Presupuesto 2005: profundiza restricciones, agudiza críticas

Cutberto Ledezma Chávez*

No existe declaración, discurso, programa radiofónico o entrevista del Presidente de la Republica que exprese con mayor nitidez y firmeza la idea que tiene sobre la forma de impulsar el desarrollo del país, resolver sus problemas y las agudas carencias de la sociedad del presente, que la propuesta de gasto que anualmente presenta a la Cámara de Diputados a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Con la reforma constitucional que dispone la presentación oportuna del Paquete Económico, el 8 de septiembre del año en curso fueron presentados al Congreso, el Proyecto de Presupuesto de Gasto Federal, los Criterios Generales de Política Económica, las Iniciativas de Ley de Ingresos y las reformas a diversas disposiciones fiscales, conocida como Miscelanea Fiscal, para el ejercicio fiscal 2005.

Las bases sobre las que se diseñó el Proyecto de Presupuesto, son las mismas por las que ha marchado la economía mexicana desde la anterior administración federal priísta y en las que ha insistido el gobierno panista, aparentemente para frenar el problema inflacionario en nuestro país implementando programas de ajuste económico.

De esta manera para 2005 los indicadores de referencia que guiarán el gasto son los siguientes:

Según el pronóstico para 2005 la economía crecerá a un ritmo inferior al cierre estimado del 4% para este año; se insiste en abatir la inflación al 3%, cuando se ha fracasado en los intentos del pasado, cerraremos el año cercano al 4%; se coloca a la economía en estado de coma al persistir en el equilibrio presupuestal, insistiendo en la disminución del déficit, privando de esta manera al gobierno en la utilización de los instrumentos del financiamiento responsable para detonar el crecimiento, paliar el estancamiento y generar empleos.

La idea que se ha manejado respecto a la política fiscal parte de una premisa falsa, llegándose a la aberración de que las finanzas públicas son sanas porque se ha logrado disminuir el déficit fiscal, y de que el propósito del actual gobierno es llegar al equilibrio en 2006.

Ya en penúltimo año del gobierno del cambio, los ciudadanos pueden tener la certeza que el menguado crecimiento que se pronostica es y ha sido insuficiente para resolver las ingentes necesidades que la sociedad ha venido demandando, por lo que no se pueden albergar esperanzas de mejoría en la maltrecha economía de las familias y del país.

Se arguye en los Criterios Generales de Política Económica que para 2005 se busca establecer un ambiente macroeconómico estable que sea propicio para que el sector privado aumente la inversión y genere más y mejores empleos; tal argumentación queda en entredicho, puesto que en últimas fechas y no obstante que casi se ha logrado mantener el equilibrio de las finanzas públicas, bajar las tasas de inflación y de interés, no se ha visto voluntad del sector privado para emprender inversiones y del sistema bancario extranjerizado para apoyar proyectos productivos.

A este respecto se ha dicho que aunque el déficit tradicional se ha reducido en los últimos años, los requerimientos financieros del sector público (RFSP) aún son elevados, por lo que el gobierno absorbe una proporción importante de los recursos financieros de la economía. De esta manera los RFSP se estiman para 2005 en 2.1% del PIB e incluyen entre otros las necesidades de financiamiento para el IPAB, donde lo hemos repetido hasta el cansancio, se esconden obscuras operaciones de rescate financiero que representan un lastre en las finanzas públicas, un freno al desarrollo del país y una carga injusta al pueblo mexicano. Dicho rescate le costo a los contribuyentes un monto de 150 mil millones de pesos del 2000 a 2004.

No se acaba de comprender lo afirmado por el gobierno federal de que un gasto restrictivo que ayude al control del déficit fiscal, sea motor impulsor de la recuperación económica. No es posible compaginar una política de austeridad con una intención de crecimiento.

En resumen, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 considera un gasto neto total de 1 billón 744 mil millones de pesos y es menor en 4.5% en términos reales al cierre estimado para este año.

El gasto programable en los Ramos Autónomos se proyecta en 40 mil millones de pesos y abarca las erogaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El gasto programable en los Ramos Administrativos se estima en 378 mil millones de pesos y abarca las erogaciones de todas las dependencias del Ejecutivo Federal, los Tribunales Agrarios, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El gasto total en los Ramos Generales se sitúa en la cifra de 928 mil millones de pesos, de éstos, se canalizarán a gasto programable 454 mil millones de pesos comprendiendo las erogaciones de Aportaciones a Seguridad Social; Provisiones Salariales y Económicas; Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos y las Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios. En cuanto al gasto no programable se asignan recursos por el orden de 474 mil millones de pesos para cubrir las erogaciones de Deuda Pública, Participación a Entidades Federativas y Municipios, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.

El gasto total en Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo asciende a la cantidad de 569 millones de pesos, de éstos, se canalizarán a gasto programable 537 mil millones de pesos para cubrir las erogaciones del ISSSTE, IMSS, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Pemex. En cuanto al gasto no programable se canalizarán 32 mil millones de pesos para cubrir las erogaciones por el costo financiero de las deudas de CFE y Pemex.

La propuesta de gasto público para 2005 se orientará según el dicho de los funcionarios hacendarios por los siguientes objetivos:

Establecer un nivel de gasto que sea congruente con la disponibilidad de recursos públicos, y dar prioridad en la asignación de los recursos a las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo.

Se mantendrá el esfuerzo de racionalización del gasto corriente; se regulará y racionalizará el gasto en servicios personales; con la salvedad del incremento del gasto en servicios personales para los poderes y órganos autónomos, universidades, organismos descentralizados, centros de investigación y entidades paraestatales; se reduce en 1.1% el gasto en servicios personales que ejercen directamente las dependencias del Ejecutivo Federal.

No obstante que se disminuye en 1.1% el gasto en servicios personales, conviene señalar que el responsable de la oficina presidencial, encabeza un listado de seis dependencias que optaron por la apertura de centenares de plazas, en abierto desacato al decreto de racionalidad y austeridad presupuestal emitido por el Congreso. Para muestra baste señalar que la Oficina Presidencial ha creado 202 nuevas plazas y tan sólo recorto tres; la Secretaria de Relaciones Exteriores creó 214 cargos y ajustó 29, en tanto que Gobernación creó 78 y ajustó 45.

Las erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al Programa de Ciencia y Tecnología ascienden a 28 mil millones de pesos, cifra muy lejana al 1% del PIB que por ley debería de invertirse en dicho rubro. Tendremos que repetirlo una y otra vez, que mientras el gobierno no destine los recursos suficientes a la investigación científica, el país se mantendrá a la saga respecto a las naciones con las que hemos celebrados acuerdos comerciales.

Se contemplan recursos para la seguridad pública por 13 mil 500 millones de pesos, salvo que no checa pues la suma del gasto del ramo 36 seguridad pública y la parte del ramo 33 de las participaciones a estados y municipios en seguridad pública, apenas alcanzan 12 mil millones de pesos.

Se proyecta una inversión en infraestructura carretera por 12 mil 500 millones de pesos. De este monto se propone asignar 6 mil 100 millones de pesos a la construcción y modernización de 471 kilometros de la red federal, cifra por demás irrisoria dadas las necesidades de cobertura total en las dimensiones de un país como el nuestro.

El gasto federal presupuestado para los pueblos y comunidades indígenas asciende a la cantidad de 21 mil 400 millones de pesos.

El proyecto de gasto para los programas y acciones que inciden sobre el desarrollo rural ascienden a 125 mil 200 millones de pesos. Dicha afirmación no concuerda con la realidad del mundo rural, donde se han ido acumulando los rezagos y el agobio de sus habitantes ante la apertura abrupta, sin redes de protección y la falta de subsidios que equipare a nuestros campesinos y agricultores con los que reciben los agricultores en otros países y así poder estar en condiciones de competencia.

Se dice que las erogaciones en materia de pensiones continuarán mostrando una trayectoria ascendente lo que constituirá una fuente de presión sobre las finanzas públicas. Para 2005 se propone una asignación de 171 mil 100 millones de pesos.

En cuanto al destino de los ingresos adicionales a lo estimado en la Ley de Ingresos para 2005, se canalizarán al gasto en infraestructura en las entidades federativas y en Pemex, así como a mejorar el balance público y al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Finalmente conviene destacar que el Proyecto de Presupuesto está calculado sin considerar ningún cambio en los impuestos; que desaparece el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas que este año repartió 17 mil millones de pesos; que el porcentaje del 50% de los ingresos petroleros excedentes que se distribuían a las entidades federativas, el siguiente año bajará a 33%.

Pero lo más significativo es que en el futuro si disminuye la recaudación, podrán ser recortados los programas sociales, eliminado en los hechos el blindaje de que habían gozado.

El debate sobre el paquete económico empezó con la comparecencia del titular de la Secretaria de Hacienda el 13 de septiembre ante el pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores de ésta, representantes de la soberanía popular, le dejaron claro que dicho paquete será objeto de severo análisis y modificaciones con el fin de que sea más equitativo y justo en beneficio de la mayoría desposeída de nuestra patria.

* Investigador del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.