La recesión, su fundamento ideológico

Jorge Calderón Salazar y Cutberto Ledezma Chávez

Fox y su equipo fondomonetarista, en su afán de imponer a toda costa el dogma del equilibrio presupuestal y al mismo tiempo evitar que el Poder Legislativo introduzca adecuaciones a su proyecto presupuestal, hace afirmaciones insostenibles en las condiciones actuales de nuestra economía, que ha vivido tres años de recesión. Sostiene que una política fiscal expansiva tiene diversos efectos adversos sobre la economía, que propician un eventual estancamiento de la actividad productiva.

La anterior argumentación es falsa porque cada uno de los efectos supuestamente negativos parten de un supuesto implícito básico: que la economía está funcionando en el límite de su capacidad productiva, que se encuentra en pleno empleo o muy cerca de él. La afirmación de los neoliberales sería válida si el supuesto subyacente se cumpliera, pero no es el caso. Hay sectores importantes de la economía, como el de la construcción, que están operando muy por debajo de su capacidad y muy lejos del pleno empleo. Puede haber sectores con más altos niveles de ocupación, pero el gobierno no ha señalado cuáles son y, en todo caso, podrían ser estimulados para que incrementen su inversión a fin de que amplíen su capacidad productiva. Todo lo cual hace que el gasto público moderada y pertinentemente expansivo no tenga los efectos que erróneamente señala el gobierno.

Dadas las condiciones actuales de la economía, un mayor gasto público no incrementaría la inflación, pues primero induciría el funcionamiento de la capacidad ociosa afectando a la producción y sólo después se empezarían a elevar los precios. Un mayor gasto público tampoco aumentaría las tasas de interés ni desplazaría a la inversión privada. En las afirmaciones oficiales se está presuponiendo que un mayor gasto público: a) sólo se financia con endeudamiento financiero, lo cual no es cierto pues también pueden aumentar algunos rubros tributarios y, si se considera esta vía de financiamiento, no necesariamente presionaría al alza las tasas de interés; y b) está determinado por las mismas razones que la inversión privada; esto también es falso: las motivaciones del sector privado para invertir son distintas a las del sector público para gastar o invertir; para cada uno de ellos el nivel de la tasa de interés es sólo uno de los criterios para decidir sobre la toma de créditos y para invertir. No hay competencia entre la inversión pública y la privada por los recursos crediticios; tienen funciones de inversión distintas. Tan es así que en la actualidad, cuando el gasto público se mantiene restringido, el sistema bancario prácticamente ha dejado de otorgar créditos al sector privado; éste no se los solicita por el alto nivel de las tasas de interés, aunque el gasto público está casi en equilibrio.

De la misma manera, tampoco es cierto que hoy un incremento moderado en el gasto público necesariamente aprecie el tipo de cambio real o deteriore la cuenta corriente; ambos sucesos ocurrirían después de que fuera alcanzado el nivel de pleno empleo.

La idea de que el gasto produce mayor endeudamiento supone que el gobierno no puede allegarse recursos por otra vía más que por la deuda financiera; esto es falso. Por otro lado, la aseveración de que el servicio de esa deuda eventualmente limita el crecimiento e implica sacrificar parte de las erogaciones con alto contenido social, en todo caso es válida para toda la deuda, incluida aquella en que ha incurrido el gobierno para salvar a los bancos y para las campañas políticas oficiales.

La insistencia en que no se puede incrementar el gasto público no es sostenible. Sí puede incrementarse, pero por motivos políticos se ha decidido no hacerlo. Sus argumentos son falsos. Es una decisión política, no un impedimento técnico.

Cuando el Ejecutivo insiste en la inmovilidad de su proyecto de presupuesto, es decir del "techo presupuestal para el gasto programable", y para ello arguye que tomando en consideración las metas en materia económica se establece el objetivo para el balance público (dado el nivel de los ingresos públicos estimados con base en las proyecciones de las variables macroeconómicas, de las políticas tributaria y de precios y tarifas, y dado el nivel del gasto no programable, estimado en función del pago de intereses, de las participaciones y de los Adefas) y se estima el techo presupuestal para el gasto programable, está mostrando una fórmula que no es inamovible por sí misma por razones técnicas o financieras, sino que está definida por criterios y decisiones políticas, los cuales sí son modificables. El problema es que el gobierno de Fox ha decidido no variar la política presupuestal ni afectar a los beneficiarios de la misma.

Otra falacia es que la estructura del presupuesto es poco flexible y señala como elementos rígidos, por el lado de los ingresos, la estructura tributaria, así como la política de precios y tarifas; y por el lado de los gastos al continuo incremento en el gasto comprometido, el costo de la reforma a la seguridad social, la descentralización del gasto programable, el costo financiero sobre el saldo de la deuda pública, y el costo de los programas de alivio a deudores y de saneamiento financiero.

La inflexibilidad presupuestal no depende del tiempo, sino de las decisiones políticas por las que se opte. El problema no es la falta de tiempo, sino que el Ejecutivo ha optado por favorecer a unos cuantos predilectos en perjuicio de la mayoría de la población; es esto último lo que le "impide" proponer o aceptar modificaciones al proyecto de presupuesto.

Además, los "problemas" de "inflexibilidad a corto plazo" eran absolutamente previsibles. En su momento señalamos que no era conveniente la reforma al Seguro Social impuesta por el gobierno, precisamente por lo que representaría presupuestalmente más adelante —hoy— el costo de dicha reforma. Lo mismo sostuvimos en relación con el costo de la deuda pública y con el de los programas de saneamiento financiero; éstos son exagerados, injustos, injustificables e impagables.

Por otra parte, las afirmaciones respecto a la estructura tributaria nacional encierran, en el mejor de los casos, verdades a medias e inexacti-tudes, pues tratan de ocultar responsabilidades gubernamentales fundamentales.

Cuando la SHyCP y Fox sostienen que la estructura y evolución de los ingresos presupuestarios muestran límites para su crecimiento y que México cuenta con una de las cargas fiscales más bajas de los países de Occidente, dice una verdad, sólo que ello es responsabilidad del gobierno, del PRI y del PAN. El PRD ha pugnado por el diseño de una reforma fiscal integral progresiva, pero se ha desestimado esta idea.

También cuando Fox dice que México registra una de las menores cargas de ISR empresarial a nivel mundial, reconoce un hecho real. No obstante, el Ejecutivo se ha negado a adecuar la estructura impositiva para que las grandes empresas y quienes perciben mayores ingresos paguen mayores contribuciones.

La revisión de los indicadores de las finanzas públicas mexicanas comprueba lo ya sabido y revela la crisis fiscal que el actual gobierno no ha sabido o querido enfrentar, esto es: que la estructura presupuestal del país es inflexible, insuficiente, mal estructurada y no responde a las necesidades de crecimiento y justicia social del país.