FEDERALISMO FISCAL

Guillermo Huízar Carranza*

El replanteamiento de las formas de organización política entre los tres ámbitos de gobierno deberá constituir una prioridad en la agenda de nuestro quehacer; esto es: cómo habremos de coordinarnos la Federación, los estados y los municipios para garantizar la satisfacción de las demandas de la población; cuál es la mejor manera de distribuir las potestades y responsabilidades de los gobiernos; quién debe hacer qué y con qué.

Todos reconocemos que el sistema tributario actual es incapaz de cumplir los fines para los que fue creado. Por un lado, al sujeto pasivo le parece injusto, inequitativo, persecutor, complicado, oneroso e inseguro, entre otros calificativos que le otorgan; y por el otro, el sujeto activo —el Estado—, lo vislumbra como insuficiente para generarle los recursos necesarios para aplicarlos a la construcción de soluciones sociales. En suma, al que paga le parece caro y el que cobra lo ve inútil.

Dichas circunstancias han generado desconfianza entre el gobierno y la sociedad en general; peor aún, entre los sujetos activos también existe insatisfacción; los estados que conforman la Federación han expresado su descontento por las reglas que se aplican para la distribución del ingreso nacional.

Es, pues, una tarea urgente construir un nuevo sistema hacendario —más federalista—, que corrija las desviaciones actuales y encuentre una nueva orientación, más efectiva y más justa. En resumen, requerimos: fortalecer los ingresos públicos de que dispone la nación; requerimos una nueva asignación de las obligaciones del gasto y en consecuencia una nueva distribución de potestades tributarias.

Es necesario apartarnos de la exagerada concentración de facultades que hoy tiene el gobierno federal y que provoca, en las entidades federativas y en los municipios, una dependencia casi total de disponibilidades para cumplir con sus funciones de gobierno. México, en esta materia, demuestra cada vez mayor tendencia centralista; hoy día el 96 por ciento de la tributación nacional se concentra en el gobierno central, dejando a los gobiernos subnacionales sólo el cuatro por ciento de la misma.

Nuestra realidad, en materia de distribución de potestades, no solamente es inadecuada; además se aleja de la tendencia internacional que consiste en dotar de cada vez más potestades a los gobiernos subnacionales, al tiempo que el gobierno central viene disminuyendo su presencia impositiva.

Pero insisto, debemos discutir quién debe establecer las fuentes de ingresos para que éstas tengan relación con sus compromisos de gasto (véase cuadro).

Nuestra idea, por el lado de los ingresos, parte de la necesidad de elevar la capacidad recaudatoria de nuestro sistema; hoy día, éste sólo provee el once por ciento de ingresos en relación con el producto interno bruto, porcentaje que significa uno de los más bajos del mundo occidental.

Esas cifras demuestran el deterioro que ha sufrido el sistema impositivo en los últimos años, producto principalmente de:

a. Evasión y elusión fiscales;

b. Ineficiente administración tributaria;

c. Regímenes preferenciales de tributación a favor de determinados sectores;

d. Desconfianza entre las partes que integran la relación jurídico-tributaria;

e. Inconveniente dependencia de ingresos no tributarios y deuda; y,

f. Ineficiente marco normativo que eleva las posibilidades de resoluciones jurisdiccionales contrarias a los intereses colectivos.

Luego entonces, sí es cierto que es urgente una revisión a fondo de los mecanismos de tributación actuales, dentro de los cuales proponemos:

1. La simplificación del sistema impositivo nacional mediante la sustitución de los impuestos actuales por la instrumentación de sólo cinco fuentes impositivas que los agrupen. Por ejemplo, los impuestos predial, sobre automóviles nuevos, sobre tenencia y uso de vehículos —federal y estatal— pasarían a constituir la Ley del Impuesto a la Propiedad, de competencia municipal.

2. Eliminación de regímenes preferenciales de tributación, como el régimen simplificado, el de consolidación fiscal y el de pequeños contribuyentes.

3. La inclusión de un capítulo en la Ley del Impuesto sobre la Renta que grave el capital especulativo y las ganancias bursátiles.

4. El fortalecimiento de los mecanismos procedimentales que garanticen el cumplimiento espontáneo y voluntario de los contribuyentes, garantizando su armonía con los principios constitucionales.

5. Una nueva redistribución de potestades tributarias acordes con las nuevas asignaciones de gasto. (De competencia federal los impuestos a la renta, al comercio exterior y a la producción de bienes y servicios; de competencia estatal el impuesto al consumo; y de competencia concurrente estados-municipios, el impuesto a la propiedad.

6. La construcción de un nuevo sistema de coordinación fiscal que garantice que ninguna entidad federativa dispondrá de menores recursos a los actuales, considerando la aplicación de nuevas potestades; y que contemple criterios eminentemente compensatorios y redistributivos.

Por último, la reforma debe ceñirse al objetivo de acercar más al sujeto activo con el pasivo; debe propiciar el acercamiento entre el que paga y el que cobra. Esta dinámica, natural de todo sistema impositivo eficaz, le urge al nuestro para darle oportunidad al ciudadano de reunir mayores elementos de juicio al momento de emitir su voto.

* Secretario de Finanzas del gobierno de Zacatecas.