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"VAMOS MÉXICO", ¿UNA FILANTROPÍA INTELIGENTE? Sara Murua Hernández* ¿Pobreza o desigualdad? ¿65 o 50 millones de pobres? ¿Estado intervencionista o privatización de la asistencia social? ¿Desmantelar instituciones de seguridad social para otorgar dádivas a los pobres?... Estas son sólo algunas de las interrogantes que surgen en el panorama globalizador y en el horizonte de los proyectos asistencialistas de los gobiernos neoliberales. Después de cuatro meses de silencio, el 29 de noviembre de 2002, las fracciones del PRD y PRI en la Cámara de Diputados retomaron la propuesta de realizar una auditoría a las dependencias públicas que han dado recursos a la Fundación Vamos México, A.C., presidida por Martha Sahagún de Fox. A este punto de acuerdo presentado por los legisladores, la señora Sahagún contestó que no había nada qué esconder y que en su fundación todo es transparente. Una de las dudas sobre la transparencia de este organismo supra-asistencial es que su figura jurídica es de asociación civil y no la de institución de asistencia privada (IAP). La diferencia radica en que a las asociaciones civiles sólo las supervisa la Secretaría de Hacienda para las exenciones de impuestos, y las certificaciones que expide no son del todo confiables. En el caso de las instituciones asistenciales lo que debe auditarse es de dónde provienen los recursos y el destino de los diferentes donativos. Las instituciones de asistencia privada tienen un marco jurídico que data de 1899 y, aunque tiene deficiencias, cuenta con mecanismos regulatorios encaminados a transparentar el manejo de los fondos y con un órgano de control llamado Junta de Asistencia Privada. En el caso de las asociaciones civiles lo establecido por el Código Civil es muy laxo y las instituciones asistenciales deberían contar con una reglamentación específica. Transgresión de lo público y lo privado Desde su nacimiento (29-10-01), la Fundación Vamos México, A.C., se ha convertido en un organismo supranacional asistencial que va más allá de las funciones del gobierno mexicano. Con el discurso "filantrópico" en la mano, abre representaciones en Inglaterra y Estados Unidos y pretende extender su influencia en el mundo entero (España, Italia, Alemania, Chile, Costa Rica, Brasil, etcétera). "Vamos México" absorbe presupuestos y programas de secretarías de Estado como Salud, Educación Pública, Desarrollo Social y organismos como el DIF y la Lotería Nacional. Organiza las colectas de la Cruz Roja, institución de asistencia privada, que ahora es una sucursal de esta asociación civil. Aprovecha la infraestructura estatal y el poder empresarial para allegarse recursos y realizar eventos "asistenciales". Los convenios y donativos nacionales y extranjeros son múltiples: desde cinco millones de dólares de la empresa Sun Microsystems de México para la instalación de 32 centros virtuales regionales, 150 millones de pesos de la fundación Telmex en equipo, hasta 5 mil millones de dólares para alfabetización obtenidos de negociaciones en Washington con el FMI y el Banco Mundial. Desde noviembre del 2001 reparte recursos y donativos en especie a diversas instituciones por un total de $6, 054, 331.50 pesos. Los medios de comunicación no se quedan fuera de esta "filantrópica" labor: se realizarán con Televisa cuatro grandes espectáculos masivos para los programas de apertura de oportunidades y Cinemark aportará las utilidades de dos premieres al año en todos sus complejos cinematográficos. Por si fuera poco, la Segob autoriza un sorteo tipo "ráscale" con una meta de 100 millones de boletos, que ahora promocionarán las instituciones de asistencia privada, las que se convertirán en expendedoras de la Lotería Nacional. Esto parece ser la repetición del "Sorteo Aguila o Sol", realizado durante el salinato con fondos del Nacional Monte de Piedad y que terminó en un cuantioso fraude, resultado del maridaje entre el sector público y el privado con fondos de los "pobres". Otra "novedad" es el donativo, en proceso de autorización por parte del Nacional Monte de Piedad, para el programa "Sí Mujer", que tiene como objetivo reproducir el modelo de las clínicas de Pro Vida. Además de los múltiples convenios con instituciones como la Universidad Anáhuac (Legionarios de Cristo) y la Universidad Panamericana y el IPADE (Opus Dei), esta asociación civil incluye entre sus miembros honorarios a distinguidos empresarios que "colaboran" o patrocinan a dichas organizaciones religiosas, sin que ello implique que militen en ellas, pero que por conveniencia política o comunión de ideas están cerca de las mismas para lo que sea necesario. En el marco del gran "Acuerdo por la Educación", "Vamos México" sirve de parapeto al gobierno foxista para romper la laicidad de la educación. Con la Iglesia como gran patrocinador tras bambalinas, se pretende cambiar contenidos en libros de texto y las guías para padres. Y por si fuera poco, se beneficia a Televisa al concretar una gran campaña de difusión que se traducirá en spots y programas televisivos semanales. En medio de las múltiples actividades de "Vamos México", nos encontramos con que tanto las instituciones públicas como las privadas destinan casi la mayoría de sus recursos a esta fundación, lo que parece que la convertirá en la gran institución donante. Utilizando la pobreza como su bandera, mediante la labor de relaciones públicas, esta asociación civil, que no cuenta con la personalidad jurídica para erigirse en un organismo "tejedor" de convenios públicos y privados, ha llegado a concretar negociaciones para donativos en infraestructura, contenidos y acciones que corresponden al Estado como orquestador de políticas nacionales y no a una empresa privada asistencial. Con el discurso de que es "indispensable la alianza Estado-sociedad en materia social", se trasgreden los límites de lo público y lo privado. Se establecen convenios con Microsoft, Oracle y America on Line, ACER, PM Steele, al tiempo que se propicia la colaboración de UNICEF, para la entrega de 12,897 maletines para parteras en 16 estados de nuestro país. También la creación de 150 bancos de alimentos, en coordinación con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) para un acopio de 1 millón 600 mil toneladas de alimentos y abastecer a 10 millones de personas por mes. No hay límites para donar al DIF de Veracruz, ni para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ayude a gestionar un donativo de 1 millón 800 mil dólares en equipo médico proveniente de los Estados Unidos, con el objeto de beneficiar a la Fundación de Hospitales Civiles de Guadalajara, o al DIF de Durango o al Programa "Adopta una Comunidad" con un donativo de 500 mil pesos para un albergue para migrantes en Agua Prieta, Sonora. A "Vamos México" la apoyan desde Tupperware, cuyas utilidades se destinarán a programas en beneficio de la niñez; el corporativo Ardyssa, con utilidades que se canalizarán a programas de mujeres e incluso la Asociación de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), cuyo programa de redondeo se utilizará en Programas de Niños y Adolescentes sin Adicciones.1 En lo académico, se pretende instalar un "Centro Virtual de Servicios" de la fundación en cada una de las universidades privadas, tales como la Anáhuac, en donde se realizará un "diplomado en administración de instituciones de asistencia social" o la creación de un grupo de trabajo con el Tecnológico de Monterrey para los proyectos futuros. También se firma un convenio con la ANUIES para la profesionalización de las organizaciones sociales y se pretende implementar programas para una licenciatura y postrado en la materia. Hasta la fecha se desconocen las cifras totales de los recursos donados a la Fundación Vamos México, y tampoco se tiene certeza de que los donativos entregados han llegado a su destino. Mucho menos se puede calcular el valor de la infraestructura y fondos públicos totales que patrocinan la labor de esta institución asistencial. Hoy se requiere no sólo transparentar, sino delimitar la frontera entre lo público y lo privado. Organismo supraasistencial Del universo de 7,031 organizaciones civiles que hay en México, el 52.3 % se concentra en el Distrito Federal. En cuanto a la distribución territorial el 71% se localiza en el Distrito Federal, el 8% en Estado de México, el 4% en Puebla y el otro 4% en Guanajuato.2 En lo que respecta a los fundadores, el 34% corresponde a personas físicas o familias (legados, herencias o fideicomisos); el 23% a líderes corporativos o corporaciones; el 31% a la sociedad civil; el 8% a departamentos gubernamentales y el 4% a grupos o líderes religiosos.3 En nuestro país existen dos figuras principales asociativas para organizaciones sin fines de lucro: la asociación civil (AC) 55% y la de instituciones de asistencia privada (IAP) 39%. El restante 6% corresponde a las instituciones de beneficencia privada y al fideicomiso, respectivamente.4 La diferencia fundamental entre una IAP y una AC consiste en que las primeras tienen su origen en legados o herencias y su marco regulatorio es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (LIAP, 1899), y reciben fondos federales (al igual que las AC´s) y fondos estatales tales como exenciones en impuestos locales (agua, predial, espectáculos, impuestos sobre nómina, etc.), mientras que las segundas sólo se rigen por el Código Civil y únicamente tienen derecho a exenciones de impuestos de carácter federal (ISR, IVA, SAT). El marco jurídico en materia de asistencia social está disperso; no hay tipificación, ni categorías de las diversas instituciones. Un ejemplo son los fideicomisos y la figura de los montepíos (instituciones prendarias que son IAP´s), los cuales no cuentan con una legislación precisa que regule el manejo de los fondos. La Fundación Vamos México, A.C., presidida por Martha Sahagún de Fox, es una institución con "fines asistenciales", que se constituye como asociación civil el 24 de septiembre de 2001, en un acto realizado en el Club de Industriales. El primer acto público de esta fundación despierta polémica al presentar a Elton John en el Castillo de Chapultepec el 21 de octubre; siendo "caritativos" se recaudan 70 millones de pesos; hasta la fecha se desconoce el destino preciso de los fondos. Previo a la presentación oficial de "Vamos México", el 29 de octubre de 2001, el Ejecutivo federal envía, días antes, a la Cámara de Diputados un paquete de exenciones fiscales para este tipo de instituciones. En paralelo, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el 18 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) rompe un acuerdo con las diversas fracciones y presenta una "Iniciativa de Reformas a la Ley de Asistencia Privada del Distrito Federal", ley que fue aprobada el 10 de diciembre de 1998 por la mayoría perredista. Si tomamos en cuenta que el 75% de las instituciones donantes se localizan en el Distrito Federal, sabremos el por qué de la necesidad de reformar la "Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal" (98). Tal pareciera que se quiere tener manos libres para manejar a discreción los 4 mil millones de pesos en remanentes del Nacional Monte de Piedad, producto de los empeños de quienes menos tienen. El hecho de que el PAN pretenda ahora reformar la ley de 1998, promulgada durante el mandato del primer jefe de Gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, habla de dos proyectos de Estado opuestos: mientras que el espíritu de la ley del 98 fue el del retorno a la legalidad y conservar el equilibrio entre el sector público y el privado, ahora se pretende entregar los recursos públicos a los empresarios. Los amigos de Fox y su partido requieren eliminar frenos y controles para hacer de la labor asistencial un producto. Acción Nacional fue parte de la embestida feroz a la ley del 98 porque interpuso, junto con otros partidos, el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y conoce a la perfección el fallo a favor de la ALDF en la Primera Legislatura y del gobierno del Distrito Federal (11 votos a 0). Por todo lo anterior es muy cuestionable la propuesta presentada en la ALDF, puesto que no existe un ordenamiento que regule el tipo de servicio que cada institución proporciona y tampoco se cuenta con una regulación para las instituciones prendarias, y menos aquellas que son montepíos e IAP, lo que ha generado escándalos en detrimento de la labor asistencial. Esta iniciativa de reforma (2002), lo que propone es que el sector privado tenga el pleno control, conver-tir al Ejecutivo local en una "oficialía de partes" y marginar a la Contraloría General del Distrito Federal. La discusión se centra en el Capítulo X, "De la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal", que es el que se ha discutido desde hace más de un siglo porque es el organismo que controla la labor asistencial privada y los recursos públicos. Esta iniciativa no es moderna ni fomenta el desarrollo del sector. Las diversas disposiciones conservan el espíritu del ordenamiento vigente y, si la ley del 98 fue tan satanizada, ¿por qué retomar la mayor parte y sólo modificar lo relativo al control hegemónico? Todo indica que el acento se pone en "liberar" a las instituciones asistenciales privadas del control gubernamental para que una asociación civil como Vamos México actúe libremente. En lo académico, se pretende instalar un "Centro Virtual de Servicios" de la fundación en cada una de las universidades privadas, tales como la Anáhuac en donde se realizará un "Diplomado en Administración de Instituciones de Asistencia Social" o la creación de un grupo de trabajo con el Tecnológico de Monterrey para los proyectos futuros. También se firma un convenio con la ANUIES para la profesionalización de las organizaciones sociales y se pretende implementar programas para una licenciatura y posgrado en la materia. El oscuro encanto de "Vamos Mexico" En 1998, el tema asistencial sale a la luz a través de escándalos como los del Nacional Monte de Piedad y la Cruz Roja, que en nada ayudan a promover el desarrollo de instituciones de asistencia privada que trabajan a favor de la población más necesitada. El lado oscuro de este tema se abre a los medios de comunicación, primero en La Jornada, en la columna "Astillero" (Julio Hernández López), el 3 de noviembre de 1997. El primer ilícito dado a conocer en la Asamblea Legislativa es el relacionado con el "Sorteo Águila o Sol", organizado por el Nacional Monte de Piedad. Por instrucciones expresas de Víctor García Lizama, presidente de la Junta de Asistencia Privada, el Nacional Monte de Piedad administra el sorteo de lotería instantánea denominado "Águila o Sol", del 28 de mayo de 1992 al 31 de diciembre de 1993, cuyos remanentes se aplicarían "en apoyo a los fines asistenciales del Fideicomiso de Desarrollo Social de la Ciudad de México", violando la condicionante establecida en el artículo 79 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, relativa al destino de los productos obtenidos de estos eventos. Como resultado de la primera etapa del sorteo, se obtiene como remanente la suma de 5 millones de pesos. El Nacional Monte de Piedad elabora cheque con fecha 4 de mayo de 1993 a favor del Banco del Atlántico, fiduciaria del Fideicomiso para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Al Nacional Monte de Piedad no se le entrega comprobante fiscal alguno que ampare su aportación ante el fiduciario. No existe evidencia de que se aplique este primer remanente al Fideicomiso de Desarrollo Social de la Ciudad de México, tal como lo autoriza la secretaría de Gobernación. En la segunda etapa (1° de mayo al 31 de diciembre de 1993), el sorteo obtiene un remanente de $4,320,000.00. Víctor García Lizama acuerda con funcionarios de la secretaría de Gobernación aplicarlo en conceptos vagos que evidencian la dudosa aplicación final de estos cuantiosos recursos financieros. El monto de los premios no entregados por el sorteo asciende a la suma de $14,907,410.00, de los cuales se entrega a la secretaría de Gobernación un cheque por $2,160,000.00, quedando un adeudo a favor de la secretaría y a cargo del sorteo por $12,747,410.00. Esta cantidad es reclamada por la dirección de Juegos y Sorteos de la secretaría de Gobernación, según oficio s/n del 3 de septiembre de 1994, por lo que el Nacional Monte de Piedad procede a solicitar un amparo ante el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa (Núm. P/0268/94). Por acuerdos del presidente de la Junta de Asistencia Privada con funcionarios de la dirección de Juegos y Sorteos, se llega al convenio del 21 de octubre de 1994, en el cual, mediante la aplicación al remanente de la segunda etapa del sorteo, la secretaría de Gobernación acuerda dar por "finiquitadas las obligaciones contraídas en el permiso arriba mencionado...", renunciando a obtener la suma de $12,747,410.00, siempre que el Nacional Monte de Piedad se desistiera "lisa y llanamente" del juicio de amparo P/0268/94, sin tener en lo sucesivo ninguna acción que reclamar con respecto de las autoridades mencionadas como responsables en su escrito de demanda de amparo de fecha 26 de septiembre de 1994...". Con las mismas especificaciones de números de cuenta, nombres de banco e instituciones se relacionan otros ilícitos cometidos con capital del Nacional Monte de Piedad por un total de 246 millones de pesos. Después de la denuncia presentada en la ALDF, se dan una serie de acontecimientos que se difunden en los medios de comunicación como escandalosas irregularidades en el manejo de los fondos de algunas instituciones asistenciales. En vísperas de que estalle la huelga del Nacional Monte de Piedad, un solo diario publica las irregularidades: La Jornada. El articulista de la columna "Astillero", Julio Hernández López, documenta a cabalidad, el 3 de noviembre de 1997, lo que se denunciara en la ALDF. La información expuesta en ambos foros llega por conducto del sindicato del Nacional Monte de Piedad. En este contexto, se hace necesario actualizar el marco jurídico en los diversos ordenamientos. En diciembre de ese mismo año, el modelo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal presenta signos graves de mal funcionamiento, por lo cual surge el conflicto de huelga en el Nacional Monte de Piedad, IAP. En 1998, los síntomas de descomposición se hacen patentes y el escándalo de la Benemérita Cruz Roja, IAP, llega a la ALDF en agosto, donde se discutía el tema desde abril. El 27 de octubre de 1998, la fracción del PRD presenta la "Iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal". Posteriormente se presentan otras iniciativas de reformas suscritas por diputados del PVEM y del PT, así como las propuestas de diversas instituciones de asistencia privada. En noviembre del mismo año, sale a la luz el escándalo del Montepío Luz Saviñón, que culmina con la salida de su titular y el cual es sustituido por un destacado miembro del Opus Dei. Previo al segundo Teletón y como resultado de las irregularidades por manejo de recursos, renuncia a la Junta de Asistencia Privada el entonces presidente de la misma, Víctor García Lizama, quien ocupaba el cargo desde 1991. Dentro de un proceso difícil y tortuoso, se llega a la aprobación de esta ley, el 10 de diciembre, la cual entra en vigor el 14 del mismo mes. El 12 Enero de 1999, los cuatro partidos de oposición a la mayoría perredista (PRI, PAN, PVEM y PT) interponen un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esta misma tónica, el 20 de enero del mismo año se amparan 167 instituciones de asistencia privada contra la ley aprobada. Ocho meses después, el 2 de septiembre de 1999, la SCJN falla a favor del Gobierno del Distrito Federal y de la ALDF y declara constitucional la citada ley (11 votos a favor y 0 en contra). Después de un año, durante el cual se fueron negando los amparos a 166 instituciones, la SCJN emite fallo en contra del Nacional Monte de Piedad y confirma el emitido en 1999, el 17 de mayo del 2000 (5 votos por unanimidad). En el 2002 se cumplen cuatro años de aprobada la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y se prevé la reforma de la citada ley para octubre. Esperemos que, si hay modificaciones, sean para enriquecer la legislación en una materia que es fundamental para el desarrollo del Tercer Sector y no para convertir la labor de la asistencia social en una actividad empresarial y a favor de un grupo hegemónico conservador. La caridad extrema del gobierno de Fox La Fundación tiene dos programas torales a partir de los cuales desarrolla su labor "filantrópica". Los programas sociales son: Educación y Salud. Para Tecnología Educativa se pretende equipar 100 mil escuelas primarias con 500 mil computadoras, con un costo de 350,000 USD. La SEP aporta 900 mdp y la FVM 2,600 mdp. Equipar 22 mil secundarias con 110 mil computadoras: 66mdd USD, 660mdp. Equipar 6,109 bibliotecas con 30,545 computadoras: 19mdd USD, 190mdp. Para la Guía de Padres, se imprimirán 24 millones de guías para entregar a padres de familia, a partir del ciclo escolar 2002-2003. Como parte de esta labor de difusión, se realizará un programa de televisión semanal y una campaña de difusión nacional en radio, medios impresos e internet para apoyar los contenidos de las guías. Costo: 450 mdp. "Arranque parejo en la vida" es un programa de atención con calidad para las embarazadas y para los niños y las niñas desde antes de su nacimiento hasta los dos años de edad. Se establecen metas de uno hasta cinco años para que este programa tenga impacto. Pretende dar seguimiento de salud a los niños en los primeros dos años; acreditar a las unidades de salud de los 70 municipios prioritarios; capacitación integral al 100% del personal; establecer un sistema sectorial de información y evaluación. Asimismo se planea instalar 85 clínicas Sí Mujer, construir 26 posadas y 22 casitas AME (sitios de alojamiento) así como equipar y dotar de servicios integrales a las clínicas y equipar parteras con 8 mil maletines. Este programa tiene un costo de 170 mdp anuales. Una parte del financiamiento correrá a cargo del Nacional Monte de Piedad, IAP. Para consolidar el programa de Prevención de Adicciones se plantea conformar la Coalición Nacional de Redes Sociales para la Atención de Adicciones, cuyo costo es de 35 mdp anuales. En la primera etapa —de febrero a diciembre de 2002— se pretendió ampliar, equipar y moder-nizar tres albergues. No se precisan montos, debido a que se contará con trabajo voluntario. En la segunda etapa, que arranca en diciembre de 2002, se remodelarán 100 albergues con un costo que se calcula en un millón por cada uno. Como complemento se impulsará una campaña para la prevención de adicciones en niños y jóvenes, en una segunda etapa que arrancará en diciembre de 2002. Para esta labor se imprimirán 100 mil paquetes, con un costo de 20 mdp y se desarrollarán 10 cursos regionales cuyo costo es de un millón de pesos. Se cuenta con la participación de maestros de 20 mil escuelas. La Ley sobre Asistencia Privada de 1998 y la reforma del 2002 En el panorama de la asistencia social encontramos a las denominadas organizaciones de la sociedad civil (OSC), las cuales se pueden clasificar como instituciones donantes (ID), que se caracterizan por ser organizaciones no lucrativas, con consejos locales, independientes del gobierno o de empresas y que ofrecen de forma sistemática, donativos a terceros.5 Según una clasificación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), se encuentran tres generaciones de ID: 1) Generación asistencial, la cual comprende "Caridades" de fines del siglo XIX hasta la década de los 30´s. 2) Generación de transición, que abarca el periodo de 1940 hasta fines de los 60´s. 3) Generación del desarrollo, que se puede dividir en dos subperiodos: de los 60´s hasta 1984 y de 1985 hasta ahora.6 Casi el 75% de las instituciones donantes se concentran en el Distrito Federal y otros tres estados aglutinan el 15%: Estado de México, Puebla y Guanajuato.7 La historia de la asistencia privada en México data de la Colonia y la de la legislación en la materia comienza el 7 de noviembre de 1899, con la publicación de la Ley de Instituciones de Beneficencia para el Distrito Federal, que define lo que debe entenderse por beneficencia. Durante el siglo XX, este ordenamiento sufre transformaciones en 1904 al cambiar a Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales; aquí se sustituye el término caridad por el de filantropía. En 1926, la ley es modificada y el concepto de acto de beneficencia se transforma sustancialmente: ya no se habla de actos de caridad, ni filantrópicos, sino de fines humanitarios. Aunque el concepto de fundación sufre un retroceso al definirse como "destinar a perpetuidad algunos bienes para un objeto de beneficencia". En 1933, este ordenamiento se modifica y se introduce el concepto de "utilidad pública" para calificar a la actividad desempeñada por estas instituciones, por lo cual son "auxiliares de la administración pública". Aquí se presenta un gran avance, porque además de modificar el concepto de beneficencia, define a las fundaciones y asociaciones. En 1943 se le cambia el nombre por el de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios Federales. Se introduce por primera vez el término asistencia y se define a las instituciones como de asistencia privada. Aquí se regula a "sujetos jurídicos" y no a "actos jurídicos". La Ley de 1943 tiene vigencia hasta 1998, pero durante 55 años sufre diversas reformas, desde el mismo año de su publicación. En 1986 se transforma en Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Aquí, la Junta de Asistencia Privada se convierte en Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, con lo que se delimita su ámbito de actuación. En 1991 se realizan modificaciones que serían el parteaguas en la legislación sobre asistencia privada. Se introduce el siguiente concepto: "podrán acogerse a las disposiciones de esta Ley, las instituciones cuyo objeto sea ejecutar actos de solidaridad que tiendan al desarrollo social". Las reformas del 7 de enero 1991 ponen el acento en la modificación de la composición de la Junta de Asistencia Privada (9 vocales: 5 del sector privado y 4 de la administración pública federal) y en el nombramiento de su presidente. Además, la Contraloría del Distrito Federal no tiene facultades para auditar a la Junta de Asistencia Privada, con lo que se elimina la posibilidad de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de las instituciones de asistencia privada. El 10 de diciembre de 1998, se aprueba la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, ordenamiento que tiene como uno de sus objetivos principales actualizar el marco jurídico, debido a la nueva condición del Distrito Federal. Aquí se introduce el concepto de asistencia social y en consecuencia el de asistencia privada (Art. 1°). Además, se indica expresamente que las instituciones reguladas por este ordenamiento, son de "utilidad pública" (Art. 4º). El punto de quiebre en la discusión de este ordenamiento, desde 1991 a la fecha, es el de la integración de la Junta de Asistencia Privada y el nombramiento del presidente de la misma. En la ley de 1998 se modifica la conformación: 10 integrantes: 5 del sector privado y 5 del sector público (todos del gobierno local). Se suprime la presencia del gobierno federal y se deja como invitado al representante de la SHCP. Se introduce la figura de la Contraloría Interna y se le da un lugar como invitada en el Consejo Directivo. En cuanto al nombramiento del presidente, éste es nombrado por el jefe de Gobierno mediante una terna, propuesta por el consejo directivo con mayoría calificada de sus integrantes. Asimismo, se le da la posibilidad de removerlo libremente y se pone un límite de tres años para ejercer el cargo y sin posibilidad de reelección.
* Especialista en asistencia social. 1 Datos tomados del Informe de la Fundación Vamos México, abril y noviembre y de la página de la misma fundación (noviembre 2002). 2 Natal, Alejandro. "Las instituciones donantes mexicanas. Mitos y realidades". Colegio Mexiquense, A.C., PIETS, México, 2002, p. 9. 3 Ibid, p. 20. 4 Ibid, p. 21. 5 Ibid, p. 21. 6 Ibid, p. 22. 7 Natal, Alejandro. "Las instituciones donantes mexicanas. Mitos y realidades". Colegio Mexiquense, A.C., PIETS, México, 2002, pp. 8, 9.
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