Privatización, mitos y juegos confucionistas

Francisco Javier Carrillo Soberón*

El debate en torno a la necesidad de avanzar, como país, hacia escenarios de mayor competitividad para que las empresas instaladas en México puedan enfrentar con mayor margen de éxito los retos de la economía globalizada, es presentado por muchos voceros, analistas, consultores o periodistas como una de las razones principales para urgir las llamadas reformas estructurales —entre ellas la de la industria eléctrica— entendiendo la reforma como sinónimo de apertura a la inversión privada.

Algunos de estos analistas llegan a conclusiones definitivamente simplistas, ya que la suma de argumentos se sintetiza en la supuesta imposibilidad presupuestal para invertir en la expansión y mantenimiento de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Por tanto —aducen— si el país aspira a tener unas industrias y empresas energéticas fuertes, que le permitan enfrentar la demanda de insumos en condiciones de precio y calidad mundiales, el único remedio es la inversión privada en el mundo energético mexicano; y a partir de esta aseveración, convertida en verdad universal e ineludible, trazan todas las demás conclusiones, solamente para encontrar las mejores formas de que esto ocurra.

Para llegar a estas conclusiones se hacen una serie de cuentas, que vale la pena revisar a grandes rasgos, empezando por ejemplo en el caso del tema eléctrico, ¿cómo construyen los privatizadores su argumentación? Veámoslo:

1. Entre los partidarios de la privatización hay quienes afirman que el crecimiento de la economía y la población mexicanas, arrojan un crecimiento de la demanda de electricidad no menor del 6% anual, lo que nos exige prever inversiones en generación, transmisión y distribución de energía, así como de mantenimiento de instalaciones diversas, de tal magnitud, que significan un promedio no menor de 5,000 millones de dólares anuales durante los próximos diez años, lo que a todas luces resulta inalcanzable para el Estado mexicano, a menos que se decida por alguna de las dos siguientes opciones: Se sacrifican otros renglones de la inversión pública (hospitales, escuelas, universidades, carreteras, etcétera) o se incrementa la ya desmesurada deuda pública mexicana.

A quienes así opinan hay que decirles que analizar el problema del crecimiento de la industria eléctrica, solamente desde la óptica del incremento de la demanda, ignorando la planeación energética de largo plazo, es omitir un aspecto básico. Nos referimos a la necesidad de definir qué recursos naturales se van a usar para la generación de energía eléctrica. Este punto es crucial, sobre todo si se considera que el tema energético es ya un asunto geopolítico y, por tanto, de soberanía nacional, es decir, de quién toma las decisiones sobre el uso de los recursos renovables y no renovables. Ignorar que México es uno de los pocos países privilegiados con importantes reservas de hidrocarburos, sobre todo líquidos, y con un interesante inventario de potencial de energías renovables (sobre todo hidráulicas, eólicas y solares), es asumir decisiones cortoplacistas, que finalmente dejan en manos de otros las decisiones de largo plazo para los mexicanos. En este sentido es comprensible la crítica a la errónea decisión de Luis Téllez (y ratificada por todos sus sucesores en la Secretaría de Energía), de privilegiar el gas como el energético del futuro mexicano, pese a que sus reservas nos dan mucho menos posibilidades que las reservas de hidrocarburos líquidos, por lo que ya se han hecho ejercicios para traducirlo en costos con relación a sustituir la planeación de generación de energía eléctrica con base a gas por fondos de torre de alto vacío, resultando en importantes ahorros para el país.

2. Otros de los privatizadores formulan preguntan ¿por qué el Estado no se deja ayudar y, sin perder su capacidad de control de la industria eléctrica mediante un fortalecimiento de su actividad reguladora —no como en California— permite el acceso de otros "agentes" a la generación de electricidad?

Mucho se puede responder a este socorrido argumento, pero básicamente baste señalar los siguientes aspectos:

* Los ingresos globales de CFE y de LFC arrojan números negros a favor de nuestras empresas. Sin embargo, es preciso reconocer que dos factores tienden a suprimir este superávit: a) la creciente presencia de los generadores privados en sus diferentes modalidades, tanto sociedades de autoabasto, (o cogeneradores simulados) como los productores independientes de energía, a quienes el sector eléctrico nacionalizado les tiene que garantizar la rentabilidad de sus negocios y por lo tanto la CFE tendrá que ir destinando sumas cada vez mayores para pagarles la energía a dichos productores independientes. Se estima, por ejemplo, que para 2004 este gasto de la CFE represente el 22% de sus ingresos. De igual modo, las sociedades cogeneradoras o de autoabasto, representan una competencia sobreprotegida frente a CFE lo que le suprime ingresos importantes de clientes igualmente importantes. b) El segundo factor es que, en contraste con los aspectos mencionados anteriormente, la carga de los subsidios a las diferentes tarifas eléctricas en el sistema nacional, va totalmente a cargo de las empresas eléctricas nacionalizadas, lo que representa un monto no menor a los 50,000 millones de pesos anuales, cuando que la Auditoría Superior de la Federación acepta públicamente que CFE no recibe un centavo de la federación desde 1997.

* El problema de LFC, nos muestra una empresa aparentemente no rentable, pero esto es resultado principalmente del precio en que CFE le vende la energía a LFC, que a su vez revenderá, en una proporción tal que de cada peso que LFC cobra a sus usuarios, 90 centavos los tiene que destinar al pago de la energía a la CFE, lo que representa por supuesto un precio que mata cualquier esquema de salud financiera. Es decir, visto en otra lectura, se puede decir que las presiones de los privados y los subsidios sobre las finanzas de CFE, orillan a esta última a presionar con sus precios a Luz y Fuerza del Centro, que es su principal cliente ya que le compra aproximadamente el 25% de la energía que CFE entrega en todo el país.

* Otro tema que nunca nos ha sido contestado satisfactoriamente por las autoridades de la CFE, es el relativo a los precios de Porteo y Despacho que se les cobra a los privados. Incluso nos han dicho que hay datos confidenciales que no pueden proporcionar al Legislativo.

3. El monopolio eléctrico mexicano —afirman otros— propicia muchas deficiencias estructurales donde la falta de inversiones privadas impide que CFE y LFC compitan con otras empresas, ofreciendo cada una los mejores precios. La creación de un mercado mexicano de electricidad, como ya sucede en casi todo el mundo, redundará necesariamente en un beneficio de los usuarios, además de que facilitará el combate a las desviaciones de corrupción que todavía pululan en CFE y LFC.

Añaden, estos mismos señores, que es el cambio tecnológico el que ahora permite segmentar las distintas etapas de la producción del servicio público de electricidad. Sobre todo, representa la posibilidad de controlar en tiempos reales, lo que sucede en la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio, así como en el despacho nacional de la carga. Permite también controlar las diferentes etapas a fin de poder construir mercados eléctricos nacionales y hasta internacionales, donde la competencia por los precios más bajos de la energía asegura a los usuarios tarifas bajas. Y —dicen por supuesto los privatizadores— son las grandes firmas de energía las que nos garantizan el acceso a las tecnologías más avanzadas y modernas.

A tales argumentos hay que responder que nuevamente las visiones parciales resultan totalmente engañosas para valorar la posibilidad de competencia en un mercado de electricidad. Vale mencionar que casi la totalidad de los mercados eléctricos implementados en el mundo acaban con contratos bilaterales de largo plazo entre generadores y grandes consumidores, y el resto de los consumidores acaban sometidos a monopolios regionales naturales, como lo impone la lógica del sistema único de distribución y comercialización, regionalmente hablando.

Lo que sí sucede en el sistema eléctrico mexicano, es que las prioridades en la operación del despacho de la energía empiezan a ser deformadas por las presiones que significan los contratos y las prioridades de rentabilidad de los privados, por sobre otro tipo de racionalidades, tales como la diversificación de fuentes de energía que se integren a la masa de energía generada, lo muy económico que resulta la generación de origen hidráulico.

De tal modo, podemos afirmar que uno es el porcentaje que integran los privados en la capacidad de generación instalada, y otro distinto, y mayor, es el que realmente aportan en el momento del despacho de la energía, lo que a la hora de los números y las estadísticas, por supuesto que se refleja en una aparente menor rentabilidad de las plantas de CFE y LFC.

En lo único que relativamente tienen razón es en el tema de la corrupción, que en CFE y LFC, llega a niveles muy groseros y muy dañinos para las finanzas de ambas empresas. Y es que seguramente "es preferible", la corrupción refinada de los cuellos blancos, tipo la empresa estadounidense Enron.

Finalmente hay que decir que no se ve probable una baja sensible en las tarifas eléctricas, ya que no ha sucedido en ninguno de los mercados eléctricos privados, y en México obligaría necesariamente a crear un impuesto eléctrico que nos permitiera asumir fiscalmente los subsidios que hoy asume nuestro sector público eléctrico.

En México hay tres centros de investigación científica y tecnológica en materia de energía: el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En los últimos tres años estos institutos no han recibido ningún incremento presupuestal, es decir han tenido incluso deterioro presupuestal; el IMP no tiene absolutamente ninguna asignación presupuestal, ya que se considera autosuficiente por los servicios tecnológicos que da a Pemex y otras entidades, es decir están siendo reducidas a meras instituciones de servicios y han abandonado su papel de desarrolladores de nuevas tecnologías, e pesar de que existe un material humano de muy alta calidad formado en más de tres décadas, que por supuesto se está jubilando y no existe intención en muchos casos de impulsar una generación de relevo.

Resulta entonces que el movimiento paulatino de los subsidios hacia un costo fiscal, es un movimiento inevitable en cualquiera de los esquemas de funcionamiento que adopte nuestro país, y por supuesto que resulta mucho más racional, menor en su monto y beneficioso, si subsiste el sistema eléctrico nacionalizado tal como lo contempla nuestro artículo 27 constitucional, ya que resultaría además de absurdo y gravoso para los mexicanos que subsidiáramos un negocio privado.

Dos fuentes adicionales de ingresos muy importantes en el corto plazo para la dupla CFE-LFC, lo constituye, por un lado, el rescate de las pérdidas no técnicas, sobre todo en el caso de LFC, que le representarían al organismo casi la totalidad de sus necesidades de inversión, esto es un ingreso adicional de cerca de 5,000 millones de pesos anuales.

El otro asunto lo sería el revisar el monto y la pertinencia de los diferentes subsidios, con la mira de evitar que benefician a quienes no lo necesitan. Mientras nuestro país siga padeciendo tal grado de rezago socioeconómico los subsidios a sectores amplios de la población siguen siendo inevitables, sobre todo si subsiste, como debe ser, la calidad del servicio de electricidad como un servicio público que el Estado debe garantizar al hogar más humilde, así como reconocer demandas de fomento económico para el campo y pequeñas empresas o sectores de la economía que deliberadamente se requieran apoyar.

4. Otro argumento que manejan los partidarios de la privatización es que las inversiones extranjeras directas que significan las plantas privadas de generación de electricidad, suman miles de millones de dólares que benefician al país y representan la generación de miles de empleos, la adquisición de nuevas tecnologías y la suficiencia de abasto de energía eléctrica barata para las industrias y los consumidores domésticos.

Agregan que el país ya no soporta que se siga endeudando más con Pidirgas para que la CFE pueda construir las plantas que sí quieren y pueden construir los privados.

Desde nuestro punto de vista la verdad es muy otra, ya que las inversiones que hacen las trasnacionales no salen de sus bolsillos, por decirlo de algún modo, sino que también acuden al mercado internacional de dinero, mismo que no presenta grandes dificultades para su acceso, ya que son contratos suficientemente rentables con venta segura de electricidad por cuando menos 25 años.

Por si fuera poco, la generación de empleos es mínima, ya que estas centrales generadoras les representan a las empresas extranjeras la oportunidad de traer sus equipos y tecnologías, con un mínimo de componentes nacionales (menor al 20%), incluida —en este bajo porcentaje— la obra civil, pues ciertamente resultaría muy difícil importar las zanjas y las cimentaciones.

Además, el efecto depredador de este tipo de inversiones es terrible, ya que está ocasionando que la ingeniería mexicana esté despareciendo, que las investigaciones y políticas mexicanas para la diversificación energética estén siendo olvidadas y pospuestas.

Por otra parte, el que Pemex y Comisión Federal de Electricidad hayan abandonado la construcción y abasto nacional de sus obras ha significado la pérdida de miles de empresas industriales nacionales.

Urge el rescate de estas empresas para que junto con LFC —que sigue proyectando, construyendo, manteniendo y abasteciéndose nacionalmente— puedan constituirse en uno de los puntales de una verdadera política industrial, de la cual carece el país.

Todo lo anterior, sin contar que históricamente, tanto Comisión Federal de Electricidad como Luz y Fuerza del Centro  han sabido desarrollar, aplicar y en su caso comprar y adoptar cualquier tipo de avance tecnológico, no obstante lo cual los gobiernos neoliberales priístas y panistas han despreciado e ignorado sus capacidades. Y baste señalar que el cuadro completo de Pidiregas contratado por CFE para financiar sus obras, arroja números negros en el 100% de los casos, o sea que ha cumplido con el requisito de que sean proyectos autofinanciables, por lo que no representan una carga para las finanzas del país.

5. Para los privatizadores el sindicalismo, particularmente el democrático es un estorbo para la modernización de las empresas, ya que es fuente de conflictos y de pérdida de gobernabilidad de empresas de dimensiones tan grandes, además de significar un gran riesgo financiero por elevar los costos de mano de obra y dañar de este modo las posibilidades de competitividad de los organismos.

En estas circunstancias —añaden— el sindicalismo corporativo, antidemocrático e inclusive corrupto, significa mayores garantías de control de los trabajadores, no presenta obstáculos para implementar cualquier plan de productividad, e inclusive se puede volver socio de las propuestas privatizadoras, al involucrar a los dirigentes en propuestas atractivas de negocio.

Por nuestra parte, tenemos que reconocer que esto no lo ha dicho nadie, ni explícita ni públicamente, pero no puedo resistir la provocación de interpretar las contundentes señales que todos los días nos arroja la realidad laboral del gobierno del "cambio", que ha llegado muy cómodamente a refuncionalizar los viejos liderazgos sindicales sobre la base de hacerlos cómplices de sus políticas privatizadoras, a cambio de respetarles sus añejos privilegios y proseguir con su condición de cómplices, de reprimir cualquier intento de organización democrática de los trabajadores, ya que, por cierto, son los enemigos más firmes en contra de esa entrega antinacional de nuestros recursos energéticos estratégicos.

* Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.