Ingreso y gasto públicos aprobados

REFLEXIONES FINALES

Jorge Calderón Salazar y Cutberto Ledezma Chávez

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por el Congreso del Unión respetan en lo fundamental la orientación neoliberal contenida en las iniciativas foxistas. El único cambio sustancial fue que no se aprobó el IVA en alimentos y medicinas ni la privatización de diversas instituciones públicas. El PRD votó en contra del presupuesto de egresos que impusieron los legisladores del PAN y el PRI, en virtud de que no contemplaba medidas de austeridad republicana, no reducía significativamente los recursos destinados al Fobaproa-IPAB y mantenía la orientación fondomonetarista de la política económica.

Se prevé para 2004 un déficit fiscal de 0.3% del PIB, una inflación de 3% y un crecimiento del PIB de 3.1%, un tipo de cambio de 11.2 pesos por dólar, tasas de interés nominales de 6.5% y reales de 3.6% promedio anual, un déficit en cuenta corriente por 16,420 millones de dólares y un precio promedio para el petróleo mexicano de 20 dólares por barril; respecto a los ingresos no se dieron cambios fundamentales, manteniendo el ajuste al impuesto sobre la renta como ya estaba previsto en la Ley de Ingresos para el año 2001, para quedar en 33% como rango superior para las personas físicas y morales, pero sin alterar la estructura del impuesto al valor agregado.

Según lo dispone la fracción IV del artículo 74 constitucional, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; al cumplirse esa atribución para el año 2004, encontramos que el proyecto original enviado por el Ejecutivo federal tuvo algunas modificaciones. Finalmente, los diputados aprobaron un gasto neto total de 1 billón 650,505 millones de pesos, superior en 13,449 millones al proyecto original.

Los diputados aprobaron recursos adicionales al proyecto original de ingresos por 13,449 millones de pesos debido al ajuste al alza en las estimaciones de ingresos en los impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como la venta de activos improductivos.

La reducción del monto de endeudamiento a 500 millones de pesos para el Gobierno del Distrito Federal, no puede calificarse sino de una decisión ruin por frenar los niveles de aceptación para la gestión perredista en la Ciudad de México, lo que frenará las acciones en obras y servicios para el núcleo mayoritario de población en la capital del país.

Por el lado del Presupuesto de Egresos se efectuaron reasignaciones por el orden 38 mil 200 millones de pesos, con el objetivo de elevar el gasto destinado a educación, campo, salud, construcción de carreteras, generación de empleos y combate a la pobreza.

Con todo, es preciso admitir que el presupuesto para 2004 es sumamente restrictivo y no estimula el crecimiento.

La actual administración federal es modelo de ineficiencia: ha incorporado al gasto estructuras directivas paralelas, creadas con el único fin de ampliar la casta burocrática, ya que en tan sólo tres años se crearon 18 mil plazas de confianza improductivas que absorben cuantiosos recursos presupuestales. Y ahora el gobierno del cambio al inicio de año anuncia el despido de 50 mil burócratas, personal de base, cuando no toma medidas de racionalidad y austeridad al interior del enorme aparato que ha creado, que no se justifica dados los pobres resultados que han conseguido en las diversas esferas de la actividad económica, política y social del país, resultando una carga para la economía y la sociedad mexicana.

En el caso de los ramos autónomos hubo una reducción de 6,431 millones de pesos; es de lamentarse la disminución al Poder Judicial por 4,370 millones, con lo que se agudizarán los rezagos en la impartición de justicia, tema que la sociedad ha situado como un grave pendiente en la agenda de las prioridades nacionales. La Cámara de Senadores y la Auditoría Superior de la Federación vieron disminuidas sus propuestas de gasto al reducirse en 809 y 673 millones de pesos, respectivamente. Sin demérito de la importancia que reviste la labor del Senado, es lamentable la disminución de recursos en el caso de la Auditoría Superior por las labores sustantivas que lleva a cabo para la fiscalización del gasto público.

En cuanto a los ramos administrativos que engloba la presidencia de la República, todas las dependencias, los Tribunales Agrarios, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuvieron reducciones o ampliaciones en la mayoría de los casos, dando lugar a reasignaciones positivas: en Comunicaciones y Transportes, por 6,569 millones de pesos, con lo que elevó su presupuesto a 22,746 millones; en Educación Pública se reasignaron 3,826 millones, elevando su presupuesto a 113,414 millones; en Desarrollo Social se reasignaron 2,169 millones, con un aumento a 21,099 millones, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuvo un magro incremento de 335 millones de pesos.

Respecto a los ramos generales y dentro del gasto programable, también se presentaron reducciones y ampliaciones, dando lugar a reasignaciones para las Previsiones Salariales y Económicas por 10,742 millones de pesos, con lo cual se elevó su gasto a 16,719 millones; se reasignaron 2,712 millones a la partida de Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, subiendo su presupuesto a 29,762 millones. También la partida de Previsiones para servicios personales de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de aportaciones para la educación básica y normal, tuvo una reasignación de 3,000 millones, que así aumentó su presupuesto a 8,282 millones. Finalmente, se incrementó el Programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas con una reasignación de 7,000 millones, para quedar en 17,000 millones.

En el rubro de Previsiones salariales y económicas se aprobó un apoyo adicional de 10,800 millones de pesos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y para dotar de más recursos a los programas enfocados a la educación, pues ha calado en la conciencia la idea de que si no fortalecemos la educación en sus diversos niveles, poco tendrá que hacer el país en un mundo globalizado, dominado por el conocimiento y la alta tecnología. Desafortunadamente, en la distribución de mayores recursos para fortalecer a los estados y municipios —dentro del ramo 39— es irrelevante la reasignación, dado el tamaño del gasto neto total aprobado. Pero no sólo eso, sino que al Distrito Federal se le asignó una cifra muy baja —1,401 millones de pesos— comparada con las del Estado de México —2,060 millones— y Jalisco —1,195 millones—, lo que pone en evidencia el pavor que tienen algunas corrientes de diputados, integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, hacia la administración perredista en la Ciudad de México.

Respecto al gasto no programable, dentro de los ramos generales se dieron disminuciones en las partidas de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y de Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca por 3,800 y 3,000 millones de pesos, respectivamente.

Es de destacarse que la partida de deuda pública se mantuvo inamovible y el hecho de que este concepto significa una erogación de recursos por el orden de 145,860 millones de pesos sólo para el pago de los intereses. En este caso y tal como lo hemos venido sosteniendo, el grueso de la deuda debe ser detenidamente analizado; existen fundadas sospechas de que muchas de esas obligaciones son fraudulentas y la nación, las futuras generaciones de mexicanos, no tienen por qué seguir cargando con este fardo, que se ha convertido en un lastre para el desarrollo económico del país.

Finalmente, el Gasto Programable de las Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo tuvo una disminución de 6,772 millones de pesos, destacando los casos de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que vieron reducidos sus presupuestos en 1,653 y 3,882 millones, respectivamente. A ello hay que agregar las disminuciones en los presupuestos del ISSSTE y Luz y Fuerza del Centro por 660 y 576 millones, respectivamente. Esto, sin duda, agudiza la fragilidad financiera de dichas entidades y las coloca en una situación de vulnerabilidad inducida con miras a colocarlas en la posibilidad de ser privatizadas.