Convención Nacional Hacendaria: bases para un análisis de sus conclusiones

Amabilia Terrazas Solís*

Aún cuando muchos problemas quedaron sin resolver en múltiples ámbitos, la Revolución Mexicana —vía violenta de reformar al Estado— permitió ir estableciendo amplios acuerdos sociales y erigir fuertes instituciones que fueron la base del desarrollo del México moderno, destacando en esta construcción el período cardenista.

No obstante, el tipo de desarrollo que se perfiló posteriormente fue desigual y desintegrado —alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual del 6.2 por ciento entre los años cincuenta y setenta—, permitió el afianzamiento del sector industrial, al convertirlo en su objetivo principal aún a costa de otros sectores, particularmente del agrícola y el ganadero, y de los propios consumidores nacionales, al incurrir en un proteccionismo a ultranza que inhibió la productividad y la competitividad de la industria; asimismo comprometió la salud de las finanzas públicas al no existir un sistema fiscal que obligara a los grandes capitalistas a contribuir, en proporción a sus ganancias, al fisco; a pesar de la obstinación en impulsar un modelo preponderantemente industrial, el tipo de desarrollo seguido llevó al país a avanzar en la senda de la autosuficiencia alimentaria aunque no la alcanzó; impulsó la educación convirtiéndola en el medio más importante de desarrollo intelectual de los mexicanos y de ascenso en la escala social; creó fuentes de trabajo para una gran mayoría de la población aunque el desempleo siempre estuvo presente y en crecimiento; y tuvo, como una de sus principales características, una fuerte tendencia a la concentración del ingreso. Asimismo, no fue capaz de resolver el problema del financiamiento del desarrollo, es decir, la necesidad de crecientes importaciones y, en consecuencia de divisas, a medida que la economía iba creciendo, llevando a un severo incremento de la deuda externa. A este periodo postrevolucionario se le conoce como desarrollo estabilizador.

A partir de la segunda mitad de los años sesenta, las limitaciones de ese modelo económico-político comienzan a agudizarse y a manifestarse cada vez más a través de inconformidad política, creciente concentración del ingreso, aumento acelerado de la pobreza, crisis estructural en el campo, falta de integración en las cadenas productivas, crecimiento explosivo de la deuda externa y una profunda crisis en la estabilidad de las finanzas públicas.

Hacia 1982, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, se inicia un nuevo proceso de reforma que poco después fue conocido como reforma estructural, vía también violenta aunque de manera encubierta. La reforma estructural fue presentada como el gran paradigma a los problemas de México. Se concentró en cambios sustantivos en la economía, conservando y profundizando las mismas reglas, dinámica y acuerdos de la política, exacerbando el presidencialismo heredado.

Los cambios económicos consistieron fundamentalmente en ganarse nuevamente la confianza de los acreedores internacionales, canalizando al pago de la deuda externa hasta un 6 por ciento del PIB, cifra que dejaría al país en la ruina y daría paso a la conocida década perdida, debido al nulo crecimiento que tuvo la economía nacional en los años ochenta.

Se inició la reconversión de la economía hacia el mercado externo, abandonando el interno como motor del crecimiento; al mismo tiempo se aceleró el proceso de apertura comercial de nuestras fronteras, iniciado en 1979 con el ingreso de México al GATT, de una manera indiscriminada y sin políticas de apoyo y fomento, teniendo como punto de culminación la conformación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que inició su vigencia en enero de 1994 y del cual México forma parte. Una de las principales consecuencias de este tratado ha sido la desaparición de miles de empresas nacionales y la desintegración de cadenas productivas.

Asimismo, comenzó el abandono de las políticas de fomento a los sectores industrial y rural y, en general a los pequeños y medianos productores y consumidores, así como la fuerte embestida contra el poder adquisitivo de los salarios como vía doble para competir internacionalmente frente a otras naciones y como ancla al incremento de la inflación.

Se favoreció al capital financiero nacional e internacional. Con objeto de atraer capitales extranjeros que invirtieran en el país en niveles realmente altos, se les otorgaron facilidades extraordinarias, destacando la exención de impuestos y el novedoso papel que se le dio a la tasa de interés, la cual les garantizó altísimos rendimientos a cambio de ningún compromiso con el desarrollo del país, debido a que se trató, en su mayoría, de capitales golondrinos que se canalizaron a carteras de corto plazo. La entrada de este tipo de capitales ha permitido, hasta nuestros días, mantener un ilusorio equilibrio en la balanza de pagos y en las finanzas públicas. De esta manera, el modelo neoliberal ha venido subsistiendo entre recurrentes crisis financieras.

Se abrió un amplio proceso de privatizaciones tanto de empresas públicas como de la propiedad social —particularmente de los ejidos y las zonas comunales rurales— dando paso a monopolios privados, que fueron favorecidos por altos funcionarios públicos, en áreas estratégicas, entre otras, como banca, teléfonos, ferrocarriles, puertos y ciertas áreas de la industria petrolera, consideradas también estratégicas antes de los múltiples cambios que ha sufrido la Constitución en los últimos 25 años.

El sustento ideológico de esta política asegura que el Estado debe dejar en plena libertad de acción al capital privado. Esta idea se extiende a toda la economía, la mejor política económica es aquélla en la que no interviene el Estado, dejando a las fuerzas del mercado actuar con albedrío para garantizar que los precios, al ser producto de la interacción libre de la oferta y la demanda, den seguridad a la óptima distribución de los recursos y al pleno empleo de los factores de la economía.

Los resultados han sido desastrosos. Si bien el modelo neoliberal no creó todos los problemas y desequilibrios existentes, sí los profundizó y desató otros.

La inconformidad de la sociedad, como lo anotamos, se venía manifestando tiempo atrás. Los movimientos ferrocarrilero y médico de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta; el movimiento estudiantil de 1968; la organización social surgida del temblor de 1985; las elecciones fraudulentas tanto en Chihuahua en 1986 como las federales en 1988; la crisis del partido de Estado, manifestada violentamente con el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio en 1994; y finalmente, como producto de todo lo anterior, las elecciones del 2000.

El 2 de julio de 2000 marca el inicio de otra etapa en la transición política del país. La sociedad mexicana, que en 1988 descubrió por primera vez que su voto podía cambiar el destino del país y arrancarle el poder al partido de Estado, fue la que empujó toda una serie de transformaciones políticas en México.

La izquierda mexicana sin lugar a dudas jugó un papel catalizador en el cambio político del 2 de julio. Fueron en su gran mayoría los grupos organizados de izquierda quienes durante más de una década denunciaron al sistema y lucharon por concretar las reformas electorales, pero no lograron capitalizar su lucha en las elecciones del 2000. Fue la derecha la que concretó en votos el descontento de la sociedad mexicana con el régimen priísta.

No obstante, la oportunidad de realizar finalmente una reforma democrática del Estado —que abarcara tanto al ámbito político como al económico— no fue considerada. Las elecciones del 2000 llevaron a la alternancia en el poder pero no a la transformación política del régimen. De igual manera, el modelo económico permanece intacto.

La necesidad de una reforma del Estado, ante la agudización de la crisis política y económica que estamos viviendo en la actual administración, es clara e impostergable. Sin embargo, los intereses que apoyaron y financiaron la campaña electoral de Vicente Fox, aunados a la nula visión de Estado del actual gobierno, impiden que este cambio sustantivo e indispensable se realice.

De ahí que la convocatoria a la primera Convención Nacional Hacendaria (CNH), aspecto importante de una reforma del Estado, inicialmente hecha por gobernadores, presidentes municipales, el jefe de gobierno del Distrito Federal, la Cámara de Diputados, asociaciones de contribuyentes, productores y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, fuera cooptada por el gobierno federal, así como su organización, desarrollo y conclusiones.

II. Diagnóstico de la CNH sobre los ingresos públicos del país

Como ya han insistido múltiples estudios, también en la evaluación que presentó la Primera CNH a la ciudadanía, se destaca la pequeña proporción del PIB que representa la totalidad de los ingresos fiscales nacionales frente a otros países. Mientras que en México sólo se recauda el 17.5 por ciento de su PIB, en Brasil el 21.37, en Estados Unidos el 28.96 y en Canadá el 39.07 por ciento.1

Consideramos que la lista de la CNH donde señala las causas que explican la insuficiencia de los ingresos fiscales es correcta pero también incompleta. En efecto, existe "un deficiente diseño legislativo de impuestos; elevado nivel de evasión y elusión fiscal; excesivo formalismo jurídico; falta de transparencia; correspondencia poco clara entre el pago de contribuciones y la provisión de servicios por parte del Estado; tolerancia excesiva a la economía informal; e insuficiencias en las administraciones tributarias".2

Sin embargo, el documento de conclusiones de la CNH omite la causa principal de la insuficiencia de ingresos fiscales: la falta de crecimiento económico. De igual manera, soslaya la grave crisis en la creación de empleo formal, consecuencia directa de la falta de crecimiento económico.

Si en el diagnóstico no se consideran como elementos fundamentales de la insuficiencia de los ingresos fiscales a estos dos elementos señalados, no será posible, de ningún modo, resolver este problema.

Asimismo, es preciso recordar que las dos formas principales a través de las cuales el Estado puede modificar la distribución del ingreso son la política fiscal y los programas de prestaciones sociales. Sin embargo, sin crecimiento económico, tratar de distribuir el ingreso por mecanismos distintos a los fiscales, llevará a mayores distorsiones que concentrarán finalmente más el ingreso. La distribución del ingreso a través de estos programas, sin un crecimiento sostenido de la economía, termina por ser un conjunto de actos de caridad siempre insuficientes.

De acuerdo con la teoría fiscal, un sistema tributario justo y eficiente debe operar con base en la equidad y progresividad, eficiencia econó-mica, sencillez administrativa, flexibilidad y transparencia.

Después de estas reflexiones básicas, observamos más ausencias, también básicas, en el análisis hecho por la CNH en torno al origen de la escasez de los recursos fiscales: El reconocimiento de que el sistema tributario mexicano es inequitativo y regresivo. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es, en general, un impuesto progresivo y redistributivo. No obstante, la manera como es aplicado en México distorsiona estas características.

En México el ISR es el único impuesto directo y es el más importante, tanto por el monto de recaudación como por su capacidad distributiva. Sin embargo, aún cuando podemos observar en él un carácter distributivo al eximir de su pago a los trabajadores cuyo salario no rebase los cuatro salarios mínimos, debe recordarse que se capta una parte proporcionalmente mayor del trabajo que del capital por concepto de este impuesto. Lo mismo sucede con su carácter progresivo al presentar no sólo una tasa tributaria que aumenta conforme lo hace el nivel de ingresos a gravar sino que también considera sobretasas para los estratos más altos de ingreso. No obstante, ampara todo un sistema de privilegios para los principales receptores del ingreso, conformando ese sistema el régimen simplificado y el de consolidación fiscal.

El objetivo del régimen simplificado era apoyar el desarrollo de los pequeños productores y prestadores de servicios definidos en la legislación. Sin embargo, fue aprovechado por grandes consorcios agroalimentarios y del transporte cuya producción representa una proporción importante del PIB y su participación en la recaudación nacional es prácticamente nula. Estos sectores tuvieron en 2001 una participación en el PIB de aproximadamente 16.3 por ciento, en tanto que únicamente participaron con 0.9 por ciento de la recaudación del ISR empresarial.

Por su parte, el régimen de consolidación fiscal permite a los grandes conglomerados hacer tales ajustes que las cantidades que finalmente tributan resultan escandalosamente desproporcionadas frente a las utilidades que generan. Bajo este régimen se encuentran los grandes grupos corporativos dentro de los cuales se cuentan cerca de 10 mil empresas que participan con el 80 por ciento de la producción nacional.

Asimismo, el capital financiero cuenta con grandes preferencias y facilidades en el área fiscal. Las operaciones financieras prácticamente no están gravadas, situación que existe, por ejemplo, en materia de utilidades derivadas de compra-venta de acciones.

Las autoridades hacendarias reconocen, como hemos visto, que México registra una de las menores cargas de ISR empresarial a nivel mundial. No obstante, se niegan a adecuar la estructura impositiva en el sentido de que las grandes empresas corporativas y quienes perciben elevados ingresos paguen mayores contribuciones. Simplemente, como lo hemos comprobado, no consideran que esto constituya un problema en la política fiscal y en el desarrollo del país. Resulta lamentable que la CNH coincida en esta posición con el gobierno federal.

Debemos recordar que para que un sistema tributario sea progresivo los sectores con mayores ingresos no sólo deben pagar más que los de menores ingresos en términos absolutos, sino también proporcionalmente.

Adicionalmente, como bien lo planteó la CNH, para resolver los problemas hacendarios del país, es necesario tener una visión integral que considere la relación e interacción entre gasto e ingreso públicos. Sin embargo, en su concepción del gasto la CNH, al igual que el gobierno federal, considera que existe legal y legítimamente un gasto ya comprometido, que representa un altísimo porcentaje del gasto total, el cual, no obstante no está determinado por el pago de sueldos y salarios. Ese gasto está conformado principalmente por el pago del capital e intereses de la deuda pública interna (léase Fobaproa-Ipab) y externa, el pago de los Pidiregas y el pago de los compromisos adquiridos por el gobierno en la reforma al régimen de pensiones, entre otros.

Desde nuestro punto de vista, ese gasto debe ser revisado minuciosa-mente, evaluado y depurado o renegociado, según sea el caso.

En el diagnóstico hecho por la Primera Convención Nacional Hacendaria se reconoce la excesiva dependencia del fisco de los derechos de hidrocarburos y la sobrecarga fiscal a Pemex. De acuerdo con ese documento, los derechos y aprovechamientos sobre hidrocarburos en los últimos veinticuatro años han fluctuado entre el 14 y el 37 por ciento del total de los ingresos federales. El promedio en ese periodo fue de 24 por ciento y como porcentaje del PIB han fluctuado del 2.12 al 6.18 por ciento.

Llama la atención que en su diagnóstico la CNH culpe de tener una carga fiscal baja y administraciones tributarias insuficientes a la ventaja de México de contar con hidrocarburos y que la baja carga fiscal haya obligado a su vez a recurrir en exceso a esa fuente de ingresos.3 Pareciera que se tratara de un círculo pernicioso inevitable y no del resultado de políticas equivocadas que hasta el día de hoy han seguido abusando de la existencia de estos recursos en nuestro territorio, no han tenido una visión de desarrollo económico integral y soberano y han cedido ante las presiones de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Los intereses de aquella nación persiguen que todas las fases del proceso industrial petrolero en México sean realizadas por las gigantescas empresas transnacionales originarias de aquél país y, de esa manera, obtener los beneficios económicos y estratégico-políticos que implicaría el control de esta industria, aún sin necesidad de contar con el cien por ciento de su propiedad.

La manera en que los gobiernos mexicanos han cedido a estas presiones en los últimos 22 años ha sido sobreexplotando estos recursos no renovables y descapitalizando al sector a través de enormes cargas fiscales sin una retribución que permitiera niveles suficientes de reinversión que dieran paso a una explotación más racional, eficiente y productiva del sector y, de esa manera, a un desarrollo sano de esa industria que la capacitara para otorgar un apoyo sostenido a la economía en su conjunto sin tener que ser desangrada.

En su diagnóstico, la CNH señala a la evasión y a la elusión fiscales como serios problemas del sistema tributario mexicano que impiden mayores niveles de ingresos fiscales. De acuerdo con diversas estimaciones, el monto total por evasiones y elusiones fiscales fluctúa entre los 300 y 500 mil millones de pesos.

Asimismo, el diagnóstico en cuestión presenta varias coincidencias, en lo relativo a la evasión y elusión fiscales, con lo sostenido en el documento Propuesta Alternativa de Reforma Hacendaria, enviado por el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) para su consideración en las conclusiones de la CNH: "Se toleran muy elevados niveles de evasión y elusión, no sólo por el gran número de actos ilegales, sino también porque la ley tiene numerosas lagunas deliberadamente incorporadas a lo largo de dos décadas de gobiernos neoliberales para disminuir la participación del Estado en la economía, constituyendo un claro ejemplo la Ley del ISR". De igual manera "hay una silenciosa resistencia social para cumplir las obligaciones fiscales ante una política de gasto público que el pueblo mexicano considera injusta y ante prácticas de corrupción".4

La CNH reconoce también la existencia de un sistema fiscal con elementos innecesariamente complejos y costosos, especialmente en la aplicación del ISR a personas físicas. De igual manera advierte la inequidad en el tratamiento de ingresos iguales, si se consideran las exenciones que representan los ingresos recurrentes o monetizables, así como la existencia de tratamientos dispares que actualmente se establecen en el sistema fiscal entre impuesto sobre la renta y las contribuciones de seguridad social.

Resulta relevante destacar que de siete puntos que componen el diagnóstico sobre los ingresos públicos del país, presentados por la CNH en su documento Declaratoria a la nación y acuerdos, tres se refieren a los problemas que presenta hoy en día la coordinación fiscal y el federalismo.

De acuerdo con la evaluación de la CNH, las entidades federativas y municipios enfrentan múltiples restricciones en materia tributaria dictadas por la Constitución y por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). De igual manera, señala que las limitadas potestades tributarias con que cuentan no son aprovechadas en su totalidad, lo que explica que los ingresos generados por las haciendas locales sólo representaron el 11.3 por ciento de sus ingresos totales en 2001.

Debemos recordar que la potestad de aplicar tributos a personas, bienes y acciones, corresponde, de manera originaria, a los diferentes órdenes de gobierno de igual categoría institucional, que en el caso de México son el federal, estatal y municipal.

Sin embargo, la Constitución de 1917 no estableció una distribución de las fuentes de ingreso entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, lo que derivó en un sistema de concurrencia contributiva. Esto ha provocado problemas y conflictos entre los tres órdenes de gobierno. Adicionalmente, con el auge del presidencialismo y la necesidad del régimen postrevolucionario de centralizar las decisiones políticas y económicas, el gobierno federal expropió las facultades tributarias y sometió a entidades y municipios a transferencias de recursos bajo las condiciones del régimen.

En consecuencia, ha sido necesario ir adoptando medidas que eviten la doble o múltiple tributación, distribuyan los ingresos, delimiten competencias entre los órdenes de gobierno y permitan avanzar en la colaboración administrativa entre ellos. Por ello se ha dado el desarrollo en la coordinación de sistemas tributarios.

No obstante, si bien la coordinación fiscal proporciona ventajas a los estados, a través de participaciones, también señala las restricciones que imponen a su poder tributario las diversas leyes fiscales federales o los convenios.

Por ejemplo, la adhesión al SNCF permite a los estados recibir participaciones a cambio de respetar las limitaciones a su poder tributario.

Los estados han recibido ingresos derivados de impuestos especiales, de acuerdo con la Constitución, pero también algunos otros que se han concedido a condición de que la entidad elimine los gravámenes sobre la misma fuente o el mismo objeto del impuesto federal; esto es, las participaciones tienen también un carácter resarcitorio.

Debemos señalar que existen impuestos estatales sobre sueldos o nómina que son casos claros de doble tributación y que sin embargo no violan la Constitución. El compromiso es sobre ciertos impuestos: IEPS e IVA, en los que las leyes específicas imponen limitaciones al poder tributario de las entidades federativas.

Por otra parte, una de las principales conclusiones a las que llegó la CNH en materia de coordinación fiscal es que no existe en México un problema de concentración de recursos fiscales, sino una centralización de facultades de política fiscal, por lo que propone impulsar una mayor autonomía estatal que permita incrementar sus niveles de ingreso. Asimismo, la CNH señala que el origen del financiamiento es sumamente centralista y que, en consecuencia, el ejercicio del gasto público de cada entidad es determinado a nivel federal en un 42 por ciento del ingreso de las entidades.

En efecto, la excesiva regulación y concentración de recursos ha ahogado las posibilidades de aprovechamiento de las ventajas que presentan los órdenes de gobierno regional en el establecimiento de un auténtico desarrollo basado en una mayor participación de cada comunidad y dejando de lado sus intereses.

Por lo anterior, una posible solución se encuentra en una mayor autonomía en el ejercicio del gasto de estados y municipios, derivado de los recursos obtenidos de las participaciones y del cobro de impuestos, incluso nuevos, a nivel local. Sin embargo, esos impuestos no impedirán las funciones del gobierno federal de equilibrar las limitaciones de los gobiernos locales, de proveer ciertos servicios y bienes públicos en todo el país sin importar la capacidad de pago de las regiones y de garantizar una política económica de desarrollo integral en toda la federación.

No obstante, como parte ineludible de cualquier solución a la crisis hacendaria de estados y municipios, estos órdenes de gobierno deberán aplicar de manera estricta las potestades tributarias con que ya cuentan, asumiendo el costo político que esto pudiera implicar. Resulta oportuno recordar que, de acuerdo con varios estudios, los municipios podrían recaudar, únicamente por concepto de impuesto predial, un equivalente al cuatro por ciento del PIB nacional.

Por tanto, el camino hacia un federalismo real debe avanzar por diversos derroteros de manera simultánea. El reconocimiento de mayores poderes y competencias a estados y municipios deberá ir acompañado del fortalecimiento sustancial de su ingreso y gasto. Asimismo, los sistemas de control, seguimiento y evaluación en todos los niveles de gobierno deberán cumplirse y perfeccionarse. De este modo se podrá asegurar que los esquemas de administración tributaria y las políticas de gasto sean eficientes y transparentes.

Los serios problemas que presentan las haciendas estatales y municipales deben constituir parte importante del objetivo de la Convención Nacional Hacendaria. No obstante, no debemos confundirnos. El problema de fondo es la insuficiencia de los recursos fiscales con que cuenta el país y la inequidad en la manera de obtenerlos. Para poder resolver de raíz la grave crisis hacendaria que vive el país es necesario que esos recursos se incrementen sustancialmente a través del crecimiento de la economía y del empleo.

En efecto, las propuestas de la CNH en materia de ingresos se dirigieron principalmente a canalizar más recursos a estados y municipios. Sin embargo, ese incremento no constituye un monto sustancial que permitiera ir resolviendo los problemas hacendarios de esos órdenes de gobierno, precisamente porque la CNH no presenta propuestas suficientes para incrementar previamente el total de la recaudación sin afectar a las mayorías, como es el caso de la reedición del IVA. Tampoco existe una sola propuesta que busque mejorar la distribución del ingreso, acción necesaria y posible de una reforma hacendaria que permitiría iniciar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, avanzar en una verdadera reforma democrática del Estado.

Esta característica de favorecer a estados y municipios con más recursos y autonomía tuvo su origen, desde nuestro punto de vista, en el interés del gobierno federal de obtener apoyos a su propuesta de aplicar el IVA a alimentos con una tasa de cuatro por ciento. Sin embargo, si bien esta propuesta del Ejecutivo consiguió ser bien vista por muchos gobernantes locales, no alcanzó el consenso necesario para ser impulsada como una propuesta formal de la CNH. De esta manera, pasa al Congreso de la Unión como una recomendación a ser considerada.

El Ejecutivo Federal insiste en este proyecto sin aprender a adquirir sensibilidad política. El rechazo a la aplicación del IVA a alimentos no proviene de un boicot de los diputados de oposición a su administración per se, sino de la convicción de que esa medida, además de ser insuficiente para resolver el problema de la escasez de los recursos fiscales, perjudicará profundamente la economía de la mayoría de la población, concentrando aún más el ingreso.

Frente a una nueva reedición de confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo por la aplicación del IVA a alimentos, se observa ya una nueva andanada de desprestigio de los legisladores. La sociedad, por su parte, debe aprender a distinguir entre los escándalos, producto de la descomposición de múltiples instituciones y de la falta de oficio político de algunos legisladores, y las discusiones de fondo sobre el futuro del país.

* Investigadora del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.

1 Primera Convención Hacendaria, Declaratoria a la nación y acuerdos de los trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria, pág. 35, México, 2004.

2 Ibid, pág. 36.

3 Ibid, pág. 36.

4 Jorge A. Calderón, Amabilia Terrazas, Cutberto Ledezma, Propuesta alternativa de reforma hacendaria, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, pág. 12, México, mayo de 2004. Documento No. 410 enviado a la Primera Convención Nacional Hacendaria.