Saldos de los diez años de TLCAN
Jorge A. Calderón Salazar*

A diez años de vigencia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha situado en el centro de las políticas públicas de México. El tratado, además de cerrar un ciclo de políticas de ajuste estructural instrumentadas desde 1982, vino a inaugurar un nuevo proceso de desnacionalización y transnacionalización. A partir de su entrada en vigor, se han acelerado los procesos de privatización, desregulación y apertura, colocando a la economía mexicana en una situación vulnerable y altamente dependiente de la dinámica de la economía estadounidense.
En el plano nacional, el TLCAN significó un cambio de ciento ochenta grados en la política exterior mexicana al ubicar como de "interés estratégico" la negociación y vigencia del TLCAN, abandonando así la política de diversificación de relaciones y dando la espalda al proceso de integración latinoamericana.
A diferencia de la Unión Europea (UE), que había incorporado a países atrasados como España, Portugal y Grecia, con un trato especial que se tradujo, incluso, en la financiación de proyectos de infraestructura social y productiva. El TLCAN, por el contrario, fortaleció la política de desregulación y privatización de empresas públicas y otorgó un trato aparentemente de iguales que entre desiguales provocó la profundización de los problemas de México.
El TLCAN se negoció entre 1992 y 1993, logrando imponer una agenda corporativa, cuya temática no sólo era coincidente sino que en diversas materias iba más allá del contenido de las negociaciones de la ronda Uruguay (1986-1994) del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en ingles) ejerciendo presión y adelantando resultados que Estados Unidos estaba interesado en proyectar multilateralmente.
Así, el TLCAN impuso importantes desventajas comerciales y productivas para México y dejó fuera los requerimientos de una estrategia nacional de desarrollo:
* Omitió el tema de la movilidad de la mano de obra en la negociación, lo que permitió el mantenimiento de las disparidades en materia de condiciones laborales, convirtiendo a nuestro país en exportador neto de mano de obra depreciada.
* Estableció un periodo demasiado rápido de desgravación adicional a la traumática desprotección arancelaria y cambiaria, que ya había sufrido la economía, con desventajas sustanciales para el reajuste de la planta productiva en general, lo que junto con las desventajas en el acceso al financiamiento competitivo, las ventajas de la inversión extranjera y su trato como nacional, aceleraron la desnacionalización productiva.
* Consolidó y amplió el control de Estados Unidos sobre los mercados agropecuarios mexicanos al aceptar, desde el primer día de su entrada en vigor, exportaciones libres de permiso y de aranceles, convirtiendo las barreras existentes en cuotas libres de arancel que crecen un 3 por ciento anual, lo que ha sido devastador para el grueso del campesinado mexicano productor de maíz y frijol.
* Mantuvo las bases para que Estados Unidos recurra a la normalización técnica como mecanismo de protección no arancelaria frente a la competitividad de productos mexicanos.
* Mantuvo los subsidios de Estados Unidos a sus productos agropecuarios y a la exportación.
* Estados Unidos continúa aplicando barreras no arancelarias que, en ciertos periodos, cierran el acceso a su mercado a las exportaciones agropecuarias mexicanas de fruta, vegetales y flores.
* Impidió la capitalización de la industria azucarera mexicana, manteniendo cuotas restrictivas a la exportación de azúcar.
* Aumentó la regla de origen a 60 por ciento o más del costo neto de la producción automotriz, condicionando al control de Estados Unidos la expansión del mercado automotriz mexicano.
* Persisten las cuotas estadounidenses a las exportaciones textiles mexicanas.
* Obstruyó la adaptación e innovación tecnológica de la planta productiva nacional, limitando su acceso y elevando sus costos.
* Propició el control extranjero en el autotransporte, sector financiero, agroindustrias y las tiendas de autoservicio de México.
* Impuso un sistema supranacional tripartito de arbitraje obligatorio de controversias que deja en desventaja la protección de los intereses y derechos de México como importador neto de capital y tecnología.
Los acuerdos complementarios en materia laboral y ambiental no compensaron esas desventajas. Adicionalmente, violan la soberanía nacional al imponer un mecanismo coercitivo por encima de cualquier poder constitucional mexicano Es responsabilidad fundamental del Estado mexicano hacer valer los derechos de los trabajadores y revertir el deterioro ecológico.
Si bien el TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales de los tres países miembros, su impacto en términos de generación de empleos, mejoramiento salarial y condiciones sociales de vida ha sido negativo. Entre otras razones, por la alta concentración de los flujos comerciales en empresas monopólicas.

Economía mexicana y TLCAN
México mantiene un dinamismo por demás precario, desigual e inestable, aspectos que se han acentuado en los años del TLCAN. En dicho periodo se registró una profunda crisis (diciembre de 1994), considerada en su momento por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la primera del siglo XXI, pues reflejó la alta vulnerabilidad que la actividad especulativa deja a los países inmersos en procesos de liberalización.
La tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante durante el TLCAN es de sólo 0.96 por ciento. Se buscaba y prometió un crecimiento acelerado, estable y sustentable; pero ni siquiera logramos crecer. Durante este tiempo ha habido una recesión profunda (1995) y otra moderada (2001-2002) De 1982 a 2002 la tasa media de crecimiento del PIB por habitante es de sólo 0.26 por ciento anual. El saldo acumulado de crecimiento del PIB por habitante de 1982 a 2002 es de apenas 5.6 por ciento. Aunado a lo anterior, los salarios se han deprimido en más del 20 por ciento, ampliando aún más la brecha salarial con Estados Unidos, lo que se refleja en mayores flujos migratorios y desdice las promesas oficiales que aseguraban exactamente lo contrario.

Balanza comercial
En los primeros 10 años del TLCAN, el comercio en Norteamérica ha crecido en forma vertiginosa (117 por ciento), pasando de 289 mil millones de dólares en 1993 a 626 mil millones en 2003. El comercio de México es el más dinámico: del total trilateral, nuestro comercio con Estados Unidos pasó de representar el 29.4 por ciento en 1993 al 38.9 por ciento en 2003, y con Canadá del 1.4 al 2.1 por ciento.1
De 1993 a 2003 el comercio total entre México y Estados Unidos creció a una tasa media anual de 11.1 por ciento y con Canadá de 12.2 por ciento. El comercio de México con Canadá y Estados Unidos (en particular) no sólo ha crecido explosivamente, sino que ha pasado de ser deficitario para nuestro país (-2 mil 051 millones de dólares en 1993) a superavitario (39 mil 828 millones en 2003). A ello contribuyen en parte nuestras ventas petrolíferas a esos países, las cuales eran por 4 mil 500 millones de dólares en 1993 y llegaron a 14 mil 800 millones en 2003, representando en ambos casos aproximadamente el 10 por ciento del valor de las exportaciones.2
Las exportaciones se multiplicaron por un poco mas de 3 veces durante el TLCAN. Pasaron de ser, incluyendo la maquila, de 51, 886 mdd en 1993 a 160, 682 mdd al finalizar el 2002. Durante el TLCAN acumulamos un poco más de un billón de dólares.3 Estas exportaciones son en su mayoría manufacturas. En promedio, durante el TLCAN, el 87.35 por ciento de las exportaciones han sido manufactureras.4
Como era de esperarse, debido a la desgravación arancelaria pactada, cuyo costo ha significado una merma en los ingresos públicos de más de 3 mil millones de dólares anuales, el TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales. Durante los años del TLCAN, el comercio total entre México y sus contrapartes norteamericanas se triplicó.5

Fuente: INEGI-BIE, SHCP e informes presidenciales de CSG y EZP.

El saldo comercial de la maquila es de 105,733.4 mdd. Si el 90 por ciento de ellas es a Estados Unidos significan 95,160.mdd, es decir el 67.5 por ciento del superávit comercial con Estados Unidos.6 La suma de las exportaciones de maquila y petróleo crudo a Estados Unidos es 22.5 por ciento mayor que el superávit comercial con dicho país. El segundo, tercero y quinto lugar como empresas exportadoras desde México son las tres armadoras automotrices estadounidenses que ensamblan en territorio mexicano. El ensamble de computadoras, como HP que es el sexto exportador desde nuestro país. Exportamos muchos otros productos industriales a Estados Unidos, pero el sector manufacturero tiene en su conjunto déficit comercial.7
Además, las 300 transnacionales instaladas en México, la mayoría de ellas de origen estadounidense, presentan un alto coeficiente de importaciones, situación que las hace a menudo deficitarias. Bastaría restar las exportaciones petroleras hacia ese país por mas de 8 mil millones de dólares, mismas que no tienen contrapartida para redimensionar la relación comercial; si, adicionalmente, sustraemos el superávit generado por la industria maquiladora de exportación, el resultado es un franco déficit comercial de México con su vecino del norte.

Empleos y planta productiva
A pesar del aumento de las exportaciones, el impacto del TLCAN en términos de generación de empleos, mejoramiento salarial y condiciones de vida ha sido nulo, entre otras razones, por la alta concentración de los flujos comerciales. La dinámica exportadora es impulsada, por un lado, por un sector maquilador cuyos componentes nacionales que son menores al 3 por ciento; y, por otro lado, del total de las ventas al exterior el 80 por ciento son realizadas por 300 grandes empresas, a pesar de registrarse 40 mil empresas de exportación.
Entre 1993 y 2003, la población económicamente activa (PEA, en edad y con deseos de trabajar) aumentó 7.9 millones de personas (sin contar a las cerca de tres millones que emigraron), pero en ese lapso sólo se generaron 2.6 millones de empleos formales (asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).8
Hoy existen en México 9.4 por ciento menos puestos en el sector manufacturero que antes del TLCAN. Al contrario de lo que se esperaba, la industria manufacturera mexicana, la gran depositaria de la inversión extranjera y uno de los sectores que están ligados a las exportaciones, actualmente tiene menos empleo que antes del acuerdo. Este indica que ha habido una pérdida neta de empleos manufactureros, ya que se perdieron miles de plazas de trabajo por el cierre de empresas. En este rubro la productividad aumentó 53 por ciento; así, los trabajadores produjeron más por cada hora de trabajo, pero a menor costo, ya que también disminuyeron 36 por ciento los costos laborales en este rubro.9
Por otro lado, el efecto del TLCAN sobre la planta productiva ha sido severo. En 1993, año previo al TLCAN, la producción mexicana (PIB) satisfacía el 84 por ciento de la oferta y demanda totales de bienes y servicios; en 2003, ya sólo lo hace en 73 por ciento, habiendo ganado ese terreno los bienes y servicios importados que, consecuentemente, pasaron de cubrir el 16 al 27 por ciento. La producción nacional creció en el decenio 30 por ciento y las importaciones 148 por ciento.10
El consumo interno pasó de representar el 70 por ciento de la demanda en 1993 al 60 por ciento en 2003. El consumo interno apenas aumentó 29 por ciento, frente al externo que aumentó 191 por ciento. La formación de capital fijo (inversión productiva en maquinaria, equipo y construcciones), sin embargo, sólo aumentó 33 por ciento; ha permanecido en el bajo rango de 19 por ciento del PIB (debiendo ser idealmente de un 30 por ciento o más), e incluso ha disminuido en términos relativos del 16 por ciento de la demanda en 1993 al 14 por ciento en 2003. La maquinaria y los equipos que sustentaban la inversión en 1988 eran 65 por ciento de origen nacional, 50 por ciento en 1993 y ya sólo 39 por ciento en 2003.11
Los indicadores económicos, sociales y ambientales de México muestran un severo deterioro y una enorme asimetría y desventaja con respecto a nuestras contrapartes de América del Norte.
El 55.3 por ciento de los empleos nuevos generados no cumple con ninguna de las prestaciones de ley que son sólo tres: seguridad social, gratificación de navidad y 10 días de vacaciones al año.12 Si tomamos como universo sólo los abierta y formalmente asalariados, el 49.5 por ciento no tiene ninguna prestación.13
Existe hoy 9.4 por ciento (-1,418) menos empleos que antes del TLCAN.14 Efectivamente se crean empleos en el sector punta exportador, pero menos que los que se pierden en la cadena de sus antiguos proveedores ya que ahora importan casi todos sus insumos.
La industria maquiladora de exportación es la responsable de casi la mitad de las exportaciones totales del país (45.18 por ciento) y capta el 15.8 por ciento de la inversión extranjera directa. Sin embargo, en promedio cada año del TLCAN las maquiladoras crearon 59,81415 y debemos recordar que el país necesita cada año 1,400,000 empleos.

Un nuevo patrón de industrialización subordinada con desequilibrio externo
México ha logrado durante el primer decenio del TLCAN una relativa estabilidad macroeconómica. Sin embargo, ésta no consiste sólo en la estabilidad de los precios en los mercados de bienes. Aunque la inflación está bajo control, las condiciones macroeconómicas generales, incluidas los precios clave, como los salarios reales, el tipo de cambio, la tasa de interés y los precios de los activos, que ejercen una fuerte influencia en las decisiones de asignación de recursos y de inversión, han sido negativos. Ello se debe en parte a la mayor inestabilidad de la balanza de pagos y la vulnerabilidad externa asociadas a los choques comerciales y financieros y, en parte, a una pérdida de autonomía de la política macroeconómica, debido a la rápida liberalización y la estrecha integración a la economía estadounidense. Además, en lugar de "establecer los precios adecuados", las llamadas fuerzas del mercado han tendido a mantener la tasa de interés y el tipo de cambio en niveles que han obstaculizado la rápida acumulación de capital y el cambio tecnológico.
Las políticas aplicadas para eliminar la inflación socavaron las variables económicas fundamentales y el ajuste de la estructura productiva debido a la evolución de la política cambiaria y financiera y las cuentas fiscales y exteriores.
Así, las políticas de estabilización basadas en el tipo de cambio sobrevaluado lograron frenar la inflación, pero no aprovechar el comercio y la IED para generar un crecimiento rápido y estable de la renta por habitante, basado en una mayor acumulación de capital y en el progreso técnico.
El aumento de la renta y la disminución de la competitividad causados por el uso de un anclaje cambiario no generaron una crisis de la balanza de pagos durante el proceso de desinflación. Esto se debió a que lograron atraer entradas de capital extranjero por la vía de las privatizaciones y la venta de grandes empresas del sector privado como Banamex, Bancomer y algunos corporativos industriales, comerciales y agropecuarios. Además del aumento del poder de compra real, debido a la caída de la inflación, las entradas de capital extranjero elevaron los precios de los activos financieros internos y, por lo tanto, aumentaron el valor contable de la riqueza nacional. Sin embargo, estos resultados positivos no hicieron más que abonar el terreno para la reaparición de las dificultades causadas por los grandes montos acumulados de deuda externa.
Además, el control de la inflación mediante un anclaje cambiario nominal y estable produjo una dinámica de "desindustrialización" del sector productivo nacional. Las apreciaciones de los tipos de cambio reales se debieron no sólo a la rigidez de los salarios y los precios de los bienes no comercializables, sino también a las apreciaciones de los tipos de cambio. Este hecho, combinado con la apertura de los mercados internos al comercio exterior, hizo que las industrias nacionales tuvieran más dificultades para responder a la nueva estructura de precios y productividad impuesta por los mercados internacionales.
De esta manera, la nueva orientación de la política económica en el marco del TLCAN no ha logrado producir un entorno macroeconómico apropiado para la creación y expansión de la capacidad productiva y el mejoramiento de la productividad y de la competitividad internaciona-les. Tampoco ha dado lugar a la aplicación de medidas de política económica eficaces a nivel sectorial o microeconómico como las que se emplean en Asia Oriental (medidas diferenciadas de apoyo y protección).

TLCAN y desregulación de la inversión extranjera
México se ha insertado en una dinámica de desregulación financiera firmando aceleradamente tratados comerciales y acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con países europeos y latinoamericanos, además de ser uno de los principales defensores de un acuerdo multilateral de inversiones en el marco de la OMC, el cual, tomando como base el capítulo undécimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pretende liberalizar las inversiones mundiales otorgando máximos derechos y nulas obligaciones a las corporaciones multinacionales, así como serias restricciones a los Estados para regular su comportamiento.
En el TLCAN, en lo que se refiere a expropiación, transferencias e indemnización y teniendo como base de negociación un marco legal favorable para la inversión, el gobierno mexicano ha buscado otorgar trato preferencial al inversionista extranjero. Empero, al concederse un tratamiento especial a estas inversiones, se violan las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos.

Migración y desigualdad social
Los indicadores económicos, sociales y ambientales de México muestran un severo deterioro y una enorme asimetría y desventaja con respecto a nuestras contrapartes de América del Norte. El deterioro de los indicadores sociales alcanza niveles preocupantes en los rubros de nutrición, salud, vivienda y educación, donde niños, mujeres, indígenas y ancianos son los más vulnerables.
Posterior a la crisis de 1994, la sociedad mexicana se ha polarizado todavía más: 5 por ciento de la población de menores ingresos recibe sólo 5 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 5 por ciento más rico concentra casi el 30 por ciento de la riqueza nacional.
En México, de acuerdo a la metodología de Julio Boltvitnik, existen 70 millones de pobres, de los cuales 40 millones viven en la miseria extrema. Esta realidad lacerante contrasta con el hecho de ser el país del llamado Tercer Mundo con el mayor número de multimillonarios y una de las principales naciones del orbe que registran las más elevadas concentraciones de ingreso. En 1970, la participación de los asalariados en el PIB representaba 35.7 por ciento; en la actualidad no rebasa el 29 por ciento.
Aunado a lo anterior, lejos de crearse más fuentes de trabajo, el país enfrenta hoy sus más altas tasas de desempleo y ocupación informal, lo que repercute de manera negativa, proliferando el contrabando, el mercado subterráneo, la subfacturación de mercancías y la evasión fiscal. Existe desinversión productiva, incluso en las ramas que se presumen fortalecidas por efecto del TLCAN, como la automotriz y maquiladora.
Hay que señalar que, a pesar de las políticas antiinmigrantes emprendidas por las autoridades estadounidenses, con un fuerte carácter xenófobo, militarista y violatorio de los derechos humanos, que provocan varios decesos al día en el Río Bravo, en el desierto o a manos de los rancheros y grupos racistas estadounidenses, los flujos migratorios se acrecientan. Anualmente, desde 1995, se deporta de Estados Unidos, en promedio, a un millón de mexicanos indocumentados, a pesar de las promesas de integración del TLCAN y del crecimiento registrado en la economía mexicana.
La política migratoria de México afianzó su papel de policía tapón convenido soterradamente con el gobierno estadounidense. Cifras oficiales arrojan que a lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo se deportaron de México unos 665 mil extranjeros en situación migratoria irregular y se espera que al cierre del año sean devueltos unos 136 mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos. Este tratamiento en contra de trabajadores migrantes contrasta con el otorgado a los 819 mil registros de visitantes de negocios, quienes reciben un tratamiento especial favorable previsto en los capítulos sobre "hombres de negocios" pactados en los tratados de libre comercio.
Cabe señalar que los efectos adversos del TLCAN han sido paliados gracias a la gran cantidad de recursos que los migrantes envían desde Estados Unidos. Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), un millón de hogares recibe remesas, que en el ámbito nacional ascenderán, en 2004, a 15 mil o 16 mil millones de dólares.
En 1993, las remesas enviadas desde Estados Unidos sumaban 3,672.71 millones de dólares. Para 2003 las remesas representaban 13,265.55 millones de dólares.
En este contexto, fue presentado el 7 de enero de 2004 el plan migratorio del presidente de Estados Unidos George Bush, el cual consiste en un programa de trabajadores temporales que podrían trabajar legalmente durante algunas temporadas en la Unión Americana.
El plan migratorio de Bush es en realidad una extensión de la estrategia de Estados Unidos inaugurada en 1994, cuyo objetivo es que el inversionista de Estados Unidos encuentre la mano de obra barata en su país de origen, una vez que el TLCAN entró en vigor. A la luz de esa nueva estrategia se inauguró la política de sellamiento de su frontera sur para regular la entrada de trabajadores de acuerdo con las necesidades de la economía de ese país. De ser aprobado por el congreso norteamericano, el nuevo plan migratorio de Bush serviría para regular el mercado laboral de los inmigrantes que lograron evadir los filtros cada vez más densos en la frontera. Los trabajadores migratorios indocumentados quedarían atrapados en las redes de un mecanismo que no les garantiza seguridad laboral y que en cambio los coloca en la lista de posibles deportados. Los trabajadores en esa lista quedarían a merced de los ciclos de la economía estadounidense, concretamente de las necesidades de los empresarios que no encuentren mano de obra dispuesta para los trabajos ofrecidos.
Es obligación del Estado mexicano apoyar decididamente a nuestros migrantes, lo que implica insistir en acuerdos binacionales integrales, basados en el derecho internacional, con énfasis en el respeto a los derechos humanos para lograr un manejo más equilibrado y consensado de las políticas a seguir en materia migratoria. Reconocer que los trabajadores internacionales son parte del proceso de globalización económica y que esto obliga a pensar en nuevas formas de imaginar las sociedades contemporáneas.
No aceptamos que los migrantes mexicanos sigan siendo tratados como intrusos en una sociedad a la que han contribuido de manera fundamental.
Insistimos en que se revisen las políticas estadounidenses en materia de control migratorio y que se reconozca la necesidad de realizar acuerdos bilaterales sustentados en el derecho internacional.
Ante este escenario, afirmamos que las políticas parciales no permiten alcanzar acuerdos y mejores condiciones para los migrantes en general, por tanto, demandamos que se instale una comisión encaminada a lograr un Tratado Migratorio Bilateral que busque defender los derechos humanos, sociales, culturales y políticos de los trabajadores internacionales con un marco legal planteado con base en normas de derecho internacional.
En su momento, los negociadores mexicanos del TLCAN se rehusaron a pugnar por establecer un acuerdo migratorio en el marco del tratado. Como una mera maniobra discursiva se formuló un acuerdo laboral paralelo, el cual, como lo demuestran los hechos, ha resultado sumamente limitado.
Por lo tanto, resulta indispensable que en el TLCAN se incluya lo más valioso de México: su fuerza de trabajo.

Agricultura mexicana y TLCAN
El campo mexicano se encuentra en crisis. Esta crisis se expresa en el ámbito social en el creciente fenómeno de migración de los jóvenes del campo hacia las ciudades del país y hacia los Estados Unidos con el consecuente abandono de los campos de cultivo y la reducción de la actividad sectorial. En lo económico, se manifiesta por la reducción de algunos cultivos como el del arroz, el trigo y las oleaginosas; por el incremento en las importaciones de granos alimenticios que socavan la soberanía alimentaria y, consecuentemente, por el déficit en el comercio agropecuario con el exterior, así como por la creciente importancia de las remesas de nuestros trabajadores en el exterior como sostén principal de la actividad económica en algunas regiones rurales del país.
Elemento fundamental de la gestación de esta crisis es la política de ajuste estructural cuyos pilares han sido el ajuste fiscal, la reducción de la inversión pública, particularmente la del sector agropecuario, la privatización de empresas públicas y la apertura comercial cuya máxima expresión es el TLCAN.
Al inicio de las negociaciones del TLCAN, en 1991, Estados Unidos vislumbró la posibilidad de imponer su agenda (por lo menos en el ámbito bilateral con México). Además, tenía un doble interés: por un lado, dominar el mercado agropecuario mexicano y, por otro, pretendía que este tratado sirviera de antecedente para presionar en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Esto último, no lo entendimos con la claridad quienes éramos diputados opositores al tratado. No comprendimos que la presión estadounidense para obtener ventajas sustantivas en materia de desregulación de inversión extranjera, privatización de empresas públicas, eliminación de aranceles y muchos factores más, era por el doble interés de subordinar económicamente a México y presentar en el ámbito internacional un resultado tangible de su agenda antes de la culminación de las negociaciones de la OMC.
De lo negociado entre 1991 y 1993, Estados Unidos obtiene el compromiso de una disminución, aparentemente gradual, de los impuestos a la importación de productos agrícolas estadounidense, introduciendo en el tratado algunas cláusulas de carácter cualitativo que tienen efectos importantes.
Una de ellas impide a México, una vez concluido el período de transición, establecer cuotas o límites cuantitativos a la importación de productos, lo cual era una de las columnas vertebrales del sistema mexicano de regulación agropecuaria.
Otro elemento es la prohibición de subsidios, que distorsionan la libre competencia entre los productores. Se considera, en consecuencia, que todo subsidio que interfiera con la asignación optima de recursos en el mercado debe ser eliminado.
Paralelamente a la negociación del tratado, se realizaron las modificaciones del artículo 27 constitucional, que significaron la eliminación, por un lado del reparto agrario como obligación de Estado y por otro, la base constitucional para la conversión de las tierras ejidales en propiedad privada mercantil, además de que permitió que las empresas mercantiles, por acciones, sean dueñas de importantes extensiones de tierra.
Estimo que esta reforma fue bilateralmente negociada con Estados Unidos. No quisiera caer en una visión dependendista y afirmar que la reforma fue impuesta. Desde los años treinta hay en México una vieja aspiración de su oligarquía, que incluso fue uno de los motivos para la creación del Partido Acción Nacional, respecto a la cancelación de reparto agrario, la conversión de tierras ejidales en propiedades mercantiles sujetas a embargo y el derecho de las sociedades mercantiles para ser dueñas de tierra. Se une así una aspiración conservadora interna con la visión de Estados Unidos acerca de que la inversión en el sector agrícola, particularmente la tierra, podría ser rentable y, por tanto, sujeta a ser incorporada al tratado.
Por otro lado, en un capítulo distinto al agropecuario, que es referente a inversión aparece un conjunto de normas desregulatorias de la inversión extranjera que favorecen la transnacionalización de la agroindustria.
La transnacionalización de la industria alimentaria es un fenómeno previo a 1994. Nestlé, Carnation y otras empresas ya actuaban antes de ese año, pero lo hacían bajo la norma restrictiva que establecía una distinción jurídica entre empresa mexicana y empresa extranjera. La legislación especial para las empresas extranjeras no impedía que éstas obtuvieran grandes utilidades, pero jurídicamente existía la capacidad regulatoria. Al otorgarse, en el capítulo de inversión, el trato nacional genérico a las empresas extranjeras y prohibirse toda acción discriminatoria que afectara la igualdad de derechos entre empresas, se favorece una mayor penetración extranjera que se manifiesta en la adquisición, por empresas agroindustriales y agrocomerciales estadounidenses, de plantas industriales mexicanas, tanto del sector privado, como del público, lo cual está íntimamente vinculado a la negociación del propio sector agropecuario.
Cabe señalar que -en su momento- sostuvimos que por lo menos los granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) no debían entrar en la negociación. También, unos pocos intelectuales estadounidenses, como Karen Hansen del Instituto de Investigaciones de Políticas Agrícolas Comparadas en Minessota, percibieron tempranamente el nexo entre el aumento de la pobreza rural, la crisis agrícola de granos básicos y el incremento de flujos migratorios (nexo comprobado por las investigaciones de Juan Manuel Sandoval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros).
Pese a ello, los estadounidenses, con enormes excedentes de maíz y trigo, incorporaron los granos básicos en el capítulo agrícola. A pesar de muchas voces que se alzaron para que, durante la negociación, se incorporara un capítulo sobre derechos sociales, laborales y humanos de los migrantes, fue tajante la negativa del lado mexicano y del estadounidense en ese sentido.
El presupuesto de la federación para 2003 asignó recursos para el campo por 41 mil 783 millones de pesos. Estos raquíticos fondos asignados al campo mexicano, en un contexto en que el Congreso de Estados Unidos con la Farm Bill 2002-07 aumentó los subsidios agrícolas de ese país en 51 mil millones de dólares, representa la "crónica de una muerte anunciada para cientos de miles de productores agropecuarios de México". Es imposible competir con arancel cero contra las importaciones agrícolas de la Unión Americana con un magro presupuesto de 3,869 millones de dólares versus subsidios globales a los productores estadounidenses del orden de 98 mil 900 millones de dólares anuales. Si a esto añadimos que el 1 de enero de 2003 se aplicó la radical eliminación de casi todos los aranceles agrícolas con Estados Unidos y Canadá, la perspectiva es realmente preocupante.
En los 10 años del TLCAN, el comercio exterior agrícola acumula un déficit de 7 mil 790 millones de dólares y va en ascenso, el comercio pecuario acumula, por el contrario, un superávit de 1 mil 103 millones, y el de productos procesados (agroindustriales) acumula un déficit de 10 mil 243 millones. Así, la suma total del sector agroalimentario presenta un déficit acumulado, en los 10 años, de 16 mil 930 millones de dólares.16
Debido a lo anterior, es previsible que continuará la pérdida de empleos agropecuarios y se cancele toda posibilidad de proteger la producción de básicos ante amenazas externas.
Mientras el campo genera cerca de 7 millones de empleos y participa con 5 por ciento del PIB nacional, la inversión acumulada directa a partir de la puesta en marcha del TLCAN es solamente de 0.25 por ciento del total nacional; el gasto público para este rubro se redujo 53 por ciento en términos reales de 1990 al presente año y el crédito se contrajo en cerca del 80 por ciento.
Estas cifras contrastan la importancia del sector y el débil apoyo que ha recibido. Las condiciones del campo se han agravado, su viabilidad está en juego en el corto plazo, por lo cual la oportunidad y suficiencia de los recursos en este momento resulta clave.

Conclusiones
Para promover los intereses de la población mexicana en niveles de ingreso y coeficientes de ahorro e inversión, capaces de sostener un proceso de desarrollo en la economía global, lo primario es la construcción de capacidades productivas, organizativas y negociadoras nacionales para actuar efectivamente en el entorno global y balancear las perspectivas de los intereses de las naciones con las que interactuamos.
Consecuentemente, proponemos los siguientes lineamientos para desarrollar este planteamiento:
* Renegociación del texto del TLCAN para equilibrar las desventajas impuestas a las bases productivas de México descritas antes y referéndum de cualquier acuerdo antes de su suscripción y ratificación constitucional;
* Mantenimiento de un tipo de cambio en equilibrio que no distorsione el intercambio comercial y financiero internacional en contra de la base productiva y el empleo en México y que impida las devaluaciones traumáticas;
* Actualización y modernización del marco legislativo e institucional del Estado mexicano para contar con una representatividad nacional auténtica en las negociaciones comerciales internacionales, para la aplicación de impuestos y aranceles compensatorios de las disposiciones antimonopólicas que equilibren la capacidad institucional de nuestras contrapartes comerciales.
* Realizar evaluaciones públicas sobre los impactos del TLCAN, guiados por el objetivo común de encontrar mecanismos complementarios que protejan la planta productiva, los derechos laborales y el medio ambiente, y de propiciar la renegociación de algunos aspectos de este Tratado, particularmente del capítulo agrícola y de las normas sobre regulación de inversiones, con objeto de establecer mecanismos equilibrados y justos que reconozcan asimetrías. Deben eliminarse barreras neoproteccionistas instrumentadas por autoridades de EU, como ha sucedido respecto al acceso de camiones y diversas frutas y verduras mexicanos a su territorio.
* Incorporación definitiva de los órganos legislativos en materia de negociación, seguimiento y ratificación de los acuerdos comerciales y de inversión.
* Revisión integral del capítulo XI del TLCAN, que otorga el "trato nacional" e impide la fijación de "requisitos de desempeño", limitando las posibilidades de instrumentar políticas de fomento económico, de desarrollo industrial y regional vinculadas a la regulación de la inversión extranjera.
* Revisión de las actuales normas aplicables al comercio de cereales, oleaginosas, lácteos y carnes y el establecimiento de normas de comercio justo que permitan el bienestar de los productores mexicanos y los proteja de subsidios externos, permitiendo una competencia equilibrada.
Los trabajadores internacionales son parte del proceso de globalización económica, lo que obliga a intensificar acciones en defensa de su integridad, identidad y cultura. No aceptamos que los migrantes mexicanos sigan siendo tratados como intrusos en sociedades a las que han contribuido de manera fundamental. Es tarea fundamental es promover y defender los derechos humanos, sociales, culturales y políticos de trabajadores mexicanos internacionales y sus familias. Demandamos garantizar plenamente los derechos políticos, como el voto cuantificable en México, de los mexicanos que viven en el exterior, con el fin de construir en nuestra nación una democracia sin sectores excluidos.
Es ineludible incorporar el tema migratorio en el marco del TLCAN. Debe replantearse la relación que sobre la materia tenemos con Estados Unidos y con otras naciones y garantizar la tolerancia hacia la diversidad y la aplicación plena de los convenios internacionales sobre migrantes, poniendo término al clima de violencia, racismo y xenofobia existente en la frontera y en diversas regiones.
La inversión extranjera debe ser regulada por el Estado precisamente para que juegue un papel positivo en el desarrollo nacional. Sin embargo, regulación no quiere decir trabas burocráticas, tampoco proteccionismo de ineficiencias y falta de calidad; quiere decir orientar, incentivar, crear condiciones para que haya ganancias razonables que a la vez cooperen con el desarrollo nacional. Deben plantearse mecanismos para que la inversión extranjera tenga un efecto de arrastre sobre el resto de la economía con la consiguiente generación de empleos indirectos. No proponemos mecanismos proteccionistas de ineficiencias, al obligar a inversionistas a comprar en el país lo que sea más caro o de menor calidad, pero deben buscarse mecanismos o incentivos para que en los hechos estas empresas se surtan en proporciones crecientes en el país receptor. Un mecanismo, entre otros, pueden ser reglas de origen con contenido nacional y no sólo regional como estipula el TLCAN. Deben canalizarse prioritariamente a sectores productivos y no sólo a la especulación bursátil.
La inversión extranjera orientada y regulada puede ser un instrumento de desarrollo para ir disminuyendo las asimetrías existentes entre los países. Pero para ello es necesario que las inversiones extranjeras jueguen un papel activo en la creación de las condiciones macroeconómicas favorables y no sólo reciban sus frutos. Al menos deben asociarse al capital nacional y transferir tecnología. Un esquema atractivo es coinversiones en que el inversionista extranjero ponga tecnología de punta y la transfiera, y ello se contabilice como capital aportado.
Las políticas de regulación de inversión extranjera no bastan para disminuir las asimetrías existentes entre los países firmantes del TLCAN. Son necesarios acuerdos sobre fondos de fomento, así como fondos compensatorios para los sectores y regiones más afectados por la reestructuración y el ajuste. Además es necesario resolver de raíz el problema de la deuda externa, lo que liberaría fondos propios para fomentar el desarrollo nacional y disminuir las asimetrías. Todo ello implica no otorgar "trato nacional". No se puede tratar como iguales a quienes no son iguales.
El atraer inversión extranjera como complemento de la nacional, supone lograr alianzas internacionales entre los países en desarrollo para evitar una competencia desleal por las inversiones, a la vez que crear un nuevo contexto mundial que comprenda que la salida es global, que el mundo industrializado no superará sus problemas si no colabora con la elevación y desarrollo integral de su contraparte. Ello no es una utopía irrealizable. Junto con las tendencias neoliberales en el mundo subsisten tendencias en esta dirección. La integración europea parte de este supuesto dentro de su propio bloque. Todo lo anterior es viable, pero supone otro modelo de desarrollo distinto al neoliberal. Ciertamente supone crear condiciones de menor dependencia de la inversión extranjera. Debemos buscar un modelo de desarrollo viable en el contexto mundial en el que la inversión extranjera sea un complemento del esfuerzo nacional y no una necesidad angustiosa para evitar crisis financieras mayores. No es fácil alcanzarlo, pero un modelo de desarrollo con distribución del ingreso y democracia irá creando la fuerza necesaria para triunfar.
La renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, es una tarea de enorme trascendencia para recuperar la soberanía alimentaria y defender el interés de la nación; sin embargo, es importante tener conciencia de que constituye un proceso largo, pues requiere del consenso de Estados Unidos. En el corto plazo, apoyados en la ley de comercio exterior de México y en las disposiciones del tratado mundial de comercio que prohiben las prácticas desleales de comercio practicadas por Estados Unidos para promover sus exportaciones agrícolas, se requiere establecer salvaguardas y aranceles compensatorios a la importación de granos provenientes de ese país. Por otra parte, es imperativo que se haga efectiva la disposición establecida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de que auténticos representantes de los agricultores participen en los comités que deciden las cuotas de importación. Otra vía de protección de nuestra agricultura sería que amparados en el capítulo octavo de TLCAN, particularmente en el artículo 801, párrafos tercero y cuarto, se establezcan salvaguardas a un conjunto de productos agropecuarios para aumentar los impuestos a la importación regresando su nivel al existente antes de entrar en vigor el TLCAN.
Por razones de interés nacional y preservación de la paz pública, es imperativo que el Congreso de la Unión aumente el presupuesto del sector agropecuario, particularmente incrementando la inversión pública en desarrollo rural, en infraestructura hidroagrícola y los recursos para comercialización, Procampo, Alianza para el Campo y los créditos canalizados a través de la nueva Financiera Rural y otros programas. Para financiar el aumento del gasto público, estimo necesario realizar una profunda reforma fiscal integral y combatir la evasión fiscal, con el fin de disponer de recursos públicos que permitan incrementar significativamente la inversión pública en desarrollo rural y los subsidios al campo. Sólo así, se logrará a mediano plazo la meta de equiparar los apoyos en México con los existentes en Estados Unidos y en Canadá. En un estudio elaborado en 2002, denominado: "Hacia una política hacendaria de Estado", un grupo de investigadores en la UNAM, la Fundación Colosio y el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, encontramos que un modesto incremento en la recaudación de 4 por ciento del PIB, vía combate a la evasión fiscal, se podría destinar el 20 por ciento de esta cifra al sector agropecuario lo que tendría un gran impacto aún en la hipótesis de que no se lograra la renegociación del TLCAN.
Esta es una cifra clave para la agricultura mexicana. Duplicar la inversión pública en infraestructura, apoyos a la comercialización, insumos, créditos, reconversión productiva, tecnología, con reglas que ayuden a los pequeños y medianos productores, puede tener un efecto multiplicador de enorme importancia. En consecuencia, la inversión pública y los apoyos a la comercialización y al Procampo tendrían un efecto para el mundo rural. Si la sociedad civil lograra construir candados anticorrupción y anticorporativismo para esos fondos y subsidios, el efecto de una inversión pública que pasaría de 41 a 90 mil millones de pesos seria profundo.
Es conveniente retomar el espíritu del Foro de Sao Paulo surgido del XI periodo de sesiones de la UNCTAD: el mejoramiento de la coherencia entre las actividades nacionales e internacionales y entre los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales es fundamental para consolidar la gobernabilidad económica mundial. Es importante crear sinergias positivas entre el comercio y las finanzas y determinar el modo de vincular esas actividades con el desarrollo. En particular, debería prestarse atención al mejoramiento de las corrientes internacionales de capital para el desarrollo, entre otras cosas, utilizando mecanismos financieros innovadores, así como a hacer frente al problema de la inestabilidad de los mercados de capital internacionales. Las medidas para lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo en los países en desarrollo deberían también ser objeto de un profundo examen y de medidas adecuadas.
La integración más positiva de los países en desarrollo y de los países con economías en transición en los flujos comerciales internacionales y en el sistema comercial multilateral depende también de la adopción de políticas internas para acceder a sectores que incorporan la innovación y que se expanden más dinámicamente. Para lograr esos resultados, los países deben tener la capacidad de estudiar las distintas opciones y mantener el espacio necesario para las políticas, con el fin de alcanzar el equilibrio idóneo entre los distintos enfoques de sus estrategias nacionales de desarrollo.
El proceso de desarrollo requiere un aumento de la participación de todas las fuerzas sociales y políticas en la creación de consensos. Aunque el desarrollo es responsabilidad primordial de cada país, los esfuerzos realizados en los países deben ser facilitados y complementados por un entorno internacional favorable, basado en reglas acordadas y aplicadas multilateralmente. En las políticas de desarrollo debe tenerse en cuenta la importancia de las fuerzas del mercado -en un entorno empresarial favorable que incluya, por ejemplo, políticas apropiadas en materia de competencia y protección del consumidor- en la promoción del crecimiento, por medio del comercio, la inversión y la innovación. También deben tenerse en cuenta la importancia de la contribución del Estado al logro de la estabilidad política y económica, al establecimiento de los marcos normativos necesarios, a la canalización de los recursos para los proyectos sociales y de infraestructuras, la promoción de la inclusión social y la reducción de la desigualdad.
En conclusión, se requiere una política económica alternativa que nos permitan encarar los retos de la globalización a partir de un proyecto nacional de desarrollo sustentable definido democráticamente y que garantice la mejoría en los niveles de vida, empleo, salud, educación y vivienda de la población. Defendemos la empresa pública en sectores que la constitución política señala como facultad exclusiva del Estado mexicano: petróleo, petroquímica básica, electricidad y energía nuclear, entre otros. Debe fortalecerse la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y del sector social de la economía para elevar su participación en el mercado interno y en las exportaciones. Apoyar al sector agropecuario y silvícola con el objetivo de recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, preservar nuestra biodiversidad, cultura y prácticas sustentables de producción, así como regular el capital especulativo, promover la inversión productiva y, finalmente, fortalecer las regulaciones sociales y ambientales.

* Director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1 Márquez Ayala, David. "El TLCAN a 10 años de distancia", en Coyuntura núm. 120, marzo-abril 2004.
2 Márquez Ayala, o. c.
3 INEGI-SHCP.
4 Arroyo. Alberto. "El TLCAN en México: promesas y realidades en su décimo año", en Lecciones del TLCAN: El alto costo del libre comercio. RMLC-ASC, México, 2003.
5 Arroyo Picar, Alberto. Op.Cit.
6 Cálculo en base a Grupo de Trabajo INEGI, SHCP y B. De M. Balanza comercial. Tomado de web www.shcp.gob.mx.
7 Revista Expansión.
8 Marquez Ayala. o. c.
9 La Jornada, 28 de junio de 2004.
10 Marquez Ayala. o. c.
11 Marquez Ayala. o. c.
12 INEGI Encuestas Nacionales de Empleo 1993-2003. 1993, cuadro 66; 1995 cuadro 73; 1996-1999 cuadro 3.39; 2000 cuadro 3.65; 2001-2002 cuadro 3.39; 1er trimestre 2003 indicadores estratégicos de empleo y desempleo.
13 INEGI Encuestas Nacionales de Empleo 1993-2003. 1993, cuadro 72; 1995 cuadro 167; 1996-2002 cuadro 3.73; 1er trimestre 2003 Indicadores estratégicos de empleo y desempleo.
14 INEGI PIB manufacturero Sistema de Cuentas Nacionales Productividad. Empleo: Encuestas Industriales Mensuales tomadas de BIE-INEGI y www.inegi.gob.mx.
15 INEGI Estadísticas Industria Maquiladora de Exportación. Tomado de BIE-INEGI (Industria maquiladora de Exportación/Indicadores anuales/Por entidad federativa/Total Nacional/Personal ocupado).
16 Marquez Ayala, o. c.