La construcción de una reforma electoral, mínima pero crucial

Ricardo A. Álvarez Arredondo*

Existe entre los partidos políticos plena conciencia de la necesidad de dar los pasos pendientes en materia electoral, empezando por atender los reclamos ciudadanos contra el despilfarro, la corrupción y la falta de transparencia en el manejo del dinero en la política.

En las campañas políticas del 2003 quedó de manifiesto el despilfarro y la voracidad de muchos políticos de ganar "a toda costa" y de hacer de la contienda política una contienda del dinero.

Cito una parte de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales recientemente presentada por el PRD, PRI y Convergencia en donde se describe con precisión la circunstancia actual: "En el procesoelectoral se pudo observar que, por la vía de las precampañas, se hicieron gastos enormes que condicionaron todo el proceso y expusieron la autonomía de las decisiones políticas. Que los procesos de selección de candidatos se prestaron a la utilización de métodos arcaicos y resultaron a tal punto inequitativos y onerosos que debilitaron a los partidos al momento de la competencia electoral. Que el dinero se volvió un factor determinante de los resultados. Que la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial y a la presencia obligada en los medios electrónicos, dejando de lado el debate y el reconocimiento de los posicionamientos políticos de los candidatos. Que como ha quedado establecido con posteridad, en lo que toca al financiamiento de las campañas, fuera de lo que establece la ley, se utilizaron recursos públicos y fondos privados prohibidos por la ley(…) En amplios sectores de la opinión política más informada quedó establecida la idea de que, a cambio de financiamiento, diversos intereses económicos nacionales y del exterior ataron la capacidad de decisión autónoma del gobierno a las aportaciones y contribuciones que hicieron para la campaña."

Recordemos que recientemente el Instituto Federal Electoral (IFE) aplicó multas millonarias a casi todos los partidos políticos por haber excedido sus topes de campaña. Aunque las resoluciones han sido impugnadas por los representantes de los propios partidos, aduciendo sobre todo omisiones de tipo administrativo por parte de la autoridad electoral, las sanciones no se han revocado y destacan por su millonario monto. La multa para el PRI fue 78 millones 876 mil pesos; para el PRD fue de 54 millones 766 mil pesos; para Convergencia de 18 millones 83 mil pesos; para el PVEM de 15 millones 576 mil pesos; para el PT de 7 millones 766 mil pesos y para el PAN de 3 millones 164 mil pesos.

Hoy es urgente reducir el costo de la política y recuperar la dignidad y el significado de las instituciones del Estado. Tenemos alternancia en el poder, falta construir una democracia plena, perfeccionar la democracia electoral y construir la democracia política y la democracia social sin demora. También debemos construir ciudadanía, no desde los partidos políticos ni desde la óptica del poder, sino desde la sociedad, desde la familia, debemos asumirnos como ciudadanos a carta cabal, conocer y reconocer nuestros derechos, cumplir con nuestras obligaciones, exigir el buen desempeño de las instituciones del Estado y de las entidades de interés público como son los partidos políticos. Desterrar la corrupción desde nuestra esfera individual, familiar y social.

Debate y propuesta actual

Actualmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se discute un proyecto de dictamen para la reforma electoral, basado en las iniciativas de los partidos políticos PRD, PRI y Convergencia y del Ejecutivo Federal. En el análisis de ambas se observa que lejos de ser contradictorias, son más bien complementarias.

No se trata de ninguna reforma definitiva como decía el expresidente, sino más bien de una reforma mínima pero crucial para la viabilidad democrática del país. Ambas iniciativas plantean reducir el costo de la política, compactar los tiempos de duración de las campañas, transparentar y fiscalizar aún más los gastos de las campañas electorales constitucionales, definir las precampañas internas y normar y limitar los gastos en las mismas.

La iniciativa del grupo plural de partidos, es explícita en conferirle mayores facultades al Instituto Federal Electoral en fiscalización. Para tales efectos se plantea facultar al IFE para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus dependencias, la información o documentación que estime pertinentes, inclusive a autoridades de procuración de justicia sobre averiguaciones previas, de igual forma el que pueda requerir a la misma Secretaría o bien a los órganos auditores de los congresos o las contralorías adscritas al poder ejecutivo federal o local, la práctica de auditorías a cualquier persona física o moral, en relación con sus actividades con los partidos y agrupaciones políticas nacionales. También se plantea facultar al IFE para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información referente a las operaciones bancarias y financieras de los partidos, las agrupaciones políticas nacionales y personas relacionadas con su  financiamiento.

También es una posición de los tres partidos, PRD, PRI y Convergencia dotar al IFE de la atribución para la contratación exclusiva de los tiempos en radio y televisión para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos.

En estos días la negociación al interior de la Cámara de Diputados se lleva a cabo en un grupo colegiado y plural en donde participan los diputados presidentes de las cuatro comisiones a los que han sido turnadas estas iniciativas, apoyados de un grupo técnico de asesores de cada partido. En estos trabajos participan los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Participación Ciudadana, y de la Comisión Especial de la Reforma del Estado. También han participado algunos coordinadores parlamentarios y otros diputados y diputadas integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y de las comisiones que se han señalado.

Existe la convicción de lograr acuerdos y por supuesto que no será fácil. Por ello, se ha previsto que en los temas en donde existan resistencias importantes no se insistirá mucho. Por ejemplo en el tema de compactar y unificar el calendario electoral para que todos los procesos electorales del país sean en el mismo mes de cada año, pensando que en un futuro esta concurrencia de los calendarios evolucione hasta que todos los procesos electorales puedan efectuarse en el mismo mes y año, posición que en un primer momento fue presentada en la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el grupo plural, pero ha sido evidente el desacuerdo que existe al respecto en las diferentes bancadas parlamentarias. Esa proposición no estaba incluida en la propuesta del Ejecutivo y es evidente que no transitará en esta coyuntura, además de que se trata de una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada, hoy por hoy inexistente —en torno a esa propuesta— en el Congreso de la Unión.

Otro tema que ha encontrado resistencia por parte de alguna de las fuerzas políticas, cuya mención es innecesaria para no lastimar el proceso de negociación en curso en estos días, es el relativo a que el IFE pudiera intervenir, a petición de parte, en los procesos internos de selección de sus candidatos, aunque me atrevo a decir que al parecer no es insalvable del todo.

Pero hay temas que hasta el momento no han sido acordados, pero tampoco objetados y vamos a insistir fuertemente en ellos, como el de proteger los derechos de los militantes, fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión, el de la utilización de los tiempos oficiales que le corresponden al Estado y en horarios de gran audiencia por parte de los partidos políticos y de manera proporcional para el desarrollo de sus campañas políticas y el de la introducción del principio de género para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Debemos estar optimistas de que, pese al encono que hay en el clima político del país, en la actualidad hay consensos importantes para reducir el costo a la política, otorgando menos dinero a los partidos y fiscalizando más eficazmente su gasto.

Acotar el dinero privado en las campañas no será fácil pero estoy cierto de que se va a lograr este objetivo, al igual que la reducción de los tiempos de campaña que serán para las campañas presidenciales de 5 ó 6 meses, para las senatoriales de 3 ó 4 meses, y para las de diputados serán de 2 ó 3 meses.

También se trata de reducir prácticamente a la mitad el gasto de los partidos políticos, sobre todo en años no electorales, y reducir a la mitad el gasto de las elecciones intermedias para legisladores federales con respecto al gasto autorizado para las elecciones presidenciales.

También se propone cuidar el patrimonio público de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas nacionales, instituciones que deben de tener un inventario preciso de sus bienes muebles e inmuebles y en caso de que los partidos perdieran su registro, todos esos bienes pasarían a formar parte de los bienes del Estado.

Hay ya un consenso importante para que el Instituto Federal Electoral le brinde prioridad a la difusión de programas relativos a la educación cívica, tarea prioritaria que la Constitución le asigna en forma integral y directa a la autoridad comicial, que representa la oportunidad para cultivar la ciudadanía en todas y todos los mexicanos.

Es importante aclarar que aunque el tema del voto de los mexicanos en el extranjero es muy importante para el PRD, y los trabajos en las dos cámaras del Congreso de la Unión, van muy adelantados y pronto tendremos resultados y un dictamen para lograr estas reformas legales, esta negociación es independiente respecto de la reforma electoral que he comentado en el presente artículo. Se ha tratado de confundir a la opinión pública sugiriendo que ambos temas van en un solo paquete, lo que resultaría sumamente complejo, se trata de filtraciones y de voces que han querido obstaculizar los acuerdos en torno a la reforma electoral.

Consideraciones Finales

Después de enumerar estos antecedentes y ante la realidad política del país, sabemos que la democracia electoral todavía es imperfecta, aunque el avance ha sido sustantivo, pero el gran riesgo es que el ciudadano común no percibe una mejora sustancial en sus condiciones de vida en los regímenes democráticos tal y como lo demuestra el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dado a conocer recientemente en Lima, Perú. En el estudio citado se establece que en América Latina un 57% de los 19 mil entrevistados preferiría un régimen autoritario "pero eficaz" para atajar problemas como la inseguridad, la pobreza y el desempleo que el sistema democrático que hoy tenemos en la región. El estudio también establece que en ninguna parte del mundo se conjuga como aquí el triángulo de democracia: desigualdad y pobreza –no exento de corrupción, agrego. Finalmente, comento que el subtítulo de este informe es estimulante: "Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas", porque pone la mira en lo que he reiterado en el presente artículo una y otra vez: es necesaria la construcción de la ciudadanía.

La ciudadanía en nuestro país está verdaderamente molesta y decepcionada por el alto costo de la democracia y por sus escasos resultados a la luz de la percepción popular. La cultura antidemocrática ha prevalecido a lo largo de la historia de México y no la hemos podido desterrar, y la clase política no ha asumido el establecimiento de una cultura democrática como reto fundamental. La pluralidad ha sido un elemento para la democracia, en particular para los controles y la fiscalización entre las diversas fuerzas políticas y sus roles en congresos y gobiernos en todos los niveles. Sin embargo, no hemos podido aprender a pactar y hacer acuerdos de cara a la sociedad, y menos aún acuerdos de largo aliento. El pluralismo ha sido más signo de inmovilismo que de avance. Esto nos coloca en un riesgo de proporciones que quizás hoy no hayamos querido todavía asumir con responsabilidad.

La alternancia en el poder no ha significado el equilibrio de poderes, como una proposición democrática, sino más bien ha encarnado en el reparto del poder con una visión excluyente y renuente de escuchar, acordar y aprender del "otro". Insisto: el pluralismo que en la teoría es un elemento esencial de la democracia, no ha podido arraigar en México como tal. Ha detonado mayor competencia política y mayores controles entre los poderes, pero no ha sido utilizado como una herramienta fundamental para construir consensos y tejer coaliciones muy amplias que pudieran sostener y refrendar las políticas de Estado con una visión estratégica sobre los grandes retos del país para el presente siglo.

Debemos de constreñir los tiempos de la confrontación electoral a los tiempos de campaña y ampliar los tiempos de construcción de acuerdos incluyentes.

No nos hemos atrevido, más que tímidamente, a decir en qué estamos todos de acuerdo. He aquí una nueva oportunidad, atrevámonos a decir, "estamos de acuerdo en perfeccionar nuestra democracia electoral, y vivir plenamente una democracia política que facilite alcanzar los acuerdos para acceder a una democracia social y equitativa".

Elaboremos políticas de Estado y dejemos atrás el estilo "del vencedor" para que forme parte del baúl de la historia de una buena vez.

Hoy se requiere una sociedad política que concentre su accionar en las propuestas, en los consensos, en la visión de Estado, en la misión educativa y en la generación de una cultura democrática; en síntesis, en la consolidación de un Estado de Derecho sustentado en una ciudadanía en pleno uso y conocimiento de sus facultades.

El regreso al autoritarismo pasa por la renuncia a la ciudadanía, pero no olvidemos que como mexicanos tenemos en nuestra experiencia histórica más identificación con actitudes de súbditos que con las de ciudadanos y ciudadanas. Nos ha gustado siempre más el ceremonial y el rito, y los salvadores de la patria, los santones y los altares, que el ejercicio de la reflexión y del conocimiento que nos esclarezcan las verdades aunque sean abrumadoras.

* Secretario Parlamentario del PRD en la H. Cámara de Diputados.