Fisco pobre, empresarios ricos

José Zúñiga Jiménez

En las últimas semanas hemos escuchado y leído, en diversos medios de comunicación, comentarios en torno a la necesidad de implementar una reforma fiscal integral con la finalidad de mejorar el bajo nivel de recaudación tributaria que tiene nuestro país.

La COPARMEX ha manifestado, a través de su presidente, José Luis Barraza, que "los empresarios emprenderán una campaña para crear conciencia sobre los efectos que tiene en la economía la baja recaudación fiscal.

Es un hecho que México está entre los países que menos recaudan (11 por ciento del PIB), cuando naciones europeas captan hasta 40 por ciento. Lo ideal para México sería elevar la recaudación a cerca de 24 por ciento para que el gobierno, sin importar de que partido surja, pueda cumplir con sus funciones sociales, de infraestructura y el servicio de las deudas interna y externa.

"Mientras se decide el futuro de la reforma fiscal, los empresarios se concentrarán en cabildear la apertura del sector energético."1

Dentro del marco de la simplificación administrativa, también el sector empresarial ha manifestado su punto de vista, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), organismos que opinan que "la excesiva regulación fiscal se impone como el principal problema de competitividad de México frente a China".2

Esta opinión se expuso luego de conocerse la noticia de que nuestro país fue desplazado por China en el mercado de Estados Unidos.

El director de la COFEMER, Carlos Arce, sostiene que "la falta de un adecuado marco legal resta competitividad a México" y advierte que el mercado internacional es implacable ante la carencia de este atributo, por lo que considera indispensable dar la vuelta al debate en materia de reformas estructurales y "dejarnos de discusiones tradicionales y anquilosadas versus privatización, porque sería mantenernos en la miopía, sin ver lo que ocurre alrededor".3

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una visión bastante corta, se propone aumentar las auditorías a los contribuyentes en un 11 por ciento con respecto a las efectuadas en el 2002.

"De esta forma, Hacienda prevé realizar 115 mil 804 auditorías a contribuyentes este año, apoyadas en reformas como las que obligan a acumular en declaración fiscal, ingresos exentos, entre otras."4

Podríamos hacer una crítica extensa a las opiniones de la Confederación Patronal de la República Méxicana (COPARMEX), pero para no desviarnos del tema, solamente resaltaremos que dicho sindicato patronal plantea promover una reforma fiscal integral con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria para el pago de deuda pública y privada, sin olvidar la construcción de infraestructura que los industriales requieren para su expansión.

En la propuesta de la COFEMER está implícita la intención de castigar a los salarios y, de ese modo, contar con más mano de obra barata que convierta a México en un país más competitivo en el mercado internacional, al que consideran como el punto medular del desarrollo nacional.

No toman en cuenta estos empresarios que un país con un mercado interno débil, principalmente por la variable de bajos salarios, es más vulnerable a los movimientos de la economía internacional.

Es preciso subrayar que la precaria recaudación fiscal tiene múltiples causas. Para empezar, la misma Secretaría reconoce que existen incentivos fiscales y regímenes preferenciales que permiten el no pago de impuestos a muchos de los que se apropian de la riqueza nacional.

Además, la estructura fiscal de nuestro país, revela que las grandes empresas sólo aportan el 11.22 por ciento del Impuesto Sobre la Renta, mientras que contribuyentes como los pequeños empresarios, arrendadores, las personas físicas que perciben honorarios, pero sobre todo los asalariados, son los que soportan las grandes cargas impositivas y contribuyen con el 88.78 por ciento restante. Por si fuera poco, los contribuyentes cautivos, es decir los asalariados, son los que aportan casi el 40 por ciento de la recaudación total.

En otras palabras, nos encontramos bajo una estructura impositiva en la cual las grandes empresas se han convertido en retenedoras y enteradoras de impuestos, pero no en contribuyentes debido al cúmulo de exenciones que disfrutan.

La Secretaría de Hacienda reconoce que este trato preferencial se dio bajo presión política y argumenta que revisa los impuestos al Valor Agregado, Sobre la Renta y Especial Sobre Producción y Servicios. La intención, asegura la Secretaría, es que las cargas impositivas sean más equitativas.

La reforma necesaria

Una reforma tributaria debe partir de un estudio serio y detallado que permita determinar con claridad quiénes obtienen la riqueza para que, de acuerdo con el marco constitucional, el pago de impuestos sea congruente con la capacidad contributiva y con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

Lo anterior exige que cualquier propuesta que contemple subir los impuestos, pero que al mismo tiempo pretenda aplicarlos sin considerar la capacidad económica y contributiva de los diferentes sectores sociales, o que tenga la intención de recargar la contribución en los sectores de menores recursos, sólo ahondaría aún más las diferencias de nuestro sistema de recaudación.

Una propuesta de esa naturaleza tendría como efecto la elusión y la evasión fiscal, fenómenos que des-embocarían en un descenso de la recaudación y, además, anularían en gran medida los programas de inversión, desarrollo productivo y de integración de las cadenas económicas, programas que son necesarios para avanzar en la disminución de la dependencia que tenemos de los ingresos petroleros.

Sólo si se adoptan medidas para que los causantes que hoy no pagan impuestos cumplan sus obligaciones fiscales, se avanzará hacia la equidad del sistema tributario y, al mismo tiempo, se darán pasos importantes para construir una fuente estable de financiamiento para el Estado.

Pero la realidad es que hoy contamos con un sistema tributario que grava a los que menos tienen. Bajo tales condiciones el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pretende seguir impulsando una "reforma fiscal integral", que no afecte los intereses empresariales que los llevaron al poder y está enfocando sus energías en las clases marginadas y los trabajadores.

Esta intención fue ratificada por el titular de la dependencia, Francisco Gil Díaz, en sus declaraciones a la prensa del 3 de febrero de 2001, además de que pidió a los diputados del Partido Acción Nacional que apoyen la iniciativa para gravar con el IVA los alimentos y las medicinas, como pretendía la reforma fiscal propuesta por Vicente Fox, con el argumento de evitar que a largo plazo el país afrontara problemas financieros.

Esa ocasión, Gil Díaz reconoció que la medida tendría un costo político y parecía antipopular, pero era necesaria para elevar la recaudación y los recursos federales.

Otra propuesta del presidente Vicente Fox en ese mismo sentido fue aquella donde se pretendía gravar las prestaciones de los trabajadores, que tradicionalmente eran exentas.

Estos son sólo algunos datos que demuestran que el gobierno de Vi-cente Fox pretende elevar la recaudación fiscal castigando a los sectores de menos ingresos.

Por otro lado, afirmar que con el combate a la evasión fiscal y a la economía informal se garantizarán mayores recursos, es desviar la atención para no analizar lo que en realidad está afectando la baja recaudación tributaria.

Si hemos resaltado que el sistema fiscal es inequitativo y regresivo, en el cual contribuyen menos las grandes empresas y grupos financieros nacionales, que constituyen el 2 por ciento de la población pero que obtienen el 68 por ciento de la riqueza nacional, y quienes sólo pagan el 10 por ciento de los impuestos.

Y por otro lado, encontramos el 98 por ciento de los contribuyentes, donde están incluidos los asalariados, pequeños y medianos empresarios, profesionistas, entre otros contribuyentes, que prestan sus servicios en forma independiente, los cuales obtienen el 32 por ciento de la riqueza nacional pero contribuyen con el pago del 90 por ciento de los impuestos, entonces carece de sentido no hacer una propuesta tendiente a desaparecer esta injusta situación y a permitir que la tasa de recaudación sea congruente con la obtención de las ganancias y la generación del producto nacional.

El sistema fiscal

Si consideramos que la política fiscal tiene entre sus propósitos la elección de las fuentes de ingresos tributarios, entonces estaremos de acuerdo en que dicha política constituye uno de los instrumentos más útiles de la política económica porque permite, entre otras cosas, la captación de recursos para solventar el presupuesto nacional que en nuestro país tiene una influencia decisiva en el ritmo y en la dirección del desarrollo económico. Para entender a qué intereses sociales responde la actual política fiscal, se hace necesario revisar las características de nuestro sistema impositivo.

Tenemos un punto de partida y coincidencia con el gobierno de Vicente Fox, con referencia a las características que debe cumplir el sistema impositivo. Puede describirse como sigue:

1.- Que genere las fuentes permanentes de financiamiento.

2.- Que responda a los principios de equidad y proporcionalidad.

3.- Que contenga medidas que permitan la distribución y no de concentración del ingreso.

Además, la tributación debe garantizar la igualdad tributaria, o sea que a los mismos hechos económicos se les aplique una tasa uniforme de gravamen.

Hemos dicho que el actual sistema tributario sólo otorga incentivos a las grandes empresas. Entonces, de acuerdo con los lineamientos mencionados, debemos promover medidas para que deje de ser un paraíso fiscal para las industrias de mayor capacidad financiera.

La existencia de estos beneficios fiscales genera una competencia desleal —incluso entre empresas de un mismo sector— y propicia inequidad en la distribución de la carga impositiva, además de producir, consecuentemente, ineficacia en la asignación de recursos.

Estos incentivos fiscales y tratamientos preferenciales han tenido como resultado que "nuestra recaudación por punto de tasa del Impuesto Sobre la Renta sea de alrededor de 0.076 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio de los países de la OCDE representa el 0.093 % y es incluso menor al de los países latinoamericanos, que se sitúa en 0.088%. Esto significa que en promedio, en los países de la OCDE se recauda un 22.4 por ciento más por punto de tasa que en México, y en Latinoamérica un 15.8% más."5

Estas distorsiones se podrían evitar si se derogan los tratamientos preferenciales y el régimen de consolidación y simplificado.

Las facilidades administrativas que se conceden en ambos, originan un trato de preferencia para las empresas que lo pueden aplicar y las coloca en un sitio más ventajoso que al resto de los sectores de la economía. "Los sujetos a este régimen simplificado tienen una participación en el Producto Interno Bruto Nacional de aproximadamente 16.3%, y sólo aportan el 0.9% de la recaudación del ISR empresarial".6

En otros países en los que se otorga este beneficio, se utiliza de manera muy restrictiva considerando otros factores que estabilizan la economía en su totalidad, pero en México no existe ninguna regulación para su implementación por motivos del desarrollo nacional y, como la ley tributaria es de aplicación general, entonces representa un costo fiscal muy significativo.

La complejidad en los procedimientos de consolidación y la poca fiscalización, lo hace fuente de elusión fiscal, inequidad y competencia desleal.

Este sistema, que responde a la descrita situación impositiva, la describía el maestro Tulio Rosembuj, afirmando que:

"En pocas palabras: los ricos pagan menos impuestos y obtienen más beneficios públicos, los pobres pagan más impuestos y obtienen menos beneficios públicos. Finalmente, pagan los beneficios públicos de los ricos. El peor de los mundos posibles. La necesidad de financiar la participación del sector público en la utilización del producto, con diferentes pretextos, es una de las causas determinantes para, tal como dijimos, ampliar la base de contribuyentes por cualquier medio, habida cuenta del límite político de la imposición".7 La Reforma Fiscal Integral debe considerar la obtención de más recursos para canalizarlos a mejorar el nivel de vida de los mexicanos, para ampliar las oportunidades y para fortalecer el mercado interno.

Los embates de una economía globalizada se pueden enfrentar más fácilmente con un mercado interno fuerte. Mercado que sólo se puede crecer con una política salarial que eleve el poder de compra de los trabajadores y, al mismo tiempo, que apuntale el crecimiento de las empresas nacionales, el empleo y la distribución de la riqueza, de modo que —de paso— contribuya a combatir males sociales como la delincuencia.

Si se continúa favoreciendo a las grandes empresas —nacionales y extranjeras— con exenciones y se insiste en gravar a los que obtienen menores recursos, entonces difícilmente se captará el mencionado 25 por ciento del PIB, ya que su soporte no estaría basado en un sistema de contribuciones equitativo ni proporcional. En resumen, las propuestas desde el gobierno federal dejan en evidencia, cuando menos dos cosas; la ausencia de un interés real por implementar una reforma verdaderamente integral que responda al interés nacional y la anuencia de un Estado que se define cada día como defensor y socio de los más mezquinos y egoístas intereses financieros.

* Asesor del área de Política Económica del Grupo Parlamentario del PRD, LVIII Legislatura.

1 La Jornada, lunes 2 de junio del 2003. Sección Economía.

2 Ibid.

3 La Jornada, lunes 2 de junio del 2003. Sección Economía.

4 Reforma, lunes 10 de marzo de 2003. Sección Negocios.

5 Subsecretaría de Ingresos SHCP, Impuesto Sobre la Renta empresarial, Documento de 1998. Pag. 4.

6 Op. cit. Pag. 5.

7 Rosembuj, Tulio, Qué son los impuestos; Editorial La Gaya Ciencia S.A.; Barcelona, España, 1977, pag. 49.