El secreto fiduciario como obstáculo a la transparencia

Martha Lucía Micher Camarena*

El pasado 9 de noviembre, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y quién esto escribe, sometimos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, con el objeto de establecer la transparencia en la gestión pública y hacer efectiva la rendición de cuentas a las y los ciudadanos.

En México, es urgente garantizar el acceso y la divulgación de la información relativa al manejo, administración, transferencia y asignación de recursos públicos federales, incluidos aquellos con los que se realizan operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales, lo que implica que esta información no pueda clasificarse como reservada.

Para nadie es extraño que los fondos triangulados entre la Lotería Nacional, el fideicomiso público Transforma México y la asociación civil Vamos México exhibieron descaradamente la situación en que se encuentran muchos fideicomisos públicos. La triangulación tuvo por consecuencia que la Fundación Vamos México fuera beneficiada con recursos procedentes de la Lotería Nacional.

Si bien, no lograron burlar a la opinión pública, que conoce bien como funcionan quienes cometen estos actos absolutamente inmorales e ilegales, compete a la Cámara de Diputados llevar a cabo las reformas necesarias a las leyes aplicables, con el fin de impedir que en el futuro continúen manejándose los fideicomisos financiados con el dinero del pueblo de México, en la forma cínica e inmoral como lo han venido haciendo como si fueran la caja chica y escondida de funcionarios venales.

Son muchos los fideicomisos que se amparan en el secreto fiduciario para impedir la revisión de sus estados financieros, por lo que no se han podido conocer los desvíos de recursos públicos a organismos privados. Esta situación no debe prevalecer, sobre todo tratándose de operaciones realizadas por el gobierno federal y cuando existe la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

Los fideicomisos públicos escudados en el secreto bancario son una burla al incipiente sistema de acceso y transparencia a la información pública, al principio de rendición de cuentas, al sistema de justicia y al de responsabilidades de los servidores públicos, pero aún más, son una ofensa a nuestro pueblo.

El método es perverso y al mismo tiempo ideal para disponer indebidamente de recursos públicos. Es muy sencillo: se crea un fideicomiso con dinero del erario, se instala un "confiable consejo de administración" formado por buenos, confiables y cercanos amigos del funcionario que promueve el fideicomiso, y si dichos amigos son a su vez miembros directivos de una organización civil, muchísimo mejor. La oportunidad para triangular los recursos llega cuando el consejo de administración del fideicomiso generosamente otorga un "donativo" a la organización civil en cuestión.

El fideicomiso Transforma México integró a tres organizaciones civiles que se prestaron a la triangulación de fondos, teniendo como beneficiario final a Vamos México.

Sin una reforma a la ley, la información relativa al uso y administración de recursos de los fideicomisos seguirá siendo inaccesible para los legisladores y para los órganos de fiscalización públicos, porque están considerados como secreto bancario, de modo que los titulares de fideicomisos o fondos aducen con maña el secreto fiduciario para evadir la responsabilidad de abrir sus libros.

En México prevalece la resistencia a rendir cuentas y la opacidad en el manejo de recursos públicos, particularmente en los sectores que reciben dinero federal.

En los últimos decenios el gobierno federal constituyó y operó fideicomisos y fondos públicos sin que nadie supiera cómo se manejaban, quién los financiaba ni el destino de los recursos. De esta forma, las entidades y organismos gubernamentales podían disponer de recursos públicos y privados sin la vigilancia y supervisión de los órganos de control del Estado, lo que provocó múltiples irregularidades en su administración, con el consecuente daño patrimonial por el desvío de recursos y el gasto discrecional de las y los funcionarios encargados de manejarlos.

El gobierno federal ha constituido 288 fondos y fideicomisos de diversa naturaleza, involucrando recursos del erario por 129 mil 796 millones de pesos. Algunos ejemplos son:

Para financiamiento rural y protección civil, el fideicomiso de Financiera Rural con 14 mil 321 millones de pesos y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que involucra recursos por 5 mil 793 millones de pesos. Luego vienen los de infraestructura, donde destacan el Fideicomiso de Inversión en Infraestructura, que involucra recursos por 13 mil 75 millones de pesos, con el que se busca fomentar una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura básica, y el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, que involucra recursos por 7 mil 725 millones de pesos. Además, existen muchos otros cuyo monto no es significativo, lo que de ninguna manera quiere decir que no deban ser manejados como todos, con transparencia y ser objeto de vigilancia por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Dos fideicomisos que poseen estructura: Fideicomiso de Administración del Rescate de Autopistas de Cuota (FARAC) e Integradora de Servicios Operativos (ISOSA). En estos casos, cobijándose en el secreto fiduciario, han impedido que se conozca el manejo y destino de los recursos. Como mencionamos antes, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y su órgano de fiscalización, la ASF, están imposibilitadas para revisar la transparencia en los fideicomisos gubernamentales.

En la ASF, en el ejercicio 2002, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no proporcionó la información que se le solicitó, referente al fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 y a la empresa ISOSA. Recordemos que en 2002 se detectaron irregularidades por 2 mil millones de pesos en los ingresos recaudados por el derecho de tramite aduanero, que se cobra a importadores y exportadores y que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación, así como el desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y del SAT a dichos fideicomisos.

ISOSA se encuentra protegido por dos fideicomisos privados: Integradora de Activos (IASA) y Controladora de Servicios Integrales (Cosisa), del mismo modo que el fideicomiso Aduanas 1, lo que les ha permitido aislarse de la fiscalización pública la información sobre sus operaciones.

En el caso del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), para administrar y operar las empresas azucareras expropiadas se crearon Promotora Azucarera S.A. (Proasa) y el Fideicomiso Comercializador (Fico), cuya constitución no tiene un sustento claro en el artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y va en contra del artículo tercero transitorio del decreto expropiatorio, de acuerdo con la ASF.

Para la ASF existen fallas en la autorización de sesiones del comité técnico, además de ausencia de manuales de organización y procedimientos, en el registro contable y en el control de los recursos fiscales transferidos y ministrados a los ingenios azucareros. Se estima un impacto económico de 15 millones 346 mil pesos por intereses recuperados y depósitos efectuados indebidamente en las cuentas de Fico por 12 ingenios de FEESA.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) no tiene establecidas reglas que obliguen a las dependencias federales a abrir la información sobre las cuentas bancarias, fideicomisos y fondos que estén constituidos con fondos públicos. La reforma planteada impediría que las dependencias federales no se cobijen en el secreto fiscal, bancario o fiduciario para negar información relativa a las operaciones que involucren el uso de recursos gubernamentales.

Por todo lo anterior, propusimos una reforma al primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito:

"Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidiera, la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, el servicio de administración tributaria, por conducto de la comisión nacional bancaria en ejercicio de sus facultades de comprobación, el Ministerio Público de la Federación, en la integración de averiguaciones previas; la Secretaría de la Función Pública con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior.

También se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores , para quedar como sigue:

"Artículo 25. Las casas de bolsa en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, sino al titular o beneficiario, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en ellas; salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, el servicio de administración tributaria, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria en ejercicio de sus facultades de comprobación; el Ministerio Público de la Federación, en la integración de averiguaciones previas; la Secretaría de la Función Pública, con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos y la ASF, en la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior o en el caso de la información estadística a que se refiere la fracción I del artículo 27 de esta ley".

Como resulta evidente, resulta necesario aprobar este tipo de legislaciones en materia financiera para salvaguardar los recursos públicos de nuestro país y evitar con ello su desvío con fines políticos, partidistas o de enriquecimiento personal.

* Diputada federal por el PRD y Secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.