Revisíon crítica de la propuesta foxista

Francisco Javier Carrillo Soberón*

1. Breviario de un fracaso reiterado

Una tras otra han venido fracasando las propuestas de privatización y de apertura de nuestro sector eléctrico nacionalizado. Conocida es la historia de la propuesta originaria de Ernesto Zedillo y Luis Téllez, en febrero de 1999, que afortunadamente fue presentada en los momentos políticos más críticos para cualquier gobierno mexicano, es decir en vísperas de elegir candidato a la presidencia de la República.

Los primeros cálculos políticos de quienes nos sumamos a la lucha contra la iniciativa zedillista, la más agresiva y regresiva de todas las propuestas, eran justamente el que pudiera transitar con una oposición muy firme, muy extendida y muy sólida en argumentos los primeros meses posteriores a la propuesta; ello porque sabíamos que, llegando el período de sesiones de septiembre-diciembre del ‘99, el Partido Revolucionario Institucional entraría en la etapa de la lucha por definir su candidato presidencial, tal como ocurrió, generando un ambiente político tal que haría prácticamente imposible aprobar un proyecto muy polémico del Presidente saliente. El objetivo político inicial se logró.

Sin embargo, las declaraciones iniciales del posteriormente candidato electo, Vicente Fox, ante la iniciativa Zedillo-Téllez, la mañana del 3 de febrero de aquel año en Radio Red, en el sentido de que le parecía "magnífica" la propuesta privatizadora y de que "ya se habían tardado", reveló sin tapujos la abierta y espontánea simpatía foxista con la ola privatizadora.

La campaña es la campaña, y los votos son los votos. Y reconociendo la antipatía popular hacia las privatizaciones, el candidato Fox moderó su discurso, al punto de que ya en los días cercanos a las elecciones llegó a hablar de que él no privatizaría el sector eléctrico mexicano. Discurso que mantiene hasta la fecha.

Pero el cambio de discurso nunca ha representado un cambio de proyecto, ni de convicciones ni de visión. Buscó nuevas vías; primero, la muy corta propuesta de Rodríguez Pratts, en diciembre de 2001, de "solamente" modificar el 27 y 28 constitucionales, para dejar únicamente la transmisión y el despacho de la energía en manos del Estado; ello con un paupérrimo sustento técnico, financiero y jurídico. El entonces aliado Partido Verde Ecologísta de México, cumpliendo sus compromisos, presentó también su propuesta privatizadora, de la cual renegó meses después, dictaminando en contra de ella misma.

El dictamen del Senado en abril del 2002, votando por mayoría contra todas las propuestas privatizadoras, marcó un hito en la correlación de fuerzas en la lucha contra la privatización; a ello se sumó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la modificación ilegal de Fox del Reglamento de la ley eléctrica mexicana.

2. La iniciativa de agosto de 2002

El gobierno panista construyó un nuevo discurso, basado en la necesidad de dar "certeza jurídica" a los ya existentes generadores privados de energía eléctrica que instituyó la reforma salinista de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1992. Y retomó con fuerza el mismo argumento zedillista de la imposibilidad del gobierno para asumir los montos de inversión que requiere y requerirá el sector eléctrico mexicano en los próximos años, a menos de que "le quitemos recursos a la política social del país: escuelas, hospitales, etc." Sustancialmente han mantenido este mismo discurso, con algunos matices; insisten en que la propuesta de Fox no privatiza, ya que no vende los activos de CFE y LFC, que mantienen así la rectoría del Estado, y además se da un buen mensaje al exterior respecto a la disposición y fortaleza jurídica de México para recibir capitales.

Sin embargo, la propuesta de agosto de 2002 padece nuevamente de grandes debilidades jurídico-constitucionales y técnico-financieras; su parte sustancial es modificar nuevamente el artículo 27 constitucional, ahora definiendo como potestad del Estado "el servicio público de energía eléctrica", mismo que "será definido en la ley", o sea que somete la definición constitucional a la ley reglamentaria, un verdadero insulto a la inteligencia de los mexicanos, y por supuesto retirando la definición constitucional de exclusividad de la Nación para todas las fases del servicio: generación, conducción, transmisión, distribución y abasto de energía eléctrica que tengan por objeto el servicio público.

La propuesta foxista establece una separación arbitraria de lo que debería ser servicio público y de lo que dejaría de serlo, al establecer una frontera de consumo de más de 2,500 Mw/hora año, como la que pasaría a ser ahora el nuevo mercado eléctrico, esto es privado, donde CFE y LFC competirían con los generadores privados para ofrecer sus servicios a dichos usuarios.

Las empresas públicas seguirían asumiendo en exclusividad todos los servicios menores a dicho consumo, es decir la inmensa mayoría. Solamente que, por supuesto, la facturación de los consumidores mayores a dicho límite arbitrario (no más de 10 mil) constituye alrededor del 30 al 35% de la facturación del sector eléctrico, y resulta también que son entonces los más rentables, con lo que los privados competirían en condiciones de ventaja estructural de mercado contra dos empresas que tienen que asumir costos mayores para cubrir la totalidad del servicio.

O sea que la privatización total de la industria eléctrica mexicana sería solamente cuestión de tiempo y... de un poco de paciencia. Y hasta eso, ni tanto tiempo: en cuestión de cuatro a cinco años le resultaría asfixiante al binomio LFC-CFE asumir unas finanzas totalmente deficitarias, pero "afortunadamente" contaríamos con la generosidad de los inversionistas privados, quienes con toda solidaridad podrían asumir la totalidad del servicio; al fin y al cabo ya habrían demostrado que ellos sí tendrían empresas boyantes.

Una de las grandes noblezas de nuestras empresas públicas eléctricas es que su estructura tarifaria les permite asumir la totalidad de los subsidios a las tarifas eléctricas, dígase domésticas, agrícolas, de bombeo de agua o industriales. Estos subsidios alcanzan ya más de 60 mil millones de pesos al año, sin que reciban un solo centavo del ingreso fiscal de la Federación; lo que hace la Secretaría de Hacienda es regresarle al sector el pago que éste hace a la misma en calidad de "aprovechamientos", pero este retorno fiscal es deficitario para el sector, es decir: es mayor el monto de los subsidios otorgados que el monto de los aprovechamientos; en este 2003 lo será en más de 7 mil millones de pesos.

Es en este punto donde, desde mi punto de vista, está el "quid" del debate de la reforma eléctrica, por varias razones:

* México es, desgraciadamente, un país que durante muchos años requerirá de subsidios para garantizar que los servicios más elementales, como el eléctrico, lleguen a toda la población, ya que su desarrollo socio-económico no permite otra cosa, so pena de violentar gravemente los derechos humanos y crear las condiciones para una rebelión social generalizada.

* Sólo empresas verticalmente integradas, como lo son CFE y LFC, pueden hacer las economías de escala que les permitan absorber dichos subsidios. Sin embargo, es elemental reconocer que esta carga financiera no hace viable a ninguna empresa en el largo plazo, por lo cual es inaplazable ir transfiriendo al fisco dichas cargas.

* La incursión de los privados en la generación de electricidad y su eventual participación en algún modelo de mercado eléctrico regulado, como lo propone Fox, elude esta realidad y solamente se preocupa por establecer las condiciones legales para un buen negocio privado, arrojándole materialmente el problema social al Estado, pero arrebatándole el mejor instrumento para alcanzar eficiencia al mismo tiempo que justicia social, así como una herramienta clave para estimular y conducir el desarrollo económico.

* De tal modo, hablar de que la participación privada nos permitiría recuperar recursos para otras necesidades sociales no es más que un gran engaño, basado en la des-información de la población. Por el contrario, la participación privada precipitaría al corto plazo la necesidad de asumir fiscalmente los subsidios, que cada vez más penosamente absorbe nuestro sector eléctrico nacionalizado.

* Es por esta razón fundamental que resulta totalmente inconveniente para el país fraccionar el servicio público de electricidad en servicio de primera y de segunda, pretendiendo construir la figura de que el abasto para ciertas empresas particulares podría constituir un servicio, por lo tanto, privado. Desvincular a los privados del alto interés social que implica el servicio público de electricidad, para un país como México, es apostarle a la creación de dos países dentro de uno mismo, que tarde o temprano acabarían por encontrarse violentamente.

* La propuesta foxista nos asegura un Electroproa en el corto plazo, de cerca de 100 mil millones de pesos.

3. La renta eléctrica es innegociable

De esta manera podría yo resumir esta parte fundamental de la discusión, sobre todo cuando nos encontramos ya transitando en la transferencia de la misma a manos de los generadores privados:

La planeación de la Secretaría de Energía para la generación de electricidad a futuro está prevista en más de un 90% exclusivamente para las figuras privadas de generación, de tal modo que en este 2003 producirán el 22% de la electricidad total que se consume en México y para el año 2011 su producción para venta a CFE alcanzaría un 62% del total nacional.

El pago de CFE por la electricidad que recibe de los generadores privados en 2002 representó el 9.1% de sus ingresos, en 2003 ya representará el 15.3% y para 2004 llegará al 22.7%.

A todo esto hay que agregar que ya el propio Elías Ayub aceptó en su última comparecencia, en noviembre de 2003 en la Cámara de Diputados, que hay que revisar las cuotas que por concepto de porteo se les cobra a los generadores privados (esto es, el pago a CFE por el uso de sus líneas de transmisión y subestaciones, así como sus servicios de respaldo cuando los privados se tienen que salir del sistema por cualquier motivo). Seguramente la Comisión Reguladora de Energía ni siquiera ha imaginado la posibilidad de que estos costos de porteo deberían incluir una proporción de los cuantiosos subsidios que asumen nuestras empresas públicas.

Estamos, entonces, frente a una gran ofensiva mediática para tratar de revertir la opinión pública que rechaza este proceso privatizador. El momento es delicado, la manipulación televisiva y radiofónica tiene un grado importante de penetración, sustentada en la desinformación y en la desventaja de recursos informativos de parte de las fuerzas nacionalistas.

Están tratando por todos los medios de imponernos una estrategia gradualista; esto es, imponer la privatización por etapas; ya está caminando la primera, en base a privilegiar la inversión privada en la generación de electricidad. El segundo paso es darle status jurídico constitucional en contra del desarrollo y fortalecimiento de nuestras empresas públicas. El tercero y quizás último paso sería la inevitable quiebra del sector eléctrico nacionalizado y su "rescate" por los privados.

Dejaré para un artículo posterior el otro gran aspecto que involucra este tema, y es el relativo a la otra gran omisión en el planteamiento foxista, y que consiste en ignorar una indispensable visión de estrategia energética de largo plazo como marco para realizar nuestra reforma eléctrica modernizadora y nacionalista. Sin una política energética de Estado, de acuerdo incluso a una visión soberana en el plano geopolítico, sin una visión de esta magnitud todas las propuestas tendrán una vigencia muy limitada y podrían comprometer la viabilidad de la economía y del desarrollo social del país en el mediano y el largo plazos; ni qué decir de su soberanía y de los recursos indispensables para un Estado que pretenda conducir los destinos del país.

* Diputado federal, secretario de la Comisión de Energía por el PRD en la LIX Legislatura.