Felipe Torres Torres

Aunque es importante considerar la evolución del número de municipios que caen dentro de los diversos rangos de inseguridad alimentaria, resulta de mayor importancia el número absoluto de personas que habitan en los mismos, ya que el número de los primeros puede ser muy grande y reducido el número de habitantes. Por ejemplo, aunque en el año 2000 el 18.86% de los municipios se catalogaron como de inseguridad externa, estuvieron habitados por sólo 8.62% de la población. Además, como el número de municipios ha cambiado a lo largo de la década, al igual que el de habitantes, es necesario considerar no sólo los números absolutos, sino también los porcentajes de la población dentro de cada rango de seguridad o inseguridad alimentaria.

El análisis a lo largo de una década permite definir mejor el deterioro que arrastra la seguridad alimentaria en el país. Si bien los criterios establecidos para calcular los niveles de inseguridad observados en 1990 y 1995 consideraban una sola variable, el ingreso per cápita a escala municipal (mientras que en el año 2000 utilizamos, además de éste, factores como el volumen de la producción en relación con el tamaño de la población, la infraestructura de almacenamiento y los niveles de nutrición que garantizan un índice más completo), de cualquier forma el indicador predominante en ambos es el ingreso, de tal suerte que resulta comparable y en todo caso el segundo criterio introduce un mayor refinamiento.

Al considerar la línea de inseguridad moderada como límite único de inseguridad, encontramos que el número de municipios en tal situación pasó de 1,796 en 1990 a 1,826 en 1995 y 1,593 en el año 2000. Atendiendo al porcentaje, en 1990 representaban el 74.74% del total de los municipios del país, en 1995 el 75.21 y en el año 2000 el 65.61%, lo que nos indica un incremento del número de municipios con algún grado de inseguridad alimentaria en la primera mitad de la década y una disminución hacia el final, lo cual sugiere una mayor concentración espacial de la pobreza y la marginación, pero no en el aspecto más importante que es en el nivel social.

Al ubicar el número de habitantes en algún grado de inseguridad, encontramos que éste pasó de 27,734,745 en 1990 a 33,612,692 en 1995 y a 45,441,695 habitantes en el año 2000. A estas cifras corresponde el 34.09, 36.74 y 45.63% de la población total del país, respectivamente, lo cual indica claramente que la población nacional en inseguridad alimentaria crece en forma constante. ¿Por qué disminuye entonces el número de municipios en inseguridad, a la vez que se incrementa el número de habitantes dentro de esta situación? La respuesta se encuentra en el crecimiento desmedido de algunas cabeceras municipales de carácter urbano en donde la actividad económica crece de forma más lenta que la población, y son además una fuente permanente de atracción de migrantes a escala regional.

Así, el nivel de inseguridad extrema creció durante la década en más de seis millones de habitantes, donde destaca la presencia de dos delegaciones del Distrito Federal, 29 municipios del Estado de México, dos de Quintana Roo y 18 de Tlaxcala. Destaca igualmente el abandono de este rango de los municipios de Puebla y Veracruz, donde el ingreso presenta algunas ponderaciones porque son estados que tienen altos niveles de producción y cuentan con buena infraestructura para distribución y almacenamiento.

En el caso del Distrito Federal, aunque se trata sólo de dos delegaciones (Milpa Alta y la Magdalena Contreras), destaca el hecho de que en ellas habitan 1,586,706 personas (1.59% de la población total del país), mientras que en el Estado de México, dentro de este rango, se localizan también municipios con gran densidad de población como Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco Solidaridad. En conjunto estos cuatro municipios cuentan con 1,373,538 habitantes (1.38% del total nacional) y se ven engrosados por la inmigración de los grupos pobres de la Ciudad de México, lo cual hace disminuir su ingreso promedio y la capacidad de la producción estatal para cubrir los requerimientos de alimentos.

Para el caso de la inseguridad marcada, el número de municipios en 1995 aumenta con respecto a 1990, pasando de 688 a 706, mientras que en el año 2000 disminuyeron a 587. Este cambio obedece a que algunos municipios de este rango pasaron a engrosar el de inseguridad extrema, como en Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala, mientras que algunos otros superaron por distintas causas (envío de remesas, reactivación de la industria maquiladora) su situación y pasaron al rango inmediato superior como Puebla y Yucatán.

El número de habitantes en inseguridad marcada es donde observamos la situación más crítica, ya que pasó de 7,963,830 en 1990 a 10,411,008 en 1995 y a 17,864,091 en el año 2000, lo que muestra un claro incremento de la población dentro de este rango en el transcurso de la década anterior. Entre 1990 y 1995 se observa un ligero incremento de la población de los estados que en 1990 se mantenían en este rango, destacando la incorporación de municipios de los estados de Campeche, Chihuahua y Quintana Roo.

Para el año 2000 se registra un incremento de la población dentro de este rango en la mayoría de los estados que ya aparecían en 1995, mientras que se registra la salida de municipios de Campeche, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, obedeciendo sobre todo a la consideración del indicador de producción, ya que estos estados mantuvieron constante su producción de alimentos.

En el rango de inseguridad moderada el número de municipios disminuyó a lo largo de la década, pero éstos se movieron hacia condiciones peores. En este caso destaca el incremento de los municipios de Jalisco, Sinaloa y Tlaxcala en 1995 con respecto de 1990 y la disminución en la participación de los estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Para el año 2000 destaca el incremento en la participación de municipios de los estados de Chiapas, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

En cuanto a monto de población, pasó de 17,393,732 habitantes en 1990 a 19,903,982 en 1995 y a 18,991,912 en el año 2000, representando 21.38, 21.76 y 19.07% de la población, respectivamente; es decir, en términos porcentuales la población dentro de este rango de inseguridad se mantiene relativamente constante, pero con una muy ligera tendencia a ubicarse en rangos menores en términos proporcionales.

Respecto a los niveles de seguridad alimentaria para 1990 y 1995, encontramos un porcentaje similar del total de los municipios de la República Mexicana, alrededor de 25%, mientras que en el año 2000 se registró un aumento al situarse dentro de los rangos de seguridad más de 34%, lo cual nos indicaría en primera instancia que el nivel de seguridad alimentaria se incrementó hacia finales de la década. Sin embargo, si consideramos el porcentaje de la población en situación de seguridad alimentaria, ésta disminuyó del 65.9% en 1990 a 63.3% en 1995 y hasta 54.37% en el año 2000, lo que nos muestra un claro empeoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria junto con una compactación en el nivel territorial, debido a la expansión de población de los municipios rurales más pobres hacia los urbanos que antes tenían mejores condiciones.

De acuerdo con cada uno de los rangos, la población ubicada en el rango de seguridad tiene una mayor evolución positiva, pues ha representado el 34.95, 37.30 y 38.60% en 1990, 1995 y 2000, respectivamente. Este rango presenta gran heterogeneidad social y espacial a lo largo de la década; por ejemplo, en 1990 los únicos estados que no tenían población dentro de este rango eran Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal, que en su totalidad se encontraban en el rango de máxima seguridad. Para 1995, sólo Baja California mantuvo al total de sus municipios en el rango de máxima seguridad y en el año 2000 ningún municipio de estos estados apareció en el rango de máxima seguridad, lo cual indica, claramente, un empeoramiento relativo de sus condiciones alimentarias.

Finalmente, dentro del rango de máxima seguridad encontramos a un porcentaje relativamente bajo de la población mexicana: 30.96% en 1990, 25.96% en 1995 y 15.77% en el año 2000; el cual también disminuye e indica una permanente tendencia a la concentración de la riqueza. En 1990 y 1995 consideramos dentro de este rango a la población que podía cubrir plenamente sus necesidades alimenticias, según la capacidad de sus niveles de ingreso per capita, por lo que el nivel de máxima seguridad se refiere de manera exclusiva a la capacidad para satisfacer esa necesidad y no incluye la adquisición de satisfactores de otro tipo.

De cualquier forma, los porcentajes mencionados ilustran claramente el hecho de que cada vez resulta menor la proporción de personas que alcanzan la categoría de máxima seguridad alimentaria. En números absolutos, la población dentro de este rango pasó de 25,189,829 personas en 1990 a 23,749,285 en 1995 y a 15,702,841 en el año 2000. Cabe destacar la magnitud de la pérdida de seguridad en los estados de Baja California, Coahuila, el Distrito Federal, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. Si a ello sumamos que en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala de por sí es muy poca o nula la población que se sitúa en el rango superior, encontraremos la explicación de la disminución del porcentaje de la población dentro del mismo.

Por su parte, los estados en donde se incrementó la población dentro del rango de máxima seguridad son Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas. El aumento obedece a múltiples causas, como pueden ser un mejoramiento en la capacidad productiva de estos estados, pero también a la mejora registrada en la infraestructura de almacenamiento y comercialización, una mejor recepción de la inversión directa, o bien al suministro externo de recursos por la vía de las remesas que envían nuestros braceros.

El grueso de los habitantes de los municipios en máxima seguridad se encuentra en el estado de Jalisco, en municipios relativamente grandes como Ameca, Autlán, La Barca, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta, El Salto, San Juan de los Lagos, Tala, Tlajomulco y Zapopan. En Veracruz encontramos municipios como Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Xalapa, Orizaba, Pánuco y Veracruz. En Sonora destacan Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. En Puebla encontramos a la capital del estado, Tehuacán y Teziutlán. En Sinaloa destacan Ahome, Escuinapa, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado; en Michoacán, Morelia, La Piedad y Zacapu; en Chihuahua, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes; en Baja California Sur, Comondú, Mulegé y La Paz; en Tamaulipas, Río Bravo; en Zacatecas, Fresnillo y Jerez; en Campeche, Campeche; en Colima, Manzanillo; en Guanajuato, Guanajuato; en Nayarit, Compostela; en Querétaro, Pedro Escobedo y Tequisquiapan.

Por otra parte, podemos anotar un empeoramiento constante de los niveles de seguridad alimentaria. En 1990 aparecía poco menos del 32% de la población; en 1995 alcanzó al 35% y en el 2000 rebasó ya el 46% del nacional, sin que necesariamente mejoren los rangos altos.

Otra forma de comparar el problema de la seguridad alimentaria es mediante el análisis a nivel de región media. Durante la última década, la peor situación seguía correspondiendo a las regiones medias que históricamente han observado el peor deterioro y se mantiene sin cambios significativos en cuanto a su ubicación en los estados del país con el peor atraso.

Al revés de las unidades municipales, que tendieron a disminuir en número (particularmente en el rango de inseguridad moderada, debido al avance de la urbanización que concentró espacio, pero aumentó población en condición precaria), las regiones medias tendieron a ubicarse de manera constante en algún rango de inseguridad, junto con una polarización marcada en los rangos positivos de seguridad, que también disminuyeron.

Son diversos los factores que pueden explicar esta situación. Los más claros parecen asociarse a la permanencia de la crisis del campo, a la profundización de la crisis económica, el deterioro del ingreso y/o incremento de los niveles de pobreza que parecen evidenciarse cuando se agrupan municipios con características estructurales similares y no ocultan las "islas espaciales" típicas de los promedios.

Para el año 2000, el 58% de las regiones medias del país mostraron ya algún nivel de inseguridad alimentaria, lo cual afectaba, sólo en este rubro, a más de 46 millones de mexicanos. En situación de seguridad apenas se registraron 24 regiones y sólo podían gozar de esta condición 38 millones de mexicanos, entre los cuales seguramente una buena proporción sacrificaron otros rubros de gasto para mantener sus niveles alimentarios.

Las regiones en situación de máxima seguridad manifestaron por su parte una relativa tendencia concentradora hacia los estados ubicados más al norte del país, junto con una franja de regiones del Centro Occidente; el resto del país registra una situación de seguridad alimentaria más bien pobre en términos territoriales.

En seguridad extrema detectamos 19 regiones medias del país, localizadas en los estados considerados como los más pobres (Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo). También encontramos tres importantes regiones del Estado de México (Cuenca México Oriente, Texcoco Sur del Estado de México y Valle de México), lo cual indicaría que más allá de las subvenciones gubernamentales focalizadas hacia zonas criticas, la inseguridad alimentaria es un problema de pobreza regional específica que puede ocultarse en promedios municipales.

Esto mismo puede demostrarse en el rango de inseguridad marcada. A pesar de un notorio predominio de las regiones medias del Sur, también detectamos la presencia de regiones localizadas en estados con una mejor situación relativa como sería el caso de Nuevo León, Durango y el mismo Distrito Federal.

Conclusiones

La comparación retrospectiva regional de la seguridad alimentaria indica un empeoramiento de las condiciones, una polarización de las mismas (una constante en el número de regiones en situación de inseguridad, junto a un incremento de las regiones en máxima seguridad).

A partir de esto podemos reafirmar el carácter estructuralmente espacial de la inseguridad alimentaria. Se trata casi de las mismas regiones en esta condición, tanto para 1990 como para el año 2000, aunque con una relativa tendencia a abarcar estados que antes se encontraban dentro de una relativa estabilidad, como es el caso del Distrito Federal que se asocia al incremento de la marginación y la pobreza urbana.

La crisis económica que se profundizó en el país en la última década del siglo pasado, y que se traduce en una mayor concentración de la riqueza y en el incremento de las desigualdades, pone en evidencia la polarización también en la seguridad alimentaria. De 27 regiones en buenas condiciones de seguridad existentes en 1990 se pasó a 41 para el año 2000, aunque esto no corresponde con el número de población beneficiada, que más bien tendió hacia un deterioro en términos absolutos.

De este modo, la inseguridad alimentaria deja de ser ya un problema exclusivo de las zonas rurales más pobres y avanza hacia regiones urbanas también en proceso de empobrecimiento por la desigualdad regional intraurbana, aspecto que esconde un análisis de tipo estatal o municipal. De continuar el avance a regiones claramente urbanas, que lo serán más en la medida en que empeoren las condiciones del campo, indudablemente que podríamos entrar ya a una fase de riesgo social, relacionado con las condiciones que guarda la seguridad alimentaria en las regiones del país.