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Nuevos escenarios de la normalidad democrática Leonel Godoy Rangel* Discutir la universalidad de ideas nos ofrece enriquecer las propuestas a los países que anhelamos una democracia plena y una sociedad más equitativa y justa. La alternancia en el poder que vivió México en las elecciones federales del año 2000 es producto de muchos años de lucha constante de los partidos políticos de oposición, los movimientos sociales, las organizaciones civiles, los académicos, los intelectuales; en fin, es resultado de un esfuerzo conjunto de la sociedad mexicana por terminar con un régimen autoritario y obsoleto para el desarrollo nacional. En diferentes momentos de la historia reciente del país, se han realizado procesos de discusión, negociación y reforma electoral provocados por diferentes circunstancias. Intentaré plantear la propuesta del Partido de la Revolución Democrática sobre los principales retos de la democracia electoral en México, así como su relación con todos los ámbitos de la vida nacional. Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha sido actor fundamental en los procesos de reforma electoral, teniendo gran influencia en el establecimiento de los puntos para la agenda de la reforma de 1996, que fue sin duda la de mayor significación. Por ello existe claridad respecto a lo que consideramos los temas pendientes de la reforma electoral. Tenemos la convicción de que estamos en el momento oportuno de considerarlos. La reforma electoral de 1996 planteó la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE) respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, retirando al secretario de Gobernación de la presidencia del organismo y planteando el principio de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el de carácter privado. En el aspecto judicial se estableció el control constitucional de los actos y leyes electorales. No obstante lo anterior, es necesario tener presentes acontecimientos como la tesis del ex presidente Ernesto Zedillo respecto de que la competencia electoral en México aún no es equitativa; ésta cobra vigencia ante el ilegal financiamiento de las campañas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, gracias a lo cual este último, en versión de su operador financiero, obtuvo la presidencia de la República. Y además el abstencionismo, que en la última elección federal fue de casi 60% y la desconfianza del 70% de los ciudadanos hacia el IFE, a partir de su nueva integración, según encuestas de los diarios nacionales, mientras que las mismas fuentes otorgaban un 80% de confianza al citado órgano con su anterior conformación. Ante tales indicadores, si bien es cierto que los cambios producidos a partir del 2 de julio del año 2000 cierran un ciclo de luchas políticas que tuvieron como objetivo fundamental la derrota del partido de Estado, también lo es que falta camino por recorrer para arribar a la anhelada normalidad democrática. Las perspectivas se colocan en los ámbitos del ser y del deber ser, en donde los retos son evitar el bipartidismo y fortalecer la pluralidad; se debe fortalecer el tránsito a la democracia y los avances en la cultura democrática, en donde haya respeto a las minorías y a las opiniones diferentes. Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática propone, entre otros temas, lo siguiente: 1. Autonomía del Instituto Federal Electoral Un tema de actualidad que hoy se debate en la opinión pública en México es la integración del órgano a cargo de la organización de las elecciones. Al respecto, es necesario establecer en la ley de la materia el procedimiento para su designación, para que se realice a propuesta de las instituciones académicas y organizaciones sociales, a efecto de evitar su partidización. También se debe otorgar a los órganos electorales mayores facultades, precisas y claras, para la investigación y sanción a los actos que violen las normas electorales. Proponemos además que exista la posibilidad de que los órganos electorales organicen las elecciones internas de los partidos políticos para la designación de sus órganos directivos y para la postulación de candidatos. 2. Bases constitucionales para elecciones estatales En la integración de los ayuntamientos y los órganos legislativos se debe avanzar en la representación proporcional pura. En la integración de los Congresos estatales se debe eliminar cualquier tipo de sobre-representación. Las bases constitucionales para la organización de las elecciones federales deben ser aplicables al régimen interior de los estados. También se hace necesario avanzar en la federalización de la organización de las elecciones, a efecto de abatir sus costos (un ejemplo en la práctica lo es el registro de electores único, a excepción de Baja California). 3. Medios de comunicación Es necesario transparentar el acceso a los medios de comunicación. Hay que establecer criterios precisos en la utilización de los espacios de comunicación por parte de los órganos de gobierno para promocionar obras y programas, prohibiendo su difusión y utilización durante el proceso electoral. Lo anterior ante la falta de uniformidad en este aspecto entre las legislaciones de las entidades federativas y federal, así como el reciente diferendo entre el IFE y el gobierno federal, al implementar este último una campaña de promoción del voto. El IFE y los partidos deberán tener una mayor participación en los tiempos oficiales en radio y televisión, eliminando barreras legales y reglamentarias para hacer más atractivos para la ciudadanía los mensajes de unos y otros. En la actualidad los partidos políticos gastan fuertes sumas, particularmente en las campañas electorales, requiriendo del financiamiento público y privado, con las consabidas consecuencias de costo al erario público como a la independencia de la actividad política. Al respecto, es posible reducir sensiblemente el financiamiento público directo a los partidos políticos otorgando los tiempos del Estado en los medios masivos de comunicación en calidad de prerrogativas, especialmente en tiempos de campaña. 4. Voto en el extranjero En la actualidad todos los partidos políticos ofertan la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos que se encuentran fuera del territorio nacional puedan votar en la elección federal de 2006. Sin embargo, los trabajos para tal efecto se encuentran detenidos. Nuestro partido, desde su fundación, viene reclamando el otorgamiento de derechos ciudadanos plenos, entre los que destacan el voto de nuestros connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional. En consecuencia, se propone que dentro de la legislación electoral se genere un nuevo marco que asegure que los ciudadanos que viven en el extranjero puedan ejercer su voto; existen diversos y posibles mecanismos para el ejercicio de ese derecho, como lo han demostrado los estudios realizados por el Instituto Federal Electoral en noviembre de 1998. 5. Régimen de partidos políticos Se debe considerar la expedición de una ley de partidos políticos en la que se incluyan temas como: condiciones para la obtención y pérdida del registro, así como sus consecuencias, bases para su organización interna, su financiamiento, a efecto de evitar la privatización de la vida pública e influencias de los que aportan el dinero. Resultaría trascendental para la vida política nacional considerar la revocación de mandato como medio de control de los ciudadanos sobre sus representantes ante el incumplimiento de promesas y compromisos de campaña. 6. Coaliciones y candidaturas comunes e independientes Se debe restablecer el derecho de asociación política plena, eliminando las barreras e impedimentos legales para la libre creación de coaliciones electorales y la postulación de candidatos comunes, como una forma de posibilitar los acuerdos políticos y la conformación de opciones de gobierno. Es necesario reconocer el derecho al voto pasivo de todos los ciudadanos independientemente de su pertenencia a los partidos políticos, tal y como se dispone en la Constitución federal. 7. Precampañas, campañas y topes de campaña La promoción política fuera de las campañas electorales debe ser reglamentada en cuanto al origen del gasto y el acceso a los medios de comunicación masiva, distinguiendo la promoción política fuera del marco estatutario de los partidos y de la ley, con la selección de candidatos dentro de los partidos políticos. Los límites en los gastos de promoción política y campaña electoral deben establecerse con un criterio de equidad. 8. Constitucionalidad y justicia electoral El control de la constitucionalidad en la materia electoral debe de ser pleno, sin que ningún acto o resolución se encuentre sustraído del mismo, como hoy sucede con los actos en materia electoral del Congreso de la Unión, como el nombramiento de los consejeros electorales. También es necesario que exista dicho control en la aplicación de las normas electorales con la posibilidad de declarar la inaplicabilidad de normas electorales inconstitucionales, facultando para tal efecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se debe regular la judicialización de los actos de los partidos políticos, que hoy se sustenta únicamente en criterios jurisprudenciales y no legislativos, respetando la autonomía de los partidos políticos evitando injerencias indebidas del Estado en su vida interna. 9. Delitos electorales y fiscalía especializada Los tipos penales en materia electoral deben ser reformulados para evitar que los delincuentes, mediante argucias legales, se sustraigan de la justicia; especialmente deben ser revisados los tipos penales que tutelan la libertad y secreto del voto, los que se refieren a la utilización de programas y recursos públicos a favor de partidos y candidatos, y los relacionados con las reglas de financiamiento de los partidos políticos, a efecto de sean castigadas todas estas conductas. Dada la relación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales con la Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo, es necesario establecer, en calidad de órgano autónomo, una Procuraduría de Delitos Electorales, cuyo titular sea designado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados. El Partido de la Revolución Democrática sostiene que es imperativo hacer un esfuerzo más para que, mediante la búsqueda de consensos, las fuerzas políticas de nuestra nación acuerden las reformas necesarias para consolidar, al menos, la democracia electoral en México.
* Presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ponencia presentada en el seminario Perspectivas desde la Normalidad Electoral en México. Efectuado en Madrid, España, el 21 de noviembre de 2003.
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