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La reforma del Estado y la vida cotidiana del ciudadano Manuel González Navarro* Introducción Los acontecimientos sociales crean un impacto en la conciencia colectiva del ciudadano. Tal es el caso de los diversos sucesos que ha vivido México en los últimos años; qué decir de los exhibidos durante 1994 o las derivaciones de la elección del año 2000. Asuntos que dejan huella profunda y que caracterizan a generaciones enteras a partir de peculiaridades en su comportamiento. Al mismo tiempo, esas situaciones diseñan el rasgo distintivo de los actores políticos, sobre todo a partir de aquellas coyunturas de cambio que son asumidas como síntesis de una era o que presagian el inicio de otra. La reforma del Estado es un proceso político y social, pero también cultural, que busca suceder a una larga época de dominación y centralismo autoritario. Se trata de transformar a las instituciones y la normatividad aplicable a relaciones sociales específicas. Como acuerdo entre distintas fuerzas sociales, la reforma apunta interrogantes ineludibles, tanto por su naturaleza social como por su temporalidad. Un aspecto relevante de la dinámica que antecede a dicho acuerdo es la aceptación de la pluralidad extendida a todos los órdenes de la vida social; asimismo, la aceptación de la reconstrucción de las identidades sociales y políticas, que actúan como aparatos de organización y pertenencia y que permiten al ciudadano asumir una posición respecto de otras fuerzas representativas. De esta manera, la vida política adquiere su fisonomía cuando vislumbra los diversos móviles de participación ciudadana a través de distintas singularidades. Aunque la reforma del Estado está depositada en los espacios formales de la política, la ciudadanía contribuye desde la naturalidad de sus acciones en la vida cotidiana; éstas son muy diversas, pero todas concurren en la valoración de la política como el centro organizador de la vida social, aun cuando sean muy críticas o agnósticas. En la cotidianidad la ciudadanía se percata de las fuerzas del mercado cuando es emplazada a asumir varios dilemas; uno de ellos es el despliegue de críticas a las acciones del Estado y de la autoridad política. Para esto, especula sobre la eficiencia como el procedimiento para el cambio, pero objeta que la dinámica humana sea sólo un cándido intercambio de bienes y servicios. Su búsqueda y las relaciones cotidianas que asume le demandan un sentido inconfundible en la vida social con un significado distintivo en su inserción en los grupos sociales, en el de su nación y en el de su cultura. La reflexión que presentamos examina algunas prácticas, directas e indirectas, que el ciudadano realiza de cara a lo que significa la reforma del Estado y las relaciones que establece con la política. Las exigencias son diversas y se encuentran tanto en lo individual como en lo colectivo; igualmente en los heterogéneos ámbitos en que se manifiesta la dinámica ciudadana, dada la pluralidad de la que somos signo en esta época. La conciencia de la sociedad El asomo de nuevas expectativas sociales es un balance que la ciudadanía elabora con los distintos tiempos. Un encuentro entre el pasado y el futuro. Un momento donde la sociedad se detiene a reflexionar y lo efectúa con sus recuerdos, con sus anhelos, con sus memorias. Lo obtiene por la presencia de las diversas generaciones, así como por las evidentes demandas sociales no resueltas. Pero no obstante que la generación esté presente de manera real, lo hace simbólicamente a través de las evocaciones y reminiscencias que los discursos, las conversaciones y las referencias poseen en la vida social. Los inicios del siglo XXI y del tercer milenio, que de manera simultánea presenciamos en todo el mundo, no eliminaron la herencia de los acontecimientos vividos durante los siglos pasados. Por el contrario, la apertura de esta nueva etapa numeral, posee aromas a reflexión, ajuste, innovación, esperanza y alternativa. Ventean las fragancias de un cambio que permita certidumbre y seguridad a grupos e individuos. Admito la idea de que pertenecemos a una generación milenarista que se arroga una misión: la de auspiciar un cambio con un compromiso más humano. Afirmamos, en consecuencia, que la reflexión sobre las transformaciones sociales que asume la sociedad radica más que en la normatividad institucional, el ahorro de recursos, la eficiencia y la racionalidad económica, en la capacidad para construir los "ideales realistas" que se requieren para motivar la participación ciudadana. El que proporciona un principio común fundamental, el de la posibilidad de construir algo diferente a lo que hemos tenido y a lo que tenemos en el presente. Un cambio que adquiera una razón del ser social y que promueva valores humanos y procedimientos adecuados, que se asiente en una base de innovación en cuanto a las formas de comunicación y organización social; que considere que se reclama innovar sin anular tradiciones y costumbres, sino en el sentido renovar las relaciones sociales y los valores comunes; que recupere la credibilidad y confianza respecto de las autoridades políticas y el ánimo ciudadano sobre la vida política. En la vida ordinaria, la población se plantea que algo se tiene que hacer, que algo se tendrá que implementar; que la resistencia ante las enormes dificultades sólo produce el crecimiento de los valores individuales, conservadores y mercantiles; que es necesario edificar una alternativa colectiva ante las dificultades que se vislumbran para el futuro inmediato. Lo que avizora un esfuerzo enorme para la población antes que los conflictos y tensiones crezcan colosalmente. En contraparte, lo que también se vislumbra es un enorme miedo, desconfianza de todos los grupos y la esperanza de que llegue alguien con capacidad de resolución y liderazgo. Extender el pensamiento y deseo providencialista, el cual siempre está al acecho en las épocas de crisis. La población no identifica con claridad el ofrecimiento formal de la reforma del Estado, aunque reconoce gran parte de las dificultades sociales que se presentan y algunas otras que se tendrán pronto en la sociedad. Se asume entonces la idea de que la población se somete a una forma particular de resolución de los problemas sociales por parte de la autoridad cuando ésta no afecta sus tiempos, actividades y espacios personales. Pero observa, está consciente de que muchos problemas son potenciales, que se asientan en el conjunto total y que algunos podrán llegar tarde o temprano. En la vida privada, sólo espera que no la alcancen y realiza el menor esfuerzo para resolverlos. Sin embargo, está preparada, de algún modo, para afrontar las actividades que las circunstancias le determinen. Un ejemplo de lo anterior se aprecia con los actos de criticar, manifestar, protestar, reclamar ante los problemas que le aquejan. La población busca organizarse para salir a la calle, tomar una avenida, mostrarse ante los medios de comunicación y crear opinión pública sobre un problema laboral, gremial, de derechos humanos y hasta los personales. La ciudadanía ha concebido que si su problema no se hace público, si no pasa del ámbito privado al público, difícilmente se podrá contar con el apoyo necesario para resolver un problema común. Hace apenas una década, esa misma gente criticaba las marchas y las manifestaciones en las calles de la ciudad. Lo hacía respecto de los problemas de tránsito y contaminación, así como del abuso de la libertad de expresión. Sin embargo, la misma ciudadanía entendió que, dadas las nuevas situaciones sociales, cualquier persona puede estar en las mismas condiciones. En la vida cotidiana las marchas le siguen afectando y las puede seguir criticando en su espacio público, pero en su fase privada aprueba algunas. Así, la ciudadanía se define con un carácter participativo, dado que está convirtiendo sus juicios privados en públicos, lo que le otorga un carácter político a sus planteamientos. En el transcurso de la vida cotidiana se observa la formación de una conciencia colectiva incipiente, que emerge como participación ciudadana cuando los derechos sociales se restringen y se requiere la mediación de autoridades responsables. Esta forma de conocimiento colectivo sobre los asuntos públicos ha provenido de diversas fuentes, unas directas y otras de referencia, pero sobre todo de la imitación de muchos grupos sociales que han ejercido su derecho a expresar sus puntos de vista y sus demandas sociales. Pero el aspecto distintivo que marca la pauta de la participación, radica en que hace público lo que se había prohibido decir o expresar y que se había mantenido en privado. Este salto cualitativo es el que importa subrayar y es el que distingue el tiempo que vivimos. Evolución de las instituciones La reforma del Estado es un proyecto para los espacios formales de representación política. Su objeto es la transformación legal de las instituciones y la formalización de una nueva reglamentación. No obstante, es un asunto que está más allá de la dinámica de los partidos políticos. Tampoco se reduce a un ámbito estrictamente electoral. Esta reorganización es consustancial a las relaciones sociales y políticas, las cuales están sustentadas en los estándares culturales. De esta manera, las modificaciones que se acuerden tienen implicaciones profundas en el pensamiento social, en la psicología de las colectividades y en la moral del ciudadano. La dinámica que conduce a la reforma del Estado puede tener como antecedentes y consecuencias diversas reformas políticas —como el cambio en el régimen de gobierno del Distrito Federal— o diferentes reformas electorales que permiten la asignación de derechos civiles a sectores de la población; pero éstas deben reforzar y demarcar sus acciones estratégicas hacia la reorganización de las formas de convivencia. Las instituciones del Estado son reflejo de la dinámica de la población en un contexto determinado. Su funcionamiento está motivado por usos y costumbres y por las expectativas fundamentales del proyecto político del cual emergieron. Pero las creencias en las que se sustentan son la plataforma desde la cual se edifican; éstas constituyen su verdadero cimiento. Pero las creencias pueden estar impregnadas de un espíritu conservador o proyectarse de un modo revolucionario. Es la dinámica de la vida cotidiana la que muestra algunos de sus rasgos a través de lo que entendemos por cultura política, la cual no se reduce al estudio del voto, ni de las preferencias electorales. Sin embargo el ánimo de renovación de las instituciones no puede darse si no existe cierto fastidio, crítica y la necesidad imperiosa de renovación. La nueva normatividad debe atender el sentido de evolución de lo que se desea realizar como Estado. Los cambios formales pueden arraigar si el discurso es análogo a los hábitos, sentimientos, ilusiones, moral y valores que se requieren. En la reforma del Estado no todo es ni puede ser publicidad. Por lo anterior formulamos que la imposición de una nueva norma, por más perfecta que pueda parecer, no alcanzará a lograr un acuerdo entre los distintos grupos y sectores de la población si antes no ha sacudido la moral y los valores que sostienen a la que pretenden sustituir y agruparse a una imagen global diferente. En el fondo, la inquietud que la sociedad exterioriza muestra las formas profundas del pensamiento social, las ilusiones y los deseos de la población por el cambio; en una palabra: en las creencias de la sociedad y lo que con ellas está dispuesta a realizar. Así que no es suficiente con modificar las reglas presentes; es requisito modificar las creencias de manera colectiva para que se pueda funcionar de modo diferente. De otra forma se permanecerá igual, aunque con apariencia distinta. Esto es sólo un cambio de piel. La decisión de fundar un Congreso Constituyente para redactar una Carta Magna puede parecer un requisito indispensable y central; sin embargo, esto no será viable si la población no participa y demanda que esto sea necesario. La población requiere percibir la problemática, evaluar y aceptar que esto es necesario y autorizar que su opinión es imperiosa. De otra manera estaríamos refundando un Estado autoritario y centralista, dejando fuera a la población y con ello la funcionalidad de las nuevas instituciones. Pluralidad como soporte de la reforma La pluralidad reconoce diversas identidades sociales y políticas, y una dinámica de elevada discrepancia; pero al mismo tiempo diversos caminos y puentes para la negociación. Este es el signo de los tiempos que vivimos. Así que cualquier cambio que se emprenda perfila esfuerzos importantes en las partes y en las instituciones. Reclama tiempo y dedicación, pero requiere de una estrategia fundamental de convivencia; la organización social centrada en la búsqueda y construcción de acuerdos entre los diferentes. Las discrepancias que produce la pluralidad por las formas de ser y pensar requieren condiciones originales para el diálogo y la expresión. Los intercambios que están obligados a sostener los diversos actores y fuerzas sociales sobre las problemáticas están asentados en los sentidos y significados que cada grupo asigna a los objetos importantes y a la forma de resolver esas problemáticas. La importancia del diálogo apunta hacia la formación del consenso, lo mismo que las formas de expresión que se dirigen hacia el reconocimiento de la cosmovisión que se ha producido a lo largo de los tiempos en cada uno de los actores partícipes. La negociación señala los nudos del conflicto y los aspectos en los que se tiene que ceder recíprocamente. La búsqueda de una nueva identidad colectiva superior es el objeto que se persigue por todas las partes y éste debe plantearse explícitamente como estrategia de la reforma del Estado. Emprender este proyecto con una visión de normar los diversos patrones culturales, no sólo sería un error estratégico, sino una determinación que lesionaría la confianza y credibilidad de los diversos grupos humanos. La astucia necesaria para este pacto social no se asienta en volver a construir una dinámica de nuevas mayorías y minorías en contienda, sino en edificar tendencias generales que admitan acuerdos de consenso, enmarcando los aspectos coincidentes que refunden la cohesión social. La gran dicotomía: Estado-mercado La reforma del Estado debe plantearse como un acontecimiento histórico que le otorgue sentido a la colectividad, no sólo en lo referente a la vida política, sino en cuanto a lo social y lo cultural. Así, el mosaico que nos otorga sentido histórico no puede desaparecer para intentar la homogeneidad que muchos pregonan para lograr eficacia. Por el contrario, se requiere dotar de un significado histórico que otorgue certidumbre y confianza en nosotros mismos. Construir un valor social que se formule en sentido evolutivo donde la diversidad humana es siempre posible. Si bien este acuerdo nacional debe concluir en una modificación constitucional, no debe regirse sólo por las leyes del mercado. El predominio cultural centrado en las urbes y la educación formal, los ritmos del mercado y la dinámica internacional confrontan un cúmulo de aspectos que sería largo enumerar. Se requiere seguir una secuencia dialéctica de los problemas estructurales como la pobreza, la justicia, la eliminación de la corrupción, el desarrollo social, etcétera; es decir, de una agenda de trabajo que sea ajustable y que dimane de las demandas sociales y no sólo de las presiones de los grupos financieros o empresariales. La agenda de la reforma del Estado debe provenir de las posiciones que tienen los grupos sociales y políticos y de la estrategia que se plantean para resolver los problemas acuciantes de la sociedad al interior de la dinámica internacional. Todo esto requiere de un tiempo político. Sin duda este será un tiempo histórico. En los momentos que vive nuestro país son los partidos políticos los que congregan la representación de las distintas demandas sociales y los que plantean su estrategia de organización social y diálogo frente al proyecto de reformas. Pero son la izquierda y la derecha, como las extremas aristas de la política y del proyecto económico, quienes deben trazar abiertamente sus propuestas. El diálogo los obliga a ello, pero es la negociación la que debe hacerlas evidentes. La izquierda política en México tiene que responder a las añejas, pero también a las recientes demandas sociales y las potenciales. Es la propia izquierda la que tiene que plantearse su quehacer histórico. No es la derecha política quien debe asignarle su papel y modo de comportamiento, aunque perciba su preeminencia por el momento histórico que vivimos. Aunque en el sentido inverso es igual. Así, los partidos reclamarán a la sociedad que coadyuve en su propia definición y ellos en la definición de su agenda de discusión. Éste debe ser el punto de encuentro entre los partidos políticos y la sociedad y éste el de comunicación política a manera de regular la oferta de cada quien. La cotidianidad del ciudadano La sociedad reclama a las autoridades información sobre los asuntos públicos. Esta actividad la realiza en el espacio de su vida cotidiana, dado que el ciudadano requiere estar al tanto sobre el uso de sus recursos, la probidad de sus autoridades, la estrategia del gasto, etc. El ciudadano pretende la información, pero no a manera de entender problemáticas imposibles de remediar, de escándalos penosos o de confusiones que lo alejen más de la política formal. Aunque la manera más fácil de enterarse de algunos asuntos es a partir de atender los escándalos. Los medios de información enteran al ciudadano, pero lo hacen desde una perspectiva mercantil, la de concebirlo como un auditorio consumidor. No lo atienden, ni están obligados a hacerlo, como ciudadano. Ésta es una responsabilidad del Estado que no debe recaer en los concesionarios. Por ello es necesario que la reforma planteada esté acompañada de una gestión de la comunicación masiva formal que reclame una reconversión cultural; ésta llevaría mucho tiempo, pero es necesario emprenderla de manera inmediata, antes de que las instituciones sean impugnadas por su obsolescencia o por el incumplimiento de sus funciones. Los partidos políticos como instituciones del Estado y las diferentes autoridades son los actores a través de los cuales se media la relación del ciudadano con la vida política. Estos representantes son observados y evaluados constantemente, mucho más de lo que algunas veces se piensa. Ésta es una forma de comunicación política que provoca opiniones y comportamientos específicos en la ciudadanía. Sin embargo, los partidos deberían procurar que la información que reciben los ciudadanos sea formal y que se muestre en la vida cotidiana de la ciudadanía. Una dinámica formal se desarrolla cuando los ciudadanos recurren a los partidos para expresar sus demandas, sus intereses o sus puntos de vista. Pero también se produce una mecánica que puede ser asumida como informal, cuando la ciudadanía expresa sus sentimientos o sus emociones a manera de desconfianza, de crítica o de baja credibilidad en los espacios privados. Ambas contribuyen a formar opinión y comportamiento político en la población. El ciudadano formula sus sentimientos sobre la política a partir de acceder o al escapar de las problemáticas públicas. Lo hace en lo individual al no consentir las distintas informaciones y refugiarse en asuntos personales. Su manera de expresar lo que siente por la política puede desenvolverse en el plano de la vida privada, a manera de distracción, de pasatiempo o de espectáculo. Pero si estas impresiones pasan al ámbito público, entonces se tornan en una actividad política en sí misma, ya que se apoyan en una justificación construida socialmente y compartida con otros. Hay entonces una génesis de politización de las opiniones, que se fundan en las ironías, las bromas y los comentarios personales que se expresan en los ámbitos privados. La mediación que establece el ciudadano a través de los diferentes actores sociales y políticos le posibilita asumir una posición, asumir una opinión sobre la forma en que deben atenderse y resolverse los asuntos comunes. Lo más relevante es que la vida cotidiana es el espacio donde el ciudadano formula sus diversas inquietudes, donde expresa sus calificativos sobre los asuntos públicos y donde ensaya la caracterización de la política y de los políticos. Esta condición le permite la aceptación o el rechazo social sin consecuencias graves, dado que puede retractarse y reordenar sus puntos de vista y sus perspectiva. Pero es ahí donde ilustra su relación con los asuntos públicos. Aceptamos que, en esta coyuntura, la reforma del Estado se encuentra varada por sus propias circunstancias, pero en la vida cotidiana naufraga de manera alarmante. El desprecio por este ámbito sería un atropello que la ciudadanía cobraría más tarde y que canalizaría por senderos no institucionales, no convencionales y, en algunos casos, no legales. Pero que podría reclamar su legitimidad. Referencias Abric, J.C. (1994). Pratiques Sociales et Représentations. Paris, PUF. Bolos, S. (coord.) (1995). Actores sociales y demandas urbanas. México UIA y Plaza y Valdés. González N. M. (1991). "El tránsito de la psicología social a la psicología política" en J. Juárez, et. al., Ensayos de psicología política en México. México, U.A.M,51-74. Lechner, N. (1986). La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Madrid, Siglo XXI. Moscovici, S. y Hewtone, M. 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* Profesor–Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa en el área de psicología social de la política. Presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, A.C. (SOMEPSO).
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