La crisis fiscal: sus rasgos más agudos

Jorge Calderón Salazar y Cutberto Ledezma Chávez

Si algún calificativo debiera darse al momento actual que vive México, éste es de incertidumbre; el deterioro del país se agudiza, entre otras causas, por una profunda crisis fiscal del Estado, inmersa ésta en un contexto por demás adverso: mínimo crecimiento económico; dependencia excesiva e inconveniente de nuestra economía respecto del comercio exterior; sector maquilador atrofiado y en crisis; rompimiento de diversas e importantes cadenas productivas en distintos subsectores productivos industriales y agropecuarios; sistema bancario rentista, ineficiente y extranjerizado; persistencia de la deuda pública externa —y ahora también la interna— como problema grave que daña las finanzas de la Federación, y un deterioro claro de las finanzas públicas estatales.

Todo lo anterior, con las consecuencias obvias de elevado desempleo, deterioro salarial, persistencia de las bajas condiciones de vida en sus distintas facetas, la generalización de los niveles de pobreza en amplios estratos de la población, el incremento de la emigración hacia nuestras grandes ciudades y a Estados Unidos, y el crecimiento también acelerado de la "informalidad" de nuestra economía, fenómeno que está dejando de ser excepcional para transformarse en la normalidad con la que, de no lograr cambios económicos sustanciales, habremos de vivir en un futuro cercano, con todo lo que ello implica en lo social, lo político y lo económico.

Y para completar este rosario de problemas, se observan brotes de enfermedades ya erradicadas, relacionadas con el hambre y la miseria de amplias capas de la población, así como profesionistas desempleados e inseguridad pública. Para nuestra fortuna, estos signos presentes en todo el territorio nacional no se han traducido en estallidos sociales.

En el aspecto fiscal la inequidad es, hoy como ayer, rasgo por excelencia de nuestra estructura tributaria. El impuesto sobre la renta (ISR) capta, si lo comparamos con la porción de ingresos de cada segmento, una parte mayor del trabajo que del capital. Además, en el caso de los salarios tiene tasas muy elevadas para los ingresos bajos y medios, y diversas formas de exención y evasión para los sectores de altos ingresos. El gravamen a la utilidad de las empresas tiene una tasa desproporcionadamente alta para los pequeños y medianos empresarios. Hay tratamientos especiales bajo el régimen de consolidación, diseñado para premiar a los más fuertes. Las operaciones financieras prácticamente no están gravadas, situación que existe en materia de ganancias derivadas de compra-venta de acciones. Y los ingresos indirectos, los impuestos derivados del consumo —por naturaleza regresivos— tienen un peso extremadamente alto en comparación con otros países de desarrollo similar al nuestro.

Se toleran muy elevados niveles de evasión, no sólo por la vía de actos ilegales, sino que la ley tiene numerosas lagunas deliberadamente incorporadas a lo largo de dos décadas de gobiernos neoliberales para disminuir la participación del Estado en la economía nacional.

Los altos índices de incumplimiento de obligaciones fiscales obedecen no solamente a incapacidad gubernamental o la reducción del peso del Estado. En muchos casos hay una silenciosa resistencia social ante una política de gasto público que el pueblo considera injusta y ante prácticas de corrupción.

La política fiscal, entendida como el instrumento para solucionar los problemas en el marco del interés público, dista mucho de ser a la que han llevado a cabo los regímenes neoliberales, que provoca un abandono de las responsabilidades económicas fundamentales del Estado, las cuales consisten entre otras en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de salud de la fuerza de trabajo, que constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su inserción competitiva en el mercado mundial. Así, mientras que el gasto y la inversión pública en los países de la OCDE se acercan a la mitad del PIB, en nuestro país no alcanza ni siquiera una cuarta parte del mismo; desde 1983, una de sus orientaciones fundamentales ha sido el pago del servicio de una creciente deuda pública, interna y externa, no obstante que ésta bajó en los últimos años como porcentaje del PIB gracias a la venta de empresas públicas de importancia estratégica para la nación y a la adopción de estrictas políticas de austeridad con un alto costo social.

El "sistema" tributario mexicano adolece de serios problemas, precisamente por su falta de planeación estratégica y preocupación por la sociedad en general, por lo que carece del sentido promotor del desarrollo nacional que caracteriza a las estructuras fiscales en los países con los cuales competimos comercialmente. En su función recaudadora, es público y notorio que es ineficaz y excesivamente dependiente de los ingresos petroleros, lo que ha producido que toda su función fiscalizadora la concentre en muy pocos contribuyentes. Dicho sistema tampoco cumple con la función redistributiva a que está obligado, pues es altamente regresivo por basar su recaudación mayoritariamente en los impuestos indirectos e insuficientemente en los impuestos distributivos como el ISR, así como en la inadecuada e inequitativa falta de progresividad de las tarifas de los servicios públicos.

Su función promotora del desarrollo nacional es incierta, dadas las excesivas facultades discrecionales del Ejecutivo federal y de los funcionarios hacendarios, desconociendo la indispensable seguridad jurídica que requiere y debe tener cualquier sistema legal. Así pues, México tiene un sistema tributario que desalienta a la inversión productiva por su extrema complejidad, discrecionalidad y falta de una verdadera preocupación por los intereses de la población en general.

La caída y luego el estancamiento de los recursos fiscales han sido el reflejo del bajo crecimiento económico del país, pero también de la apertura comercial, que se acompañó de indebidos privilegios y exenciones fiscales a maquiladoras y empresas altamente exportadoras, sector financiero y grandes corporaciones, injustos convenios para evitar la doble tributación y al crecimiento de la evasión fiscal y la economía informal. Aunado a una pésima administración fiscal, los ingresos tributarios no crecen y son extremadamente inequitativos.

Los ingresos públicos están en un estado crítico que pone en grave riesgo el cumplimiento de las funciones básicas del Estado y obliga a una reestructuración integral e impostergable de las finanzas públicas.

Si del lado de los ingresos encontramos baja recaudación, dependencia de los ingresos petroleros, inequidad, centralismo y evasión, del lado de los egresos las cosas no son mejores. En primer lugar, existe una caída de la inversión pública muy notable. La infraestructura productiva ha sufrido un grave rezago, con el consecuente impacto en el desarrollo económico. Lo mismo ha sucedido con el gasto social. Ambos fenómenos están vinculados a uno de los ejes de las políticas neoliberales: en aras de la libertad de mercado, se redujo deliberadamente la promoción económica y la gestión social a cargo del Estado. En cambio, se promovió la apertura económica, la desregulación y el draconiano equilibrio de las finanzas públicas. La integración económica mundial y la función pública canceló los objetivos de bienestar, empleo, redistribución del ingreso y rectoría económica del Estado.