IMSS: fractura del orden laboral

Saúl Escobar Toledo*

Las reformas a la Ley del Seguro Social, aprobadas por el Senado la madrugada del 5 de agosto, tienen una importancia histórica para el mundo del trabajo. Además de su impacto regresivo para construir una seguridad social vigorosa, pública y eficiente, las modificaciones a la ley, aprobadas por el Congreso de la Unión, tienen un significado especial y quizás más profundo en la dimensión estrictamente laboral.

Las graves implicaciones de la decisión tomada por la mayoría legislativa representan una fractura legal, política y social del orden laboral mexicano. Para comprender su importancia vale la pena hacer, en primer lugar, una breve referencia histórica.

I.- Desde 1917 y sobre todo durante el cardenismo, la sociedad y en particular el movimiento obrero, y el Estado, sellaron un pacto laboral que buscaba el crecimiento económico, el empleo, el mejoramiento del salario y las condiciones de vida de los trabajadores. En este pacto, el gobierno apoyó a los trabajadores para que éstos, a través de sus organizaciones sindicales, lograran pactar con los patrones contratos colectivos que fueran el instrumento para conseguir mejores salarios y prestaciones pero también para establecer un orden laboral y una vida institucional más ordenada.

Este pacto fue roto por una parte de la dirigencia de los trabajadores y los gobiernos post cardenistas. La CTM controlada por Velásquez prefirió una política de subordinación al Estado a cambio de evitar la democracia, la pluralidad y la competencia sindical. El Estado se convirtió así, de un lado, en represor de las oposiciones sindicales y en garante del monopolio de los grupos afines a él. El sindicalismo se convirtió en un sistema autoritario y corrupto.

Durante los años del desarrollo estabilizador, la antidemocracia y la represión se conjugaron con un momento económico de crecimiento que permitió elevar los salarios, la ocupación y mejores condiciones de vida para los trabajadores. Esta mejoría sin embargo no fue resultado de la lucha autónoma de los trabajadores con el apoyo del Estado, como sucedió en el cardenismo, sino de la subordinación a éste y a sus políticas desarrollistas. El pacto de renunciar a la autonomía y la democracia sindicales a cambio de un mejoramiento paulatino pero persistente de los trabajadores dejó de funcionar a principios de los ochenta cuando estalló la crisis de la deuda y se inició la década perdida.

Desde entonces el pacto laboral cambió para dar paso a un nuevo acuerdo en el que el Estado no es capaz de promover el empleo ni aumento de los salarios reales; por el contrario se conoce un agudo descenso de estas variables junto con las privatizaciones y la apertura comercial bajo los lineamientos del llamado Consenso de Washington. A cambio de esta subordinación ineficaz, las dirigencias obreras han gozado de impunidad para medrar con los contratos colectivos y los registros sindicales en un escenario de ficción o simulación que representan los contratos de protección. Este pacto laboral de pacotilla recibe ahora, con la reformas a la Ley del Seguro Social, una nueva versión. En ella, no sólo se sigue con el desmantelamiento de conquistas pactadas en los contratos colectivos sino que además se desconoce al sindicato como interlocutor válido. Es decir, se trata de un pacto laboral sin la participación de las organizaciones sindicales y, por la tanto sin tomar en cuenta la voz de los trabajadores.

Según esto, el nuevo pacto laboral se hará con los partidos políticos, con el Congreso, con los patrones, con el gobierno, pero sin los trabajadores.

II. Desde la Constitución de 1917 y luego con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, el derecho laboral mexicano se distinguió por su carácter tutelar. La ley no podía ser —ni aspiraba a ser— igual para todos, fue elaborada para proteger al débil (el trabajo) frente al fuerte (el capital). Era una filosofía que se adaptaba bien a un Estado posrevolucionario cuya legitimidad residía en la búsqueda de la justicia social, y a un régimen autoritario y corporativo que castigaba y premiaba en función de las fidelidades políticas.

El derecho laboral mexicano, teóricamente, protege, pues garantiza la estabilidad en el empleo, una jornada máxima de trabajo, prestaciones mínimas de ley, la contratación colectiva y la bilateralidad, el derecho de huelga y revisiones periódicas de salarios y otros beneficios contractuales. Algunas de estas disposiciones se llaman ahora rigideces que se intenta flexibilizar, siempre en contra del trabajador y en beneficio del capital. Ello, se argumenta, para favorecer el empleo. Y aunque la experiencia internacional no proporciona ningún indicio de que la flexibilización fomenta el empleo, sí hay pruebas de que promueve la informalidad, el empleo precario y un desconocimiento de las normas mínimas (nacionales e internacionales) del trabajo: salario mínimo, seguridad social, jornada laboral, etcétera.

Los intentos de flexibilización han avanzado en los últimos años gracias a la inexistencia de un sindicalismo legítimo y representativo (con excepciones de la UNT, el FSN y otros agrupamientos independientes). Los intentos de reformar la LFT para introducir la flexibilidad sobre todo en jornada laboral y estabilidad en el empleo, han sido reiterados.

Pero lo novedoso en el caso de la reforma a la Ley del IMSS es que no sólo se persiste en la línea de quitar prestaciones adquiridas sino que ahora se rompe definitivamente con la tradición del derecho laboral mexicano que garantizaba, así fuera teóricamente, la bilateralidad y la contratación colectiva.

No sólo se protege ahora al fuerte (el patrón, en este caso la institución IMSS) en contra del débil, sino que además se suprimen dos de los derechos fundamentales que en cualquier país y en particular en México formaron parte del cuerpo doctrinal de la jurisprudencia del trabajo: la bilateralidad y la contratación colectiva. Sin ellos, cualquier vida sindical resulta inútil y cualquier esfuerzo de los trabajadores por mejorar sus niveles de vida y de trabajo se vuelven improductivos. Si eso pasa en cualquier parte del mundo, en México es más notorio porque la contratación colectiva y la bilateralidad dieron pie a la construcción de un amplio movimiento sindical mexicano y a un conjunto de leyes e instituciones que marcaron la historia mexicana del siglo XX.

Suprimir el derecho a la bilateralidad y a la contratación colectiva lleva a la anulación de la acción sindical y ello a la inutilidad de la lucha legal y colectiva de los trabajadores. Se construye así un nuevo derecho laboral que niega sus preceptos básicos y que adquiere un carácter residual pues se deriva otras leyes, distintas a las que rigen el trabajo (el artículo 123 y la propia Ley Federal del Trabajo). Se trata por lo tanto de un derecho laboral que representa una fractura histórica y doctrinaria con aquel que surgió con la Constitución de 1917.

III. La reforma a la Ley del Seguro Social tiene objetivos diversos, pero uno de ellos, sin duda, es golpear a la UNT. La intención política es manifiesta cuando se observa que el sistema de pensiones de los trabajadores del IMSS es tanto o menos oneroso que el que existe en otras empresas públicas, particularmente la CFE y Pemex. La intención es no sólo debilitar a un sindicato que forma parte de un grupo disidente, sino también a un movimiento que ha logrado democratizar a su sindicato e imponer sus propias decisiones. No es poco para una organización con varios cientos de miles de agremiados. No es la primera vez que la rivalidad lleva a los dirigentes del sindicalismo oficial a avalar la represión. La dirigencia cetemista fue cómplice, desde la caravana del hambre de los mineros a fines de los años cuarenta, de las agresiones a las principales luchas independientes: después de los mineros de Nueva Rosita, siguió el movimiento ferrocarrilero y luego la Tendencia Democrática del SUTERM. En todos estos casos, el charrismo apoyó sin reservas la intervención del ejército, la prisión de los dirigentes y los hechos de sangre. Aplaudió hasta el cansancio la intervención oficial para quitar o deponer a los dirigentes rebeldes.

Lo interesente en el caso de los trabajadores del IMSS es que las razones que aducen los dirigentes sindicales del Congreso del Trabajo, son por decir lo menos, incongruentes. No se acusa al sindicato rival de poner en peligro la estabilidad nacional, ni se trata de grupos subversivos como en los tiempos de la guerra fría; ni siquiera se les acusa de poner en peligro la alianza histórica del movimiento obrero con el Estado revolucionario, como se decía antes. Tampoco se habla de una disputa por el contrato colectivo o la dirigencia sindical. El argumento central de los viejos charros cetemistas es que los trabajadores del IMSS son trabajadores privilegiados. Ello, en boca de los sindicalistas oficiales, significa absurdamente que el movimiento sindical debe pugnar por igualar las condiciones de trabajo de la clase obrera hacia abajo y no hacia arriba.

Ya antes habíamos oído que los dirigentes sindicales llamaran al sacrificio de la clase obrera apelando a su patriotismo. Desde la crisis de la deuda en 1982, aceptaron ajustar los salarios a la baja, despidos y reajustes de personal, eliminar cláusulas contractuales y firmar pactos de solidaridad lesivos a los trabajadores. Pero ahora el razonamiento va mucho más allá.

Lo que el viejo sindicalismo corporativo está haciendo con la reforma de la Ley del IMSS no es pedir un sacrificio pasajero, como se suponía lo era en los tiempos de las crisis y las devaluaciones, mientras —se decía— el país superaba su adversidad. Ahora se exige un retroceso permanente y definitivo. Es como si llamaran a aprobar una ley que dijera que los aumentos salariales no pueden ser mayores a la inflación y se ordenara que los recursos públicos a partir de la aprobación de la reforma, no se aplicaran a las partidas salariales respectivas para asegurar que esta disposición se cumpla. El extremo de sumisión ineficaz del aparato sindical ha llegado a su límite. Los supuestos representantes de los trabajadores han decidido una estrategia sorprendente que consiste en aprobar medidas que lleven a un empobrecimiento general y permanente de los trabajadores y que ello debe, además, pactarse en una ley que impida, por otras vías, como la contractual, que este empeoramiento pueda revertirse.

Lo novedoso también es que esta estrategia sea resultado no sólo de la decisión del movimiento obrero organizado en el PRI, sino que además sea fruto de un pacto con el PAN y el gobierno de Fox. Se trata de nueva versión de la alianza histórica del movimiento obrero con el Estado que antes era revolucionario por ser príísta. Esta nueva versión, sin subterfugios ideológicos ni históricos, es más pragmática: a cambio de cerrar el paso a una oposición democrática, se obtiene una patente de corzo para seguir medrando con los contratos de protección. Del lado del foxismo y el panismo, tampoco hay más filosofía que una campaña mediática que argumenta que 400 mil (trabajadores) privilegiados no pueden perjudicar a 40 millones (de derechohabientes).

Esta campaña, eficaz, frente a una institución deteriorada y saqueada por los gobiernos neoliberales, deja ver, a pesar de todo, la dimensión de la alianza PRI–PAN: una alianza para convertir a los trabajadores en causantes y no víctimas del estancamiento económico y el desmantelamiento del Estado del bienestar. Ni el PRI, ni los dirigentes sindicales de ese partido podrán quejarse después de las consecuencias de haber adoptado la filosofía patronal más reaccionaria según la cual el trabajo es un privilegio y no un derecho, y que por lo tanto las conquista obreras son un estorbo o una rémora para el pleno desarrollo del país.

Con esta filosofía y este triunfo mediático, está puesto el camino para que cualquier otro golpe a los trabajadores, o grupo sindicalizado, sea celebrado como un paso hacia adelante en los destinos nacionales.

Se consuma así la transformación del PRI y de sus dirigentes sindicales, en una tendencia política nacional que no sólo ha abandonado la retórica de la justicia social sino que finalmente decidió abrazar, con todas sus consecuencias, los postulados doctrinales de la derecha patronal y neoliberal.

IV.- Un mundo sin sindicatos, sin contratos colectivos, regido sólo por leyes que indirectamente o de manera residual aluden a los derechos de los trabajadores, es un mundo casi ideal para el capital y los patrones.

Pero esta utopía capitalista no puede ser viable, por lo menos no por mucho tiempo. La productividad, la capacitación y la calidad en el trabajo no pueden lograrse sin participación obrera. La extinción del derecho a la contratación colectiva y con ello del sindicalismo, no ha sido viable en ninguna parte del mundo, por lo menos en aquella donde el trabajo asalariado es la base del desarrollo. Las experiencias de participación obrera sin pasar por la representación sindical tampoco han sido muy extendidas o exitosas.

Hay sin embargo, excepciones importantes: las maquiladoras y, en el área de los servicios, algunas tiendas de autoservicio, (el caso de Wal–Mart) y cadenas de comida rápida. Pero estos casos lo único que demuestran es que ese camino conduce a la ruta del conflicto permanente y que es difícilmente sustentable en el largo plazo. Tampoco puede generalizarse a los sectores productivos y de servicios donde la calificación del trabajo es más elevada.

En el caso del IMSS, los objetivos inconfesados e inconfesables de la reforma, el debilitamiento de la participación sindical, podría llevar a una multiplicación del conflicto. Asimismo, la existencia de trabajadores de primera y de segunda, con derechos distintos según su fecha de ingreso al IMSS, si no es pactada con la organización sindical, también puede convertirse en una provocación y en causa de interminables problemas laborales.

Se dirá que la utopía patronal tiene cara reformista pues se propone una transición gradual al conservar los derechos adquiridos de los viejos trabajadores mientras que a los nuevos les prohíbe tener las mismas prestaciones, renunciando así, en los hechos, a los beneficios de la contratación colectiva. Pero la verdad es que este trato diferenciado por obra de una ley, sólo puede llevar a la extinción de la vida sindical.

V.- La reforma a la seguridad social ha sido un tema a debate en muchos países. Desde hace unos diez años, las propuestas para reformar el sistema de pensiones han provocado huelgas generales en diversos países, entre los más recientes, por ejemplo, Francia e Italia. Junto a la flexibilización del trabajo, éste es el otro gran tema de la globalización en materia laboral.

Este desmantelamiento ha sido particularmente drástico en los países en desarrollo. Es el caso de la privatización de los sistemas de pensiones a través del mecanismo de las Afores que, con otros nombres pero bajo el mismo esquema, se han implantado en América Latina.

Pero el nuevo sistema no ha probado ninguna de sus ventajas. Comisiones altas, incertidumbre sobre la seguridad de una pensión digna en el futuro, y una concentración del ahorro en manos privadas que no ha contribuido, como se anunciaba, al desarrollo nacional pero que, en cambio, ha alimentado las tendencias especulativas de los flujos financieros internacionales, causa de las terribles crisis que han vivido diversas regiones del mundo en los últimos diez años.

En México, las reformas de 1995-1996, están asociadas directamente a los problemas financieros del Seguro Social pues agravaron y no mejoraron que como se decía, la viabilidad del IMSS.

Ahora tocó el turno a los trabajadores sindicalizados de esta institución y los argumentos son los mismos. Cualquiera sabe, después de unos minutos de reflexión, que el remedio consistente en cambiar el régimen de pensiones de estos trabajadores, poco ayudará sino es que nada en absoluto al rescate de la seguridad social. El costo, sin embargo, para los trabajadores no sólo del IMSS, sino de todos los mexicanos, es enorme.

Las recetas del BM y el FMI se han caracterizado permanentemente, por buscar el desequilibrio en las relaciones laborales: siempre aconsejan reajustar empresas públicas, flexibilizar los contratos y las leyes, disminuir las contribuciones patronales a las finanzas públicas etc. Nunca han propuesto disminuir la jornada laboral, aumentar los salarios reales, mejorar los seguros de desempleo, o aumentar los impuestos al ingreso provenientes de las ganancias, por ejemplo.

La seguridad social y los sistemas de pensiones no podían ser la excepción. El costo debe aplicarse, siempre, del lado del trabajo, público o privado. Aumentar el número de años en activo, disminuir las aportaciones patronales y elevar las contribuciones obreras, privatizar la administración, abandonar los esquemas solidarios para suplirlos por cuentas individuales, son las partes de un modelo que encaja perfectamente con el "Consenso de Washington".

El FMI y el BM reconocen el costo material de estas medidas a cargo de los trabajadores, pero argumentan que se trata de un sacrificio pasajero que será compensado por tasas más altas de crecimiento del producto y el empleo en el futuro mediato. Esto no ha sido así, y las crisis y el deterioro de los niveles de vida de los trabajadores, así como la desigualdad en la distribución del ingreso y el capital, empeoran día con día.

Pero el costo social de estos sacrificios, no es tomado en cuenta nunca por el FMI y el BM. Una generación ha nacido y se ha incorporado ya al mercado laboral bajo las políticas neoliberales. Y el saldo de esa generación puede medirse tan sólo por el número de jóvenes desempleados, sin educación y muchos de ellos, víctimas de la migración y la delincuencia.

Tampoco se han hecho cargo de los costos políticos y el deterioro de la democracia. Un sistema político sostenido por la pobreza de la mayoría, la incertidumbre en el futuro, y la ineficacia del Estado para promover el desarrollo, necesariamente es un sistema frágil. Si ahora, como en el caso del IMSS, aumentamos a esta democracia frágil, el costo de un pacto laboral sumido en la corrupción y la simulación de los contratos de protección; en la existencia de sindicatos de membrete; y ahora, con el caso del IMSS, en el debilitamiento de los sindicatos, la culpabilización de los trabajadores, la negación del derecho a la contratación colectiva y a la bilateralidad, y en suma a la exclusión de los trabajadores organizados autónomamente, para que, en cambio, sus intereses sean negociados ahora por los partidos políticos y el gobierno, el panorama para el fortalecimiento democrático se hace más complejo.

Es difícil medir estos costos sociales y políticos, pero una reflexión seria no puede sacar conclusiones positivas ni esperanzadoras sobre el futuro de la democracia y el sistema político. Prefigura una democracia en la que la sociedad sólo tiene derechos acotados, principalmente el derecho al voto, pero a la que se le priva de la capacidad de decidir por sí misma y mediante la negociación directa, aquello que tiene que ver con sus necesidades vitales: precisamente los temas del mundo del trabajo.

* Dirección de Estudios Históricos– INAH.