CONSULTA DE PRIORIDADES NACIONALES, EJERCICIO DE SOBERANÍA POPULAR

Carlos Ímaz Gispert*, Ernesto Alvarado Ruiz** y Alberto Paláez Rodríguez**

La Consulta sobre Prioridades Nacionales celebrada los días 19 y 20 de noviembre de 2002 se caracterizó, entre muchas otras cosas, por desplegar toda una campaña de divulgación de diagnósticos acerca de la actual situación social, económica y política de los mexicanos. Se trató de una campaña con escasos antecedentes dentro de la historia reciente de la actividad política mexicana.

En la consulta concurrieron los esfuerzos de centenares de organizaciones de alcance regional, lo mismo que de cobertura nacional, núcleos organizados todos ellos, que hicieron posible la participación activa de más de 30 mil ciudadanos que, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e incluso más allá de nuestras fronteras, decidieron impulsar una jornada de participación social que registró la emisión de opiniones de 2,860,245 mexicanos, quienes de manera libre y aceptablemente informada, dijeron ¡ya basta! a las políticas neoliberales que se han instrumentado en nuestro país en las décadas recientes.

La génesis de este esfuerzo puede ubicarse en los acuerdos derivados del Séptimo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el que se anunció la disposición de la nueva dirigencia nacional para convocar a la ciudadanía a que manifestara su opinión respecto a lo que debieran ser las nuevas prioridades en este país. Muy rápidamente esta oportunidad fue asumida y des-arrollada por un Comité Ciudadano Promotor de la misma.

Esta iniciativa partió de la convicción de que las actuales condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país no distan mucho de las prevalecientes durante las décadas de hegemonía del partido de Estado. Los anhelos de cambio, expresados por millones de mexicanos en las urnas en el verano del 2000, se han ido enfrentando a la decepción: aquellos que le apostaron al voto útil, hoy revisan con pena la inutilidad de sus esfuerzos; los que apoyaron las opciones de izquierda actualmente tratan de recomponer los saldos de sus incompetencias; los que trabajaron para evitar el choque de trenes ahora buscan los durmientes y las vías para completar una transición que se quedó en alternancia. Mientras tanto, los grupos de extracción empresarial y de orientación de derecha comienzan, ya instalados en el gobierno, a meter aceleración para tratar de impulsar cambios que en nada benefician a las amplias mayorías.

Consideraciones para plantear la consulta

El proceso de globalización de las economías ha impuesto prioridades donde las mercancías y los capitales valen más que el bienestar de los ciudadanos. En todo el mundo se ha establecido un poder supranacional que se arroga el derecho de tomar decisiones que afectan a poblaciones enteras y que considera prescindible tanto el mandato como la legitimidad que otorga la volunta popular. El reflejo extremo de este tipo de situaciones se confirma con el hecho de que en muchas ocasiones los capitales de empresas multinacionales son superiores a presupuestos completos de gobiernos nacionales.

Ante esta desequilibrada situación, la voz de los ciudadanos comprometidos con un futuro más justo para la humanidad se expresa cada vez con mayor vigor, tomando forma en espacios de construcción de alternativas realmente plurales. El propio discurso de este poder supranacional se ha dedicado a catalogar a estos esfuerzos de reivindicación de causas sociales como globalifóbicos, tratando con ello de desacreditarlos (en el Comité Ciudadano nos asumimos más bien como globalicríticos). El rechazo a este esquema de desarrollo mundial va en aumento: desde el Encuentro Intergaláctico contra el Neoliberalismo y por la Humanidad, hasta el Foro Social Alternativo de Porto Alegre, pasando por las manifestaciones callejeras de Seattle, Praga, Montreal, Génova y Barcelona.

En el caso mexicano, cada día se vuelve más evidente la falta de una visión de Estado socialmente responsable que, aunado a las contradicciones al interior del gabinete presidencial, agudiza la parálisis del aparato gubernamental y profundiza la crisis económica, hoy expresada en "crecimiento cero" de la economía, así como en la pérdida de más de medio millón de empleos. Esta situación no se ha reconocido, en buena medida, gracias a las estrategias publicitarias del grupo gobernante y a la desarticulación de las fuerzas sociales opositoras.

Las promesas de cambio que se formularon desde hace dos años se contradicen, por parte del grupo gobernante, cada vez con mayor intensidad; hoy nos encontramos ante un absurdo mayúsculo: el presidente de la República solicita al Congreso de la Unión que emprenda reformas que él mismo se comprometió en su campaña de proselitismo a no hacer, con el falso argumento de que tales reformas son condición indispensable para poder cumplir con aquellas promesas. Se prometió no aumentar el IVA, ni privatizar la industria energética, además de alcanzar la paz en Chiapas en quince minutos, así como castigar a los genocidas y defraudadores, y hoy tratan de imponernos exactamente lo opuesto. Esta lógica del engaño raya en el cinismo, haciendo correr el riesgo de que el propio concepto de cambio sufra un descrédito tal que solamente sería comparable con la devaluación del concepto de la solidaridad en el período de Carlos Salinas. Estas condiciones se ven agravadas por la pérdida de autonomía que ha sufrido nuestro país en el plano internacional, particularmente en la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, donde nuestra soberanía se ha visto menguada y la política de relaciones con el exterior se ve matizada por la subordinación a intereses ajenos a nuestro país.

Ante el debilitamiento del diálogo político, el propio titular del Ejecutivo federal ha optado por culpar a los integrantes del Poder Legislativo de los incumplimientos de las promesas de cambio, asegurando con ello que se vuelve imprescindible disponer de una dócil mayoría parlamentaria que le asegure la imposición de sus reformas neoliberales de segunda generación, entre las que destacan la privatización de sectores estratégicos para el desarrollo del país como son la industria eléctrica y la petrolera, la reforma fiscal y la reforma laboral.

Dentro de los temas pendientes de la agenda política nacional sobresale la falta de acciones concretas que tiendan a resolver las causas profundas de la guerra zapatista en el sureste del país, por lo que es inaceptable el discurso oficial de que al no sonar las armas se asegura que prevalece la paz; ante esto se manifiesta una vez más la irresponsabilidad del Ejecutivo federal quien no debe, bajo ninguna circunstancia, emitir declaraciones provocadoras que inviten a ser escuchados solamente cuando hay fuego y metralla. Por otra parte, siguen sin atenderse debidamente las impunidades del pasado; la tibia postura oficial, con la cual se pretende aclararlas, se convierte en un estímulo para la repetición de estos actos aberrantes. Tanto los crímenes de Estado de corte represivo, como los llamados delitos de cuello blanco, que toman forma en inconmensurables fraudes financieros, siguen sin resolverse, amenazando con imponerse la lógica de la impunidad.

Particular interés merece la revisión del presupuesto federal, el que históricamente ha sido manejado de forma tal que le otorga al presidente de la República un amplio margen de discrecionalidad, tal y como se demostró en los recortes que unilateralmente determinó el Ejecutivo federal durante el primer trimestre de este año. Las injusticias que se reflejan cotidianamente en los hogares, servicios y empleos de los mexicanos tienen su génesis, en buena medida, en una inadecuada distribución de los recursos públicos que son administrados por el gobierno. La falta de calidad y deficiente cobertura de los servicios educativos, de salud, la insuficiencia de las pensiones y los niveles salariales, así como las demás afectaciones a una vida digna, son resultado de una errónea orientación del gasto público.

Es posible, incluso con los mismos recursos, establecer otro tipo de prioridades, comenzando por imponer candados sobre rubros prioritarios para que sus eventuales modificaciones necesariamente requieran del consentimiento de Congreso de la Unión, tal y como se hace ya en el Distrito Federal desde el período de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles. Es imperativo exigir al Ejecutivo federal que el tratamiento que se da al endeudamiento público, expresado en gasto no programable, sea cuando menos el mismo que se le otorgue a la deuda social, esto es, que se coloque a los recursos públicos destinados a la educación, salud, empleo, campo, inversión productiva, salario, etc. en el mismo nivel de prioridad que a las deudas financieras contraídas. Garantizar un desarrollo justo, equilibrado y en un ambiente de paz es la tarea que las fuerzas democráticas debemos asumir actualmente.

Propuesta para desarrollar la consulta

Uno de los principales actores políticos que le dieron vida y vigor a este ejercicio lo constituyó el Comité Ciudadano Promotor de la Consulta, espacio donde convergieron, en un inusitado ejemplo de concordia y ánimo de construcción colectiva de ideas, un conjunto de intelectuales, académicos, especialistas, dirigentes políticos, integrantes de organismos no gubernamentales, luchadores sociales y sindicales, así como representantes de agrupaciones campesinas y urbanas. Este colectivo tuvo la capacidad de ir diseñando e instrumentando cada uno de los pasos que permitieron el éxito de este ejercicio: desde la discusión y la elaboración de documentos básicos sobre los temas de la iniciativa, hasta la definición de las preguntas que conformaron la propia consulta y el establecimiento de las bases organizativas y logísticas que un ejercicio de esta naturaleza reclama. Sin embargo, en forma indiscutible, fueron los aportes de las centenas de organizaciones estatales y regionales, así como los ciudadanos que a título individual se fueron sumando, los que garantizaron el adecuado desempeño de las numerosísimas tareas que se desprenden de una iniciativa de esta índole.

El objetivo inicial de la consulta era convocar a un amplio proceso de participación para crear espacios plurales de expresión y generación de consensos alternativos, que sirvieran para impulsar la construcción de un Estado de derecho y de derechos, que a su vez contribuyera a: establecer nuevas prioridades presupuestales, combatir la impunidad, conseguir una paz digna y unificar el accionar político de diversos sectores sociales afectados por las políticas públicas del actual gobierno federal.

Desde un principio se buscó que esta propuesta fuese observada desde dos perspectivas diferentes, aunque complementarias: por un lado constituía un fin en sí misma, que en principio podría servir para que los diputados federales cumplan verdaderamente con su papel de representantes populares en la delicada tarea de definir el presupuesto federal del 2003, aprovechando el compromiso inicial de la fracción parlamentaria del PRD de asumir el mandato de esta consulta. Por otra parte, este proceso fue también concebido como un medio para lograr algo más: construir espacios sociales alternativos, que permitiesen identificar causas comunes, que a su vez sirvieran para contribuir a sentar las bases para constituir un gran frente social, capaz de reivindicar las demandas de los sectores sociales más golpeados por el modelo de desarrollo impulsado en las décadas más recientes y que promete profundizarse con el actual gobierno gerencial de Vicente Fox, sectores que tradicionalmente se han manifestado de manera aislada y que por consecuencia no han acumulado la fuerza política necesaria para satisfacer sus demandas.

Se trató de una propuesta que implicaba una movilización política de diversos actores sociales que estaban colocados más allá de los partidos políticos. En resumen, se buscó promover una amplia movilización ciudadana con causas de lucha claras que permitiesen hacer explícitas y asumibles las causas de la izquierda mexicana.

Etapas

Con la intención de que este proceso no se confundiera solamente con un ejercicio de consulta a través de una jornada específica —que de suyo sería ya una ganancia—, inicialmente se planteó desarrollar distintas etapas que conformaran un complejo proceso de movilización política, el mismo que aspiraba a recabar resultados sin precedentes en ejercicios de esta índole en el país.

Instalación de órganos de promoción y coordinación

Reconociendo la diversidad y pluralidad que caracteriza a nuestro país y con la finalidad de superar, en la medida de lo posible, las tendencias a centralizar la toma de decisiones, se decidió convocar a la constitución de Comités Organizadores a nivel de cada una de las entidades del país, presentándose varios casos en los cuales había más de uno por estado. Gracias a esto se logró generar una red de comunicación, coordinación y operación que cubrió todo el país, al tiempo que se respetaron los ritmos, modalidades y consideraciones que a juicio de los actores políticos locales era necesario establecer.

Campaña nacional de divulgación

Tomando en cuenta los aportes metodológicos expresados por las organizaciones no gubernamentales que formaron parte del Comité Ciudadano Promotor, se adoptó la decisión de desplegar toda una serie de actividades tendientes a divulgar conceptos básicos acerca del presupuesto federal, la justicia con paz y la soberanía. La intencionalidad política consistía en que, además de recolectar opiniones de los ciudadanos, era preciso socializar análisis y diagnósticos en la perspectiva de contribuir a la elevación de la cultura política de la ciudadanía.

Generación de espacios de confluencia política

Reconociendo las particularidades de cada región del país, así como las capacidades propias de cada Comité Promotor Estatal, se propuso y se logró instrumentar una estrategia de generación de estos espacios de confluencia en los que, con base en argumentos, se pudo organizar, desarrollar y sistematizar reflexiones de especialistas y actores sociales sobre diversos temas, para construir propuestas de alternativas viables acerca del desarrollo en el país con justicia y paz.

Movilización social nacional

A partir del buen desarrollo de estas primera etapas, se planteó iniciar una movilización social para alcanzar una amplia participación en la consulta para la definición de las prioridades nacionales. Esta fase se cumplió a cabalidad; además del Comité Ciudadano Promotor, 47 organizaciones civiles, sindicales y movimientos de carácter nacional integraron un Comité Organizador que reforzó la labor de los Comités Estatales; a partir de esta vinculación se pudo articular la participación de más de 600 organizaciones regionales, estatales y locales, de modo que el 19 y 20 de noviembre se instalaron 11 mil 40 mesas receptoras de opinión, gracias a la comprometida intervención de más de 30 mil ciudadanos, en quienes recayó el esfuerzo de recabar la opinión de la ciudadanía que participó en la consulta.

Entrega de resultados al Congreso

El 5 de diciembre se hizo entrega formal de los resultados de la Consulta Sobre Prioridades Nacionales a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Se trató de un evento en que, ante la presencia de representantes de los principales partidos políticos, fue posible exponer no sólo las impresionantes cifras alcanzadas, sino también las preocupaciones, reflexiones y propuestas desarrolladas a lo largo de las etapas enunciadas anteriormente.

En esta reunión se puso énfasis en que, con esta consulta, fue posible identificar aquellos asuntos que deben ser objeto de una atención prioritaria por parte de las autoridades del país, confirmándose la necesidad de colocar en el centro del debate los temas de la agenda social y la urgencia de impulsar políticas públicas soberanas que fomenten un desarrollo equitativo, la justicia y la paz, incorporando la participación de la ciudadanía en las grandes decisiones.

La magnitud de la participación alcanzada en esta jornada constituye un importante ejercicio de soberanía; los resultados de la consulta son una expresión importante de la voluntad ciudadana, desatenderla es negarse a oír esa voluntad. Por ello, nos dirigimos a dicha instancia de representación para hacer la entrega formal de los resultados obtenidos a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas.

Esta expresión de la voluntad ciudadana constituye una herramienta fundamental para el trabajo legislativo de los diputados, por lo que en esa ocasión solicitamos se atienda este mandato popular, sobre todo en el actual periodo ordinario de sesiones, en el cual se definirán asuntos de gran trascendencia para nuestra nación.

Análisis de resultados

La cifra de participantes en esta consulta constituye, en sí misma, el primer dato a considerar para un análisis más detallado de esta jornada. La opinión de 2 millones 866 mil 245 ciudadanos resulta ampliamente re-presentativa del sentir general de la población. Independientemente de las múltiples metodologías que pueden adoptarse para aplicar una encuesta y que la estructura metódica de esta consulta no corresponde a un sondeo o encuesta de opinión, cuando se alcanza una participación como ésta, el nivel de representatividad es difícilmente cuestionable.

La primera pregunta que se plantea a la ciudadanía es si está de acuerdo en que sea consultada cuando se tomen decisiones sobre cambios constitucionales y para otros asuntos fundamentales para la nación mediante mecanismos de participación ciudadana que se incluyan en la propia Constitución. Un elevado 91% respondió estar de acuerdo en tener esa oportunidad de incidir en tales decisiones. Sólo un 5% contestó que "no" y un 4% dijo que "no sabe". Resulta reveladora la disposición a intervenir en asuntos públicos si se contase con elementos de participación ciudadana más directos, asunto que señala la tarea de renovar la iniciativa de incluir mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, entre otros, en nuestra Carta Magna.

Noventa y una de cada cien personas que participaron en la consulta dijeron estar de acuerdo en que el presupuesto federal para el 2003 reconozca el tamaño de las necesidades sociales en educación, salud, cultura, pensiones, vivienda y empleo. Sólo cinco personas dijeron que "no" y otras cuatro "no saben". Las necesidades sociales han sido demagógicamente declaradas como uno de los principales objetivos del gobierno, pues frente a la insuficiencia de recursos siempre que hay recortes es precisamente en estos rubros donde se deja de ejercer presupuesto; lo más grave es que a la fecha no se tiene identificada la verdadera dimensión de estos rezagos. La relevancia de este cuestionamiento radica en que se exhorta a las autoridades federales a asumir con seriedad la responsabilidad social del Estado, comenzando por precisar la magnitud de los rezagos y a partir de ellos, establecer un auténtico compromiso de Estado para superarlos.

En correspondencia con la pregunta anterior, 89 personas de cada cien que emitieron su opinión respondió estar de acuerdo en que el presupuesto federal atienda primero dichas necesidades sociales y en segundo lugar la deuda financiera. En este caso un siete por ciento contestó que "no" y el restante cuatro por ciento dijo que "no sabe". El mensaje es bastante claro y contundente: así como se atiende y dispone de recursos públicos para solventar las deudas financieras contraídas con grupos económicamente poderosos, se hace imprescindible colocar, cuando menos en el mismo nivel, la llamada deuda social con los millones de mexicanos que menos tienen.

Hemos visto el vasto interés por intervenir en asuntos mediante nuevos mecanismos de participación ciudadana, la amplia preocupación por dimensionar el rezago social y el énfasis que el presupuesto federal debe tener para atender a la deuda social y el rechazo al privilegio que goza la deuda financiera. De acuerdo con los resultados de esta consulta, una prioridad fundamental es la paz en el país.

En efecto, un 88% de los participantes en este ejercicio ciudadano dijeron estar de acuerdo en que, para contribuir a la paz, se deben reconocer en la Constitución los derechos básicos de los pueblos indios establecidos en los Acuerdos de San Andrés. Un mismo 6% alcanzaron tanto quienes señalaron la opción "no" como quienes cruzaron la "no sé". Es decir, se siguen considerando insuficientes las disposiciones contenidas en la recientemente aprobada Ley Indígena que ahora se pretende reglamentar, con lo cual se aceptaría en esencia dicha ley y se contrapondría al punto de vista mayoritario de los ciudadanos mexicanos. Es preciso comenzar el trabajo legislativo para emprender una reforma de la reforma, si es que realmente se desea atender las causas profundas del conflicto armado que aún prevalece en diversas regiones del país.

A continuación, 85 de cada cien participantes en la consulta estuvo de acuerdo en que se mantenga en la Constitución la exclusividad de la nación sobre la energía eléctrica. De esas mismas cien, diez personas señalaron la opción "no" y cinco la "no sé". Este dato señala claramente la voluntad popular de mantener el texto constitucional actual en materia eléctrica.

Las dos preguntas finales se refieren al libre comercio, en primer término al que ya hemos padecido, así como el que está avizorándose.

En el primer caso, un 80 por ciento dijo estar de acuerdo en que se suspenda temporalmente el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que se reactive el campo mexicano con urgentes apoyos y medidas de protección. Un once por ciento contestó no estar de acuerdo y un nueve por ciento no tuvo opinión al respecto. Resulta evidente la preocupación por los efectos nocivos que ha tenido el libre comercio en un área tan sensible como el campo, al que además de la crisis crónica que padece habría que añadirle los estragos provocados por políticas de competencia desleal y desequilibrada que han gozado de la omisión y a veces de la protección indebida de las autoridades mexicanas.

Finalmente, un 62% estuvo de acuerdo en que el gobierno mexicano se retire de las negociaciones del Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA); aquí el "no" subió hasta el 22% mientras que el "no sé" alcanzó un 16%. Vale la pena detenerse en este caso: la proporción correspondiente al "sí" sigue siendo muy alta, pues representa a dos terceras partes de quienes respondieron esta pregunta. Ciertamente el "no" alcanza un poco más de una quinta parte; sin embargo, en esta ocasión destaca el 16 por ciento que manifestó no saber al respecto. La reflexión, entonces, se centra en que se están llevando a cabo negociaciones que no son públicas, en torno de las cuales un segmento de la ciudadanía no tiene información para formarse un juicio al respecto. Esto es lo más grave: tomar decisiones trascendentales aprovechando y a veces auspiciando la ignorancia de la ciudadanía.

En general la gente en México quiere opinar y que su opinión cuente, quiere paz con justicia y que se respete la soberanía de la nación. Quiere un cambio en la política económica que atienda primero la educación, la salud, la cultura, las pensiones, la vivienda, el salario y el empleo, se reconozcan los derechos básicos de los pueblos indios, se defienda la propiedad de la nación, se salve al campo mexicano y que la soberanía no se negocie.

* Coordinador de Proyectos Especiales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

** Asesores en el área de Proyectos Especiales del CEN del Partido de la Revolución Democrática.