Reflexiones críticas sobre la Convención Nacional Hacendaria

Cutberto Ledezma Chávez*

El diagnóstico final de la Convención Nacional Hacendaria en materia de gasto público, es limitado, pues se circunscribe al ámbito del federalismo hacendario y al análisis de diez funciones sustantivas públicas, proponiéndose una estrategia y una serie de acciones para cada una de ellas, como hemos dejado asentado arriba.

Los diagnósticos parciales vienen a confirmar lo que ya conocíamos acerca del déficit en recursos financieros en las materias de salud, educación (en sus tres niveles), seguridad pública, ciencia y tecnología, infraestructura carretera, desarrollo rural y en agua.

Las acciones acordadas —muchas de las cuales muestran la influencia de la Secretaria de Hacienda— implican una transferencia parcial de las obligaciones en materia de salud y educación del gobierno federal a los estados y municipios, pero sin definirse cómo van afrontar dichas responsabilidades, pues los recursos que genere el 3% del impuesto a las ventas finales que se aplicaría en los estados, como consecuencia de la propuesta de disminuir el IVA del 15% al 12%, nos parece insuficiente y pensamos que agudizará las crisis en las haciendas locales o, en algunos casos, su cumplimiento será parcial, lo que a la larga agudizará aun más el deterioro en materia de salud y educación.

No es posible explicarnos cómo los participantes en la mesa de análisis de gasto público, hayan aceptado que para cubrir las crecientes necesidades de servicios de salud, se anteponga el condicionante de que sólo podrán atenderse hasta el momento de que se logre incrementar la recaudación. Esta acción pudiera servir de presión en la intención del Ejecutivo Federal por gravar con IVA los alimentos y medicinas, pero tal razonamiento carecería de sustento, ya que la hacienda pública se fortalece, como está ocurriendo en la actualidad, en la medida del crecimiento de la economía, sin la necesidad de introducir la variable de nuevas cargas fiscales.

La idea de que los municipios se responsabilicen del mantenimiento de la infraestructura de educación básica o de que puedan desarrollar nueva infraestructura, nos parece que no sólo ignora lo raquítico de las haciendas locales, sino el abandono de la obligación por parte de la federación para atender dicha función sustantiva.

Además no se entiende cómo es que a los gobiernos locales que hoy enfrentan déficit crónicos, como consecuencia de los convenios de descentralización celebrados con el gobierno federal en los casos de salud y educación, se pretenda ahora endosarles nuevas responsabilidades financieras.

Llama la atención la propuesta para crear el esquema compensatorio para los estados, con el fin de resarcir las aportaciones que en materia de educación realizaron en el pasado. Se dice que el pago será por única vez, pero aclarando que sólo será posible a partir de que existan recursos excedentes.

Es decir, nos encontramos ante un Estado que renuncia al cumplimiento de sus obligaciones que por ley le corresponden y se las endosa a los gobiernos locales y municipios —que no tienen los recursos para afrontarlas— y además se niega a emprender esfuerzos en el presente, para que en el presupuesto federal de 2005 se asignen las partidas y montos que se requieren, y que no sólo los sustituya con promesas a futuro.

Promesas que también se dan en el caso de combate a la pobreza, pues con la creación del Subfondo de Combate a la Pobreza, se dice que los recursos que lo alimentarían tendrán como principal origen los recursos adicionales derivados del incremento permanente de los ingresos tributarios.

Es inconcebible la actitud asumida respecto a la materia de la seguridad pública y procuración de justicia, pues ante el cuestionamiento de la sociedad a las autoridades por su falta de resultados para combatir el hampa y brindar protección a los ciudadanos, se proponga que sólo cuando las posibilidades lo permitan, los recursos destinados a esta materia se igualen al nivel de año 2001. No nos queda más que asómbranos de la frialdad tecnócrata que fue contaminada a los participantes en la mesa de análisis de gasto público.

Por otra parte, faltó severidad para resaltar las consecuencias negativas para el país que acarrea la escasa inversión pública en Ciencia y Tecnología, lo mismo que para defender el compromiso de otorgar el 1% del PIB (parte de 8% aprobado para educación) en el Presupuesto de Egresos a las labores de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y divulgación científica.

En las materias de infraestructura portuaria y de infraestructura carretera, se deslinda el Estado de atenderlas, y se propone la figura jurídica de la Administradora Costera Integral, para ceder en usufructo a terceros los bienes y servicios de las zonas costeras, y la participación en materia de carreteras de la inversión privada a través de concesiones, experiencias que en nuestro país han sido negativas y sólo han incrementado la carga a los mexicanos por los rescates realizados.

Por otro lado, es desoladora y lamentable no sólo la definición de la estrategia sino también las acciones propuestas respecto al desarrollo económico, limitándose a enunciar el compromiso de los tres órdenes de gobierno para promover la inversión y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Más limitada, chata y escasa no pudo ser la visión de los participantes en cuanto a esta materia.

En el Partido de la Revolución Democrático hemos venido sosteniendo que el desarrollo del país, debe partir de una nueva política económica y que ésta es parte fundamental de la discusión sobre la reforma democrática del Estado, además de que un manejo adecuado de la política económica debe permitir el crecimiento sostenido del PIB y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza, para fortalecer el federalismo y la democracia. En consecuencia, la política económica y la política fiscal no deben limitarse a la simple recaudación de impuestos; deben ser ante todo, promotoras del desarrollo económico y social.

Hemos dicho que nuestro país requiere planear estratégicamente el desarrollo de su economía. No podemos estar aplicando parches de misceláneas fiscales y dictando medidas de política económica —fiscales y financieras— que sólo representan los intereses del gobierno en turno. Requerimos urgentemente de una planeación estratégica de mínimo 25 años, donde haya acuerdos concertados con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, con los sectores productivos y las organizaciones sociales.

Debemos recordar que la política fiscal es un instrumento poderoso para orientar la economía de un país. En la actualidad estas políticas, en nuestro país, manejan un esquema de prioridades ajenas a las necesidades del desarrollo nacional. La política económica que han mantenido los regímenes neoliberales, como el actual panista, ha llevado a un abandono de las responsabilidades económicas fundamentales del Estado y que consisten primordialmente en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de salud de la fuerza de trabajo que constituye la base para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su inserción competitiva en el mercado mundial.

En el caso del tratamiento del sector agropecuario y pesquero se omitió el análisis sobre las consecuencias que ha venido padeciendo el mundo rural a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Conviene recordar que a partir del año pasado se inició una desregulación arancelaria acelerada para los productos agropecuarios de los tres países, de tal forma que sólo el maíz, fríjol y la leche procedentes de los Estados Unidos y Canadá, podrán continuar siendo gravados; todos los demás productos agrícolas o ganaderos han estado ingresando al país libres de todo impuesto. Ante esta realidad algunos productores de papa han abandonado esa actividad, los dueños de las granjas avícolas han rematado sus negocios y los productores de arroz, trigo, sorgo, cebada, oleaginosas y frutas, lo mismo que los ganaderos, están buscando desesperadamente dedicarse a otras actividades productivas o emigrar.

Ante esta situación, diversas organizaciones campesinas han declarado que México no estaba preparado para enfrentar la competencia agropecuaria de los Estados Unidos y Canadá, porque en esos países los agricultores reciben importantes subsidios, su tecnología es superior a la nuestra y disponen de financiamiento, maquinaria avanzada, insumos y fertilizantes a precios accesibles.

Por ello, una proporción mayoritaria de nuestros productores rurales han abandonado sus actividades agropecuarias, sin que hasta la fecha cuenten con opciones o alternativas viables para poder sobrevivir con sus familias.

A la actual administración federal le ha faltado visión para evaluar la magnitud del problema, ni ha comprendido que el mismo está a punto de estallar. Recordemos la víspera del cuarto informe presidencial, cuando los campesinos tomaron por asalto la secretaria de Economía en la ciudad de México, en repudio a la políticas del sector rural y el reclamo por el incumplimiento del Pacto Nacional Agropecuario por parte del gobierno federal, que ya debería tener instrumentado un programa emergente para proporcionar empleo a los cinco millones de familias que habitan en el sector rural, en actividades alternativas relacionadas con el sector agropecuario; en caso contrario los campesinos seguirán emigrando a las principales ciudades del país, incluyendo el Distrito Federal, en busca de empleo, con las consecuencias conocidas por todos nosotros.

En el diagnóstico no se cuestionó ni evaluó si las políticas aplicadas al sector rural han funcionado, sobre todo aquellas consideradas como incluyentes, que son las de apoyo y defensa de los pequeños y medianos productores, de los ejidatarios, comuneros y productores privados, frente a la competencia del exterior, con el fin de desarrollar sus capacidades productivas y explotar sus ventajas comparativas, hasta que por sí solos puedan hacer frente a las condiciones del mercado internacional; o bien si en la balanza, la otra alternativa de políticas agropecuarias excluyentes, destinadas a apoyar exclusivamente a las grandes empresas agropecuarias y agroindustriales, nacionales o extranjeras y a las medianas empresas con potencial productivo, especialmente con capacidad de exportación haya salido más beneficiada.

La estrategia del actual gobierno de convertir en "empresarios" a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios no parece ser suficiente, además de que los instrumentos como el Procampo y la Alianza para el Campo, son insuficientes en el corto y el mediano plazo, para enfrentar y resolver esta problemática.

El punto nodal de la materia rural no fue abordado, es decir no fue destacada la urgencia, por un lado, de revertir la tendencia decreciente de los presupuestos asignados al campo en los ejercicios fiscales de los cuatro años del gobierno del cambio y, por otro, de recuperar los niveles de inversión de años anteriores que nos permita cubrir las necesidades de inversión en infraestructura y de financiamiento de las actividades rurales.

En materia de agua, se propone la creación del Sistema Financiero del Agua, en donde se arguye que ante la limitada inversión pública en infraestructura hidráulica será necesaria la participación de la inversión privada para complementar los proyectos, ya que en la actualidad los 75 mil operadores de agua que existen en el país se encuentran en números rojos.

Finalmente los diagnósticos de la Convención Nacional Hacendaria respecto a la materia de gasto público, adolecieron de lo principal: el cuestionamiento de la política restrictiva que ha seguido la actual administración federal. El gobierno federal, sostiene que una política fiscal expansiva tiene diversos efectos adversos sobre la economía, —aumento de las tasas de interés e inflación— y que aún cuando puede combatir el desempleo y fomentar la inversión, propicia, a largo plazo, un estancamiento de la actividad productiva.

Dicha argumentación es refutada por la realidad, ya que cuando el gasto público se mantiene restringido, el sistema bancario prácticamente deja de otorgar créditos al sector privado productivo, ya que la banca arguye que no puede otorgar créditos de riesgo, además de que las empresas no solicitan créditos bancarios por el alto nivel de las tasas de interés, aunque el gasto público está casi en equilibrio.

La idea de que el gasto produce mayor endeudamiento, supone que el gobierno no puede allegarse recursos por otra vía más que por la deuda financiera, lo cual no es cierto pues habría de considerarse la vía tributaria —sobre todo en su eficacia recaudatoria—, y si se considera esta opción de financiamiento, no necesariamente presionaría al alza las tasas de interés.

Del mismo modo, tampoco es cierto que hoy un incremento moderado en el gasto público necesariamente aprecie el tipo de cambio real o deteriore la cuenta corriente, ambos sucesos ocurrirían después de que fuera alcanzado el nivel de pleno empleo del aparato productivo nacional, el cual desde hace muchos años no funciona a toda su capacidad instalada.

Hemos venido repitiendo que la negativa del gobierno federal de que no se puede incrementar el gasto público no es sostenible. Sí puede incrementarse, pero se ha decidido por motivos políticos no hacerlo. Sus argumentos son falsos. Es una decisión política, no un impedimento técnico.

* Investigador del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.