El proceso de desafuero iniciado contra AMLO: atropello a la democracia y las libertades públicas

La pretensión del presidente Fox de llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, profundizan la polarización política en nuestro país.

Desde la fundación del Partido de la Revolución Democrática, la derecha y las fuerzas neoliberales han buscado acentuar la confrontación política buscando que la sociedad contemple al cambio democrático como un gran riesgo y opte, finalmente, por una postura conservadora.

Este escenario lo hemos visto en otros contextos y momentos históricos. Se busca intimidar a la población con la idea de que un gobierno de izquierda será la antesala del caos y el desorden social. Como en las peores épocas de la guerra fría, se pretende desprestigiar al PRD y a sus gobernantes, con el viejo estigma de que son "populistas" y "estatistas".

Sin embargo, la realidad es que más de veinte millones de compatriotas viven en estados y municipios con autoridades que fueron postuladas por el PRD y las encuestas señalan un elevado nivel de aprobación ciudadana a la gestión del jefe de Gobierno del DF y a otros gobiernos perredistas. Ante el fracaso de Fox para promover el crecimiento y generar empleos, la gente ha comprendido que es momento de un cambio de rumbo para mejorar la situación, cambiar la política económica, promover y defender los derechos sociales y las instituciones democráticas; en suma, lograr un desarrollo sostenido y sustentable, respetuoso de nuestra soberanía e identidad histórica, promotor de los derechos humanos y capaz de lograr la convivencia de nuestro país con la comunidad internacional preservando el interés nacional.

Las demandas sociales y el fracaso del modelo neoliberal, obligan a una profunda reflexión sobre los derroteros a seguir y las propuestas que nuestro partido debe adoptar. El Partido de la Revolución Democrática tiene un compromiso con la gente: generar los empleos que la nación requiere, mejorar ingreso, educación, salud, vivienda y seguridad pública. Combate a la pobreza con políticas sociales que ataquen sus causas y protejan a personas en situación de vulnerabilidad, tercera edad, madres, jóvenes, discapacitados y otros. Un desarrollo con dignidad y respeto por las personas, preservando y fortaleciendo nuestra identidad nacional.

La incapacidad que ha mostrado el gobierno federal para cumplir sus compromisos de campaña, su dependencia del sector empresarial transnacional, su obsesión por gravar los alimentos y las medicinas, su propuesta de privatizar electricidad y petróleo se han reflejado en la gran caída de la popularidad del presidente. A éstas y otras improvisaciones y a la impericia con la que se manejan los asuntos del gobierno federal, se añade el atropello a la democracia y las libertades públicas que representa el proceso de desafuero iniciado contra Andrés Manuel López Obrador.

Los artículos de Miguelángel García-Dominguez, Adalberto Saldaña Harlow, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y los discursos del Jefe de Gobierno y de Leonel Godoy, Presidente del PRD, pronunciados en la histórica movilización de pasado 29 de agosto (que publicamos en este número), dan sólidos argumentos del carácter ilegal y autoritario de este desafuero.

Por estas razones, el PRD ha emprendido una estrategia en defensa de la legalidad y la democracia, que busca concientizar a la población de la pretensión autoritaria de intentar dirigir la sucesión presidencial de 2006 desde Los Pinos, cuando la voluntad de la ciudadanía se expresó a favor de la transición y el cambio democrático.

Lejos de mostrar temor, la población ha salido a expresar su coraje e indignación por la medida que se pretende imponer. El 29 de agosto, en la Ciudad de México, cientos de miles de personas, ciudadanos, familias, jóvenes y organizaciones sociales mostraron su apoyo a favor de un hombre honesto y trabajador. Igualmente, apoyaron un proyecto que busca reconocer y resolver las demandas y reivindicaciones sociales y lograr el cambio de la política económica.

Durante la marcha, la gente de diversos estados de la república, militantes y simpatizantes, expresaron su sentir al reconocer que el proceso de desafuero iniciado no constituye una medida legal, sino que es un procedimiento político. Se intenta eliminar a un adversario legítimo por una vía que pretende tener rostro de "legalidad" para ocultar su trasfondo golpista.

La marcha congregó a diversas fuerzas organizadas que se movilizaron expresando demandas sociales y políticas que están presentes en nuestra nación. Todos confluyeron en una sola voz: la necesidad de acuerdo entre los sectores progresistas para impedir que avancen las posturas de los que sólo buscan la descalificación y la polarización social.

La propuesta que surge de todos los rincones del país parte de la convicción de que el nuevo gobierno democrático que elijamos en 2006 debe tener un proyecto claro de nación. Se trata de gobernar para todos y no sólo para los grupos económicamente fuertes. El PRD ha dicho en diversos momentos y de muy diferentes formas que lo más valioso de nuestra sociedad son sus hombres y mujeres, su diversidad cultural, pero al mismo tiempo, su historia, principios y valores humanos que están presentes.

El compromiso con la ciudadanía es impulsar la transformación profunda de la sociedad mexicana para superar rezagos, impunidad, corrupción e impulsar el bienestar social, la educación, ciencia y tecnología y el carácter pluriétnico y multicultural de México.

El diálogo y entendimiento que se debe construir entre las diversas fuerzas sociales y políticas, representa un esfuerzo democrático frente a las demandas sociales y reivindicaciones hechas por los numerosos grupos de ciudadanos y ciudadanas.

Al convocar a la movilización social se asume una gran responsabilidad, dadas las condiciones en que nos encontramos como país. Pero consideramos que sería una enorme irresponsabilidad no asumir esta exigencia como una condición necesaria para arribar a un Estado democrático y social de derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste". Hoy mas que nunca es necesario reivindicar la plena vigencia de este precepto constitucional. No permitamos que la derecha golpista y sus aliados neoliberales nos arrebaten la esperanza. Recordemos aquella frase que levantó el movimiento estudiantil de 1968: "el presente es de lucha, el futuro es nuestro, Venceremos".