Una visión crítica

José Jacobo Femat*

El papel del campo en el proyecto de nación. Ese fue el nombre de una de las mesas del llamado "Dialogo Nacional por el Campo", realizado en febrero del presente año en las instalaciones del Archivo General de la Nación, otrora conocido como el Palacio Negro de Lecumberri, cárcel por la cual desfilaron la mayoría de los dirigentes sociales (obreros, campesinos y políticos) opositores a los regímenes porfirista y priista en el siglo pasado.

I. Antecedentes

Con las reformas introducidas a la Constitución en 1992 y particularmente al artículo 27, se inició formalmente en México la aplicación de un modelo de economía abierta y una ofensiva desde el poder político para eliminar a los pequeños productores agropecuarios, ejidatarios y comuneros.

En los noventa, las demandas campesinas por la tierra, el crédito y por precios de garantía, fueron sustituidas por la lucha contra la importación de productos agrícolas extranjeros que saturaron los mercados nacionales, contra los precios dumping de los productos de importación —que impiden la venta de los productos nacionales en nuestros propios mercados—, por incremento a los subsidios al productor, contra la política de abandono y miseria del gobierno federal hacia el campo y por precios justos al productor.

De 1992 a la fecha, se acentúa la miseria de la familia campesina. El 70% de las familias tienen ingresos menores a un salario mínimo, producto de la crisis en los precios internacionales de los granos básicos, el café, los cítricos, la carne y el azúcar. En este periodo se pierden 2 millones de empleos rurales y se acentúa la migración de millones de jóvenes campesinos a las ciudades de México y Estados Unidos.

Numerosas manifestaciones de protesta se sucedieron año con año en las carreteras, casetas de peaje, puertos y oficinas federales de Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, Veracruz y Distrito Federal —entre otras entidades de la Federación— encabezadas por organizaciones campesinas nacionales y regionales como la COCyP, el FDPAS, el MAS, el FNDCM, El Barzón Chihuahua y Zacatecas, FDCCH, los piñeros, cafetaleros, citricultores, ganaderos y cañeros, entre otros productores afectados por la política de libre importación y liberación de aranceles.

II. La protesta campesina en el 2002

Después de manifestarse año con año, los productores sinaloenses prosiguen sus movilizaciones en los meses de abril y mayo de 2002. Más tarde, los días 15, 29 y 30 de agosto de 2002, se realizan otras movilizaciones campesinas de protesta en el Puente Internacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, encabezadas por el Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano (FNDCAM), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP).

También participaron los piñeros, cafetaleros, El Barzón Chihuahua, el FDPAS de Sinaloa, y varias agrupaciones regionales de diferentes estados de la República.

En noviembre, las movilizaciones coinciden con las demandas que plantean otras organizaciones que conforman "El Campo No Aguanta Más", las cuales también iniciaron movilizaciones de protesta en la Ciudad de México. El Congreso Agrario Permanente se incorpora en un nivel declarativo, aunque con la amenaza de movilizar a sus afiliados si no hay respuesta del gobierno federal.

Así, en el marco de decenas de protestas campesinas realizadas por la COCyP en el Puerto de Veracruz, El Campo No Aguanta Más en el Ángel de la Independencia —en el DF— y el cierre del Puente Internacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el FDC, entre otras protestas efectuadas en diversos estados de la República, y en la perspectiva del significado de la fecha del 6 de enero, aniversario de expedición de la primera Ley Agraria de 1915, y de la publicación de las contra-reformas a la Constitución en el mismo día pero de 1992, el presidente de la República Vicente Fox anuncia el 6 de enero de 2003 la realización de un gran Foro Nacional por el Campo, en el que se pretende invitar a participar a todas las organizaciones campesinas bajo el formato de varias mesas de diálogo, con el objeto de encontrar las alternativas para el desarrollo rural.

Bajo este nuevo contexto nacional se abre la posibilidad de unir al conjunto de todas las organizaciones campesinas del país en torno a objetivos comunes:

1. La revisión y renegociación del TLCAN.

2. La modificación de la política de Estado para el sector rural en términos de fortalecer la soberanía alimentaria, proteger el medio ambiente y rescatar nuestra biodiversidad nacional.

3. Incrementar el gasto público para el campo y revertir la descapitalización del sector rural.

4. Fortalecer la propiedad social ejidal y comunal con reformas que recuperen el espíritu del Constituyente de 1917, es decir, inalienable, imprescriptible e inembargable.

5. Recuperación del empleo, el ingreso económico y el bienestar familiar, a partir del incremento de la productividad y la rentabilidad de las actividades agropecuarias.

En este escenario se desarrolla la primera etapa de lucha en la que se encuentran las viejas organizaciones campesinas agrupadas en el Consejo Agrario Permanente (CAP), El Barzón, las organizaciones identificadas con la UNORCA —mejor conocidas como "El Campo No Aguanta Más"— y las nuevas organizaciones de productores representadas por el FDCCH, el MAS, el FNDCM y la COCyP, que concluye en una gran manifestación campesina y popular realizada el 31 de enero de 2003 en el Zócalo de la ciudad de México.

III. Desarrollo de las mesas del diálogo

La exposición de los problemas rurales presentada por cientos de líderes y representantes campesinos en las así llamadas "Mesas del Diálogo para el Campo", representaron la oportunidad para que al momento de la instalación de las mismas (único momento en que se encontraron los titulares de las diversas secretarías), los campesinos aprovecharan para exigir soluciones de fondo a los diversos problemas, pero también para denunciar la mediocridad e incapacidad de algunos titulares de depen-dencias como la de Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, para atender las funciones propias y por mantenerse como reductos de la corrupción.

La falta de claridad en torno al formato de discusión de estas "Mesas del Diálogo" y la limitada participación de las agrupaciones democráticas en la organización de las mismas y en la negociación del "Acuerdo Nacional", llevó a que el espíritu de las propuestas presentadas no fuera recuperado en las conclusiones, mismas que estuvieron a cargo de funcionarios de la Secretaría en turno que correspondió a cada mesa.

Al culminar las Mesas del Diálogo para el Campo, las negociaciones se desarrollaron en privado, al margen de la opinión pública y al margen de los campesinos. Durante un mes se reunió una comisión de 8 líderes con los representantes del gobierno federal y, el 12 de abril, firmaron el proyecto de acuerdo que sería ratificado en un acto de protocolo con la presencia del Presidente de la República el 28 del mismo mes.

El proyecto del llamado Acuerdo Nacional para el Campo fue llevado por los dirigentes negociadores a la discusión con sus bases campesinas, mismas que después de conocerlo y discutirlo emitieron su opinión, para que sus líderes firmaran o no dicho acuerdo.

Los líderes campesinos que se sabe consultaron a sus órganos de dirección (UNORCA, FDCCH y FNDCM) no obtuvieron la autorización de sus estructuras de decisión para suscribir el Acuerdo porque valoraron que su contenido no resuelve las demandas fundamentales que originaron la crisis de los campesinos, la dependencia alimentaria y el atraso del campo mexicano.

La COCyP (organización que no fue aceptada para participar en la comisión negociadora, pero que fue invitada por la SAGARPA a suscribir el Acuerdo Nacional para el Campo) dio a conocer públicamente el punto de vista de su Consejo Nacional dos días antes de la firma. Fue la única organización campesina nacional que calificó de demagógico el contenido del documento y señaló como una traición al campo mexicano la firma de dicho acuerdo, ya que en esencia ratifica la política neoliberal que había excluido a los campesinos del desarrollo nacional y confirma la negativa del gobierno a revisar el Tratado de Libre Comerio y el Artículo 27, además de que mantiene la política de privatización de la tierra, el exterminio del ejido y la comunidad. El documento ratifica también la política del gobierno de sustituir la producción nacional con la importación de alimentos. Por todo ello, la COCyP se manifestó por "rechazar el Acuerdo Nacional por el Campo". (Reforma y La Prensa, 27 de abril de 2003).

IV. Comentarios sobre el Acuerdo Nacional para el Campo Mexicano

Algunos líderes que aceptaron firmar el Acuerdo Nacional Para el Campo con el gobierno federal hicieron señalamientos sobre el contenido y alcance del acuerdo:

Rafael Galindo, dirigente de la Central Campesina Independiente y al mismo tiempo representante en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), señaló: "...las organizaciones que forman parte del Congreso firmarán el texto porque sí satisface. Tiene muchas acciones y programas, instrumentos que van a llevar a seguir trabajando en los próximos meses y años; hay compromisos del gobierno para solucionar los conflictos del agro". (La Jornada 27/IV/2003).

Alfonso Ramírez Cuellar, líder de El Barzón, declaró que "lo que el lunes se firmaría serían los puntos básicos para avanzar en la construcción de un acuerdo nacional para el campo, éste va en proceso de construcción". (La Jornada 24/04/03).

Víctor Suárez, líder de la ANEC, en carta enviada a La Jornada (8/V/03), festejó la exclusión del frijol y el maíz blanco del TLC, y desafió: "si ésto no es un avance entonces qué" es.

"Se trata de un primer paso para que se superen los rezagos sociales y económicos del campo", dijo por su parte José Duran, líder de la UCD, en reunión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, el 14 de mayo de 2003.

Para el gobierno federal, el Acuerdo Nacional para el Campo firmado el 28 de abril del 2003, se convirtió en un éxito político y propagandístico. Nuevamente el gobierno federal logró ponerse por encima del interés de los campesinos y de la nación mexicana. Logró mantener el apoyo de las viejas organizaciones del CAP al modelo de económico neoliberal de exclusión, marginación y exterminio de los pequeños productores rurales. Logró maniatar políticamente a las organizaciones de productores inconformes que se han manifestado permanentemente en contra de la política gubernamental neoliberal. Confundió a parte de la ciudadanía e incluso a algunos investigadores del agro.

Los lideres del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), organizaciones que representan los intereses de los grandes monopolios privados agropecuarios, agroindustriales, importadores y exportadores, muchos de ellos asociados al capital trasnacional, se han manifestado a favor del Acuerdo Nacional para el Campo y lo señalan como "el gran detonador del desarrollo rural en México", según estableció la Confederación Nacional Ganadera, durante la reunión del CMDR de 14 de mayo de 2003.

Días antes de la firma del Acuerdo, los líderes de estas organizaciones privadas habían argumentado que "una reforma al artículo 27 constitucional sería un retroceso". (La Jornada, 27/IV/03). Finalmente quedaron satisfechos.

Cocyp_cen@hotmail.com.mx

* Presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCyP.