El freno proviene del Poder Ejecutivo

Joaquín Tórrez Osorno*

La conformación, hace tres años, de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en la que ningún partido político contó con la mayoría de diputados y senadores, obligó al gobierno de la República, como nunca antes en la historia, a buscar los consensos necesarios para sacar adelante sus iniciativas de reforma a diversos ordenamientos.

La labor de convencimiento des-arrollada por el gobierno panista le redituó buenos dividendos, pues de un total de 53 iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados, 41 se aprobaron, es decir, el 77 por ciento. La mayoría se dictaminaron con cambios menores. Fueron respetados el fondo y sentido de las propuestas originales.

Pese a estas victorias, el gobierno federal ha entregado resultados muy pobres, sobre todo en materia económica. El presidente de la República y el Partido Acción Nacional insisten en que la falta de repunte obedece a que el Congreso no ha aprobado las llamadas reformas estructurales. De acuerdo con ellos mismos, tales reformas garantizarían, por sí solas, crecimiento sostenido y desarrollo social.

A saber, las tres reformas estructurales se refieren a las materias fiscal, laboral y energética, mismas que explicaremos más adelante.

Los fracasos visibles

Si revisamos las principales variables macroeconómicas, podemos observar que estas tres reformas, si se aprobaran, de ningún modo producirían un repunte del desarrollo económico. En el mejor de los escenarios probables, las reformas tributaria y energética sólo tendrían un impacto inmediato y temporal en las finanzas públicas.

Lo cierto es que el gobierno de Fox no ha logrado cumplir ninguna de las metas macroeconómicas que se propuso en el año 2000. Así lo muestran indicadores como los siguientes:

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un 0.9 por ciento durante 2002, 0.8 puntos porcentuales menos que la meta oficial del 1.7 por ciento.

El año pasado, la inflación mexicana fue del 5.7 por ciento, frente al 4.5 que esperaban las autoridades, y el déficit fiscal se situó en el 1.2 por ciento del PIB, casi el doble de la meta oficial del 0.65 por ciento.

Fox asumió el poder, en diciembre de 2000, con la promesa de lograr un crecimiento anual del 7 por ciento, pero al concluir 2001 la economía se había contraído un 0.3 por ciento.

Entre los factores que continúan obstaculizando el ritmo de la economía de México se encuentra la debilidad del mercado interno. No obstante, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, persiste en su modelo de reducir al máximo su participación en la actividad económica. Y por si fuera poco, existen serias irregularidades en el ejercicio del gasto público que no han sido solventadas y que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, ascienden a más de 340 mil millones de pesos en el primer año del gobierno foxista.

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha dicho que "no basta con tener una buena política monetaria para hacer crecer la economía", sino que se requiere una estrategia de desarrollo que impulse la productividad.

En este sentido, nuestro país sigue careciendo de un programa claro que fomente la articulación de encadenamientos productivos, lo que se refleja de manera evidente en la pérdida permanente de empleos. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que va del sexenio, se han esfumado ya 570 mil empleos; es decir, cada día se quedan sin sus puestos de trabajo 700 personas en nuestro país.

En México, unas 350 mil personas se incorporan al mercado laboral cada año. En 2001 no sólo hubo numerosos despidos, sino que muchos mexicanos comenzaron a buscar empleo sin poder encontrarlo. Y el panorama para 2003 es todavía más desalentador, pues la creación de puestos de trabajo que se espera está muy por debajo de la demanda, por lo que se registrará un déficit de unos 900 mil empleos.

También la competitividad del país ha sufrido un fuerte retroceso, pues cayó desde el lugar 35 al 45, en una lista de 80 países, entre 1999 y 2002, según el Banco Mundial. Por otra parte, en el primer semestre de 2002, el indicador de la inversión fija bruta descendió 12.1 por ciento. Esta es la caída más alta en lo que va de la administración de Vicente Fox.

En 2001 dicho indicador registró una variación negativa de 6 por ciento con respecto a 2000. En términos del Producto Interno Bruto, en 2001 representó la menor cifra de crecimiento desde 1995 (20.7 por ciento).

Los niveles de inversión extranjera tampoco son para alegrarse. Fox sostuvo que de enero a junio de 2002, nuestro país captó la mayor cifra de inversión extranjera en la historia en un periodo similar, que fue de 30 mil millones de dólares; lo que no aclaró fue que la compraventa de Banamex-Citigroup representó 12 mil 500 millones de dólares, otorgándole mayor poder a los grupos transnacionales financieros.

Tampoco han pintado bien las exportaciones de bienes y servicios. Después de mantener un crecimiento sostenido de 1998 a 2000, dichas ventas al extranjero cayeron 5.1 por ciento en 2001 con respecto a 2000. En el primer trimestre de 2002 presentaron un decrecimiento de 5.8 por ciento.

El Banco de México informó en abril que las reservas internacionales alcanzan más de 54 mil millones de dólares, su nivel más alto históricamente. Lo malo es que Vicente Fox reconoció que no sabe qué hacer con esta cantidad para beneficiar a la población mexicana. También señaló que el ingreso por persona de los mexicanos creció de 5 mil 700 a 6 mil 400 dólares desde que tomó el poder en el 2000 (aunque el año pasado la economía creció apenas 0.9%). Es notorio que no aclara además la altísima concentración del ingreso que hay en nuestro país, en donde el 10 por ciento más rico posee más del 40% de la riqueza nacional, mientras que los 10 millones más pobres se conforman con 1.3 por ciento.

El tipo de cambio alcanzó niveles de 10.10 pesos por dólar a mediados de mayo, pero a mediados de junio ha registrado un repunte acelerado al acercarse a los 10.60 pesos por dólar, repunte que resulta inesperado ya que no se ha observado algún cambio significativo en las condiciones de los mercados internacionales. Incluso los precios del petróleo, que usualmente pesan sobre la paridad, han venido aumentando.

De esta forma, parece que el movimiento que se ha dado recientemente responde a factores propios del mercado interno.

Las excusas que ha esgrimido el Ejecutivo para presentar resultados tan pobres, se basan principalmente en dos factores: el ritmo de crecimiento de la economía mundial y la falta de reformas estructurales.

De aquí las tentaciones para reactivar la economía golpeando a los sectores de la población más dañados por el neoliberalismo con medidas como el IVA a los alimentos y medicinas y con ataques contra derechos y conquistas de los trabajadores, como la jornada de 8 horas, o mediante la entrega de la industria energética a inversionistas nacionales y extranjeros.

Resulta evidente que, en materia económica, el gobierno de Vicente Fox recrudece las desigualdades y desequilibrios que permanecen desde las últimas administraciones priistas. En cambio es tangible su capacidad para generar más pobres, cuya cifra va desde los 54 millones aceptados oficialmente, hasta los 73 millones calculados por algunos especialistas.

El Ejecutivo no convence ni a los aliados que dijo tener al inicio de su administración, es decir, a los empresarios. Las recientes declaraciones de importantes figuras de la cúpula empresarial, dejan entrever que no existen expectativas favorables para la inversión productiva, lo que resulta grave en un esquema como el actual, en el que no hay crecimiento económico. Este círculo vicioso puede desencadenar una fuerte recesión con nefastos resultados.

La reforma fiscal

En abril de 2001, el Ejecutivo presentó al Congreso su paquete de reformas denominado Nueva Hacienda Pública Distributiva. Se trataba de un conjunto de iniciativas tendientes a modificar ordenamientos en materia fiscal, financiera y hasta constitucional. En su momento, diversas voces se alzaron en contra de las modificaciones propuestas, incluyendo a diputados del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, a las que habría que añadir las de organizaciones empresariales como la Canacintra, la Canaco, Concamin, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Banco Santander, la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Consultores Internacionales y la Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica, entre otros, así como las de académicos y colegios de economistas y senadores de diversas fracciones parlamentarias.

En primer lugar, el citado documento basaba su argumentación en la necesidad de incrementar el IVA en bienes que hoy tienen tasa 0 o están exentos. De esta manera se obtendrían ingresos adicionales por el orden de los 120 mil millones de pesos.

Sobre este punto manifestamos que la experiencia acumulada en México y en otros países demuestra que la estructura de la canasta de consumo de los estratos de la población de menores ingresos, hace que estos sectores sean más sensibles a movimientos en las tasas de impuestos. La siguiente gráfica demuestra la recaudación de IVA por decil de la población y el porcentaje de ingreso que se destina a alimentos y medicinas por los mismos grupos.

En la gráfica (Impacto social del IVA) se observa que el 10 por ciento más rico de la población (el decil X) paga el 37.18 por ciento del total del IVA, mientras que el 10 por ciento más pobre paga el 1.71 por ciento. En principio ésta es una estructura progresiva, donde paga más quien más tiene. Sin embargo, si se considera qué proporción del ingreso re-presenta ese pago de IVA, observamos que hay regresividad; así, el 10 por ciento más rico de la población paga el 6.5 por ciento de su ingreso en IVA, mientras que el 10 por ciento más pobre paga el 11.4 por ciento de su ingreso.

El argumento de la Secretaría de Hacienda, corroborado por organismos cúpula y otros sectores, ya no tenía razón de ser, aunque todavía hoy persiste la intención de la Secretaría por involucrarnos en ese debate.

Asimismo, el documento oficial afirma que la recaudación tributaria por concepto de impuesto sobre la renta se recarga principalmente en el 20% de la población con mayores ingresos. Por el número de esquemas preferenciales en este sistema es difícil calcular tales cifras; sin embargo se da por un hecho que así es.

Pero además de la pretensión de gravar bienes de consumo básico, el Ejecutivo deseaba gravar aguinaldos, vales de despensa y otras prestaciones de los trabajadores. Además, en el caso de los salarios, existen tasas muy elevadas para los ingresos bajos y medios (entre 5 y 10 salarios mínimos), situación que no se pretende cambiar, al menos, en la propuesta que presentaron.

En materia de reforma financiera, sin dejar en claro su intención, Hacienda propone tener la facultad de interpretación de la Ley del IPAB, contraviniendo con ello un principio fundamental del derecho en el sentido de que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene esa atribución, mientras que el Ejecutivo debe ejecutar las leyes.

En el documento no se hacía una sola mención al federalismo hacendario; con completo desdén se omitía hablar de las potestades de estados y municipios. El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, convocó a la celebración de la Cuarta Convención Nacional Fiscal, con el fin de escuchar y retomar las iniciativas de los gobernadores y congresos locales, convencido de que la reforma fiscal no puede estar completa sin su participación.

Después de una larga e intensa negociación en la que estuvieron representadas las fuerzas políticas del país, a través de sus dirigencias nacionales, diputados y senadores, así como organismos empresariales y civiles, se aprobó el 97 por ciento de las iniciativas de la Nueva Hacienda Pública, incluyendo reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito y otras.

En síntesis, sólo quedaron pendientes la Ley del IVA para gravar alimentos, medicinas, transporte y educación, así como la reforma constitucional para introducir el concepto de equilibrio presupuestal.

La reforma eléctrica

Esta propuesta de reforma, presentada ante el Senado de la República, consta de varias iniciativas con proyecto de decreto en materia de energía eléctrica. Destaca sobremanera el proyecto para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otra propuesta es para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Una iniciativa más es para hacer reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. También fueron enviadas, por un lado, una iniciativa de Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y, por otro, una iniciativa de Ley Orgánica del Centro Nacional de Control de Energía.

Según se señala en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas constitucionales, el objetivo general del paquete es "introducir una reorganización industrial del sector eléctrico que asimile los avances alcanzados durante las últimas décadas en materia de tecnología, que a su vez creen los mecanismos e incentivos necesarios para garantizar la viabilidad de largo plazo del sector e inducir eficiencia en la prestación de los distintos servicios que hoy en día provee una industria eléctrica moderna, en particular el servicio público de energía eléctrica".

Los principios fundamentales de la reforma en materia de energía eléctrica propuesta por el presidente de la República, son los siguientes:

* El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro;

* La transformación del Centro Nacional del Control de Energía en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que estaría encargado del control y operación del sistema, así como del intercambio de electricidad entre los participantes;

* El establecimiento de un despacho de generación a través del cual los generadores privados colocarían su capacidad no contratada para uso de los autoconsumidores que adquieran su energía directamente del despacho de generación y para el servicio público, siempre y cuando el uso de dicha energía resulte en un menor costo para los usuarios;

* Fortalecimiento de la estructura operativa de la Comisión Reguladora de Energía y redimensionamiento de sus atribuciones;

* Reestructuración de las tarifas eléctricas, así como de porteo, por parte de la Comisión Reguladora de Energía;

* Acceso no discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las redes de distribución, siempre y cuando se cubran las necesidades del servicio público;

* El desarrollo de contratos de largo plazo, cuyos términos serían acordados por los auto consumidores, posibles generadores privados y Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro;

* El establecimiento de disposiciones que permitan operar bajo condiciones especiales a los sistemas eléctricos aislados del país;

* La introducción de vendedores especializados que agreguen oferta y demanda para hacer más eficiente el intercambio de energía eléctrica;

* La planeación de la industria eléctrica —a cargo de la Secretaría de Energía—, de acuerdo al programa propuesto por el Centro Nacional de Control de Energía, daría señales de transparencia y permitiría el óptimo flujo de inversiones al Sistema Nacional de Transmisión, así como el establecimiento de incentivos para el desarrollo eficiente y competitivo del sector;

* La instrumentación y desarrollo de un marco jurídico claro y transparente capaz de generar la certidumbre y seguridad jurídica necesaria a los inversionistas, permitiendo a la Comisión Reguladora de Energía, como autoridad independiente, regular los monopolios naturales de transmisión y distribución en cuanto a tarifas, inversiones, confiabilidad del servicio, y

* El impulso a la inversión en proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía alternas para la generación de energía eléctrica.

Acorde con estos objetivos, en la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 27 ( párrafo sexto) y 28 (párrafo cuarto), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone terminar con el derecho exclusivo de la Nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica cuyo objeto es la prestación de servicio público. En su lugar, se restringe dicha exclusividad a la simple prestación del servicio público de energía eléctrica. Además, permite que los particulares presten el mismo servicio directamente a los usuarios cuyo consumo rebase los mínimos previstos en la Ley.

La reforma al artículo 28 constitucional propone la adecuación necesaria para dar coherencia al contenido de este artículo respecto del anterior. Así, mientras que el texto vigente establece como excepción a la prohibición de formar monopolios aquellos que establezca el Estado en el área estratégica de electricidad, ahora dicha facultad se limita a la posibilidad de establecer monopolios para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica configuran el esquema propuesto para la reestructuración del sistema eléctrico nacional bajo las modificaciones constitucionales descritas, con la siguiente estructura:

a) Se sustituye el concepto de servicio público acuñado en el sistema jurídico mexicano, por uno laxo que permite considerar como tal, únicamente a los servicios que presta el Estado para la satisfacción de necesidades de los consumidores domésticos, agrícolas y de aquellos industriales y comerciales cuyo consumo esté por debajo de los 2,500 MWh/año, o cuando dichos usuarios no hayan obtenido registro de grandes consumidores.

b) Se propone que la planeación y programación estén totalmente centralizadas en la Secretaría de Energía, la que incluso emite la prospectiva del sector eléctrico nacional, actividad que actualmente realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

c) La regulación, tanto de la prestación del servicio público como de las relaciones entre particulares, se encarga a la Comisión Reguladora de Energía, convirtiéndola en un órgano fuerte, al conferirle importantes facultades, manteniendo su grado de subordinación respecto del Poder Ejecutivo.

d) La operación de la red troncal y de las redes de distribución, en manos del Estado, se encarga al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que pasa, de ser parte de la estructura orgánica de la CFE, a ser un órgano descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Energía. Sus actividades son básicamente de operación, control y mantenimiento de la red troncal y de las de distribución. Asimismo, tiene la obligación legal de garantizar la apertura de dichas redes para la conducción de energía de particulares.

e) La operación del sistema eléctrico para la prestación del servicio público permanece bajo encargo de las entidades paraestatales actuales, CFE y LyFC, empresas que conservan básicamente las mismas condiciones jurídicas, salvo por la separación del CENACE de la estructura de la CFE.

f) La implementación de un sistema de libre mercado en cuanto a la producción de energía para grandes consumidores, definidos éstos, por lo pronto, como aquellos que consuman más de 2,500 MWh/año.

Respecto de la Iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se propone fortalecer a esta entidad con una serie de facultades que actualmente posee la Secretaría del ramo. En este contexto la CRE tendrá las facultades de:

* Emitir normatividad en materia de energía eléctrica;

* Fijar tarifas para conducción o suministro de electricidad;

* Otorgar todos los permisos, desde las figuras de la producción externa que fija la Ley Reglamentaria, hasta la novedosa forma de producción particular para grandes consumidores;

* Establecer términos y condiciones para la prestación de servicios;

* Aprobar los contratos que deban realizarse para la prestación de cualquier servicio, sea estatal o particular; y

* Vigilar e incluso controlar al CENACE, al grado de revisar y revocar sus actos.

En cuanto a la Iniciativa que crea la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, se señala que es necesario que la CFE lleve a cabo un proceso de modernización que le permita la autosuficiencia, con un servicio de calidad; es por ello que la iniciativa prevé que la Comisión Federal de Electricidad cuente con una efectiva autonomía de gestión que le facilite cumplir, de manera eficiente y oportuna, con las funciones que se le asignan.

En términos generales, en esta iniciativa se propone que el Estado conserve, en condiciones óptimas de funcionamiento, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, la capacidad de generación con que cuenta actualmente.

Finalmente, en concordancia con la separación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de la estructura orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, para convertirse en un órgano descentralizado, sectorizado en la Secretaria de Energía, se incluye la Iniciativa de Ley Orgánica del Centro Nacional de Control de Energía.

Las comisiones legislativas encargadas de revisar estas iniciativas llegan, entre otras, a la siguientes conclusiónes:

1. La iniciativa del Ejecutivo fe-deral propone, por un lado, eliminar del artículo 27 constitucional la exclusividad de la Nación para generar, conducir, transformar y distribuir la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.

2. A cambio, plantea que se reserve a la Nación la prestación del servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, el contenido y alcance del servicio público ya no estaría definido en la Constitución sino en la legislación secundaria. Por otro lado, propone eliminar del artículo 28 constitucional el carácter estratégico de la electricidad para restringirlo a la prestación de un servicio público de energía eléctrica sin contenido técnico.

3. El Ejecutivo federal afirma que con esos cambios se fortalecería el servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, es evidente que se debilitaría, ya que la iniciativa propone lo siguiente:

Que el servicio público esté garantizado en la Constitución, pero no los medios para cumplir con sus principios fundamentales de universalidad, solidaridad, continuidad, calidad, competitividad, seguridad, transparencia, cuidado ambiental y compatibilidad social.

Que el Estado se limita a la actividad de regulación, en particular a garantizar el acceso a la red de todos aquellos que, siguiendo su interés particular, lo soliciten.

Que la electricidad ya no sea —en el texto de la Constitución— una actividad estratégica y, por lo tanto, que ya no esté reservada al Estado. Su intención es que únicamente se considere estratégico el servicio público de energía eléctrica pero que no incluyan las actividades de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento. En otras palabras, propone que se inscriba en la Constitución un servicio público pero desprovisto de las actividades que componen la cadena técnica de la electricidad, pues la definición de servicio público en la legislación puede ser tan acotada como se decida por una mayoría simple en el Congreso, sin participación de las entidades federativas.

4. En la iniciativa de reforma constitucional se afirma que "el sector eléctrico es un área estratégica para el desarrollo y crecimiento de cualquier país". Y que mediante la transformación del Centro Nacional de Control de Energía en organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el "Estado garantiza el pleno control sobre las actividades estratégicas que se desarrollan en este sector". Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal incurre en una contradicción, pues en su iniciativa no propone que el sector eléctrico quede definido como un área estratégica, y mucho menos que las actividades estratégicas que se desarrollen dentro del sector eléctrico queden inscritas como tales en la Constitución.

Además, en el discurso oficial se dice que la industria eléctrica necesita de una inversión millonaria permanente para hacer frente a sus necesidades y que ésta sólo puede provenir de la iniciativa privada, nacional y extranjera. Sin embargo, omite señalar que las empresas públicas operan sanamente y anualmente entregan una importante cantidad de sus ingresos al erario público.

La reforma laboral

Esta iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo fue elaborada por el Congreso del Trabajo, una parte del sector empresarial y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque en reiteradas ocasiones han negado su paternidad. Fue presentada al Congreso a nombre de diputados del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y se le conoce como "Ley Abascal".

Se proponen reformas a 15 artículos de la Ley, que en conjunto, de acuerdo con diversos especialistas, constituyen un retroceso y limitan los derechos colectivos de asociación sindical, contratación colectiva y huelga.

La intención pereciera ser, como sucede con el régimen de las maquiladoras, reducir a su mínima expresión la organización de los trabajadores y mantener un esquema salarial rígido para darle a las relaciones laborales una apariencia más atractiva a los ojos de los grandes consorcios nacionales y extranjeros.

El fin no es bueno, pero los medios son peores. Por ejemplo, se contempla ampliar la jornada de trabajo, una de las principales conquistas laborales, hasta el límite de lo humano. Esta propuesta, además de violar la Constitución, coloca en indefensión a los trabajadores, ya que si bien se señala que la jornada podrá ser convenida entre trabajadores y patrón, aquellos carecen de los medios para una negociación equilibrada por lo que se verían obligados a aceptar cualquier propuesta.

En otros artículos se suprimen definiciones de sindicatos de trabajadores, en vez de ampliarlas, como lo ha demando el sindicalismo democrático. En cambio, sí se amplían para las organizaciones empresariales. Además, en contra de lo que señala el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se restringen las facilidades para el registro de sindicatos, para lo cual se otorga un amplio margen de maniobra a la autoridad registradora.

La propuesta Abascal señala que los bienes del sindicato son los que integran su patrimonio; sin embargo, se incurre en una omisión lamentable al suprimir una hipótesis vigente en la ley, cuando el sindicato no dispone expresamente de sus activos y no pertenece a confederación alguna.

En otra parte del cuerpo de la iniciativa se atenta contra el derecho de huelga al otorgar al presidente de la Junta de Conciliación la facultad de diferir el estallamiento de una huelga, atribución que de ninguna manera le corresponde y que puede hacer nugatorio este derecho.

Conclusión

A la mitad del sexenio "del cambio", el presidente de la República ha demostrado que, en efecto, se encuentra maniatado, pero no es por la oposición del Congreso de la Unión a sus reformas, sino por su propia incapacidad para crear acuerdos y consensos. Se trata de un error de él y de sus operadores políticos, ya que de antemano conocían la correlación de fuerzas al interior de las Cámaras y no fue capaz de crear los puentes que le facilitaran la aprobación de reformas realmente estructurales.

Hoy el presidente Fox reconoce que, ante la evidencia de no contar con la mayoría en el Congreso para la LIX Legislatura, necesita iniciar los contactos y cabildeos para poder sacar adelante sus iniciativas. Mientras tanto, ya transcurrieron tres años de inmovilismo y de nulo crecimiento económico, con las evidentes consecuencias en el nivel de vida de los mexicanos y en la falta de cimientos sólidos que permitan el desarrollo productivo.

El Ejecutivo obedece más a las presiones de organismos financieros internacionales y de gobiernos extranjeros para diseñar sus "reformas estructurales" que a las necesidades particulares de nuestro país y a nuestras propias capacidades.

Como hemos visto, lejos de promover el crecimiento económico, las reformas foxistas son un anzuelo para el capital financiero que ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas del desarrollo.

Por otra parte, para cada una de las iniciativas presidenciales existen alternativas que han presentado legisladores del Partido de la Revolución Democrática y que, a pesar de estar bien sustentadas técnica y políticamente, no han sido atractivas para la mayoría de miembros de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, partidos que sistemáticamente las han obstaculizado por tener un carácter distinto a la ola neoliberal de la tercera generación.

* Secretario técnico de la Coordinación de Política Económica del GPPRD.