Los universitarios y el antiautoritarismo

Daniel Cazés Menache

Los movimientos estudiantiles y magisteriales conforman una de las más antiguas y mejor arraigadas prácticas universitarias. Nacieron con el surgimiento de la universitas studiorum medieval. Y continúan en nuestros días, después de nueve siglos de la organización primigenia del gremio de los intelectuales y algunos años menos de la primera cessatio que, en su propio contexto, tuvo todas las características de una huelga estudiantil, a la vez académica y política.

De carácter tan diverso en cada momento histórico como diferentes han sido las universidades desde 1088, los movimientos universitarios son parte inseparable del trabajo intelectual estructurado en la vida académica; además, han sido reflejo, vehículo y elemento clave de la incidencia de profesores, estudiantes e instituciones en la vida social.

El primer movimiento universitario de que se tiene noticia fue estudiantil; ocurrió en Bolonia a mediados del siglo XII y condujo a los reconocimientos y privilegios que se negociaron con Federico I Barbarroja en 1158. El gremio boloñés constituía una universitas scholarium, comunidad de estudiantes, intensamente comprometida en la guerra de las investiduras: imperio y papado buscaban imponer sus propias formas de dominio político y control de la propiedad. Los universitarios de Bolonia que, mediante la contratación de maestros y la constitución de colegios por naciones, habían liberado al pensamiento y a la enseñanza de los muros catedralicios y monásticos, recodificaban el derecho romano y el canónico. El ámbito de lo jurídico —secular o eclesiástico—, se revestía así con el prestigio de la razón y la sanción de la academia, y quedaba despojado de toda interpretación teológica puramente religiosa o mística.

La legalidad y la legitimidad laicas y seculares de cada posición las aportaron los jurisconsultos universitarios que, en conflicto con el obispo y con el príncipe municipal por cuestiones de vida cotidiana, se retiraron del burgo cuyas otras corporaciones se beneficiaban de las necesidades de estudiantes y maestros. El regreso condicionado de éstos a la urbe, y la perspectiva de nuevas huelgas, permitieron que el gremio obtuviera (primero del emperador y luego del papa) protección, privilegios particulares y garantías de una cierta autonomía respecto de ambos poderes.

Poco después sucedería algo semejante en París, mientras se desarrollaba la discusión de los asuntos universales, y en donde el rey y el papa competían por el apoyo de los teólogos que comenzaban a formular, desarrollar y expander la ideología de la razón. Aquí, la cessatio que precedió a negociaciones de reconocimientos fue tanto de maestros como de estudiantes; el gremio parisino constituía una universitas scholarium et magistrorum, comunidad de estudiantes y maestros. La profundidad y agudeza que puede alcanzar el combate de los intelectuales por la autonomía de su trabajo frente al cetro y el báculo se hicieron evidentes en París, Francia con las sangrientas tribulaciones de Abelardo.

El primer movimiento universitario de América parece haber sucedido en Puebla en 1647, cuando el virrey arzobispo Palafox y Mendoza, al aplicar su reforma educativa y eclesial-realista, entró en querella con los jesuitas.

La Corona y la Iglesia españolas habían resuelto impedir a los miembros de la Compañía de Jesús extender su influencia intelectual y limitar su participación en la educación popular. Por tal actitud virreinal y episcopal, los alumnos de los jesuitas —muchos de ellos hijos de empresarios coloniales o futuros cuadros de la administración novohispana— protestaron al inicio de un conflicto que duró seis años y concluyó con la virtual derrota del jerarca.

A fines del siglo XVIII hubo otros movimientos estudiantiles para protestar por la expulsión de los jesuitas y exigir que se anulara la orden de exilio que formó parte de las reformas liberales de Carlos III. Las manifestaciones de Pátzcuaro, Guanajuato y San Luis Potosí produjeron la ejecución de 69 manifestantes.

Empresarios del agro, misioneros, académicos notables en la educación superior, en la investigación de las más diversas especialidades y en el desarrollo de tecnologías, los jesuitas iniciaron el discurso independentista y su docta fundamentación histórica y filosófica. Además, durante casi dos siglos formaron en sus aulas y en las de la Real Universidad de Nueva España a todos los cuadros de la Colonia. Entre sus alumnos hubo un gran número de criollos que con el tiempo serían jefes de las guerras de Independencia y de Reforma, y políticos notables desde los albores del México Independiente hasta la lucha contra la intervención francesa y la restauración de la República.

La derrota de los jesuitas al final del siglo XVIII fue victoria del primer liberalismo hispano sobre el cuerpo de intelectuales organizadores de sociedad y estructuradores de ideología más poderoso y fecundo de la época.

Los jesuitas derrotados representa-ban ciertamente a la razón, al pensamiento creativo, a la búsqueda de la autonomía política de las colonias, pero se oponían al libre cambio modernizador del Imperio, a su apertura hacia las potencias protestantes, al alejamiento realista del "poder espiritual" de Roma.

En un recorrido por la historia reciente de las universidades de México, en el que sólo se mencionen la participación de universitarios en los movimientos sociales iniciados en 1910 y la lucha por la autonomía en 1929, en el otro extremo tendríamos, cronológicamente, los movimientos encabezados por los estudiantes en 1968 y de 1986-1990. Ni uno ni otro han sido acontecimientos locales; encarnan dos de los momentos más relevantes del mundo universitario contemporáneo.

A lo largo de nueve siglos, algunas de las más diferentes revueltas universitarias tienen en común su carácter secularizador y antiautoritario. Es posible rastrear un conjunto de movimientos universitarios que, por espacio de casi un milenio, han tenido la siguiente característica: han sido una de las vías culturales necesarias para instaurar y desarrollar la secularización del conocimiento, para establecer y preservar la relativa autonomía del trabajo intelectual respecto de los poderes políticos y religiosos, y para flexibilizar el conjunto de las relaciones políticas.

Si sólo eso pudiéramos hallar al estudiar esas revueltas de carácter, origen y contenido diversos, bastaría para calificarlas de democráticas o cuando menos para ubicarlas como fundamentales en el complejo de los procesos sociales democratizadores. Esto, desde luego, exige también el examen de otros elementos presentes en esas revueltas y en esos procesos, entre otras cosas, porque permitirá hallar las particularidades de cada caso y matizar las generalizaciones académicas, políticas e históricas que constantemente sugieren.

La democracia en la universidad

Aclaro que, al hablar de instituciones universitarias y de cuanto les concierne, me refiero a todas aquellas que, con diversos nombres, se consagran simultáneamente a la enseñanza que en México se denomina media-superior y superior, y a la investigación, con o sin la llamada extensión o difusión; y aquí incluyo preferentemente a las públicas.

El concepto de democracia referido al campo de lo académico universitario abarca, cuando menos, los siguientes ámbitos:

a) El del desarrollo del conocimiento científico y su libre expansión en todos los espacios sociales, no exclusivamente en los profesionalizantes. La democracia es, desde esta óptica, posibilidad real de ejercer el derecho a la libre investigación, a la libre cátedra y a la libre difusión no escolarizada de la creación intelectual y artística.

La tradición política y las prácticas legislativas y jurídicas han hecho de la acción académica de los niveles preparatorio y universitario una tarea de Estado. Por ello, concebida como se ha definido, la democracia universitaria hace de las tres libertades académicas funciones sociales, y como tales, constituyen otras tantas prerrogativas institucionales. Han de cumplirse las primeras y ejercerse las segundas, como un servicio público en entidades de Estado, autónomas del poder gubernamental y organizadas para ese fin.

Este servicio público de interés social exige obligatoriamente el acceso oportuno y suficiente de las instituciones a los medios públicos para que sus funciones sean impulsadas, cumplidas y desarrolladas.

En el espacio privilegiado de la racionalidad, podría esperarse que la magnitud de tales medios tuviera como parámetro básico —aunque no único— los criterios formulados por quienes realizan y conocen mejor cada especialidad y las perspectivas de su desarrollo, y no las concepciones predominantes entre quienes manejan las finanzas públicas y tienen el poder para establecer prioridades según coyunturas políticas, que rara vez se relacionan directamente con la actividad propiamente académica.

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, en la universidad el concepto de democracia incluye al de auténtica autonomía del trabajo intelectual y participación decisiva de quienes lo realizan en las resoluciones sociales que conciernen a ese trabajo.

b) El de la adecuación de los espacios del trabajo intelectual para que los ciudadanos puedan participar de los procesos académicos —culturales y sociales— en que se obtiene la calificación oficial para acceder a las prerrogativas académicas o beneficiarse de ellas. La democracia es, en esta dimensión, posibilidad para todos los jóvenes.

c) El de la participación en la gestión institucional en términos equivalentes para todos los miembros de la universidad dedicados a las funciones académicas. Democracia quiere decir, cuando hablamos de gobierno y administración, servicio equitativo a la institución y ausencia total de privilegios, de grupos especializados en tales trabajos, y por lo tanto de todo poder que no sea colegiado ni provenga del ejercicio de las funciones académicas.

En este sentido, la democracia universitaria ha de tomar en consideración las diferencias en la función académica que cumplen sus sujetos (trabajadores académicos y estudiantes) en la institución, y no su cualificación profesional (cantidad de conocimientos patentados) ni su número (matrícula).

El principio fundamental de la ponderación de la participación en las decisiones y su ejecución sería la paridad de los sujetos del quehacer universitario, con la intervención limitada de los miembros de la institución que cumplen tareas no académicas.

No podrá hablarse de democracia universitaria mientras persista en las instituciones la existencia de cuerpos cerrados, con privilegios exclusivos, autorreproductivos y omnipotentes, ubicados en supuestas esferas de apoyo a las funciones académicas o coordinación de las mismas, cuando en la realidad sus acciones se alejan cada vez más de esas funciones.

Las reivindicaciones más importantes de los movimientos universitarios de final de milenio conjugaron los conceptos de democracia universitaria aquí resumidos, que han sido formulados de las maneras más diversas, como crítica, oposición y propuesta alternativa al ejercicio actual del poder institucional. Así es como se expresa hoy la nueve veces centenaria batalla de algunos intelectuales en formación o plenamente dedicados a su trabajo institucional, que buscan la secularización del pensamiento, el desarrollo autónomo de éste, y eliminar el autoritarismo de sus sociedades.