La democracia participativa hace realidad los derechos sociales

Rosa Albina Garavito Elías*

Pensé que podía convertir mi exposición en un ejercicio de imaginación para reflexionar sobre democracia y economía. ¿En qué consiste el ejercicio de imaginación que les propongo? Primero es necesario que imaginen que nos hemos constituído en la asamblea representativa de la soberanía popular que expresa la voluntad general, aquella que sólo atiende el bien común. Ahora, esta asamblea está discutiendo cómo hacer realidad un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que data de diciembre de 1946 que, en el segundo apartado de su artículo tercero, a propósito de los principios que habrán de orientar la educación, considera a la democracia "no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". En efecto, esta es una asamblea con conciencia histórica y ha decidido desempolvar un mandato constitucional sobre el cual el poder público parece haber decretado una especie de amnistía, perdón o prescripción.

La iniciativa fue elaborada por el entonces Secretario de Educación Pública, maestro Jaime Torres Bodet (a propósito de secretarios, ¡cómo cambian los tiempos!) La iniciativa se presentó apenas concluída la Segunda Guerra Mundial. Si lo pensamos bien, fue una respuesta sabia a la nueva etapa de globalización que empezaría a vivir el mundo. Desde la perspectiva de una república democrática, la reforma elimina la concepción socialista aprobada en diciembre de 1934 para, entre otros propósitos, alejarse de cualquier concepción totalitaria y promover la tolerancia y la convivencia pacífica entre los pueblos mediante la educación. La formulación de democracia, contenida en el artículo tercero, nos coloca frente a uno de los elementos constitutivos del derecho humano a la educación que, además se adelanta a algunas definiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 10 de diciembre de 1948. También, es importante recordar que los derechos humanos son consustanciales a la persona, existen antes del Estado, razón por la que al Estado corresponde reconocerlos y garantizar su cumplimiento.

La tarea que tenemos es discutir de qué manera podemos lograr que nuestra democracia sea "un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

Como por fortuna nuestra asamblea es plural, una compañera pide la palabra para manifestar su desacuerdo sobre la concepción de democracia que se pretende hacer efectiva. Nos recuerda, con justa razón, que hemos ya conquistado la democracia electoral, la democracia representativa de manera que la integración de los órganos del poder público representativos de la soberanía popular garantizan que las decisiones sobre la estrategia y la política económica se tomen de manera democrática, mediante la delegación de nuestra soberanía depositada en los órganos correspondientes, y que es improcedente exigir a la democracia política convertirse en la panacea para todos los males. Alguien murmura que el problema reside en que los partidos que tenemos no son realmente representativos de la sociedad. Pero todo queda en un cuchicheo, así que continuamos con la discusión.

Más allá, alguien toma la palabra para decir que la compañera tiene razón pero que es preciso recordar que la democracia es un concepto histórico y que es importante no detenernos en lo que ya alcanzamos; que después de haber conquistado la democracia electoral, ahora es necesario luchar por la democracia participativa, esa que no se agota en el acto de depositar nuestro voto en las urnas para elegir a nuestros gobernantes, sino que se construye en la toma de decisiones en los diversos espacios de la vida social, léase organizaciones sociales de todo tipo como los productores del campo, vecinos, asalariados, empresarios y de nuevos sujetos políticos como los pueblos indios. Es desde todos los frentes donde se construye la voluntad general de la sociedad. El compañero resultó roussoniano. Nos dice también que la democracia participativa no excluye a la democracia representativa sino que, por el contrario, ambas se complementan para lograr un sistema democrático pleno, que garantiza el cumplimiento de los derechos políticos y sociales.

Creo que el compañero seguidor de Rousseau acertó, se trata, justamente, de no detenernos en la conquista de la democracia electoral y perseguir el cumplimiento del concepto de democracia de Torres Bodet, mediante el ejercicio democrático de la toma de decisiones en la vida cotidiana de la sociedad, en la vida cotidiana de los hombres y mujeres que hacen posible la producción de la riqueza social.

Hagamos, entonces, otro ejercicio y preguntémonos: ¿Qué efecto tendría sobre la economía el que fuéramos capaces de construir y conquistar esa democracia participativa? Permítanme ilustar la respuesta con las consecuencias de un hecho histórico de esa naturaleza sobre algunas de las variables con las que se mide el desempeño económico de cualquier país.

En primer término, los salarios, por la sencilla razón de que se trata del precio de la mercancía fuerza de trabajo para quienes no tienen otra cosa que vender; condición en la que se encuentran 28 millones de personas en el país, aunque sólo el 28 por ciento de la población ocupada obtenga ingresos por encima del salario mínimo constitucional. Dicho de otra manera, el 72 por ciento de las personas que trabajan viven con ingresos por debajo de lo que establece el párrafo sexto del artículo 123 constitucional que, a precios actuales, tendría que ser cinco veces mayor que el salario mínimo realmente existente que es de mil 298 pesos mensuales. De manera que, si por la vía democrática, resolvemos el problema salarial hacemos realidad buena parte de la democracia. Para que los salarios aumenten de manera estable es imprescindible que exista libertad en la contratación de la fuerza de trabajo, es necesario que exista libertad y democracia sindicales y que desaparezcan los contratos de protección que constituyen el 85 por ciento de los existentes. Que el salario se pacte de acuerdo al valor de la fuerza de trabajo cuyo mínimo constitucional equivale al salario "suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos". A partir de ese mínimo es necesario pagar a la fuerza de trabajo lo que corresponde a los aumentos de productividad y, para proteger ese poder adquisitivo, es impostergable aprobar las reformas laborales necesarias, tales como desaparecer la obsoleta Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), que sólo ha servido para legalizar los topes salariales que han permitido el deterioro galopante del ingreso de los trabajadores.

En los últimos tres años, ese deterioro se ha detenido —ya es ganancia— pero aún no inicia el ciclo de recuperación. La recuperación del salario es una tarea pendiente de nuestra democracia, por eso es necesario sustituír a la CNSM por un instituto que realmente proteja el valor del poder adquisitivo de los salarios. En la iniciativa conjunta PRD-UNT, presentada a la Cámara de Diputados en 2002, se diseño un régimen salarial con las nuevas instituciones correspondientes; sin embargo, nos topamos con una correlación de fuerzas dominada por la dupla PRI-PAN que demuestra muy bien el hecho de que la democracia representativa no alcanza para hacer realidad derechos políticos sociales simultáneamente. En efecto, hay que construír la democracia desde organizaciones sociales libres y democráticas no sólo para recuperar el salario, sino también para garantizar jubilaciones y pensiones dignas.

La recuperación salarial no es la única tarea pendiente si queremos construir un sistema plenamente democrático en el país. Otro objetivo por cumplir es la generación de empleos suficientes (por supuesto, con salarios suficientes). En esta materia son bienvenidas las propuestas keynesianas en el sentido de que un gobierno de izquierda promueve el empleo mediante la inversión pública en sectores de uso extensivo de mano de obra como la construcción. Por supuesto que esas inversiones tienen un efecto positivo sobre el empleo, pero ¿qué pasa cuando el gobierno de izquierda concluye su mandato y llega otro con el sonsonete neoliberal de que en lugar de inversión pública hay que seguir pagando la deuda? ¿Qué pasa cuando con argucias legales no dejan acceder al gobierno a un candidato de izquierda? ¿Vamos por ello a renunciar al objetivo de generar los empleos suficientes con salarios suficientes? Obviamente, no. Estaríamos equivocados si nos limitáramos al mecanismo de la democracia electoral para intentar resolver estos problemas. Según ya discutimos, esa democracia es una condición no suficiente para alcanzar la democracia según la concibe nuestro artículo tercero constitucional. Nos topamos aquí otra vez con la necesidad de la democracia participativa en los centros de trabajo. Se han preguntado ustedes qué le pasaría al empleo si en México los trabajadores fueran contratados por la jornada legal? No estoy diciendo si la jornada se redujera a 40 horas semanales, como lo proponen la UNT y el PRD. Me refiero, simplemente, a aplicar la norma de las 48 horas semanales de jornada de trabajo, para aquellos que trabajan jornadas mayores a 48 horas. Según mis cálculos, se crearían 14 millones 219 mil nuevos puestos de trabajo, esto es, 35 por ciento más de los existentes. ¿Qué se necesita para que eso suceda? Es necesario que haya organizaciones representativas de los intereses de sus agremiados, vigilantes del cumplimiento de la ley, no simuladoras y cómplices de empresarios que prefieren extender la jornada antes que modernizar sus métodos de producción. Este otro ejemplo de cómo la democracia participativa ayuda a resolver problemas económicos fundamentales.

Hay otros problemas económicos en los cuales la democracia representativa puede hacer mucho para resolver, siempre y cuando los partidos pongan por delante el interés social y nacional. Por ejemplo, el problema de la alta concentración del ingreso en nuestro país, ¿quién puede calificar como democrático a nuestro sistema de vida cuando la distancia entre pobres y ricos es de más de veinte veces y cuando el decil de los hogares más ricos se apropia del 40 por ciento del ingreso familiar y el decil de los hogares más pobres sobrevive con apenas el 1.48 por ciento de ese ingreso? Obviamente, es urgente y necesaria una reforma tributaria redistributiva, como parte de la reforma hacendaria integral. Pero en lugar de proponer tasas progresivas de ISR para el último ventil de la pirámide de ingresos, los legisladores vuelven a la carga sobre la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. A pesar de que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe 2001 para México haya señalado que de cada nuevo peso recaudado por ese IVA, ochenta centavos se irían al pago de la deuda escondida. Es evidente que a la insuficiencia de la democracia representativa se suma la ausencia de calidad de los partidos políticos que nos representan; de ahí, la necesidad de mejorar ese sistema mediante organizaciones sociales libres, independientes y democráticas.

¿Y qué, con la democracia y el cuidado de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional? Los últimos gobiernos han planteado la urgencia de las privatizaciones faltantes como parte de la reforma estructural y, mientras logran esas reformas con la suma de votos necesarios, han ido minando la capacidad de crecimiento de esas industrias estratégicas mediante la reducción de la inversión pública y las han ido privatizando silenciosamente, mediante la contratación de deuda escondida por la vía de los Proyectos Diferidos en el Registro del Gasto (Pidiregas). La Aditoria Superior de la Federación (ASF) ha detectado que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contado con los recursos necesarios para invertir en lugar de contratar deuda mediante la fórmula aprobada en las reformas a la Ley de Deuda Pública en 1996; deuda, que por lo demás, se contrata por encima del costo del mercado. Se requiere profundizar nuestra conquista de la democracia electoral para que la rendición de cuentas y la transparencia den resultados. De otra manera no podremos erradicar el despilfarro de recursos públicos en el paradójico entorno de la austeridad presupuestal. Es necesario reabrir el expediente del rescate bancario, el de los bancos muertos y, ahora, el de los bancos vivos cuya conversión de los pagarés de capitalización y compra de cartera comprometerán recursos adicionales por 7 mil millones de pesos anuales a los que ya estamos pagando. No habrá ninguna catástrofe si se reabre ese expediente y se aplican las auditorías necesarias como de manera sistemática ha exigido el Partido de la Revolución Democrática. El país no se nos va de las manos si eliminamos la impunidad, los crímenes políticos del pasado y los crímenes económicos de la actualidad. Todo lo contrario. El país se nos desbarata entre las manos por tanta impunidad acumulada. Estos temas demuestran que la democracia electoral necesita un buen empujón desde abajo. Sobre esto temas ya conocemos las consecuencias de las alianzas históricas y estratégicas PRI-PAN.

Nuestra Constitución Política no solamente nos provee de una definición de democracia que trasciende la democracia formal, pues el artículo 3ero constitucional existe como mecanismo para arribar al mejoramiento de las condiciones materiales de vida del pueblo y parte sustantiva de un sistema democrático. Además de las garantías individuales y de los derechos sociales, como los plasmados en el artículo 123 incluye, como parte constitutiva de las garantías individuales, preceptos que dibujan el entramado institucional para la consecución de una economía próspera y sólida, como el de economía mixta y la rectoría económica del desarrollo nacional en manos del Estado (artículo 25); el sistema de planeación democrática (artículo 26); la propiedad originaria de la nación (artículo 27) y la definición de sectores estratégicos (artículo 28) que, sin duda, constituyen mandatos esenciales para dar vida a un pacto social hoy desmantelado.

Para lograr ese pacto social, es evidente que la democracia electoral conquistada no está siendo suficiente, como tampoco lo es la concepción de la democracia liberal que la reduce a un sistema jurídico y político. Un pacto social requiere pensar a la sociedad más allá de la suma de individuos aislados. Así la pensaron los constituyentes de 1917. No es casual que a lo largo de cuarenta años México haya sido el milagro económico de América Latina. Cierto, uno de los cimientos de ese milagro en la larga dominación priista fue la negación de los derechos políticos, el más elemental, el derecho a elegir libremente a los gobernantes. Pero hoy que hemos conquistado esos derechos es necesario retomar el camino de la construcción de un pacto social, ahora democrático. En ese pacto es necesario que la voluntad general defina el papel que le corresponde al Estado, al mercado, a los salarios, a las ganancias, a la propiedad privada y a la propiedad pública la propiedad social.

En el capítulo económico de nuestra Constitución Política, incluso tomando en cuenta las reformas de diciembre de 1982, totalmente perfectibles, y rediscutiendo las relativas al artículo 27, se encuentran plasmadas las bases de un pacto social que pone por delante del interés privado, el interés social y el nacional. Es necesario regresar a ellos para que la economía consolide la democracia y viceversa.

Para la falsa disyuntiva entre más mercado o más Estado, nuestra Constitución Política plantea economía mixta con rectoría del estatal sobre el desarrollo nacional. Salta a la vista la enorme paradoja que se presenta cuando se eleva a rango constitucional la obligación del Estado para dirigir el desarrollo nacional y éste empieza a abdicar de esa responsabilidad. Destaca también a la vista que, después de 22 años de aprobado el artículo 25 constitucional, aún no exista una ley que lo reglamente. El vacío es inadmisible pues dicha ley tendría que definir cuáles áreas corresponden a la propiedad privada y cuáles a la propiedad social; mientras tanto, se sigue desmantelando el sector social cuando es importante, entre otras cosas, porque modera precios y ganancias y coadyuva a conciliar el interés particular con el interés social. Sin duda, esto nos llevaría a rediscutir el artículo 27 constitucional para dar al sector social, cooperativas y ejidos, el papel que les corresponde en el desarrollo del sector agropecuario.

Para la consecución de un pacto social, es necesario definir qué papel y qué áreas corresponden a la propiedad pública, cuáles a la propiedad privada y a la propiedad social. Estas definiciones son impostergables en una economía mixta, como, constitucionalmente se encuentra definida la economía mexicana.

Para alcanzar ese pacto social es necesaria también la reforma al artículo 26 constitucional para hacer de la planeación un sistema verdaderamente democrático, y no como hasta ahora que la definición de la estrategia económica se encuentra exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo sin ningún contrapeso y, para colmo, sin ninguna exigencia de rendición de cuentas y penalidades por el no cumplimiento de metas.

Por supuesto, se requiere también detener la embestida de privatizar el sector energético, acto con el cual se cerraría el ciclo de privatizaciones iniciado en 1983. Tirar a la basura la concepción de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales y de los sectores estratégicos contenidos en los artículos 27 y 28 constitucionales es tanto como cavar la tumba de la viabilidad de nuestro país como nación independiente. Pensar que en los tiempos de globalización que vivimos la soberanía nacional es un concepto pasado de moda es cerrar los ojos a la manera en que los países poderosos defienden esa soberanía, bajo la hegemonía de los Estados Unidos en la persecución de un mundo unipolar.

Así termina nuestro ejercicio para definir la voluntad general en torno a cómo hacer realidad la concepción de democracia contenida en el artículo 3° constitucional. En sus manos y en la de muchos más se encuentra la solución, que no es otra que empujar por un nuevo pacto social, mirando hacia el futuro y con los pies muy bien puestos en nuestra historia.

A los gobernantes exigamos lo que les corresponde hacer y a nosotros impulsar la alternancia hacia un auténtico régimen democrático; uno, donde democracia representativa y participativa se fortalezcan mutuamente, que consolide los derechos políticos y haga realidad los derechos sociales que son también derechos humanos. Para terminar permítanme regalarles una frase de Max Weber que acabo de recuperar: "Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible, si no se intenta lo imposible una y otra vez".

* Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco.