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El dasafuero de AMLO y la coyuntura nacional Eric Villanueva Mukul* y Cutberto Ledezma Chávez** La actual situación por la que atraviesa nuestro país, se caracteriza en esta coyuntura, por una difícil situación económica y social, bajo crecimiento económico y profunda incertidumbre política. La ratificación de la misma correlación de fuerzas en el Congreso en las elecciones de 2003, ha llevado al Presidente Fox, a mantener un nivel de confrontación con el Poder Legislativo en sus intentos de que le sean aprobados sus proyectos, sin someterlos a previa negociación. Por otro lado, el inicio adelantado de la sucesión presidencial, lo ha empujado al conflicto con sus adversarios políticos y con los partidos de oposición. En esa lógica se inscribe el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, sin medir las consecuencias de inestabilidad que esa acción puede generar. El vació que deja la confrontación política, la falta de claridad y de capacidad en la conducción del gobierno, puede crear las condiciones de un regreso a prácticas autoritarias o una restauración del viejo régimen. Aunque el Presidente, convocó durante su ultimo informe al dialogo y al acuerdo, los diferentes actores políticos, dudan de la sinceridad de la propuesta y de la firmeza para lograrlo. Si estas circunstancias no se modifican antes, la sucesión presidencial de 2006, se inscribirá en el escenario de una aguda confrontación que violente las normas de la competencia electoral. La correlación de fuerzas interna Vicente Fox llega a la presidencia en el año 2000, con lo que suele llamarse, un gobierno dividido, pues el Partido Acción Nacional, no logro la mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, situación que le ha dificultado sus intenciones para impulsar iniciativas de ley, sumando a ello la falta de voluntad y pericia política para consensuar acuerdos con las fuerzas parlamentarias de oposición. Recordemos que en su momento el candidato construyó expectativas, mismas que a casi cuatro años de gobierno no ha cumplido. Durante su mandato el Presidente no ha terminado de asumirse como tal, como Jefe de Estado y ha seguido pensando y actuando como candidato o como representante de su grupo político. Ante el torpe arranque de la sucesión, actuó como jefe de campaña de su esposa, arreció la efervescencia política del país, y profundizó los desacuerdos con algunos actores políticos y el Congreso y con esa actitud ha puesto en riesgo la consolidación del proceso democrático iniciado en 2000. En su afán por controlar la Cámara de Diputados a la mitad del camino, el gobierno y el PAN lanzaron una campaña en medios que argüía que para consolidar el cambio, se necesitaba otra vez el apoyo de los electores en la elección intermedia de 2003, con la peregrina idea de lograr la mayoría legislativa y poder avanzar en la aprobación de las reformas estructurales, —fiscal, energética y laboral— y así apuntalar la administración de Vicente Fox. Los ciudadanos pudieron percibir en el mensaje del PAN y del gobierno federal, la misma falsedad de las promesas que a casi cuatro años del gobierno del cambio no se han cumplido. El resultado electoral para el PAN fue la pérdida de 55 escaños al pasar de 206 a 151 en la actual LIX Legislatura. No sólo no logró la mayoría sino que perdió fuerza de negociación. Por el contrario, el Partido de la Revolución Democrática de 52 diputados subió a 97, incrementando su bancada en casi el doble y; el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 224 escaños, aumentando su cuota en 14 diputados, volviéndose a repetir nuevamente la misma correlación de fuerzas de 2000. La situación económica En el aspecto económico, el gobierno de Fox arranca con un clima de recesión en el panorama económico nacional e internacional, que había venido resintiendo nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. En los últimos cuatro años, el lento crecimiento no ha sobrepasado el uno por ciento anual del PIB, y aunque en el último año se ha avizorado un crecimiento anual entre el 3.5 y el 4%, también es que en este período se empiezan a percibir tendencias decrecientes de la economía norteamericana lo que seguramente impactara negativamente la economía nacional. En ese ambiente de franca recesión el Presidente de la Republica presentó en marzo de 2001 al Congreso su propuesta de Nueva Hacienda Pública. La iniciativa sostenía que la reforma al IVA con la expedición de una nueva ley, constituía uno de los pilares de la nueva propuesta redistributiva. Conviene recordar que así como en el año 2001 se desechó dicha propuesta, en 2003 amplias franjas de la población y un gran número de legisladores de las fracciones parlamentarias de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados rechazaron nuevamente la posibilidad de esa reforma. En nuestro país existe un consenso generalizado de los actores políticos y sociales, sobre la difícil situación económica y social, así como de la fragilidad de las finanzas públicas nacionales. El momento actual que vive México es de incertidumbre, el deterioro del país se profundiza entre otras causas por una profunda crisis fiscal, en la que el Estado mexicano cada día cuenta con menos recursos para cumplir con sus funciones básicas, promover el desarrollo de la nación y garantizar el bienestar de los mexicanos. Como consecuencia de ello, los montos destinados en el presupuesto de egresos de la federación para cubrir el gasto del aparato estatal en sus diversos ramos, los programas sociales, de infraestructura e inversión y el de las entidades paraestatales, se han convertido año con año en meras reasignaciones presupuestales. Por otro lado, la deuda que ha ido acumulando el Estado mexicano que absorbe cada vez más cuantiosos recursos, ha ido minando también los montos de otros programas sustantivos. A ello se incluye un elemento más de presión sobre las finanzas públicas: el crecimiento de las Contingencias y Avales del Gobierno Federal, los que consolidados hasta el año 2003 por diversos analistas, se situaban en un 128.5% como proporción del PIB para ese año. En sentido contrario a lo expresado por el Presidente y el Gobernador del Banco de México, sostenemos que el modelo neoliberal de desarrollo inducido desde el exterior y aplicado en nuestro país desde hace 21 años por las administraciones federales, sólo ha creado y agudizado los profundos problemas estructurales de nuestra economía, destruyendo ramas y cadenas productivas, generando desempleo, y provocando el empobrecimiento de amplias capas de la población. En diferentes foros y desde hace ya algún tiempo, se ha condenando tanto a las administraciones priístas como actual panista, por la aceptación incondicional de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para mantener bajo control los indicadores macroeconómicos, con el objeto de mantener la economía estable como dijo el Presidente en su informe, es decir sin crecimiento, o cuando menos no a los niveles que el país requiere. Desde nuestro punto de vista, los elementos que funcionan como freno para el despegue de la economía, es la obstinación por emparejar la tasa de inflación mexicana a la de los Estados Unidos y aunado a ello, tender hacia el equilibrio en las finanzas públicas eliminando el déficit fiscal, en momentos en que nuestra economía no encuentra fortalezas para despegar. Por lo tanto la iniciativa para destrabar el nudo que provoca el estancamiento de nuestra economía, parte del cuestionamiento del modelo de desarrollo y de la formulación de una propuesta alternativa de desarrollo, que ya se ha convertido en reclamo nacional. A este respecto vale la pena reflexionar en los 20 puntos, que como guía de un proyecto alternativo de desarrollo presentó el Jefe de Gobierno, el domingo 29 de agosto pasado. Podemos concluir que en el terreno económico Vicente Fox carece de proyecto propio; su política ha consistido en montarse en la del viejo PRI y seguir el mismo modelo financiero de aplicar el "corto" para retirar circulante monetario y detener la inflación, provocando una astringencia financiera que perjudica el ambiente para los negocios y haciendo mas difícil la situación económica para los sectores mas débiles de la sociedad y la economía mexicana. Cuando afirma que el país no necesita otro modelo económico porque el actual tiene un tinte humanista y su sentido último es la reducción de la pobreza, miente o padece de autismo, pues no se percata de las protestas a nivel mundial en contra del neoliberalismo que genera angustia y desesperación en gran parte del planeta. El actual escenario económico nacional e internacional, empieza a prever dificultades para poder cumplir con el pronóstico de una tasa de inflación del 3% y un crecimiento cercano al 4% anual del PIB, para este 2004 que finaliza. El aumento de los precios del petróleo a niveles históricos los últimos dos años, si bien han permitido una inyección de recursos que han alentado la inversión y el bajo crecimiento económico, sus repercusiones en el proceso de formación de precios de diferentes productos, pueden contribuir a un proceso inflacionario mayor, a una contracción de la demanda y a aumentar las tendencias recesivas de la economía internacional y nacional. Las perspectivas económicas, para los siguientes dos años, pueden presentarse con ciertas dificultades y sin muchos cambios en la realidad actual. La confrontación con el Congreso A partir de la alternancia, México comienza a transitar en una senda histórica inédita, construir un Estado que se gobierne a través de un real equilibrio de poderes, abandonando el sistema político vertical, en el cual vivimos durante muchas décadas. El Poder Legislativo fue hasta años muy recientes casi una ficción política en cuanto a participar en un real equilibrio de poderes, como contrapeso y control del Poder Ejecutivo, y como el espacio por excelencia para la discusión, el diálogo, la concertación política y la elaboración de las leyes. Desgraciadamente para la vida política del país, Vicente Fox se olvidó de la promesa presidencial de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, pues en los cuatro años de gobierno las relaciones con dicho poder, no han sido del todo tersas posible. El equilibrio y el vínculo diferente de respeto que ofreció el actual mandatario no tiene visos de concretarse y la transición no acaba de tomar forma y definirse. El Presidente ha lanzando campañas de presión para que se aprueben sus iniciativas de ley —las llamadas reformas estructurales—, razón por la cual se han provocado confrontaciones por las diferencias de enfoque para atender los asuntos públicos. El Presidente no ha logrado entender que la nueva correlación de fuerzas le indica que para sacar adelante sus Iniciativas, éstas tienen que llegar consensuadas al Congreso de la Unión, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Han sido muchos los motivos para la confrontación. Desde los Vetos a diferentes leyes, hasta los presupuestos y las diferentes iniciativas. La última confrontación del Presidente con un sector de legisladores y de trabajadores, fueron las recientes modificaciones a la Ley del Seguro Social, que motivaron un intento de linchamiento ante la opinión pública, de los legisladores que rechazaron su propuesta. La reciente reforma a la Ley del Seguro Social en su apartado del sistema de pensiones de sus trabajadores, significa una ruptura en la relación entre el sindicato y el Instituto al anular en los hechos lo dispuesto en el contrato colectivo. Esta reforma se ha convertido en la punta de lanza que utilizará el actual gobierno para modificar los sistemas de pensiones del ISSSTE, Universidades, Entidades Federativas y de los organismos y empresas públicas. La alianza de Fox con Salinas En el entorno político, cada vez más, se ha venido fortaleciendo la especie de que el presidente Vicente Fox ha ido tejiendo una alianza con los mismos intereses que en su momento, representó Salinas; que el gobierno del cambio parece regresar a los brazos de una parte del PRI, pues no de otra forma, se podrían explicar los desistimientos a los juicios políticos del diputado federal Romero Deschamps y del senador Ricardo Aldana a cambio del apoyo del PRI a la propuesta frustrada de gravar los alimentos y medicinas en diciembre pasado; la inexplicable aventura judicial que desembocó en la falta de responsabilidad penal del expresidente Echeverría y colaboradores; el apoyo reciente del PRI, a la reforma de la Ley del Seguro Social y; la aparente disposición de un sector de ese partido al desafuero de AMLO. Las reformas estructurales El tema de las reformas estructurales en el sector energético es una bandera de presión política que ha enarbolado la administración federal del presidente Fox, para señalar que el país no sale del estancamiento, porque no se ha permitido la entrada de la inversión privada en dicho sector, culpando de ello al Congreso, para congraciarse con un sector del empresariado mas conservador, con los organismos internacionales y con el gobierno de los Estados Unidos. La visión del grueso de los legisladores respecto a la reforma estructural en el sector energético se basa en el proyecto de nación contenido en nuestra Carta Magna y lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, relativos a las funciones que le corresponden al Estado para encauzar la rectoría del desarrollo nacional y garantizar que éste sea integral y sustentable. Por lo tanto, el fondo de éste asunto es que en los partidos políticos y sus representantes dentro del Congreso, existe una visión distinta del México que anhela el presidente Fox y el grupo que representa. Las grandes reformas en este tema, parecen tener pocas posibilidades de concretarse en lo que resta de la actual LIX Legislatura y mucho menos, mientras más se acerquen los tiempos de la sucesión presidencial. La Suprema Corte y los energéticos En círculos políticos no ha dejado de sorprender la participación del Poder Judicial en el tema de los energéticos, por la respuesta que formuló a la actuación de la Auditoria Superior de la Federación que cuestionó la legalidad de los permisos a particulares para la generación de energía eléctrica. El Ejecutivo Federal interpuso demanda de controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados de donde depende el Órgano Superior de Fiscalización. Grande fue la sorpresa entre los legisladores cuando la Suprema Corte de Justicia, admitió ipso facto la controversia, suspendiéndose las investigaciones que evidenciaban hechos delictuosos. La decisión del ministro Juan Díaz Romero, permite que el gobierno pueda conceder nuevos permisos a los consorcios extranjeros para la generación de electricidad, en clara violación a la Constitución General y a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. En sentido contrario y en relación con los Contratos de Servicios Múltiples que Pemex ha venido celebrando con empresas transnacionales, es de reconocer la admisión por el Juez Noveno de Distrito en materia civil Fernando Rangel Ramírez, de la demanda que un grupo de legisladores interpusieron para declarar nulo el contrato celebrado con la empresa Repsol. Con este antecedente histórico de haber reconocido el interés jurídico de los legisladores, por ser representantes de la nación, se abre el camino para la admisión de más demandas. Estos casos de interpretación y observancia de la ley nos hacen ver como al interior del aparato de justicia y del Estado, coexisten dos visiones diferentes sobre el papel de los energéticos en la economía nacional, así como de la aplicación de la justicia; una identificada con los intereses del gran capital y; la otra, por la preservación de los intereses de la nación. Por estas razones se explica la urgente necesidad para la administración de Vicente Fox de impulsar ante el Poder Legislativo la aprobación de la reforma constitucional, con la finalidad de regularizar la situación de los permisos y las inversiones que se han realizado hasta la fecha. La sucesión presidencial adelantada En medio de ese escenario lleno de problemas, se inserta el tema de la sucesión presidencial, iniciada por el mismo Presidente de la Republica, cuando dio el banderazo de salida a los aspirantes a ser candidatos. El Presidente introdujo, desde ese momento, un elemento más, para enturbiar el ambiente político. Sobre todo, por solapar y promocionar las aspiraciones de su esposa, renunciadas con posterioridad, pero dejando en el ambiente la justificada duda de que lo pudiera intentar otra vez. A partir de esa fecha quienes se sienten con posibilidades para llegar a Los Pinos han hecho acopio de recursos y elaboran planes futuristas. Algunos funcionarios-aspirantes han relegado la función pública en perjuicio de la nación, como es el caso de Secretario Creel al que las encuestas lo colocan como la mejor carta del gobierno y del PAN. Todos ellos en el fondo, han contribuido ha generar un ambiente de caos e inestabilidad política y de falta de claridad y de eficiencia en el manejo de los asuntos del Estado y del gobierno. Jorge Castañeda por su parte, se lanzó en precampaña ciudadana, con abierta condena a los partidos políticos como vehículo para la competencia electoral y el acceso al poder, contribuyendo también al enrarecimiento del ambiente político. Por el lado del PRI, parece claro que su dirigente nacional, Roberto Madrazo, ha ido acumulando fuerzas, con los recientes triunfos de sus candidatos aliados en las diversas plazas del país, no sin resistencias y confrontaciones con los grupos internos de ese partido, con los que estará en disputa por la candidatura presidencial. El desafuero de Andrés Manuel La ubicación del presidente Fox, como operador político de la sucesión, lo ha llevado a desarrollar una política de confrontación y a utilizar el aparato de Estado contra sus adversarios políticos. Lo mismo contra AMLO, que contra Madrazo, olvidando su papel de Jefe de Estado y de Gobierno. Una de las consecuencias que ha tenido el sistema de medición a través de encuestas, de las preferencias electorales con vistas a la sucesión presidencial de 2006, ha sido alertar al presidente Fox y a los representantes del statu quo, sobre el peligro que significaba para el grupo político y el proyecto que representan, el envidiable posicionamiento del Jefe de Gobierno en las preferencias de la población. Esto explica porque, antes y después del asunto de los video escándalos, ha sido clara la intención del Ejecutivo Federal, de golpear, descalificar y eliminar de la contienda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Los constantes obuses desde Los Pinos al antiguo Palacio del Ayuntamiento, han creado una ambiente de intranquilidad y zozobra al interior del PRD y de la administración de la Jefatura de Gobierno, y han radicalizado la postura de la dirigencia del PRD, para tener un acercamiento con el Gobierno Federal. Salvo la reunión de finales de agosto pasado, de gobernadores y legisladores con el secretario de Gobernación. En la investida del desafuero, es lamentable comprobar que el primer gobierno derivado de la alternancia democrática, adopte una estrategia política igual a la que padeció cuando el Partido Acción Nacional fue oposición. El uso del recurso de la justicia como arma política no es nuevo, se ha utilizado en el pasado, pero no siempre ha desembocado en una mejor convivencia democrática, sino al contrario, en conflicto. Lo que hoy hace el gobierno de Vicente Fox, es lo mismo que hacían los gobiernos autoritarios para anular a sus adversarios; enderezar el aparato judicial para construir razones legales de culpabilidad que, en realidad, ocultaban decisiones políticas previamente tomadas. Eso se pudo constatar con la reciente arenga que el Jefe de la Nación hizo a sus correligionarios para que, sin conocer el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, comprometan su voto a favor del desafuero. No ha reparado el Presidente el demérito que ante la opinión pública le está causando a la institución presidencial y a la institución de procuración de justicia, ya que todos los visos señalan que, se esta utilizando la justicia como arma política, o bien que el cumplimiento de la ley se entiende subordinado a los imperativos de una justicia dictada por la política. Podemos afirmar que es casi seguro que el presidente Fox no haya medido las consecuencias de sus decisiones y a lo que puede arrastrar a un sector importante de la sociedad. La respuesta de la ciudadanía a la concentración convocada en contra del desafuero, fue una muestra del rechazo hacia esa determinación, que refleja también los niveles de desaprobación medidas por las encuestas de opinión que, en algunos casos, alcanzan hasta el 70%. Según versiones al interior del aparato estatal, de no proceder el desafuero y ante el escenario de la solicitud de licencia del Jefe de Gobierno, de todas formas, se asegura, la PGR solicitaría la orden de aprehensión, lo que provocaría que con este hecho de inicio, se estaría dando una deslegitimación de todo el proceso electoral de 2006 y una confrontación de consecuencias aun no previstas. Justicia y política Grave y partidista es la posición que ha asumido el Presidente, cuando condena con todo rigor a los gobernantes de la oposición y no repara en defender a sus correligionarios como el gobernador de Morelos, Estrada Cagigal, que ha sido emplazado a juicio político por el Congreso Local, por causa, ¡nada más!, que de la infiltración del narcotráfico a la Policía Ministerial de ese estado. Además de la defensa que el PAN y la Secretaria de Gobernación realizaron, la Suprema Corte ordenó al Congreso de Morelos suspender el procedimiento en contra del gobernador. Otro caso, fue el del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, al que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reclamó una presunta violación de derechos humanos, violación que fue confirmada por la CNDH en reciente informe, donde le recomendó iniciar procesos y fincar responsabilidad contra los jefes policíacos por abuso de autoridad. Ramírez Acuña rechazó los señalamientos del ombudsman nacional y de plano descartó castigar a funcionarios por esos hechos. En un nuevo exhorto, en el mes de agosto, la Comisión Permanente del Congreso lo ha conminado a aceptar las recomendaciones de la CNDH. Estas evidencias de impunidad y de protección desde el Ejecutivo Federal a gobernadores panistas, hacen irritar a la ciudadanía cuando ven como se ha enderezado todo el peso de las instituciones para pretender enjuiciar a un gobernante que intento construir el acceso a un hospital, mientras se tolera o protege a funcionarios provenientes de su partido. El juicio de Alfonso Durazo a Fox En medio de ese enrarecido ambiente político y en pleno aniversario del cuarto año de la victoria del PAN, conocimos la renuncia de Alfonso Durazo, Secretario Particular del Presidente. Las afirmaciones vertidas en la carta-ensayo no aportan nada novedoso, son más bien confirmación de lo que intuíamos y que en la misiva se confirman: falta de pericia, incapacidad ejecutiva para lograr acuerdos, ignorancia de la historia, irresponsabilidad política, mediocridad personal, que más que simples adjetivos son las condiciones en que el Presidente Fox funciona en el ejercicio del poder. A ello sumamos su candidez de negociar y de cogobernar con un sector del PRI; de intervenir como en los viejos tiempos en el proceso de sucesión presidencial, que llevo en su momento a la pasarela política a su misma esposa, motivando tensión política en la filas de su propio partido y de la sociedad. La carta de renuncia es importante porque analiza al gobierno desde sus entrañas; es la voz de un excolaborador que sale no porque su jefe lo haya decidido, sino porque, el Presidente, no está a la altura de las circunstancias que impone la jefatura del Estado mexicano. La confrontación potencia la crisis política. El panorama político es desolador para el presidente Fox, ya que ha abierto demasiados frentes de confrontación. En el PRD se ha ido perdiendo la esperanza de atenuar el enfrentamiento iniciado desde Los Pinos. En el PRI esperan el desenlace del desafuero y aunque le hacen la faena legislativa en el Congreso, eso no impide ciertas confrontaciones por los posicionamientos en torno a la sucesión presidencial. En el núcleo duro del Partido Acción Nacional están decepcionados porque Felipe Calderón fue obligado a renunciar, además de que mantienen la sospecha de que Fox no dejará suelta la nominación del candidato de ese partido, a pesar de que sus dirigentes afirmen que sólo se tomará en cuenta su opinión, pero no como factor determinante. Otros conflictos, como el de Oaxaca, donde se mantuvo un fuerte nivel de confrontación entre el gobierno estatal y el federal, vienen a confirmar la tesis de Alain Touraine, cuando señala que ante la pérdida del poder centralizado, se vería el renacer de feudos regionales. Ello, como hemos señalado, por la ausencia de dirección, entendimiento, diálogo y operación política del gobierno central. El último frente abierto, el de las reformas a la Ley del Seguro Social es sin eufemismos, un rompimiento del estado de Derecho desde el Estado mismo, ya que es un grave precedente para romper la conciliación laboral e integridad de contratos colectivos de trabajo mediante albazos del Congreso. El vacío de poder ¿Restauración del viejo régimen? La suma de todos estos acontecimientos ha provocado que el vacío de poder vaya creciendo cada día, pudiendo alimentar este hecho, una crisis en la que puedan surgir tentativas que con la consigna del orden, pugnen por salidas autoritarias o la restauración del viejo régimen priista. Recordemos que cuando Vicente Fox triunfa, una inmensa mayoría de mexicanos, contagiados por la euforia del cambio, albergaban la esperanza de que el gobierno de la alternancia sería mejor que el viejo PRI, y sobre todo que habían llegado los tiempos de la democracia, y con ellos el fin de la cultura del autoritarismo, la impunidad, la simulación y la corrupción. Hecha posible la alternancia con un proceso y una justa electoral que parecía creíble y transparente, con la derrota del PRI, el nuevo Presidente fue incapaz de profundizar el proceso de transición hacia la democracia. El llamado cambio se estancó en la mera alternancia, importante sin lugar a dudas, pero insuficiente para garantizar la transición democrática que era la meta a cumplirse con la salida del PRI del gobierno. El Presidente no ha tenido ni parece que tendrá la voluntad para avanzar en la transición democrática, que consistía en desmontar la estructura de poder del viejo régimen priísta, y emprender una verdadera reforma del Estado. Mientras tanto, el partido desbancado en 2000 ha ido acumulando fuerzas para un posible asalto en la competencia de 2006, porque todavía existe la misma estructura que le permitió detentarlo durante décadas. La renuncia del actual Presidente a profundizar la transición y desmantelar el andamiaje jurídico del viejo régimen, posibilita una restauración autoritaria. Un regreso del PRI a la Presidencia, lejos de consolidar el juego democrático como pudiera parecer, frenará la transición y apuntará hacia la constitución de un bipartidismo a la manera del modelo norteamericano. El diálogo político En el PRD, se reconoce que el diálogo con los adversarios políticos o con miembros del gobierno federal, es un mecanismo útil para la discusión de los temas que conforman los pendientes de la agenda nacional en los cuales existe disenso. También se reconoce que el diálogo no produce inevitablemente acuerdos, pero que es indispensable para gobernar el país. Cuando Vicente Fox convoca a los partidos políticos a dialogar para tratar los temas coyunturales del país, lanza a la vez una ofensiva contra el PRD, que desemboca en la solicitud de la PGR a la Cámara de Diputados, para que sea desaforado el Jefe de Gobierno de la capital de la Republica. No ha reparado el Presidente de que la confrontación desmedida tiene sus costos y sus límites, que es necesario bajar la presión de la adelantadísima sucesión presidencial, que de la disputa por las declaraciones se pasa con facilidad a la disputa por la credibilidad y de que, de ahí se sigue sin parar a la pelea por el posicionamiento público y a otras formas de manifestación y descalificación impredecibles. Se ha tildado al PRD y a AMLO, de obcecación para no aceptar una conversación con los adversarios políticos y con el gobierno. Sin embargo, indebidamente se les ha catalogado como enemigos, condición que excluye el intercambio de opiniones y se da paso a la confrontación y se posibilita la violencia. El PRD ha declarado que el diálogo es el camino que puede evitar el desprestigio de nuestra reciente democracia; aunque ésta no haya ofrecido hasta ahora, los resultados que se forjo en el imaginario social. Aunque el Presidente convocó al diálogo a todas las fuerzas políticas, la credibilidad sobre su palabra está bastante menguada y se antoja difícil pasar de las palabras a los hechos. Si a ello se agrega el ambiente de crispación que ha forjado, pensamos que de momento no parece existir las condiciones para que se dé un dialogo respetuoso y de provecho para la nación. Conclusión No cabe duda que muchas de las soluciones que reclama nuestro país en sus diversos temas, encontraran un mejor ambiente, en la medida en que se logre distensionar el clima de confrontación política en que se han visto involucrados los principales actores políticos, sobre todo por la embestida que el gobierno federal ha iniciado para lograr el desafuero del Jefe de Gobierno y descalificarlo para competir en el relevo presidencial de 2006. La tregua propuesta por el Presidente es, valga el símil, bajar la llama para que no explote la olla de presión, pero el problema subsiste hasta en tanto, el Presidente de la Republica, comprenda que su divisa de hacer cumplir el estado de derecho, no tenía porque haber empezado con el emplazamiento a López Obrador. Pese a las dificultades, todas las fuerzas políticas deben intentar un acuerdo nacional para distender el ambiente político, que permita mejores condiciones para la elección de 2006. En un segundo momento, podría intentarse reiniciar los trabajos que nos lleven a realizar la reforma del Estado, que nos permita culminar la transición y darnos nuevas reglas para el juego democrático y la sucesión presidencial. Las llamadas reformas estructurales, se presentan como difíciles de alcanzar en este momento y mucho más difícil en la medida que avance la sucesión presidencial. Aunque habrá grupos, tanto del PAN como del PRI, empecinados en el desafuero de AMLO, los niveles de rechazo de la opinión pública de hasta el 70%, hará cada vez más difícil realizarla, con riesgos de gran inestabilidad política y de confrontación. En estas circunstancias, de no llevarse a cabo el desafuero, AMLO continuará consolidándose como la mejor carta del PRD, tanto interna, como ante la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2006.
* Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura. ** Investigador del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.
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