John Saxe-Fernández**

Como resultado de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, nuestro poderoso vecino entró en un estado operativo de guerra: el Poder Ejecutivo y su rama militar y de inteligencia recibieron poderes de guerra, con la legislación antiterrorista y un decreto ejecutivo —que estableció el funcionamiento de tribunales militares secretos para procesar e incluso ejecutar a extranjeros—, con profundas implicaciones constitucionales en las relaciones cívico-militares e internacionales, especialmente con la Unión Europea (UE), aunque también, de manera particularmente delicada, con repercusiones de largo alcance en la relación bilateral con México y Canadá.

Por lo que se refiere a Europa, conviene tener presente que, después del fin de la guerra fría y la desaparición de un enemigo común, el cemento de la alianza trasatlántica se modificó por el creciente peso de las consideraciones domésticas en la articulación de la política exterior en ambos lados del Atlántico.

A pesar de los pronunciamientos y acciones cooperativas en la lucha anti-terrorista, los fundamentos de las fricciones entre la Unión Europea (UE) y EUA impactan la relación de manera multidimensional, ya sea en torno a las diferencias de enfoque y política en materia ambiental como se observó en el endoso europeo al Protocolo de Kyoto y su rechazo por parte de EUA, o bien en la fuerte censura europea al intento estadounidense por abrogar el Tratado Antibalístico de 1972 y proceder con la construcción de un sistema nacional antibalístico, que es percibido en el Viejo Continente, así como por Rusia y China, como una medida desestabilizante, alejada de la "civilidad estratégica" y una excusa para justificar un monumental subsidio a la industria aeroespacial de EUA.1 Las fricciones en el área de alta tecnología incluyen también a la biotecnología y los convenios para la verificación de armas biológicas.

La preferencia europea por los instrumentos internacionales de naturaleza multilateral, en contraste con la inclinación por la unilateralidad del gobierno de Bush, tiene una de sus manifestaciones más nítidas en el endoso en bloque de la UE a favor del establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI), precisamente el espacio que, en criterio de muchos analistas, sería el más adecuado para tratar y procesar crímenes contra la humanidad, entre los que habría de colocarse a las diversas formas de terrorismo de Estado y de terrorismo internacional.

El rechazo de Washington a la CPI, que está en el centro de su disputa con la UE, tiene como base precisamente el temor de Washington de que su personal militar y de inteligencia (desde Henry Kissinger y Vernon Walters hasta los responsables de menor rango de las operaciones clandestinas desplegadas en el exterior), sean sometidos a procesos judiciales internacionales por crímenes de guerra, es decir, violatorios de la normatividad que surgió de los Tribunales de Nuremberg. Pero lo que más irrita a la UE es el hecho de que EUA no acepta la jurisdiccionalidad limitada de la CPI mientras, simultáneamente, ejercita una cuestionable autoridad autoconferida en otras esferas, como por ejemplo, sanciones unilaterales de jurisdiccionalidad extraterritorial contra Cuba, Irán y Libia, En pocas palabras, como bien lo expresó uno de los encargados de las negociaciones comerciales de la UE, "Washington reafirma la ejecución de sus derechos, pero no necesariamente respeta sus obligaciones."2

Para México la situación es igualmente importante, en especial porque se viven "tiempos de guerra". En este nuevo contexto, es necesario retomar y discutir el giro antinacional en la política económica3 que se observa desde finales de la década de 1970, especialmente en torno a los sectores estratégicos de la economía, en la dirección de especializar al país como exportador de crudo y auspiciar la privatización e integración de la infraestructura petrolera y eléctrica con la de EUA.

Al respecto cabe recordar que Heberto Castillo4 por aquel entonces, presentó los argumentos más convincentes sobre sus implicaciones para la soberanía e integridad territorial de la Federación, de sobrevenir circunstancias como las que hoy estamos viviendo. En esos tiempos estuve elaborando estudios sobre asuntos estratégicos vinculados con la administración de los recursos minerales y petroleros del país,5 habiendo realizado una crítica a una iniciativa estadounidense apoyada desde dentro del gobierno de López Portillo por personajes como Jorge Díaz Serrano,6 ya desde entonces vinculado empresarialmente con el petrolero texano, exdirector de la CIA y expresidente George Bush, para la construcción de un gasoducto de cuarenta y ocho pulgadas de diámetro, desde Tabasco hasta Texas.

Dos líneas propositivas se derivaron de esos trabajos, una apoyando las iniciativas para que México se integrara plenamente a la coalición de países exportadores de petróleo (OPEP), y otra advirtiendo sobre las consecuencias geopolíticas y estratégico-militares de la construcción del gasoducto y del peligro que representaba para la integridad territorial de México una construcción que atravesaba al país, para llevar materia prima de enorme importancia económica y militar hacia unos EUA que ya habían sufrido un trauma estratégico a raíz del embargo petrolero de la OPEP y que consideraban, como también ya lo había explicitado Henry Kissinger, que el acceso al petróleo era causa de guerra.

Esta postura recibió un aval no intencionado de las más altas autoridades estadounidenses, cuando la prensa nacional dio a conocer en titulares de primera plana las declaraciones del secretario de defensa de EUA en las que no sólo apoyaba la construcción del gasoducto sino que también aseguraba que "los mexicanos no tienen que preocuparse por la seguridad del ducto, ya que EUA cuenta con suficientes dispositivos militares para su protección".

Tanto en mi caso como en el de Heberto Castillo se planteaba la peligrosa vulnerabilidad que estaba generando la política económica en un contexto bélico. Los trabajos del Ingeniero Castillo resultaron fundamentales y de gran visión; de esta manera:

…convertirnos en proveedor importante de los EUA en cuanto al petróleo y al gas nos hace más vulnerables en caso de una nueva guerra mundial. Este problema se ha menospreciado. Se considera prácticamente imposible una nueva confrontación mundial. Se ha dicho incluso que las declaraciones del ministro de energía estadunidense, James Schlesinger en el sentido de que las fuerzas armadas norteamericanas deben garantizar en última instancia el abastecimiento de petróleo en el medio oriente para EUA, son meras balandronadas Se ignora que el gasoducto a Texas, aunque se construya por etapas y primero a Monterrey, será una vía, un ducto que debe ser considerado como objetivo militar por cualquier país en conflicto con EUA. Se ha dicho que de todos modos México estará en grandes aprietos en caso de una nueva guerra mundial. Eso nadie lo duda. Por el sólo hecho de tener petróleo es ya un objetivo militar. Pero si además esa zona petrolera está integrada económica y físicamente al sistema de suministro norteamericano habrá la menor oportunidad de negociación para lograr evitar participar en una contienda que a nosotros no (nos) compete. Se olvida que una red de aprovisionamiento no se construye de la noche a la mañana y menos en tiempos de guerra. El que no exista esa red conectada con EUA será una garantía en caso de guerra y de existir será una fatalidad.7

El desmembramiento, privatización y extranjerización de Pemex, CFE-CLFC y la desarticulación y finiquito de FNM8 como sistema nacional de arrastre integrado, de puertos y aeropuertos, carreteras y sistema financiero, adquiere connotaciones especialmente delicadas en las regiones y estados cercanos a ambas fronteras. La del sur, por la colindancia con Guatemala, una nación dominada militarmente por EUA. La de norte por el accionar político-estratégico de EUA sobre los procesos de "integración silenciosa".

Las modificaciones a la Constitución y a la ley que regula la inversión extranjera así como su formalización en el TLCAN tiene implicaciones espacial-territoriales de orden mayor, sólo equiparables a los procesos iniciados en 1825 que desembocaron en el apoderamiento de más de la mitad del territorio mexicano en 1848.

El establecimiento de un vasto entramado de redes de interconexión (eléctrica, gasera, ferrocarrilera, etc) trasfronteriza, a cargo de empresas estadounidenses y/o cuando mucho "binacionales", está creando vulnerabilidades y problemas de jurisdiccionalidad que se acrecientan con la masiva militarización fronteriza impulsada por EUA.

La estrategia privatizadora, centrada en el desvío brutal de la inversión pública al gasto no productivo, como el servicio de la deuda externa o los famosos rescates bancario, carretero, azucarero, usa además un arsenal de trucos, desfinanciando, de manera selectiva, a las empresas de interés. Por ejemplo, cuando la Secretaría de Hacienda anunció a finales de 2001 un tercer recorte presupuestal dejó abierta la posibilidad de proceder con otro "si no se obtienen suficientes ingresos".

Es ésta una decisión torpe, de corte fondomonetarista. Pero también es un encubrimiento lingüístico de un deliberado subejercicio del gasto público, en un contexto nacional e internacional signado por un desborde deflacionario, que ahora se profundiza como resultado de la trágica secuencia de eventos que observados desde el 11 de septiembre. Se aplica un diseño presupuestal fuertemente impactado por la política del FMI-BM, encaminada por veinte años a la más severa restricción del gasto público desde el Río Bravo hasta la Patagonia, con la clara intención de retirar la participación estatal y abrir el paso a las empresas de los acreedores presentando el hecho a la opinión pública como la inevitabilidad de las leyes del mercado y de la "globalización", y no de lo que es, es decir, el resultado de decisiones clientelares, político-administrativas, orientadas a favorecer a los inversionistas extranjeros y sus socios locales.

El mismo BM, reconoce que con una economía mundial en recesión ante la caída sincronizada de la economía de EUA, la UE y Japón, el panorama es "muy sombrío", en nuestro caso en particular, por el impacto de la reducción en los precios de las materias primas y el desplome del comercio mundial que pasó de un nivel del 13 al 1 por ciento entre 2000 y 2001. En EUA se observa el peor desempeño del PIB en diez años y mientras Bush promueve la reactivación económica por medio de un masivo aumento del gasto público, civil y militar, en América Latina se procede exactamente en la dirección opuesta a impulsos del FMI y el BM, incidiendo de la manera más negativa sobre el mercado interno, por medio de medidas contraccionistas, un persistente ataque clasista al salario y una regresiva "reforma" tributaria.

El asunto central para México es que, en realidad, como han observado algunos analistas, no se está aplicando recorte alguno, sino se encubre un hecho significativo: un persistente subejercicio del gasto público, que algunos atribuyen a la inexperiencia del equipo foxista. Quizá sea así. Pero un análisis más detallado muestra que esta práctica se ha venido instrumentando de manera selectiva, y es particularmente notoria en aquellas paraestatales, como la CFE y LFC, sobre las que, junto con Pemex, existe gran interés en su privatización por parte de EUA y sus empresas. En total, en 2001 se asignó al codiciado sector eléctrico, 42 mil 980 millones de pesos, de los que apenas se utilizó 32 por ciento. De enero a junio la CFE había usado 12 mil 729 millones de pesos de un total de 39 mil 578 mientras que LFC gastó mil 214 millones de un total de tres mil 402.

Como De la Madrid, Salinas y Zedillo y siguiendo el mismo guión del BM, Fox reitera que "es necesaria la participación de la inversión privada para reactivar la industria eléctrica; necesitamos invertir cuantiosos recursos públicos en nuevas plantas, y esos recursos son limitados". El argumento hace aguas por todos lados porque se hace en un contexto signado por un notorio "subjercicio presupuestal", así como por el reconocimiento oficial en el sentido de que este año, como resultado de la desaceleración económica, el incremento de la capacidad instalada será mayor que el aumento de la demanda, lo que permitirá recuperar el margen de reserva que necesita el sistema eléctrico nacional para operar. Entonces, ¿por qué la prisa de Fox por una "reforma" constitucional en la materia?

En lo que se refiere a esto, el gobierno de Fox actúa más bajo las indicaciones de la Casa Blanca, el Banco Mundial y de los lineamientos estratégico-empresariales de EUA, que tomando en cuenta el interés y seguridad nacional mexicana. Impulsa el actual esquema de interconexión eléctrica y de poliductos y además, por medio de Contratos de Servicios Mútiples (CSM), uno de los últimos diseños encaminados a darle la vuelta a la Constitución vigente, se procede con una privatización e internacionalización de facto de importantes rubros de la actividad petrolera y gasera. Por ejemplo, los CSM se están usando en un esquema que abre la participación extranjera y privada en la exploración y producción de gas en el área del Río Bravo, Cuenca de Burgos, que colinda con la frontera con EUA tratándose de un área de 12 mil kilómetros dividida en diez licitaciones, con una producción aproximada de mil millones de pies cúbicos de gas natural, producción estimada para los años 2005-2011.9 La primera ronda de licitaciones de los CSM se lanzaría a mediados de 2002, para la explotación de gas natural. El esquema de CSM, aunque inconstitucional, ya está considerado en el presupuesto de Pemex, dentro del rubro de los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y se estima que para 2001 representará 3.8 por ciento de los recursos, al haberse aprobado por la Junta de Consejo de Administración de Pemex la utilización de 347 millones de dólares para los CSM. Se profundizan la privatización de facto de Pemex así como su especialización como productora y exportadora de crudo.

Esta intención desindustrializadora se refleja en el presupuesto. El esquema Pidiregas observa un aumento de 93.8 porciento en 2002 con respecto a 2001. Se contempla destinar la mayor parte a Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de Pemex que tendrá proyectos financiados con un costo total de 563 mil 489 millones de pesos. Esta tendencia se observó a lo largo de la década de los 90, en la que esta actividad vió incrementados sus recursos en poco más de 500 por ciento, siguiendo indicaciones del Banco Mundial. En total, se autorizó diez mil 467 mdd de Pidiregas que se destinarán a los proyectos Cantarell, el Programa Estratégico de Gas, la Cuenca de Burgos, el plan integral del Río Bravo y el delta del Grijalva. Bajo este esquema también se aprobó realizar 24 proyectos exploratorios, 22 de los cuales serán para crudo superligero y dos para crudo pesado.10

Así, la quintacolumna neoliberal en el poder persiste en la profundización de inconstitucionales esquemas de privatización de facto de Pemex y del sector eléctrico, lo cual es grave en cualquier circunstancia, pero que ahora representa un grave atentado a la seguridad nacional, toda vez que, después del 11de Septiembre, la relación entre la economía y la seguridad se ha hecho más compleja y problemática.

Fue en un contexto signado precisamente por el desenlace y desarrollo de operaciones militares en gran escala en Europa, con EUA como importante protagonista de la contienda bélica (me refiero, desde luego, a los años y meses inmediatamente anteriores al ingreso de esa nación a la primera guerra mundial, hecho que Woodrow Wilson formalizó en 1917), en el que los constituyentes mexicanos percibieron, con gran lucidez, la conveniencia de salvaguardar, a favor de la nación, las riquezas contenidas en el suelo y subsuelo, adoptando y adaptando a favor de la nación, las leyes de minería de la Corona.

Posteriormente, en momentos en que también soplaban los vientos y las operaciones de guerra en Europa, el Presidente Cárdenas, con la concurrencia de todos los poderes de la Federación y de la opinión pública, nacionalizó la industria petrolera hasta ese momento mal manejada por grandes empresas extranjeras.

No es posible en tan breve espacio, hacer una descripción del intervencionismo político-militar y paramilitar de esos entes en la vida económica y político-social de México. Existen abundantes volúmenes que son ampliamente conocidos. Sólo llamo la atención sobre los Apuntes del General Cárdenas, publicados por la UNAM en 1987, porque ahí se detalla día a día, el escrutinio de eventos internos y externos que iban modificando de manera acelerada la correlación de fuerzas, que finalmente desembocaron en el decreto de expropiación del 18 de Marzo de 1938.

A lo largo de esas primeras décadas del siglo pasado, las empresas petroleras sobre-explotaron los pozos, generaron grandes daños ecológicos, pagaron impuestos bajos en exceso, sobornaron funcionarios públicos, contrataron cuadrillas de grupos para-militares, y realizaron otros actos ilegales, entre ellos los frecuentes asesinatos de líderes obreros y sociales, que ahora caerían bajo la rúbrica de terrorismo, pusieron en entredicho la jurisdiccionalidad territorial mexicana, el funcionamiento del aparato federal para el cobro de impuestos y conspiraron para derrocar al gobierno.

Después del 18 de marzo de 1938, impulsaron una vasta campaña de acoso, para poner al país de rodillas, desarrollando toda una campaña publicitaria de desprestigio contra el gobierno, bloqueando los negocios de Pemex, obstaculizando su desarrollo tecnológico y la compra de refacciones. Hoy esos mismos intereses externos operan con el imprescindible apoyo de una quintacolumna que aplica medidas como los Contratos de Servicios Múltiples que en realidad son contratos de riesgo disfrazados y que representan una apertura, al margen de la Carta Magna, para actividades de exploración, producción y procesamiento de gas natural a favor de empresas extranjeras. Bajo esta cubierta, Washington, por medio de Fox, pretende, como se indicó, abrir 25 por ciento de la Cuenca de Burgos localizada precisamente en la frontera norte con graves implicaciones para nuestra soberanía territorial.

Las ambiciones territoriales no han estado ausentes, por lo que esta medida es irresponsable y debe ser rechazada. Considérese, por dar un ejemplo de lo que ocurre, que en el caso de Baja California presenciamos un inusitado despliegue de compras de propiedades por inversionistas estadounidenses y grandes firmas de bienes raíces de ese país. Si a esto agregamos la mencionada integración "binacional" de los proyectos de infraestructura de comunicaciones, el cuadro que se presenta es potencialmente peligroso, especialmente en lo que se refiere a la integridad territorial de la Federación mexicana.

La apertura del sector eléctrico, esencialmente en el norte del país donde se ponen en marcha ambiciosos proyectos binacionales de interconexión eléctrica y de infraestructura, ocurre en medio de un cruce de fuerzas geoeconómicas y geopolíticas, culturales y migratorias. En el proyecto estadounidense este proceso de privatización integral —electricidad, gas natural, carreteras, puertos, ferrocarriles es la clave "multimodal"—, se contemplan medidas y aspiraciones mayores tanto en lo geográfico como en lo temporal, incluyendo escenarios sobre la "re-estructuración" de las fronteras entre México y EUA de cara al año 2050. Es decir, que el esquema privatizador forma parte de una concepción mayor con consecuencias de largo alcance geoeconómico y geopolítico.

En los altos círculos empresariales, de inversionistas y de seguridad nacional de EUA ya se están planteando modificaciones importantes de las "fronteras nacionales" de la América del Norte en los que resaltan los esquemas de "manejo binacional de asuntos de seguridad" junto con la elaboración de estructuras de interconexión. Estos indicios de avances y procesos mayores de integración, están centrados en áreas "demográficamente aptas", es decir, sin mucha población mexicana, como Baja California, cuyos proyectos energéticos y de interconexión alcanzan los índices más elevados en generación de inversión en el estado, sumando dos mil 314.8 millones de dólares entre enero y agosto de 2001.

La CFE con grandes empresas internacionales, desarrollan la construcción de al menos siete plantas de energía eléctrica en Baja California que aumentarán más de dos mil megavatios la infraestructura en la materia para cubrir la demanda en la entidad y exportar parte de la producción a EUA (California).11 Datos recabados por Ojeda Lajud indican que entre los proyectos de mayor magnitud en la materia que han llegado al estado, se encuentra el de la empresa Integren, del consorcio Bechtel Enterprise —el principal contratista del Departamento de Defensa de EUA, en el área de construcción de bases, campos misilísticos, con fuertes enlazamientos con el aparato de seguridad e inteligencia de ese país. También participa la Shell Generating Ltd. Bechtel y Shell firmaron un convenio para desarrollar una plantas de 750 megavatios en el punto de conexión de México y EUA, ubicado en la zona de Mexicali, el cual deberá terminarse en diciembre de 2003.

Total, se prevé que 260 megavatios se destinen a la fontera norte y el resto para exportación. Como ya lo advertí, bajo las actuales condiciones, el ímpetu que le sigue otorgando el gobierno foxista a estos esquemas de integración infraestructural tiene repercusiones graves. En un trabajo publicado por World Business (revista vinculada a los círculos de inversionistas de Wall Street), titulado "Rearranging North America", el autor se pregunta sobre qué es lo que EUA le estará exigiendo a México en relación con su frontera Norte. Al respecto apunta que,

…el área de México que probablemente los estadounidenses desearán anexarse será Baja California. Se trata de toda la península, desde Tijuana hasta Cabo San Lucas, que tiene el potencial de transformarse para los jubilados y turistas en el equivalente a Florida, pero en la costa occidental, papel que tendría BC si alguna vez se hace parte de los EUA. De otra manera, existe la probabilidad de que los EUA piense en replantear o suspender porciones del NAFTA que minan su frontera económica, como por ejemplo la estipulación de otorgar derecho a los camioneros mexicanos de operar en nuestro territorio… México es demasiado orgulloso para dejar que EUA tome Baja California bajo cualquier arreglo, como por ejemplo, que se le condone gran parte de la deuda. Por esto las relaciones entre las dos naciones pueden dificultarse en el futuro cercano.12

Después de los ataques terroristas contra Nueva York y Washington, ese esquema mayor de modificación de fronteras se explicitó de manera más acelerada de lo esperado, planteándose la creación de un "sistema defensivo de América del Norte" que incluiría a México y Canadá como un "requisito esencial para la defensa de EUA", ya que según un informe de inteligencia, "otras alternativas serían inútiles."13 La empresa de inteligencia comercial Stratford plantea que, "…EUA tiene una vasta frontera desprotegida con Canadá y una larga e ineficientemente cuidada frontera con México. El acceso a Canadá o a México crea innumerables oportunidades para penetrar en EUA", agregando que, "…cualquier intento para crear un eficiente perímetro defensivo a lo largo de esas dos fronteras tomaría un tiempo demasiado largo para entrar en efecto y desviaría sustanciales recursos humanos de otras misiones, aparte de las cuestiones de costos y eficiencia económica."14 Como todo intento para crear una "fortaleza estadounidense" sería "insostenible", la solución se centraría en presionar o influir sobre la cultura política mexicana y canadiense para que dejen a un lado su soberanía y renuencia "a integrar sus sistemas de seguridad", empezando por las relativas al funcionamiento de toda nuestra infra-estructura de comunicaciones, con especial énfasis en las llegadas internacionales.

Según información recabada por José Carreño Figueras, el concepto sería similar a lo que una fuente mexicana consideró recientemente como "una burbuja de seguridad norteamericana" dentro de la cual las poblaciones y las mercancías de los tres países se transportarían con relativa libertad y seguridad". Esta expresión de aislacionismo se establecería, según Stratford, bajo el modelo del Comando de Defensa Aérea de Norteamérica (NORAD), creado a mediados del siglo pasado y en el que EUA basó su defensa aérea. Como un ataque de cohetería balística proveniente de la URSS o ahora de Rusia, tendría que llegar desde el norte, incorporaron a Canadá al NORAD, con lo cual ampliaron su perímetro defensivo prácticamente hasta el Polo Norte. Carreño informa que el análisis alega que "es imposible" lograr una verdadera seguridad fronteriza para EUA en un marco temporal que tenga significado ya que, "…cualquier aeropuerto que acepte vuelos internacionales pero no sea parte de un proceso de selección, inmediatamente inutiliza la capacidad de EUA para efectivamente separar atacantes antes de entrar". En el documento se advierte que la necesidad de crear tal sistema "…interactúa con otros temas que dividen a EUA y sus vecinos. Canadá está profundamente preocupado acerca de proteger su soberanía, mientras México tiene cuestiones fundamentales con EUA en relación con los flujos migratorios." Por ello se consideró que existen,

... serios desafíos para transformar la noción de defensa continental en un ente operacional. Podría ser incluso imposible poner en marcha un sistema completo debido a esas cuestiones. Pero concretar tal sistema, sin embargo será la primera prueba de la coalición que EUA busca construir. Convencer a Canadá y México de crear un sistema de selección continental para entrantes sería la base de cualquier sistema funcional de defensa patria. No está claro que tal modelo sea sostenible por un largo periodo sin un cambio fundamental en la cultura política de Canadá y México. Sin embargo, es el prerrequisito esencial para la defensa nacional estadounidense.15

En las condiciones actuales, el vasto programa de privatizaciones impulsado por Washington por medio del Banco Mundial y del gobierno mexicano, expresado en el traspaso a entes extranjeros —primordialmente estadounidenses— del manejo, control y usufructo de los grandes complejos económico-territoriales involucrados en la operación de los ferrocarriles, el petróleo, la petroquímica, el gas natural, y la estructura multimodal que incluye a puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras, es la amenaza mayor jamás registrada en la historia a la soberanía e integridad territorial de los Estados Unidos Mexicanos y su Carta Magna.

* Una versión preliminar fue presentada como conferencia "Globalización Guerra y Terrorismo", ante la Fundación Heberto Castillo, Octubre de 2001.** Coordinador, Programa el Mundo Actual, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). Su próximo libro, La Compra-Venta de México, será publicado por Plaza & Janés, México, 2002.

1 Para un análisis general sobre esta temática consultar, Jessica T. Mathews, "Estranged Partners", Foreing Policy, November-December, 2001, pp 48-53.

2 Citado en Jessica Mathews, op cit p.52.

3 El espacio no me permite abordar el giro, igualmente antinacional en la política exterior que se observa en el gobierno foxista, desde la ausencia de respuesta al hecho de que Bush usara su primera visita a México para girar instrucciones para el bombardeo de Irak desde el rancho de Fox, hasta el endoso de operaciones militares en Afganistán realizadas de manera unilateral y al margen de las instancias internacionales. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, usa un programa del Instituto Matías Romero en Radio Unam (por ejemplo, el difundido el 11 de Diciembre), en el que se cuestiona la vigencia de la soberanía nacional, rotulada como algo "obsoleto" en nuestro tiempo. Esta línea, inadmisible en cualquier circunstancia, lo es aùn más en un espacio radial de una instancia oficial.4 Conocido ingeniero y líder político de la izquierda mexicana ya fallecido.5 Lo que se describe fue presentado de manera más amplia en "Lázaro Cárdenas:Presidente de Presidentes", Excelsior, 16 de mayo de 1995, y en Cuauhtémoc Cárdenas Batel, coordinador, Se Llamó Lázaro Cárdenas, México, Grijalbo, 1995 pp 570-573.

6 Ex–director de Pemex y uno de los promotores de su privatización y extranjerización.

7 Heberto Castillo M. "Necesario Plan Nacional de Energéticos", en Heberto Castillo y Jacinto Viqueira, Los Energéticos, el Petróleo…¿Y nuestro Futuro?, México, Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A. 1980, p 64.8 Pemex es la empresa estatal mexicana del petróleo, CFE, Comisión Federal de Electricidad y CLFC, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, son las empresas públicas eléctricas, y FNM es Ferrocarriles Nacionales de México,el sistema ferroviario mexicano ya privatizado.

9 Datos de Pemex, citados por David Shields, "PEMEX to Lure Investor in Gas", The News, december 5, 2001 p.31.

10 Ivette Saldaña, "Destinará Pemex 347 mdd a Contratos de Servicio Múltiple", El Financiero, 11 de Diciembre de 2001, p 220.

11 Olga Ojeda Lajuid, "Proyectos Energéticos en BC atraen inversión por 2 mil 314 mdd", El Financiero, 11 de Diciembre de 2001 p 19.

12 K. Philips, "Rearranging North American", World Business, September-October 1996, New York, p 22-23. El significado y actualidad de esta línea de articulación imperialista se percibe mejor revisando la sección de este trabajo en la que se discute el problema camionero y las torpezas de nuestra Cancillería en torno al mismo.13 José Carreño Figueras, "Proponen crear un sistema defensivo de Norteamérica", El Universal, 28 de Septiembre de 2001, p A7.14 Ibid.

15 Ibidem.