Análisis del Acuerdo

José Jacobo Femat

El Acuerdo Nacional confirma la política de protección y apoyo total al gran monopolio agropecuario, agroindustrial, importador y exportador que es el único beneficiario de las reformas al artículo 27 de la Constitución y de la firma del TLCAN. Veamos:

a) En la introducción del Acuerdo Nacional para el Campo se señala que, "ante el rezago histórico del sector rural, la apertura comercial y los ajustes estructurales a los que se ha visto sujeto el sector en las ultimas décadas, la única vía para la reactivación del campo es la aplicación de reformas estructurales de fondo y con visión estratégica nacional de largo plazo".

El mismo documento responde que "para alcanzar las reformas estructurales antes mencionadas, ...el Estado mexicano tiene el mandato constitucional para promover, concertar e instrumentar una política pública de fomento productivo y desarrollo económico y una política social para el Desarrollo Rural Sustentable... todo esto dentro de un contexto global, un sentido nacional y un enfoque regional".

Al respecto debemos considerar que en su contenido, el "Acuerdo" no contempla la realización de reformas constitucionales para alcanzar las reformas estructurales que señala; en tal sentido debemos entender que el actual marco constitucional servirá para los objetivos antes señalados.

Por tanto, lo que se desprende de la interpretación del Acuerdo es que, con base en el actual artículo 27 se fortalecerá la política de desmantelamiento del ejido y la comunidad, por lo que con base en los actuales programas, como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), se impulsará con mayor fuerza la privatización de la propiedad social ejidal y comunal, la política de aniquilamiento del micro, pequeño y mediano productor agropecuario y se sustituirá la explotación minifundista de la tierra por la explotación comercial de los grandes monopolios agroalimentarios en correspondencia con el contexto global, nacional y regional a que hace referencia el "Acuerdo".

Asimismo, y en la misma lógica del planteamiento, se promocionará la inversión extranjera en el campo mexicano, que permita la modificación de la actual estructura agraria, que abra paso en el futuro mediato a la concentración de la tierra en grandes latifundios y explotaciones capitalistas, ya representadas por empresas multinacionales como Cargill, Arancia, Maseca, etc. mismas que puedan asumir los principios de productividad, competitividad y eficiencia que el gobierno federal y los líderes han pactado, tarea que quedó a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria.

b) Los propósitos contenidos en este documento no dejan de ser sólo un conjunto de buenos deseos, que no se relaciona con las acciones contenidas en la ultima parte del Acuerdo.

c) El documento está integrado por 16 principios rectores o definición de conceptos, mismos que recuperan parte de los postulados de la Constitución y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que son utilizados para enmascarar y desviar la atención respecto al fondo de la problemática real.

Estos principios están elaborados bajo la lógica del menor compromiso del Estado para con la sociedad. Son conceptos que fortalecen el lenguaje y la visión neoliberal con respecto al papel de la nueva sociedad mexicana en el marco de la economía global. El discurso empleado se aleja de compromisos de fondo para circunscribirse nuevamente a los programas de mendicidad —tipo Progresa, ya conocidos por todos—, es decir, para paliar la pobreza pero no para erradicarla.

d) El documento, aunque se maneja en una orientación futurista de productividad, competitividad y oportunidades, está orientado sólo para quienes tienen posibilidad de aprovecharlas. Carece de objetividad e integralidad en torno a un proyecto de nación incluyente. Carece de compromisos para el incremento de la inversión pública. Por tanto, representa una clara oportunidad a la visión y buena voluntad de los inversionistas privados nacionales y extranjeros, sujetos a quienes está dedicado el compromiso de alcanzar las grandes reformas estructurales.

e) El talón de Aquíles de los productores son los bajos precios que se pagan por sus cosechas; sin embargo, y aunque se habla de fortalecer el mercado interno, no se menciona la participación de éstos en el mercado, no se contemplan medidas regulatorias a las ganancias de los intermediarios, de industriales y comerciantes. En todo caso los productores seguiremos sujetos a las reglas del mercado y de los acuerdos internacionales suscritos por México.

f) De la misma manera se señala en el Acuerdo: 50 "El Ejecutivo federal.... iniciará consultas con los EE.UU. y Canadá con el objeto de revisar lo establecido en el TLCAN para maíz blanco y frijol, ....el sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de las importaciones ...".

Lo real es que el maíz blanco y el frijol siguen comprometidos en el TLCAN. Lo firmado en el Acuerdo es la intención de negociar las cuotas de importación de maíz fuera del cupo convenido, pero autorizadas por el gobierno mexicano sustituyéndolas por un mecanismo de administración de importaciones (acuerdo 50), es decir, la misma gata pero revolcada.

Dado que el maíz y el frijol son productos que se liberarán hasta el año 2008, es probable que los firmantes apuesten al olvido de esta demanda o a la desmovilización de los campesinos, ya que no se contemplan estrategias serias para la revisión del TLCAN. Pero también es pertinente recordar que el "Acuerdo" tampoco contempla la exclusión del TLC del resto de los 11 productos (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, café, caña de azúcar, carne, pescado, leche y huevo) que señala nuestra Ley de Desarrollo Rural Sustentable como productos estratégicos para la alimentación del pueblo de México.

Por tanto, se confirma que la política del gobierno mexicano se mantiene firme en la sustitución de nuestra producción agrícola nacional con la importación pactada, sin que pague impuestos de introducción al país y controlada por los grandes monopolios de alimentos del mundo.

g) El resto del documento lo componen 282 acuerdos, la gran mayoría de carácter general, que no comprometen la política del Estado Mexicano pactada con sus "socios comerciales", en los que se contempla la aplicación de algunas partidas económicas, que forman el maquillaje que deslumbró a los líderes campesinos firmantes del "Acuerdo Nacional por el Campo".

h) Entre los "nuevos" programas pactados están el de Conciliación Agraria, Apoyo a Adultos Mayores, Proyectos Productivos de las Mujeres, Fondo Nacional de Vivienda Rural y la ampliación del padrón de beneficiarios del Procampo, entre algunos otros, que de acuerdo con el numeral 33 del Acuerdo Nacional, "el gobierno federal se compromete a financiar las acciones anteriores mediante la realización de ahorros en la ejecución de otros programas".

En tal sentido debemos recordar que estos programas, a excepción del programa de adultos mayores, ya existen desde hace años. El de conciliación agraria ha servido para comprar tierras pactadas con las organizaciones para acabar con el rezago agrario desde 1996, el programa de apoyo a mujeres lo han manejado tradicionalmente la SRA, Sagarpa y Sedesol; el programa ha tenido diversos nombres, como Viva o mejoramiento de vivienda, operados por la Sedesol. La ampliación del padrón del Procampo, la contempla la Ley de Capitalización del Procampo, ley aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 2001, misma que sirve de base para que desde 2002 se inicie la integración del padrón alterno de nuevos beneficiarios, como consta en los informes de Aserca, institución que administra los recursos del Programa.

Debemos señalar que este Acuerdo se está cumpliendo sin más recursos que los autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio 2003. Sin embargo es probable que se realicen transferencias de un programa a otros para cumplir los compromisos. Así, a los productores de maíz de Sinaloa se les redujo el subsidio al precio, ya que en 2002 recibieron un subsidio de 450 pesos por tonelada y este año se redujo a 300 pesos. De esta forma el gobierno federal ahorrará más de 300 millones de pesos en el estado de Sinaloa y en un sólo programa.

Con esta reducción al precio objetivo del maíz, los comercializadores de granos (Cargill, Maseca y otras empresas monopólicas) se ahorraron cientos de millones de pesos en la compra de granos, porque el precio objetivo para los productores se mantendrá igual que el año pasado de mil 650 pesos la tonelada de maíz. (Precios objetivo publicados el 18 de junio de 2003)

Esto significa que los productores con 8 hectáreas que producen la media estatal en Sinaloa de 8.5 toneladas de maíz por hectárea y que tienen un costo de producción por hectárea de 12 mil pesos, tendrán una utilidad de 16 mil 200 pesos para alimentar, calzar, vestir, educar, proteger la salud y divertirse, pero también deben sumar otros gastos como el mantenimiento de equipos de producción, mantenimiento de infraestructura productiva y reposición de equipos inservibles, todo lo cual deben cubrirlo con un ingreso de mil 350 mensuales (es el ingreso mensual promedio que obtienen los productores que practican la agricultura comercial en zonas de riego en Sinaloa)

Conclusión: el Acuerdo no produce cambios

El Acuerdo Nacional para el Campo no alcanzó el nivel de compromiso que la problemática rural requiere; en éste debieron participar todas las organizaciones campesinas, los partidos políticos, los gobiernos estatales y el Congreso de la Unión, de tal forma de alcanzar la profundidad y los compromisos necesarios para que el campo mexicano recupere la importancia que debe tener en el desarrollo nacional.

La política agropecuaria del Estado Mexicano acordada con sus socios comerciales del extranjero quedó intacta; el Acuerdo no la modifica en lo más mínimo, los compromisos internacionales de apertura comercial y liberación de aranceles se mantienen. Por tanto, el incremento del presupuesto público para el campo, la reactivación de la economía rural mexicana, la superación de la dependencia alimentaria y la superación de las condiciones de vida de los pobladores rurales, se mantienen como demandas vigentes.

Los propósitos serios por colocar al campo mexicano en un papel de importancia en el proyecto de nación democrática, incluyente y con justicia, siguen siendo el sueño de miles que consideramos que hemos sido y podemos seguir siendo el soporte de una nación digna, soberana y autosuficiente.