican las empresas legales pero informales en este aspecto, deberá
ser uno de los ejes de la reforma hacendaria propuesta, creando las mejores
condiciones viables para que todas ellas entren a la legalidad en el término
más breve posible.
En el caso de las empresas informales ilegales, que significan un problema
de seguridad nacional, externa e interna, la política de largo
plazo deberá consistir en combatirlas mediante la aplicación
estricta de la ley, la lucha frontal contra la corrupción y la
impunidad, de arriba hacia abajo. Al mismo tiempo, habrá que cortar
sus vínculos con el sector informal popular, de arriba hacia abajo,
para liberarlo de la carga de explotación, ilegalidad y violencia
que conlleva esa relación.
Para el amplio mundo del trabajo precario e informal, habrá que
promover y apoyar el desarrollo e integración de la economía
popular en el marco de un crecimiento económico sostenido de largo
plazo y de la expansión del mercado interno. Los ejes de esta política
deben ser múltiples y articulados, sustentados en un análisis
riguroso de sus características, particularidades y problemas.
No es posible eliminar el trabajo precario e informal mientras el patrón
de acumulación vigente actúe como una gran fábrica
de desempleados y pobres.
Hay que promover formas asociativas -cooperativas o comunitarias autogestivas
entre ellas- entre los micro y pequeños productores agropecuarios,
forestales, artesanales y manufactureros, comerciales y de servicios,
y orientar hacia ellos, no individualmente, los apoyos y créditos.
Los ámbitos prioritarios para promover la asociación deben
ser: el financiamiento preferencial para la inversión asociativa,
la formación de cadenas de adquisición de insumos y equipo
y de comercialización de productos, la publicidad y la relación
directa con los compradores, la innovación y adaptación
de tecnología blanda y adecuada, la capacitación de la fuerza
laboral y la elevación de la productividad.
Una alternativa puede ser la promoción de comunidades productivas
rurales y urbanas, que combinen el uso habitacional del suelo con el económico,
toda vez que sea compatible y ambientalmente sustentable; que reduzcan
la excesiva dispersión y generen economías de aglomeración;
que potencien la cooperación entre los participantes y aprovechen
las ventajas de localización, las ventajas comparativas, los recursos
naturales y humanos y las tradiciones culturales y de servicio locales.
Mediante regulaciones adecuadas, el Estado y los gobiernos deben proteger
efectivamente a las empresas micro, pequeñas, medianas, cooperativas
y comunitarias autogestivas mediante el control de las prácticas
monopólicas de las grandes cadenas trasnacionales, la reserva de
áreas de trabajo protegidas, los estímulos fiscales y arancelarios,
las compras gubernamentales y la promoción entre los usuarios,
a quienes las autoridades garantizarán la legalidad y la calidad
controlada de los bienes y servicios que estas empresas produzcan o o
comercialicen.
Habrá que regular, ordenar y mejorar la operación, erradicar
las prácticas ilegales, dotar servicios urbanos adecuados, mantener
control sobre el funcionamiento empresarial y la calidad e higiene de
la oferta, para integrar paulatinamente a la economía formal a
ciertas formas tradicionales de economía popular -ventas callejeras
fijas y controladas de flores, periódicos y otros productos, tianguis
o mercados sobre ruedas, ferias locales y regionales, por ejemplo-, o
necesarias a la vida cotidiana de los sectores populares, tales como la
oferta de servicios de mantenimiento en la banqueta, actividades que no
afectan la legalidad o la seguridad, como el comercio callejero lícito,
y que sirven a la subsistencia de quienes las practican y de sus usuarios.
Los mercados sobre ruedas, tianguis, mercados públicos, ferias
locales, mercados abiertos municipales y regionales, que forman parte
de nuestra identidad económica y cultural, que absorben fuerza
laboral y dan salida a los pequeños productores, deben promoverse
y multiplicarse, al tiempo que los ordenemos y mejoremos. Al mismo tiempo,
habremos de impulsar que los consumidores recurran a ellos, como ocurre
hoy en la Europa comunitaria.
La lucha contra la impunidad y la corrupción en el sector informal
popular pasa por la eliminación de los liderazgos corporativos
corruptos, impuestos por la violencia y el clientelismo, coludidos con
las autoridades y las policías, para avanzar hacia formas democráticas
y legales de representación asociativa.
Al tiempo que la actividad del sector popular informal se integra al sistema
fiscal, según su ingreso real, sus integrantes deberán tener
acceso a beneficios sociales como los servicios de salud y seguridad social,
los programas institucionales de vivienda, el cuidado y educación
de los niños dependientes, y otras prestaciones sociales con que
cuentan los demás trabajadores asalariados. Así promoveremos
y premiaremos la formalización.
8. Desarrollo rural equilibrado, justo y sustentable
El campo no aguanta más; tal fue el grito y la consigna que distinguió
al movimiento campesino mexicano en el 2003, en la apertura de un nuevo
ciclo de movilizaciones a escala nacional contra las políticas
de corte neoliberal. Los planteamientos y exigencias adelantados por este
movimiento concentran, en lo fundamental, los afanes transformadores de
las mayorías rurales del país.
Las seis líneas programáticas enarboladas por el movimiento
El campo no aguanta más son: 1) moratoria al apartado agropecuario
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 2)
programas emergentes para el campo en 2003, y de largo plazo hasta el
2020; 3) una verdadera reforma financiera rural; 4) asignación
de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% con respecto
al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003;
5) inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos;
y 6) reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios.
Más allá de estas exigencias centrales, consensuadas por
el conjunto de las organizaciones campesinas realmente existentes en el
país, en el decurso del movimiento se agregaron otras demandas
importantes, entre las que destaca la revisión de las reformas
agrarias salinistas de principios del decenio de los noventa, la conocida
contrarreforma agraria neoliberal expresada en la modificación
del artículo 27 de la Constitución.
El alcance de estas exigencias señala un horizonte de transformaciones
que, de llevarse a cabo, modificarían toda la lógica sobre
la que en los últimos decenios se ha ido construyendo el edificio
de la "modernidad neoliberal".
Y es que, a los multiplicados agravios históricos, se sumaron definiciones
y acciones de política gubernamental que llevaron a la población
rural al agotamiento de sus capacidades productivas y a la destrucción
de una parte importante de sus tejidos sociales.
La contrarreforma agraria neoliberal, expresada en la modificación
del artículo 27 constitucional y en la aprobación de una
nueva ley agraria a principios del decenio de los noventa, tuvo como idea
rectora la definición del carácter protagónico del
propietario o de la empresa privada, la desaparición del ejido,
la minimización y/o desaparición del papel regulador del
Estado y la exaltación de los mercados y de sus leyes como única
racionalidad productiva y como nueva ética social.
El fin del reparto agrario coronó la contrarreforma neoliberal,
a pesar de que se aceptaba la existencia de un rezago significativo y
de propiedades privadas cuya magnitud rebasaba los límites legales.
El modelo neoliberal de reformas completó sus nuevas líneas
de recomposición de la estructura de la propiedad rural, abriendo
la posibilidad legal de que ejidos y tierras comunales se privatizaran
y de que las sociedades mercantiles por acciones pudieran apropiarse de
terrenos rústicos. La venta de tierras de propiedad social se ha
incrementado, sobre todo en áreas de riego con un alto potencial
productivo, así como en las áreas turísticas y en
los espacios rurales conurbados.
Esta línea de acciones no se basó en una disminución
del intervencionismo estatal, sino en el despliegue de nuevos mecanismos
de intervención dirigidos a desmontar las formas organizativas
ejidales, comunitarias y cooperativas, y a favorecer la participación
de un capital privado que muchas veces tiene más inclinación
a la depredación y al pillaje de las áreas y sujetos productivos
que al desarrollo y la reconstrucción sustentable del entorno.
Los males que tales reformas pretendían enfrentar se han profundizado,
entre ellos el minifundismo, que no es causa sino efecto de las políticas
públicas hacia el sector rural de los últimos sexenios.
Otros problemas se han multiplicado o agravado.
El sector ejidal ha envejecido: cerca de la mitad de los ejidatarios supera
los 50 años y casi 20% de éstos tienen más de 65
años. También se ha incrementado exponencialmente el número
de ejidatarias, sin que tal feminización de la propiedad ejidal
signifique un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Otro fenómeno al que no se ha dado respuesta ha sido la presencia
creciente de posesionarios y avecinados, ligados directa o indirectamente
a la vida económica de los núcleos agrarios, cuya calidad
de productores carece de reconocimiento y de derechos.
En el plano económico, social y ambiental el México rural
vive la peor crisis de su historia. De conformidad con el supuesto de
las ventajas comparativas, se han deprimido la producción y la
productividad agropecuaria y forestal. A cambio, los gobiernos neoliberales
han privilegiado las importaciones agroalimentarias para satisfacer la
creciente demanda nacional. La mayoría de los sectores productivos
de la economía rural han sido afectados negativamente por la apertura
comercial abrupta, unilateral y sin proyecto nacional de competitividad.
Unos cuantos agroexportadores mexicanos y las corporaciones agroalimentarias
norteamericanas son los grandes beneficiarios de esta vía de liberalización
comercial.
La lógica en la que se negoció el TLCAN partía de
considerar como posible "aprovechar las asimetrías" existentes
entre México y sus vecinos del Norte. Pero los resultados, a 10
años de vida del tratado comercial, subrayan otras verdades. Veamos.
Con 100 millones de habitantes, México tiene una población
agrícola de 23 millones, mientras que Estados Unidos tiene 286
millones de habitantes, de los cuales sólo 6 millones son agrícolas:
23% frente al 2%. Nuestra superficie arable es de 27 millones de hectáreas,
de las que 6.5 millones tienen riego; mientras que ellos disponen de 179
millones de hectáreas arables y 22.4 millones irrigadas. En nuestro
país contamos con 20 tractores por cada mil trabajadores, mientras
en Estados Unidos se registran 1.5 tractores por cada trabajador. En estas
condiciones, nuestra productividad medida en dólares por trabajador
es de 2,100, mientras la suya es de 39,000. A estas diferencias abismales
se agregan los subsidios, que en Estados Unidos eran de 36% del valor
de la producción, y en México, de 22%. Con siete veces más
tierras agrícolas y una productividad por trabajador 19 veces mayor
que la nuestra, el vecino del norte es un gran exportador de sus cosechas,
y su balanza comercial agroalimentaria arroja un superávit anual
del orden de los 12 mil millones de dólares, en tanto nosotros
tenemos un déficit de 1,700 millones por el mismo concepto.
Con la nueva Ley de Seguridad e Inversión Rural estadounidense
del 2002, la vertiginosa asimetría se profundizará, pues
supone un subsidio adicional del orden de los 250 mil millones de dólares,
destinados principalmente a arroz, algodón, trigo, cebada y maíz.
El gobierno justificó la inclusión del maíz en el
TLCAN como parte de una estrategia para reorganizar al sector agrícola,
desarrollando los cultivos en los que México tenía ventajas
comparativas y reduciendo el costo fiscal de los subsidios a productores
y consumidores en la cadena maíz-tortilla. Pero esta estrategia
conlleva, entre otros efectos, la destrucción a mediano plazo de
la base de recursos genéticos asociada a los productores, que de
acuerdo con el TLCAN, deben abandonar el cultivo del maíz. El desplazamiento
del uso de semillas criollas por híbridos de altos rendimientos
produce la erosión genética que, además del efecto
negativo sobre el medio ambiente y los recursos, produce la desaparición
o un daño fuerte en el tejido social y cultural donde florece la
diversidad genética del cultivo, así como la destrucción
del acervo de conocimientos relacionados con el uso y destino de las semillas
en cuestión.
En el periodo 1994-1998 los precios reales de los productos agropecuarios
y forestales cayeron entre 40 y 70%, desplome que agravó la crisis
de rentabilidad y generó descapitalización y disminución
del ingreso y el empleo en el sector rural. Este hecho ha sido consecuencia
del desmantelamiento de instituciones y programas de apoyo a la producción
y el abasto social, de la disminución de subsidios al ingreso de
los productores y al consumo popular, y de la competencia desleal y en
ocasiones ilegal de las importaciones masivas de Estados Unidos. Tales
importaciones acusan asimetrías productivas y económicas
insoslayables, un sistema dumping de precios al productor y volúmenes
de exportación norteamericanas que el gobierno mexicano no ha querido
reconocer.
Con la desaparición de Conasupo el gobierno anterior cumplió
a cabalidad los dictados de organismos internacionales para entregar el
mercado agropecuario del país a las grandes corporaciones trasnacionales.
Algunas de estas corporaciones controlan más del 70% del mercado
internacional de granos y determinan las políticas agrícolas
y comerciales de múltiples países del mundo.
La reestructuración que Zedillo dispuso de la deuda de más
de 2 mil 500 millones de dólares que los empresarios azucareros
acumularon desde la reprivatización del sector, fue un capítulo
más de la transferencia de deuda privada a pública operada
a través de mecanismos como el Fobaproa-IPAB; sin embargo, ello
no resolvió el problema y Fox tuvo que proceder a una nueva expropiación
parcial de los ingenios, golpeados por la importación masiva de
fructosa.
Los tiempos exigen que el sector rural asuma la problemática general
que lo rodea y se vincule a la búsqueda del bienestar de las generaciones
presentes y futuras. No se trata de ofrecer justicia agraria a cuentagotas.
El artículo 27 constitucional tiene que ser revisado y reformado
escrupulosamente. La parcela ejidal y la tierra comunal deben restituirse,
devolviéndoles su carácter de bienes inembargables, a fin
de preservarlos en la calidad de patrimonio familiar. Los límites
legales de la denominada pequeña propiedad tienen que someterse
a revisión, a fin de ajustarlos tanto a un criterio de justicia,
como a criterios de sustentabilidad agro-ecológica y de modernización
productiva. Es indispensable recuperar el espíritu que el Constituyente
de 1917 dio al concepto de la propiedad social, en el marco de un ejercicio
pleno de nuestra soberanía. Ello presupone, entre otras definiciones,
el establecimiento de límites precisos a la posibilidad de que
las sociedades mercantiles se apropien de tierras ejidales y comunales.
Un programa alternativo frente al desastre rural debe plantear, entre
sus principales objetivos, la soberanía alimentaria. Debe establecer
a la vez, como metas fundamentales, la recuperación del crecimiento
económico sectorial y el superávit en la balanza comercial
agropecuaria, la protección e impulso del empleo rural agropecuario
y no agropecuario, la promoción de un desarrollo con sustentabilidad,
el abatimiento de la pobreza extrema y la disminución de la pobreza
rural.
Es indispensable reconocer la contribución del campo al mejoramiento
del nivel de vida de la población urbana: alimentación sana,
aire limpio, disponibilidad de agua, estabilización de los flujos
migratorios campo-ciudad, amortiguamiento y regulación climática,
educación y recreación. Es indispensable, por otra parte,
reconocer a plenitud el derecho y la capacidad de la agricultura campesina,
las comunidades indígenas y, en general, de los pobres rurales,
para construir e impulsar alternativas de desarrollo productivo, social
y ambiental, y contribuir sustancialmente al desarrollo general de la
Nación.
La población indígena rural es depositaria de una enorme
y rica cultura agrícola y de protección y manejo de los
recursos naturales. Por ello requiere del reconocimiento y respeto a su
identidad, derechos y autonomía, así como de políticas
de apoyo y fomento productivo que se adecuen a sus formas particulares
de organización y gestión económicas.
No hay estrategia viable de desarrollo en el campo mexicano sin la construcción
de un sólido sistema de financiamiento que incluya a los sectores
productivos mayoritarios. Se requieren nuevas instituciones de financiamiento
local en manos de la sociedad rural. Son necesarias, al mismo tiempo,
reformas jurídicas e institucionales para propiciar un marco regulatorio
y normativo adaptado a este tipo de instituciones.
Recuperar la soberanía alimentaria debe ser una prioridad nacional.
Para lograr este objetivo requerimos reconstruir -a la vez que reformar
e innovar- la arquitectura institucional involucrada en la seguridad alimentaria
y el ordenamiento de los mercados agroalimentarios. En este marco, deberemos
alentar un sistema de precios agrícolas remunerativos que incentive
la producción nacional y reduzca la incertidumbre de los mercados.
El apartado agrícola del tlcan debe ser revisado en un marco que
reconozca asimetrías y prioridades nacionales, introduciendo principios
de complementación y cooperación. De cara a las nuevas rondas
de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
nuestro país deberá asegurarse que los acuerdos que tales
rondas alcancen sean compatibles y congruentes con los objetivos de la
política de desarrollo rural.
Dada la incertidumbre científica actual respecto de los efectos
de los cultivos transgénicos sobre la biodiversidad y la salud
humana, nuestro país deberá adoptar el principio de precaución
respecto a la investigación, producción, comercio y consumo
de organismos genéticamente modificados, para lo cual deberemos
promover iniciativas legislativas pertinentes.
Finalmente, debemos rechazar el proyecto del gobierno de Fox de desincorporar
las instituciones de educación de posgrado e investigación
agropecuaria dependientes del Gobierno Federal; y en cambio, promover
que se consoliden y amplíen como pilares del avance tecnológico,
social y ambientalmente sustentable, y del incremento de la productividad
y la competitividad del sector agropecuario.
9. Desarrollo tecnológico con sustentabilidad ambiental
y social
En un mundo donde la economía, la cultura y la vida social se desarrollan
crecientemente a partir del conocimiento científico y la aplicación
de nuevas tecnologías, México mantiene un atraso considerable
en ambos campos. Si exceptuamos las ciencias sociales y humanísticas,
los demás campos del conocimiento científico no alcanzan
el nivel de consolidación que el desarrollo requiere. El país
usa mayoritariamente tecnología importada de los países
dominantes, bajo la forma de máquinas, paquetes de insumos y procedimientos,
importados a un alto costo. Muchas de estas tecnologías son destructoras
del medio ambiente o de alto riesgo -alimentos transgénicos, por
ejemplo-, no corresponden a las condiciones ambientales propias, no son
adecuadas a la relación entre capital y fuerza de trabajo disponible,
ni aprovechan el saber tradicional propio o lo suplantan inadecuadamente.
México carece de un núcleo endógeno de adaptación
e innovación científica y tecnológica. El aporte
de la empresa privada, donde se ubicaría básicamente el
potencial en este campo, es casi nulo, pues privilegia la compra e importación,
desde las casas matrices trasnacionales, a costa de onerosas regalías
sobre el uso marcas, diseño de productos o "franquicias"
de imagen sobre bienes de consumo simples.
La distribución social del conocimiento y de los productos de la
nueva tecnología es abiertamente desigual. Las micro, pequeñas
y medianas empresas, y organizaciones como los municipios, base de la
estructura administrativa en los diversos ámbitos de actividad
económica, cultural y social, carecen de condiciones para tener
acceso al cambio tecnológico. Por tanto, en la desigual competencia
con los grandes monopolios, sobre todo trasnacionales, se vuelven progresivamente
más vulnerables. Solo una minoría de la población
tiene acceso al sistema educativo o al ámbito laboral donde la
nueva tecnología se ha extendido en la vida cotidiana, y es menor
aún la que se beneficia de avances tan importantes como la computación
y el Internet, controlados monopólicamente por los centros productores
y emisores de información.
Los investigadores y tecnólogos universitarios, sometidos a un
sistema de remuneraciones con base en un productivismo formal, individualizado
y de corto plazo, operan en condiciones de inestabilidad y carencia de
instrumentos y recursos adecuados de trabajo, por lo general, el apoyo
que reciben no incluye los recursos humanos adicionales necesarios para
realizar su trabajo. Los grupos de Investigación y Desarrollo consolidados
son escasos e inestables, y se concentran casi exclusivamente en la Zona
Metropolitana del Valle de México y otras metrópolis de
la región centro, lo que desatiende las necesidades particulares
del resto del país.
Los medios nacionales para la difusión social de la ciencia son
restringidos, y en el sistema educativo no existen las condiciones necesarias
y suficientes para impulsar una apropiación social amplia de los
productos del avance científico nacional e internacional.
México enfrenta el desafío de dar un salto cuantitativo
y cualitativo en el desarrollo científico y tecnológico.
El estímulo al desarrollo científico debe atender los siguientes
objetivos principales: difundir la ciencia desarrollada mundialmente en
la sociedad y en especial, entre niños y jóvenes, mediante
el sistema educativo, generando medios apropiados y pertinentes para ello;
mantener y ampliar la masa de recursos humanos capaz de entender y seguir
el avance de las ciencias -físicas biológicas, sociales
y humanísticas- y sus posibles implicaciones para el presente y
el futuro de la humanidad y del país, inclusive con su participación
activa, y desarrollar la capacidad científica en todas las regiones,
para asegurar el basamento del desarrollo tecnológico nacional.
El cambio tecnológico social y ambientalmente sustentable debe
convertirse en el mediano plazo en una de las palancas esenciales del
crecimiento económico de México y el mejoramiento de la
calidad de vida de todos sus habitantes. Este cambio debe preservar los
recursos naturales y humanos del país para las generaciones presentes
y futuras; responder a la combinación concreta de disponibilidad
de recursos naturales, capitales y fuerza de trabajo prevaleciente, dando
prioridad al empleo estable y adecuadamente remunerado de la fuerza de
trabajo; orientarse hacia los distintos sectores de la actividad económica
y social, y a las diferentes formas y niveles de producción de
bienes y servicios, desde las instituciones, organizaciones y empresas
menores y mayores, sean sociales, públicas o privadas; atender
integralmente toda la cadena de la actividad productiva, y ser difundido
y accesible a todos los estratos y capas sociales, empezando por los trabajadores
del sector popular.
La experiencia mundial muestra que el Estado es el ente social capaz de
promover, impulsar y financiar el desarrollo científico y tecnológico,
y de concertar la cooperación en este campo con las instituciones
académicas y las empresas privadas y sociales. Por ello, el Estado
mexicano debe asumir con urgencia el múltiple papel de promover,
impulsar, financiar y concertar socialmente el desarrollo de un núcleo
endógeno de adaptación e innovación tecnológica
ambiental y socialmente sustentable. Para ello, se requiere elevar en
el corto plazo el gasto en ciencia y tecnología al menos a un 1.5%
del Producto Interno Bruto.
El eje rector y estructurador de este núcleo debe ser el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, reestructurado en dos áreas
distintas: desarrollo científico e innovación tecnológica.
El núcleo científico debe ubicarse en las universidades
y centros de investigación del sector público y estar bajo
la dirección de los propios investigadores y tecnólogos,
transformado de instancia evaluadora formal de la productividad individual
de corto plazo, en estructura de promoción, impulso, coordinación,
financiamiento y concertación del esfuerzo de mediano y largo plazos
con otros sectores, sin exclusión de áreas del conocimiento,
y con prioridades establecidas a partir del debate público. El
financiamiento debe incluir armónicamente la cobertura de los recursos
materiales, la infraestructura y los recursos humanos necesarios.
La adaptación e innovación tecnológica tiene como
ámbito fundamental a las empresas, aunque debemos promover su relación
con los centros universitarios de investigación científica.
La política económica puede inducir la liga entre la producción
y adaptación de nuevas tecnologías sustentables con los
servicios conexos, para que se convierta en una rama motriz y articuladora
del proyecto de crecimiento económico sostenido.
En México requerimos un proyecto tecnológico que pase por
el impulso al desarrollo de empresas mexicanas, y por la utilización
de la capacidad de compra del mercado nacional, y muy especialmente la
del gobierno, para condicionar esas compras e impulsar el desarrollo tecnológico
nacional. Podemos fijar exenciones y estímulos aduanales y fiscales
para promover tal actividad; y una parte de los recursos deben ser aportados
directamente o a través del pago de costos y regalías, por
las empresas u organizaciones receptoras del conocimiento.
En la planeación y reordenamiento territorial es necesario introducir
sistemáticamente el cambio tecnológico sustentable en todos
los ámbitos, poniendo énfasis en el desarrollo de nuevas
formas de organización territorial adecuadas a la competitividad
y calidad de las actividades, y al mejoramiento de la calidad de vida
de todos los agentes sociales en las distintas actividades; donde debemos
establecer la relación entre los centros de investigación
universitaria y las empresas involucradas en la adaptación e innovación
tecnológica. La investigación y desarrollo científico
y tecnológico en los estados requiere de un impulso prioritario
específico, con recursos, funciones y estímulos especiales
a instituciones e investigadores.
La difusión del cono
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