Derechos ambientales para el público

Octavio Klimek Alcaraz*

Para poder desarrollar políticas públicas exitosas, no solo ambientales, con el necesario respaldo social, los gobiernos necesitan una participación pública activa. La política ambiental, con carácter de sustentabilidad, exige un apoyo político de la sociedad, que le permita ser creíble, constante y con visión de largo plazo. Necesita también, que la sociedad actúe como vigilante de la aplicación eficaz de las políticas ambientales. Para ello, se requiere una actuación pública basada en los derechos ciudadanos. En México, los tres órdenes de gobierno deben reconocer su obligación de promover el acceso justo y equitativo a y a la defensa de los derechos ciudadanos para toda la ciudadanía. El obtener estos derechos otorgará a los actores sociales el poder de interactuar con credibilidad y seriedad. La experiencia cotidiana, es que cuando la información y la participación se restringen crecen los gobiernos autoritarios, burocráticos o de élite, donde unos pocos poderosos deciden políticas que sólo reflejan sus propios intereses. Así, estas decisiones se sesgan a favor de mantener el secreto, o manipular la búsqueda de la verdad, particularmente cuando las ganancias económicas y de poder político son altas.

Por ello, para fortalecer los derechos ciudadanos y mejorar la participación pública se han generado instrumentos con el principio 1 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y el principio 10 de la Declaración de Río. Existe, sin embargo, un instrumento que en Europa y Asia Central esta impulsando acciones concretas. Es el llamado Convenio de Aarhus, que tiene el propósito de abrir los gobiernos a la sociedad en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. El Convenio busca hacer más transparente y responsable los procesos de toma de decisiones ambientales. Su título completo es el Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente. Este Convenio fue firmado en Junio de 1998, en el transcurso de la Conferencia Ministerial celebrada en Aarhus, Dinamarca, por treinta y cinco países Europeos y de Asia Central, el 31 de Octubre del 2001, tres años después, entró en vigor.

El Convenio reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud y bienestar de todas las personas de la presente generación y de las venideras. Para contribuir a proteger este derecho, aborda tres temas: el derecho de un ciudadano a la información ambiental, su derecho a participar en la toma de decisiones y su derecho a la justicia.

En el Convenio los países se comprometen a hacer disponibles al público los archivos de los gobiernos que contengan información relacionada con el medio ambiente, sin requerirse un interés específico y un trámite formal, sin discriminar con respecto a la ciudadanía, nacionalidad o residencia. Se garantiza, que los ciudadanos que ejerzan este derecho no pueden ser penalizados, perseguidos o molestados. Asimismo las autoridades están obligadas a recopilar información sobre el medio ambiente y difundirla públicamente; dar a conocer al público qué tipo de información sobre el medio ambiente poseen; promover una mayor conciencia publica sobre cuestiones ambientales, divulgando asimismo como proceder para tener acceso a la información, como participar en la toma de decisiones sobre el ambiente y como recurrir a la justicia en cuestiones ambientales.

Con relación al derecho a la participación pública en la toma de decisiones, el Convenio busca establecer cauces de participación de la sociedad en la toma de decisiones administrativas, y asegurar que los procesos de decisión sean transparentes. La palabra democracia no solo debe significar elecciones cada tres y seis años. Significa también, que los ciudadanos pueden participar en todos los aspectos de la toma de decisiones y que los interesados propongan alternativas a las actividades propuestas; que las autoridades consulten a la sociedad sus propuestas sobre determinadas actividades, planes y programas, e incluso sobre políticas y propuestas de legislación. A esto se le llama "participación pública" o "democracia participativa". El Convenio establece procedimientos claros de participación del público interesado en la toma de decisiones sobre la concesión de permisos para determinadas actividades. Se considera en el Convenio, que los resultados de la participación pública sean respetados en todo lo posible.

La idea de informar al público desde el primer momento de un proceso para impulsar una actividad, es que este puede ayudar a la autoridad y a sus promotores a prevenir errores que dañen al medio ambiente. Una información oportuna puede hacer que la sociedad tenga tiempo suficiente para prepararse, y pueda participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones. El público interesado debe ser informado sobre aquellas propuestas de actividades con posibles repercusiones sobre el ambiente a través de los medios de comunicación, o individualmente, al inicio del proceso de toma de decisión. El Convenio, en su anexo I, presenta las distintas actividades que están sujetas a las obligaciones derivadas del mismo. Se incluyen actividades relacionadas con el sector de la energía, industria, gestión de residuos, obras hidráulicas, comunicaciones, entre otras actividades. El Convenio obliga a que se facilite a la sociedad participar en la preparación de planes, programas y políticas ambientales. Se busca dar al público la oportunidad de formular observaciones, ya sea directamente, o por medio de órganos consultivos representativos.

El tercer tema del Convenio de Aarhus, el derecho a la justicia, busca permitir que todo ciudadano pueda llevar a una autoridad o a una empresa a los tribunales de justicia o ante otros órganos independientes por incumplimiento de sus obligaciones ambientales. La sociedad puede hacer valer sus derechos en materia ambiental y poder reclamar ante cualquier violación de sus derechos ambientales. Los procedimientos deben ser expeditos, gratuitos o al menos de un precio razonable. No es necesario que una persona tenga un interés especial o se considere perjudicada, pues el Convenio sustituye el antiguo concepto de parte interesada por el de "interés suficiente". Adicionalmente, el Convenio avala el derecho a la justicia en las tribunales de otros países, cuando se trate de daños transfronterizos. Se espera, que la vulnerabilidad a las demandas legales y la amenaza de prisión y multas elevadas sirvan para impedir transgresiones de la legislación en el ámbito ambiental.

Finalizo, considerando que como apoyo a las políticas ambientales de sustentabilidad, se debe de impulsar un trabajo público activo basado en los derechos democráticos de la sociedad. Por ello, es importante impulsar, globalizar, la Convención de Aarhus de Europa hacia otros continentes, en especial a países como México.

Informe GEO 2003 América Latina y el Caribe

El pasado 3 de marzo del presente año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC) presentó en la ciudad de México, el llamado Informe GEO América Latina y el Caribe, Perspectivas del Medio Ambiente 2003 (www.pnuma.org).

GEO es el acrónimo del proyecto "Global Environment Outlook", que se ha traducido por "Perspectivas del Medio Ambiente Mundial". El proyecto GEO busca proporcionar una síntesis mundial y regional de las preocupaciones, las tendencias y las políticas ambientales existentes. Se han publicado informes ambientales globales (GEO 1997, GEO 2000 y GEO 2003), informes a nivel regional —como este (GEO ALC 2000 y 2003)— entre otros.

Para GEO, se utiliza la llamada metodología de evaluación ambiental integral del PNUMA. Con ella, se busca dar respuesta a cuatro preguntas de gestión básica: ¿qué le está pasando al ambiente? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué se está haciendo al respecto? y ¿Qué sucederá si no se toman las medidas adecuadas?

La elaboración del citado Informe GEO – ALC 2003, como se utiliza la abreviatura en todo el texto, es la creación colectiva de un centenar de expertos, miembros de organizaciones no gubernamentales y representantes de los gobiernos y otros organismos regionales relacionados con el ambiente en América Latina y el Caribe. Los autores consideran que el Informe puede ser un instrumento muy útil para el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (septiembre del 2002), y en particular de los objetivos de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), incluida en el plan de implementación aprobado en la Cumbre.

El Dr. Klaus Toepfer, Director Ejecutivo del PNUMA, en el Prólogo del Informe GEO – ALC 2003, señala con claridad los resultados, lo cito: "Esta última evaluación nos habla de que, en contraste con la escena política mundial, las tendencias ambientales en la región han cambiado poco desde el año 2000. Los abundantes recursos naturales de América Latina y el Caribe, especialmente sus bosques, continúan degradándose a un ritmo alarmante.

Al mismo tiempo, los problemas ambientales de las ciudades, donde habitan tres cuartas partes de la población, siguen causando consecuencias a la salud de sus habitantes. Las políticas regionales han tenido un éxito moderado, incluyendo aquellas que enfrentan la contaminación en las ciudades. Sin embargo, el ambiente no está todavía completamente integrado en la toma de decisiones económicas. De hecho, de los tres pilares del desarrollo sostenible, el económico es el que sigue impulsando el proceso de desarrollo. Los temas sociales, como la pobreza y la desigualdad, y los problemas ambientales, como la pérdida de biodiversidad y la contaminación, han sido relegados a un segundo plano".

La estructura del Informe GEO – ALC 2003 se divide en cinco capítulos principales, un anexo estadístico, todo esto acompañado de un abundante número de cuadros e ilustraciones. El contenido Informe se referencia a continuación en forma breve.

El primer capítulo se denomina "De Estocolmo a Johannesburgo: Medio ambiente y desarrollo en América Latina y el Caribe". El capítulo describe en un esfuerzo de síntesis, el devenir y contexto histórico de la trama y debate ambiental en la región desde la Conferencia de Estocolmo 1972 hasta la Cumbre de Johannesburgo en el 2002.

En el segundo capítulo, que se titula "Estado del medio ambiente", se hace un amplio análisis y estudio de la información referente a los principales temas de la región: tendencias socioeconómicas, tierra, bosques, biodiversidad, agua dulce, áreas costeras y marinas, atmósfera, áreas urbanas, desastres, medio ambiente y salud humana. Este capítulo, es indudablemente el más amplio e interesante para el buscador de información ambiental actualizada.

El tercer capítulo llamado "Respuestas de política a los problemas ambientales", pretende integrar y sistematizar los aspectos de legislación, planeación y políticas ambientales implementadas en la región, en especial su impacto; la evolución de los acuerdos multilaterales ambientales e instrumentos no vinculantes; los instrumentos económicos, fuentes y mecanismos de financiamiento para la acción ambiental. No deja de mencionar brevemente los temas de la participación pública, la información y educación ambiental.

A continuación, en el cuarto capítulo intitulado "Escenarios del desarrollo regional" se identifican tres escenarios posibles: el escenario "pesimista" de mercado no regulado (el actual), que identifica los aspectos claves de ambiente y desarrollo más sensibles en el presente; el escenario "potencial" de reformas basado en políticas públicas (mercado regulado); y el escenario "deseable" de grandes transiciones posibles en la región (sostenibilidad). Este ultimo escenario, identifica "que los resultados más promisorios en materia económica, política, social y ambiental estarían asociados a la adopción de políticas integrales de desarrollo sostenible, que involucren, de forma equitativa y con una perspectiva de largo plazo, a los diferentes actores sociales."

En el quinto y ultimo capítulo "Opciones para la acción", se presentan las conclusiones y recomendaciones del grupo de especialistas participantes. Conforme a los autores se trata de "propiciar que el lector se sume a este llamado que busca constituir un frente contra el deterioro ambiental y convertirlo en un agente activo en beneficio del desarrollo sostenible".

De todo lo anterior, se concluye y se da la razón a todos aquellos que señalan como única alternativa de desarrollo sostenido a las políticas de la izquierda verde. Es decir, se necesita con urgencia impulsar nuestro propio modelo de sostenibilidad diferente al de mercado libre de los países desarrollados o que pretenden serlo como México.

* Aesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.