Incertidumbre en bancos y servicios financieros

Eugenia Correa*

En este trabajo se hace una rápida aproximación al proceso de megaconglomeración financiera mundial, con el objetivo de señalar las fuerzas que impulsaron esta nueva ola de centralización a finales de los años noventa. Posteriormente se hace una lectura de la expansión conglomerada hacia países emergentes, cuyo régimen de operaciones globales impone metas de rentabilidad también globales y en moneda extranjera. En la tercera parte del trabajo, se analiza la transición financiera mexicana de una estructura financiera característicamente conglomerada y mixta, estable y con doble patrón monetario a una estructura en transición, conglomerada y extranjera, inestable y tendiente a la dolarización y a la deslocalización financiera. La cuarta parte describe muy sintéticamente la evolución del mercado, y finalmente, a manera de conclusión, se señalan las fuentes de fragilidad. Este trabajo concluye señalando que, a pesar de que los principales servicios financieros están en manos de intermediarios extranjeros, puede presentarse el deterioro del sistema. La rentabilidad del sector financiero está principalmente organizada en torno a las finanzas públicas y, precisamente por ello, debido a la crisis fiscal subyacente en la economía mexicana persiste la incertidumbre acerca del futuro del sistema financiero doméstico.

Introducción

El sistema financiero en México ha estado sometido a rápidas transformaciones a partir de la desregulación y la apertura financieras iniciada desde los años setenta. En los años noventa, como consecuencia de la reforma financiera y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector sufrió nuevamente una crisis sistémica de consecuencias ruinosas sobre el financiamiento de la economía. A partir de los esquemas de solución de crisis bancarias aconsejados por el Banco Mundial, se instrumentaron políticas dirigidas al saneamiento y capitalización de las entidades. Finalmente, argumentando a favor de la recuperación de instituciones financieras sólidas y confiables, se permitió la venta de las mayores entidades financieras privadas a conglomerados financieros extranjeros, principalmente de los Estados Unidos y de España.

A partir de la implantación de dichos conglomerados se aceleró la transición de la estructura financiera en México. Ésta venía transitando, desde los años ochenta, de una estructura característicamente conglomerada y mixta, estable y con doble patrón monetario, a una estructura de transición, conglomerada y extranjera, inestable y tendiente a la dolarización y a la deslocalización financiera.

En realidad estos fenómenos no son privativos de México; sin embargo, en la segunda mitad de los años noventa, nuestro país y muchos otros fueron territorio de una confrontación competitiva global, y una parte —en ocasiones significativa— de sus servicios financieros pasó a ser propiedad de los grandes operadores globales.

Megaconglomeración financiera mundial

La crisis financiera mexicana de 1994, pero especialmente las crisis del Sudeste Asiático de 1997, la rusa de 1998 y la crisis del fondo estadounidense Long Term Capital Management, fueron los hechos que indujeron a una acelerada concentración financiera mundial. En unos cuantos meses el mundo vivió una ola de megafusiones financieras no conocida hasta entonces. Esta ola tuvo repercusiones importantes sobre las economías de América Latina y también sobre el sistema financiero en México, los bancos y los servicios bancarios.

Los grandes consorcios financieros (unión de bancos, fondos de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, etc.) fueron afectados en sus actividades, grado de solvencia y rentabilidad, especialmente porque las operaciones de productos derivados negociados en lo que se conoce como el mercado extra-bursátil eran —y siguen siendo, por cierto— muy opacas. Es decir, estaban intercambiando millones y miles de millones de dólares entre operadores, desconociendo con quién finalmente se estaban tomando los riesgos, el nivel de solvencia de los operadores, el grado de apalancamiento con que estaban participando, en un momento de elevada incertidumbre. La megaconglomeración permitió, en principio y al menos en parte, convertir ciertos riesgos en riesgos internos, dentro de balances de diferentes filiales de un mismo corporativo o de empresas financieras más integradas.

Este nuevo nivel de megaconglomeración, al interior del mercado financiero estadounidense, significó romper las barreras, creadas desde la crisis de los 30’s, entre bancos de inversión y bancos de depósito, de manera que se creó el gigante financiero Citigroup aun antes de que el Congreso de aquel país derogara la Ley Glass-Steagall; de ahí que muchos analistas se preguntan: si Citigroup pudo imponer una excepción a la ley en los Estados Unidos, entonces ¿quién regula a Citigroup?

La expansión de la liquidez que antecedió al llamado "error del milenio" alivió la situación de fragilidad de los grandes consorcios, ampliando la liquidez internacional; posteriormente, el rápido descenso de las tasas de interés permitió enfrentar las enormes caídas en los mercados de valores y aumentó de manera importante el volumen de negociación en derivados durante los siguientes doce trimestres. La rentabilidad de los consorcios financieros, especialmente los estadounidenses, se ha recuperado sobre la base de la reducción de las tasas de interés y la ampliación de la negociación de productos derivados. Sin embargo, esta recuperación tiene un elevado grado de incertidumbre debido a que no se sustenta en un mayor crecimiento económico, ampliación de las capacidades productivas y del empleo; ello agudiza desequilibrios graves como el elevado déficit público improductivo, el creciente déficit comercial estadounidense y su abultada deuda, que está empujando a una acelerada acumulación de reservas en los países de Asia y América Latina.

La megaconglomeración financiera así desarrollada está siendo hasta ahora efectiva para frenar las tendencias deflacionarias en los mercados financieros, pero al mismo tiempo es un obstáculo al financiamiento viable de la inversión; especialmente en economías en desarrollo, en donde, debido a las condiciones de inequidad del sistema monetario internacional, el rezago productivo y tecnológico, las grandes carencias en infraestructura, transporte, comunicaciones y energía, los rezagos educativos y de salud, hacen imposible generar los excedentes que hoy en día imponen las elevadas ganancias financieras.

Crédito e inversionistas institucionales

La desregulación (libertad en las tasas de interés y en los movimientos de capital); la movilización, como activos financieros, de activos que no tenían esa presencia; y la concentración en la propiedad y/o en los rendimientos de los activos, fueron los procesos que en el último cuarto del siglo pasado permiten explicar la ruptura de las estructuras financieras domésticas en un sinnúmero de mercados nacionales.

Se ha modificado el crédito bancario en los mercados y en la consecuente transformación de la actividad de la banca de depósito tradicional. Por una parte, el cúmulo de riesgos asociados al acortamiento en los plazos de vencimiento de los depósitos y de los préstamos, a la movilidad de la tasa de interés, a la elevación de los márgenes presionados por los préstamos vencidos y los intereses no pagados: todo ello, especialmente en los años ochenta, llevó a los bancos de depósito a convertir los préstamos otorgados en bonos y éstos a su vez pasaron a ser parte de las carteras de inversionistas (fondos de inversión), que son quienes asumen el riesgo y no los bancos de depósito. De ahí el dinamismo en la innovación financiera y en la incorporación tecnológica, así como el enorme desarrollo de los inversionistas institucionales. Asimismo, todas estas formas de operación que transfieren el riesgo incrementan la demanda de fondos bancarios por parte de los administradores de carteras, con el objetivo de buscar mayores rendimientos.

Todo ello se ha reflejado en mayores presiones de los fondos de inversión por desregulaciones que amplíen su ámbito de operación e incluyan nuevos espacios de negocio, por ejemplo la administración de fondos de pensión. Asimismo, es esta nueva forma de operación, crecientemente especulativa, conglomerada en la propiedad y descentralizada en el riesgo, la que va imponiendo cambios en las formas de gobierno corporativo y en los sistemas de pagos. Por otra parte, los acelerados procesos de privatizaciones en amplios sectores económicos y los movimientos de fusiones y adquisiciones continúan abriendo espacios lucrativos a esta modalidad de creciente "intermediación" financiera sin financiamiento a la inversión.

La expansión de los conglomerados financieros   más importantes hacia la economía mexicana ha significado una creciente desnacionalización de partes del sector financiero y la consolidación de verdaderos megaconglomerados financieros internacionalizados, cuya supervisión y regulación rebasa ampliamente las capacidades de las autoridades locales. Las características de su operación global y en sus propios mercados nacionales les imponen las modalidades  de operación en los países donde recién se instalan, digamos México. Pero además les imponen un nuevo territorio de competencia transnacional, en donde las operaciones de los bancos adaptan los términos de competencia local a los requerimientos de rentabilidad del corporativo global.

La transición financiera mexicana

Las estructuras financieras gestadas en ámbitos nacionales, con moneda y leyes "consensadas" en dichos espacios político-económicos, que legitiman las formas de propiedad, las fórmulas de los contratos, los términos en que se relacionan acreedores y deudores, la vigencia de un patrón monetario común, medida de valor e instrumento de intercambio, todo ello avanza hacia su desestructuración, sin que eventualmente sea sustituido a plenitud por otro. Por el contrario, el conflicto de intereses va dibujando fórmulas, así sea temporales, de gestión en el ámbito financiero, buscando controlar la diseminación del riesgo y traspasar las pérdidas a los presupuestos públicos.

Durante el periodo de elevado crecimiento con estabilidad, en la posguerra, la estructura financiera desarrollada tenía como elemento característico la mediación estatal fundamental desde el presupuesto público para el financiamiento de la inversión, la operación del sistema de pagos, el desarrollo de la intermediación financiera privada y la confianza y estabilidad de la moneda local. (Correa, 1994 y 2001).

Desde los años ochenta, el cumplimiento de los compromisos de la reforma económica propugnada en el Consenso de Washington se reflejó, en el caso de México, en la prosecución de un programa económico que incluyó la reforma financiera. Hacia el final de esa década, las reformas emprendidas incluyeron la aceptación de hasta un 30% de capital extranjero en el capital accionario de los bancos y casas de bolsa; un rápido proceso de privatizaciones, que incluyó a la banca; la eliminación de los depósitos obligatorios; una persistente caída del gasto público, y una disminución del papel desempeñado por la banca de desarrollo.

A escasos tres años de la reprivatización bancaria (1991) y de la reforma financiera (1989-1992), los balances de los bancos se deterioraron a tal punto que fue necesario intervenirlos, fusionarlos y rescatarlos con fondos públicos (1995). En realidad, un rápido cambio en las condiciones macroeconómicas, la elevación en las tasas de interés reales y la contracción económica fueron suficientes para recordar a los intermediarios los problemas derivados de tener balances dolarizados. La crisis bancaria que se desencadenó fue agudizada por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis financiera. Se antepusieron los intereses de los acreedores, es decir la preocupación por evitar la moratoria, y los intereses de los grandes colocadores de fondos y de los inversionistas institucionales por mantener la libertad cambiaria, frente al problema del desequilibrio cambiario de los bancos y del refinanciamiento crediticio. De esta manera se elevaron las tasas de interés internas y se mantuvo la libertad cambiaria a toda costa, lo que condujo a la quiebra a prestatarios y bancos. A ello se agregan montos difíciles de cuantificar, derivados de todo tipo de prácticas crediticas clientelares o francamente ilegales.

Bastaron seis años (1992-1998) para que fueran removidas las cláusulas de salvaguarda pactadas en el capítulo XIV y anexos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que protegían al país de la entrada mayoritaria de bancos extranjeros y de la enajenación de los mayores bancos a manos de sus competidores. Como consecuencia de lo anterior, menos de nueve años después de que se pactara ese capítulo XIV incluyendo salvaguardas para proteger a los bancos nacionales, más del 85% de los activos totales de la banca del país es propiedad de extranjeros.

En el camino hacia la resolución de la crisis bancaria de 1994 se está transitando hacia nueva estructura financiera, no necesariamente estable y robusta, que se caracteriza por la extranjerización del sistema financiero, la fragilidad y pérdida de control sobre el sistema de pagos, la vulnerabilidad y dependencia de la moneda local, la incapacidad del una parte importante del empresariado nacional para obtener financiamiento adecuado en moneda nacional y su supeditación al financiamiento externo. Esta transición aún no concluye y, mientras tanto, los servicios financieros en manos de entidades privadas y mayoritariamente extranjeras siguen apoyados en las finanzas públicas.

Sirven de apoyo a la rentabilidad bancaria, esta vez de bancos extranjeros, en especial españoles y estadounidenses, la nueva presencia de los fondos de inversión, especialmente de los fondos de pensiones, y una política financiera en la que nuevamente las finanzas públicas son su soporte. Por su parte, los bancos locales, principalmente capacitados para operar en moneda nacional, no pudieron enfrentar los problemas de liquidez en moneda extranjera, mientras que los intermediarios financieros extranjeros sí pueden hacerlo (Correa, 1993). De ahí la debilidad inexorable de los sistemas bancarios operando en monedas locales en condiciones de apertura financiera; éste es el verdadero problema que ha llevado a la ruina en los últimos 15 a 20 años a los bancos nacionales de los países emergentes.

Balance a cinco años de la plena apertura

Los bancos han recuperado su nivel de capitalización y éste se encuentra cercano al 15%, habiendo crecido a una tasa media anual de apenas 0.58% desde 1994, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por capitalizar y sanear la banca y a pesar de la venta a bancos extranjeros. Mientras tanto, el financiamiento otorgado ha venido cayendo sistemáticamente desde la crisis de 1994. Los activos bancarios y la captación han tenido igual suerte, descendiendo incluso en términos reales a un ritmo superior a -5% anual.

Además de lo anterior, se ha registrado un cambio en la posición relativa de los mayores bancos, pues en términos de activos y de cartera de crédito Bancomer (hoy parte del banco español BBVA), Bital (adquirido por HSBC) y Banorte (el banco propiedad de mexicanos más importante) han mejorado su posición relativa, ocurriendo lo contrario a Banamex (a pesar de su adquisición por parte de Citigroup) y a Santander Serfin.

El índice de morosidad ha descendido respecto a sus más altos niveles de 1994-1995, y a fines de 2003 se estimaba en torno al 5%. La distribución de la cartera vencida entre los mayores bancos también ha cambiado significativamente, incrementándose en los casos de Banamex e Inverlat y con una completa limpieza en Santander-Serfin.

A través de los programas de rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) los bancos fueron sustituyendo cartera improductiva por valores con rendimiento y garantía pública (IPAB). Los mayores bancos acumulan una parte significativa del bono IPAB-Fobaproa, incluyendo BBVA-Bancomer y Banamex-Citibank, Banorte. Así, una parte muy importante de las operaciones bancarias está compuesta por el bono IPAB-Fobaproa, pues éste se ha convertido en la parte verdaderamente creciente de la cartera bancaria, al punto de representar más del 50%de la cartera vigente de Bancomer y Banamex. Además, los rendimientos de los bonos públicos en la cartera de estos bancos representan una rentabilidad con casi nulo costo de intermediación.

El estancamiento de la economía mexicana —2001-2003— se acompaña de notables descensos en las tasas nominales de interés y también de un declive en el monto de intereses cobrados y pagados. La caída en los márgenes de intermediación se ha enfrentado con la disminución de los costos operativos (por el despido de casi 10 mil empleados tan sólo en 2001) y pequeños cambios en el financiamiento; el préstamo interbancario mantiene su importante posición en el financiamiento bancario.

Pese a la contracción de la economía mexicana, del financiamiento interno y del monto total de los activos bancarios, y pese a la extremadamente volátil situación de los mercados financieros internacionales, las utilidades netas de los bancos en México no han dejado de aumentar desde la crisis bancaria, y se sitúan en torno a un 18% del capital contable.

Por otra parte, han aumentado de manera significativa los recursos que manejan las sociedades de inversión, pues alcanzaron a diciembre de 2003 los 364 mil millones de pesos, que representan cerca del 20% de los activos totales de la banca múltiple. Los activos totales de las principales casas de bolsa han descendido y el mayor dinamismo se debe al crecimiento de los activos de las Afores, en particular las de Banamex, Banorte-Bancrecer y el grupo ING.

En enero de 2003, las carteras de las Afores llegaron a más de 605 mil millones de pesos, que representan el 32% de los activos de la banca múltiple, de los cuales el 83.5% está invertido en instrumentos gubernamentales. Además, con la reciente operación del Mexder, los instrumentos sintéticos se han convertido en uno de los componentes más importantes del mercado, superando el monto total de los activos manejados por la banca múltiple.

En comparación con la importancia que llegó a tener en los años setenta, la banca de desarrollo, en general, ha venido perdiendo terreno en el mercado, especialmente a raíz de la crisis bancaria iniciada en 1994-1995; también ha requerido de fondos públicos de saneamiento, pues su papel se reorientó al financiamiento de la banca comercial en los años noventa (Girón, A. y E. Correa, 1996).

¿Prestamista último para bancos extranjeros?

Muy pronto operará en México un seguro de depósitos restringido, que cubrirá al 100% a los ahorradores bancarios pequeños con cargo a las finanzas públicas, pero que deja fuera los fondos acumulados por los asalariados en las Afores y las inversiones colocadas en los fondos de inversión. Desde 1999, año con año y en forma paulatina, más operaciones bancarias dejarán de estar protegidas, hasta que en el año 2005 el monto por el que responderá el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) será de un máximo de 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona física o moral y por institución. En 2003, el IPAB cubría depósitos hasta un monto de 10 millones de UDIs; en 2004, la protección se reduce a los depósitos hasta de cinco millones de UDIs y en 2005 entrará en vigor el límite de protección de sólo 400 mil UDIs.1

Empresas y ahorradores medianos y grandes van quedando sin garantías en caso de un deterioro grave de alguno o varios intermediarios. Eventualmente las matrices de los bancos locales no enfrentarán responsabilidad alguna con los depositantes, ya que el seguro bancario limitado está a cargo de los restringidos fondos del IPAB2 y del gobierno federal.

Más aún, el sistema de pagos nacional, que había sido precisamente el objeto de protección de las cláusulas de salvaguarda en los anexos del capítulo XIV del TLCAN, ahora se encuentra en manos de cuatro conglomerados financieros internacionales: dos estadounidenses, un español y un inglés, con todo lo que ello implica en términos de soberanía económica y política (Correa, 1995 y 2001).

Una parte muy importante de la rentabilidad bancaria alcanzada en los últimos años procede precisamente de las finanzas públicas. A pesar de los niveles de capitalización y de la profundización del mercado de títulos mediante la modificación de los regímenes de seguridad social, el sistema financiero local, mayoritariamente extranjero, opera rentablemente debido a este vínculo con las finanzas públicas.

Así, en aras del interés de los ahorradores nacionales, México y los empresarios locales perdieron los bancos y la mayor parte del sistema financiero nacional; no hay financiamiento local ni para las pequeñas y medianas empresas (Correa y Girón, 2002). Por ello mismo, en alguna medida, las mayores empresas nacionales acumulan una deuda externa superior a 60 mil millones de dólares; en tanto, la mayoría de los ahorradores recibe intereses por debajo de la tasa de inflación. Ni el ahorro ni el financiamiento aumentan; la confianza que se esperaba generaría la mera presencia de los bancos extranjeros no ha dado aún los frutos prometidos. Por el contrario, los bancos extranjeros están en actitud de exigir —y lo han hecho— nuevas muestras de "responsabilidad" en la conducción de la política en general y de la política económica en particular, incluyendo en esta última, de manera destacada, la aprobación de las reformas fiscal, eléctrica y laboral.

A pesar de estar en manos de intermediarios extranjeros, puede presentarse el deterioro del sistema, aún cuando su rentabilidad depende en gran medida, en nuestros días, de los ingresos gubernamentales. Precisamente por ello, debido a la crisis fiscal subyacente en la economía mexicana, persiste la incertidumbre acerca del futuro del sistema financiero doméstico.

Bibliografía

Correa, E. (1983) "Crisis y sistema financiero", en Ramírez, M. et. al. Banca y crisis del sistema. Ed. Pueblo Nuevo, México.

________ (1993) "Mexico and Financial Services in NAFTA", Mondes en developpement, Tome 21, #84, París.

________ (1994) "Reorganización de la intermediación financiera, 1989-1993", en Comercio Exterior, vol. 44, núm. 12, diciembre de 1994. México, Banco de Comercio Exterior, México.

_________ (1995) "Los servicios financieros en el TLC", en Girón, A., Edgar Ortiz y Eugenia Correa (comp.) Más allá del TLC; integración financiera y desarrollo. México, Siglo XXI.

_________(2001) "La economía mexicana y los mercados financieros internacionales.", Información Comercial Española. Madrid, España.

Correa, E. y A. Girón. (2002) (comp.) Presente y futuro de la banca en México. México. Miguel Ángel Porrúa.

Girón, A. y E. Correa (1996) La banca de desarrollo hacia el inicio del siglo XXI. México, Cambio XXI.

Fondo Monetario Internacional. (2001) Mexico: Financial System Stability Assessment. Washington.

Vidal, G. (2000) Grandes empresas, economía y poder en México. México, Juan Pablos Editores.

* Profesora-investigadora del Posgrado de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.

1 El "Régimen de Transición de las Obligaciones Garantizadas" fue establecido por la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el 31 de mayo de 1999, cuando publicó el Programa por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transición, y fue reformado en su sesión correspondiente al 22 de noviembre de 2000. El límite de cobertura fue establecido en el capítulo I del Título Segundo y el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

2 Dichos fondos proceden de las pequeñas aportaciones que los bancos efectúan con tal propósito.